La vista en el procedimiento abreviado contencioso-administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 10/02/2022

Este procedimiento se encuentra regulado en el artículo 78 de la LJCA.

Celebración de la vista en el procedimiento abreviado contencioso-administrativoSeñalamiento para la vista y remisión del expediente administrativo

Apreciados los requisitos de la demanda y admitida a trámite, el LAJ le dará traslado a la parte demandada y citará a las partes para celebrar la vista (día y hora previa revisión del juez o presidente), instando a la Administración pública demandada a que remita el expediente administrativo con, al menos, 15 días de antelación a la vista.

Para el señalamiento de las vistas se atenderá a los criterios establecidos en el artículo 182 de la LEC, esto es: la disponibilidad de la sala y la coordinación con los otros órganos judiciales, las horas de audiencia, el número de señalamientos, la duración aproximada de la vista, la naturaleza o complejidad del asunto u otras circunstancias a tener en cuenta, así como el orden en que llegan los asuntos (salvo aquellos que sean preferentes por mandato legal), los recursos humanos de la oficina judicial, el tiempo que estime necesario para las citaciones y comparecencias de los testigos y peritos y la coordinación con el Ministerio Fiscal (cuando sea preceptiva su intervención).

JURISPRUDENCIA 

  • La supletoriedad de la LEC y el principio de inmediación: el juez que está en la vista tiene que dictar la sentencia. Diferente tratamiento en el procedimiento ordinario y en el abreviado (art. 194 de la LEC).

Tribunal Superior de Justicia de Galicia (contencioso, Sección 2.ª). Sentencia de 5 de junio de 2008, rec. 4217/2008 (ECLI:ES:TSJGAL:2008:1823).

«La pretensión de aplicación al caso presente del artículo 194 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que conllevaría la declaración de la nulidad de la sentencia no puede ser acogida. Dicho precepto está contemplando los juicios verbales en los que el desarrollo del procedimiento se concentra en la fase de vista o audiencia, presididos por la oralidad y por el principio de inmediación, pero no para el procedimiento ordinario previsto en los artículos 43 y siguientes de la ley de esta jurisdicción, esencialmente escrito y en el que en el caso concreto de autos se sustituyó el trámite de vista por el de conclusiones».

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (contencioso, Sección 1.ª). Sentencia de 7 de diciembre de 2009, rec. 1432/2008 ( ECLI:ES:TSJCV:2009:9166 ).

«Aduce, en síntesis la parte apelante, que la magistrada-juez que conoció inicialmente el proceso doña María Jesús, fue sustituida durante el proceso en fase de prueba por la magistrada-juez doña Inmaculada, que estuvo presente en el juicio y prueba practicada y la sentencia la dicta el magistrado-juez D. Gonzalo, esto es, actúan tres jueces distintos en el curso del procedimiento, uno en la fase inicial del procedimiento, otro en la fase de juicio y otra en la fase final del dictado de sentencia, incurriendo así en infracción de los artículos 194 y 200 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; concluye que según este último precepto, son dos las alternativas: que la sentencia la dicte el mismo Juez que intervino en la vista y práctica de la prueba, o la celebración de nueva vista con el juez que le sustituya.

Los preceptos en que se sustenta la declaración de nulidad pretendida, los ya mentados artículos 194.1 y 200 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, disponen, respectivamente: “en los asuntos que deban fallarse después de la celebración de una vista o juicio, la redacción y firma de la resolución, en los tribunales unipersonales, o la deliberación y votación, en los tribunales colegiados, se realizarán, respectivamente, por el juez o por los magistrados que hayan asistido a la vista o juicio, aunque después de ésta hubieran dejado aquéllos de ejercer sus funciones en el tribunal que conozca del asunto.-en los tribunales unipersonales, cuando después de la vista se imposibilitare el juez que hubiere asistido a ella y no pudiere dictar la resolución ni siquiera con la asistencia del secretario judicial, se celebrará nueva vista presidida por el juez que sustituya al impedido. Lo mismo se hará cuando el juez que haya participado en la vista no pueda dictar la resolución por hallarse comprendido en alguno de los casos previstos en el apartado 2 del artículo 194.

En ese apartado segundo se establecen las excepciones a lo dispuesto en el anterior: jueces y magistrados que después de la vista o juicio a) hubiesen perdido tal condición; b) suspendidos del ejercicio de sus funciones, y c) quienes hubiesen accedido a cargo público o profesión incompatible con el ejercicio de la función jurisdiccional o pasado a la situación de excedencia voluntaria para presentarse como candidatos a cargo de elección popular.

Sin perjuicio del carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha de regir el proceso contencioso-administrativo en lo no previsto por la Ley 29/1998, de 13 de julio, de conformidad con lo establecido en su disposición final primera, es preciso analizar la concreta aplicabilidad al caso de autos de las previsiones contenidas en los artículos que invoca la compañía aseguradora.

A tal efecto resulta obligado efectuar una primera consideración, ignorada en el planteamiento del motivo, y de capital importancia en la cuestión que examinamos, cual es el tipo de procedimiento seguido en instancia, que no es otro que el procedimiento ordinario regulado en los artículos 43 y siguientes de la ley jurisdiccional, frente al abreviado, al que se dedica el artículo 78 de la misma ley.

En el procedimiento ordinario, en lo que ahora interesa, las partes pueden solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones escritas o que el