La vista en el procedimiento abreviado contencioso-administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 24/11/2021

Este procedimiento se encuentra regulado en el artículo 78 de la LJCA.

Celebración de la vista en el procedimiento abreviado contencioso-administrativo

1. Señalamiento para la vista y remisión del expediente administrativo

Apreciados los requisitos de la demanda y admitida a trámite, el LAJ le dará traslado a la parte demandada y citará a las partes para celebrar la vista (día y hora previa revisión del juez o presidente), instando a la Administración pública demandada a que remita el expediente administrativo con 15 días de antelación a la vista.

Para el señalamiento de las vistas se atenderá a los criterios establecidos en el artículo 182 de la LEC, esto es: la disponibilidad de la sala y la coordinación con los otros órganos judiciales, las horas de audiencia, el número de señalamientos, la duración aproximada de la vista, la naturaleza o complejidad del asunto u otras circunstancias a tener en cuenta, así como el orden en que llegan los asuntos (salvo aquellos que sean preferentes por mandato legal), los recursos humanos de la oficina judicial, el tiempo que estime necesario para las citaciones y comparecencias de los testigos y peritos y la coordinación con el Ministerio Fiscal (cuando sea preceptiva su intervención).

JURISPRUDENCIA 

Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 44/2011 de 21 de noviembre de 2013, ECLI:ES:TS:2013:6087

La aplicación de la LEC como norma supletoria y el principio de inmediación.

«(...) se reprocha —con cita de sentencias del orden civil— la vulneración del principio de inmediación. Denuncia que se hace conocido el resultado del proceso y no antes, esto es en la primera oportunidad que tuviera el actor, que pese a ser conocedor —cuando menos— a través de las resoluciones que se le notificaban de los cambios en la titularidad del Juzgado, dichos cambios merecen su reproche una vez conoce el contenido del fallo de la sentencia cuya nulidad se pretende, no antes, es decir una vez frustrada su expectativa indemnizatoria. En lo que se refiere a la inmediación, a los meros efectos expositivos citar la STSJ de la Comunidad Valenciana de 7 de diciembre de 2009:

"(...) Sin perjuicio del carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha de regir el proceso contencioso-administrativo en lo no previsto por la Ley 29/1998, de 13 de julio, de conformidad con lo establecido en su Disposición Final Primera, es preciso analizar la concreta aplicabilidad al caso de autos de las previsiones contenidas en los artículos que invoca la compañía aseguradora. A tal efecto resulta obligado efectuar una primera consideración, ignorada en el planteamiento del motivo, y de capital importancia en la cuestión que examinamos, cual es el tipo de procedimiento seguido en instancia, que no es otro que el procedimiento ordinario regulado en los artículos 43 y siguientes de la Ley Jurisdiccional, frente al abreviado, al que se dedica el artículo 78 de la misma Ley. En el procedimiento ordinario, en lo que ahora interesa, las partes pueden solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones escritas o que el pleito sea declarado concluso, sin más trámite, para sentencia, (artículo 62.1); tal solicitud se ha de formular mediante Otrosí en los escritos de demanda o contestación o por escrito presentado en el plazo de tres días contados desde que se notifique la diligencia de ordenación declarando concluso el periodo de prueba (artículo 62.2). (...) Sin embargo, como ha quedado dicho, y esto es lo relevante a los efectos enjuiciados, una vez finalizado el periodo probatorio, se acordó, y se cumplimentó debidamente por las partes, el trámite de conclusiones escritas, y una vez declarado el pleito concluso, en el plazo de diez días previsto legalmente dictó la sentencia; luego, no se falló en este caso 'después de la celebración de una vista o juicio' presupuesto fáctico de aplicación del artículo 194 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo que no devenía así forzosa la redacción y firma de la sentencia por el Juez inicial, o de quien conoció de la prueba, y por ende, su sustitución en la fase de conclusiones no comporta infracción sancionable con la nulidad de la sentencia, en tanto que la anterior norma procesal resulta inaplicable en procedimientos ordinarios en los que, como ocurre en el presente, se acuerda la formulación de conclusiones escritas. Tal exigencia, sin embargo, es ineludible en el procedimiento abreviado, en razón de la preponderancia de la oralidad, pues, a diferencia del ordinario, se vertebra en el acto de la vista, tras el cual, en el plazo de diez días, el Juez debe dictar sentencia, según lo dispuesto en el artículo 78.20 de la Ley 29/1998; aquí, por tanto, sí se falla después de la celebración de la vista. El tipo de procedimiento resulta determinante en orden a la aplicación del repetido artículo 194 en los procesos contencioso-administrativos, también para el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la sentencia de fecha 5 de junio de 2008: 'Dicho precepto está contemplando los juicios verbales en los que el desarrollo del procedimiento se concentra en la fase de vista o audiencia, presididos por la oralidad y por el principio de inmediación, pero no para el procedimiento ordinario previsto en los artículos 43 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción, esencialmente escrito y en el que en el caso concreto de autos se sustituyó el trámite de vista por el de conclusiones'"».

Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 103/2016, de 06 de junio, ECLI:ES:TC:2016:103

Dilaciones indebidas en el procedimiento abreviado.

«(...) es preciso subrayar que la dilación denunciada por el demandante de amparo no tiene su origen en el silencio judicial ante peticiones de la parte, ni en la inactividad procesal durante largos períodos de tiempo, ni en la demora en proceder a señalar la fecha de la vista, aunque esta se produjera efectivamente, ya que la Secretaria Judicial tardó casi un año en convocar a las partes para la celebración de la vista, pese a los reiterados requerimientos del actor en orden a que se admitiera a trámite el recurso de acuerdo con el art. 78.3LJCA, y que efectuara dicho señalamiento. La dilación de la que se queja el actor obedece a que medió un período excesivo de tiempo, casi cuatro años, entre el momento en que se presentó la demanda y la fecha fijada por la diligencia de ordenación impugnada para la celebración del acto de la vista, decisión tomada de acuerdo con la agenda de señalamientos del Juzgado, y, por tanto, en función de las reglas de los arts. 182 de la Ley de enjuiciamiento civil y 78 LJCA, ajustándose al orden de antigüedad, por lo que el retraso parece obedecer a causas estructurales y a la carga de trabajo que pesa sobre el órgano judicial, como se reconoce en el propio decreto desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación que señaló la fecha de la vista, que achacaba el retraso a la elevada pendencia de asuntos que padece el Juzgado, de la misma manera que los de igual clase.

No obstante, el hecho de que la presente demora se deba a motivos estructurales, no imputables directamente al órgano judicial, no impide apreciar la vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones indebidas, pues esta situación no altera la naturaleza injustificada de dichas dilaciones, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tanto que el ciudadano es ajeno a esas circunstancias.

Sobre este extremo, nos recuerda la STC 142/2010, de 21 de diciembre, FJ 4, que “como ha señalado este Tribunal, entre otras, en las SSTC 160/2004, de 4 de octubre, FJ 5, y 153/2005, de 6 de junio, FJ 6, por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica, si bien pudiera excluir de responsabilidad a las personas intervinientes en el procedimiento, de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso. Y es que el elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional ante el que se tramitaba el pleito no legitima el retraso en resolver, ni todo ello limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese derecho (dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática) en función de circunstancias ajenas a los afectados por las dilaciones. Por el contrario es exigible que Jueces y Tribunales cumplan su función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad, con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el Ordenamiento les encomienda (STC 180/1996, de 16 de noviembre, FJ 4)”.

Igual criterio sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al afirmar en su Sentencia de 7 de julio de 1989, caso Unión Alimentaria Sanders c. España, el carácter estructural de las dilaciones sufridas por la sociedad demandante, concluyendo que esta situación no puede privar a los ciudadanos de su derecho al respeto del plazo razonable (§§ 38 y 42), o cuando en la Sentencia de 11 de marzo de 2004, caso Lenaerts c. Bélgica (§ 18), razonó que el art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus Tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable».

2. Fallo sin recibimiento a prueba ni trámite de la vista

Ya hemos hecho mención de esta modalidad de tramitación del procedimiento abreviado, en el punto anterior sobre el procedimiento abreviado «express» o «abreviadísimo», previsto en el apartado 3, párrafo tercero, del artículo 78 de la LJCA.

3. Remisión del expediente administrativo para alegaciones (art. 78, apartado 4, de la LJCA)

Una vez recibe el expediente administrativo, se remitirá al actor e interesados personados para formular alegaciones en el acto de la vista. 

4. Apertura de la vista (art. 78, apartado 5, de la LJCA):

  • La apertura de la vista dependerá del tipo de comparecencia:
    • Si comparecen todas las partes, o alguna de ellas, se declara por el juez la apertura de la vista.
    • Si las partes no comparecen o comparece solo el demandado: el juez o tribunal tendrá al actor por desistido del recurso y le condenará en costas

Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 153/2008, de 24 de noviembre, ECLI:ES:TC:2008:153

Los Tribunales contemplan la posible justificación de la incomparecencia a efectos de evitar la indefensión.

«Tanto el Ministerio público como la representante legal del Ayuntamiento de Elche interesan la desestimación del recurso de amparo al entender que la aplicación al caso del art. 78.5 LJCA constituye una cuestión de legalidad ordinaria sin relevancia constitucional, ya que la indefensión aducida fue provocada por la falta de diligencia del Letrado del demandante de amparo que sin causa justificada y sin aviso previo se presentó tarde a la vista.

(...) el representante del recurrente no compareció a la vista a la hora señalada para la misma, de que se levantó acta de la misma en su ausencia quince minutos después, de que en ese momento llegó aquel y de que no hubo aviso previo del retraso ni justificación objetiva del mismo, el Juzgado decidió tener al recurrente por desistido en aplicación del art. 78.5LJCA, pues el mismo "señala que si el actor no comparece a la vista se le tendrá por desistido y se le condenará en costas, por lo que, no constando en las presentes actuaciones la existencia de causa justificada de la incomparecencia de la actora a dicho acto, procede resolver en consecuencia". Esta argumentación es análoga a la que contiene el Auto que resuelve la petición de nulidad de la vista, de 9 de noviembre de 2005, que destaca el "largo espacio de tiempo que transcurre de la convocatoria de la vista al levantamiento del acta", y similar al Auto que desestima la nulidad de la Sentencia, que añade "que el error de agenda como manifiesta, solo le es imputable al mismo" recurrente.

Desde el punto de vista constitucional, que es el único ahora procedente, hemos de concluir que la fundamentación expuesta de la decisión judicial de archivar el procedimiento, y de las decisiones posteriores que la confirmaron, no incurre en el rigorismo o el formalismo que la convertirían en lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva, pues, por lo pronto, el Juzgado no se limita a tener por desistido al recurrente a partir de su sola incomparecencia en el momento previsto, que es el único requisito expreso del precepto aplicado, sino que lo hace a partir de la falta de justificación de dicha incomparecencia y a partir de que la única causa alegada para la misma —un "error de agenda"— puede considerarse como una negligencia de la representación del recurrente. Por otra parte, tampoco cabe apreciar razón alguna por la que la decisión revele en sus efectos una desproporción constitucionalmente relevante. Si bien es cierto que el fallo adoptado comportaba que no se pudiera analizar la pretensión de fondo del recurrente de que le fuera anulada una sanción de 7.526,77 euros por una infracción urbanística, también lo es que normas como la aplicada preservan "el derecho a la tutela judicial efectiva de la contraparte", "la garantía a un procedimiento sin dilaciones indebidas" y "la regularidad, buen funcionamiento y, en definitiva, integridad del proceso" (SSTC 205/2001, de 15 de octubre, FJ 5; 195/1999, de 25 de octubre, FJ 2; ATC 215/2003, de 30 de junio, FJ 5), que ni pueden quedar al arbitrio de una de las partes, ni depender de su diligencia en su comportamiento procesal».

  • Si compare solo el actor, la vista prosigue en ausencia del demandado.

A TENER EN CUENTA. Hablamos de comparecencia de las partes a través de la representación por profesionales, debidamente acreditados y especial atención en los casos de sustitución de profesionales en la vista. Prevalece el derecho a tutela judicial efectiva.  A colación de esta apreciación, podemos citar la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 17/2011, de 28 de febrero, ECLI:ES:TC:2011:17, cuyo tenor literal recoge:

«(...) una vez señalada la celebración de la vista incardinada en el procedimiento abreviado, compareció a la misma el Procurador de los recurrentes y la Letrada que manifestó actuar en sustitución de la designada en el poder notarial que se había acompañado a la demanda. Sin embargo, su intervención profesional fue denegada por no figurar designada en el referido poder notarial ni haber aportado documento que acreditase la sustitución, exigencia que el órgano judicial fundó en el art. 23.1LJCA, reforzando su decisión con el reproche de que la sustitución pretendida no fue previamente comunicada. La consecuencia procesal de no tener por comparecida a la parte en la vista fue declarar terminado el proceso por desistimiento, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del art. 78.5LJCA, el cual prevé que si las partes no comparecieren o lo hiciere solo el demandado, se tendrá al actor por desistido del recurso.

Este modo de razonar debe ser rechazado si tomamos en consideración el sentido y alcance de la postulación en nuestro Derecho, que no es sino la facultad de dirigirse a un órgano que ejerza jurisdicción, formulando pretensiones ante el mismo. Las normas relativas a la postulación procesal tienden a garantizar el buen desarrollo de la actividad jurisdiccional mediante la garantía de que quien comparece por la parte no carece de las facultades de representación necesarias para actuar en nombre del litigante que dice representar y de que la parte pueda conducirse en el proceso de la forma más conveniente para sus derechos e intereses jurídicos y defenderse debidamente frente a la parte contraria (SSTC 140/1987, de 23 de julio, FJ 4, y 67/1999, de 26 de abril, FJ 5).

A tal fin, quien pretenda actuar en el proceso en nombre y representación de una parte ha de acreditar la representación que aduce, lo cual podrá hacer mediante apoderamiento apud acta ante Secretario Judicial o mediante poder notarial otorgado al efecto (arts. 453.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 24 de la Ley de enjuiciamiento civil); y ello tanto si se trata de Procurador como si se confiere a un Letrado para que pueda actuar como representante en aquellos procesos en que lo permita la ley.

(...) 

Siendo por tanto irrelevante que la Letrada que compareciese a la vista figurase o no en el poder notarial aportado —puesto que no ejercía facultades de representación— resta por examinar si era posible la sustitución de la Abogada designada ab initio en la demanda y bajo qué condiciones. A tal fin hemos de partir de que la presencia en la vista del Procurador que tenía conferida la representación procesal de los recurrentes era suficiente para dar por bueno su asentimiento a la intervención de la Letrada que le acompañaba en el referido acto procesal. Y a esta fundamental circunstancia se añade que el órgano judicial no valoró, al adoptar su decisión, que el art. 38.2 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, prevé el derecho de sustitución letrada como una facultad especialmente conferida a los Abogados para el desarrollo adecuado de su actividad profesional, al permitir que —el letrado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio, incorporado o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al Colegio— y que —para la sustitución bastará la declaración del abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad.

Las consideraciones que anteceden conducen a la estimación del recurso de amparo, dado que las resoluciones judiciales examinadas suponen una interpretación de la legalidad ordinaria lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE, que ha cerrado indebidamente el examen del fundamento de la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial ejercitada por los recurrentes de amparo».

5. Celebración de la vista (art. 78, apartados 6 a 11, de la LJCA)

  • Primero: exposición de los fundamentos y ratificación de la demanda por parte del demandante. Pueden ampliarse los motivos jurídicos por parte del recurrente en el acto de la vista oral.

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 449/2018, de 20 de marzo, ECLI:ES:TS:2018:1034

«Lo único que se ha producido en el curso del proceso contencioso-administrativo, concretamente en el acto de la vista oral, es la ampliación de los motivos jurídicos en los que la recurrente fundamentaba su pretensión anulatoria al añadir a la falta de motivación de la resolución administrativa, a la vulneración de la presunción de inocencia y a la indefensión aducidas en su escrito de demanda contenciosa la alegación relativa a la caducidad del expediente sancionador por el transcurso de más de seis meses desde su incoación hasta la notificación de su resolución.

b) En segundo lugar, esa actuación procesal de la recurrente está amparada en la literalidad tanto del art. 56.1LJCA, que permite alegar en la demanda cuantos motivos procedan para fundamentar las pretensiones deducidas, "hayan sido o no planteados ante la Administración", como en lo dispuesto en el art. 78.6 LJCA , cuando establece que "la vista comenzará con "exposición por el demandante de los fundamentos de lo que pida o [con] ratificación de los expuestos en la demanda", de modo que los motivos de su pretensión no tienen por qué coincidir forzosamente con los expuestos previamente en la demanda"».

  • Segundo: alegaciones del demandado: jurisdicción, competencia objetiva y territorial y hechos vinculantes al fondo del asunto. Si alega inadecuación del procedimiento por razón de la cuantía el juez debe instar a las partes a un acuerdo sobre ello. Si no hay acuerdo, el juez ordenará el procedimiento que corresponda sin que quepa recurso frente a tal resolución. 
    • Si no se dan tales cuestiones o dándose, el juez resuelve la continuación del juicio, se dará palabra a las partes para fijar los hechos. De no haber conformidad sobre los hechos, se propondrá prueba pertinente y se practicará.
  • Tercero: visto lo anterior, el juez resuelve:
    • Proseguir el juicio: el demandado puede hacer constar en el acta su disconformidad.
    • Declinar el asunto a otro juzgado o inadmitir el recursoel demandante puede pedir que conste en acta su disconformidad.
  • Cuarto: si las alegaciones de los demandados son conforme a las pretensiones del actor, o alegan motivos jurídicos de la controversia, no proponen prueba o se inadmite, y las partes no desean formular conclusionesel juez lo apreciará en el acto y dictará sentencia. 
  • Quinto: si alguna parte se oponea lo dispuesto en el párrafo anterior: prosigue la vista y el juez debe estimarla en la sentencia, con especial pronunciamiento. 

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Dilaciones indebidas
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Acción de responsabilidad patrimonial
Falta de motivación
Caducidad del expediente sancionador
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Presunción de inocencia
Competencia objetiva
Inadecuación del procedimiento
Fondo del asunto
Prueba pertinente

LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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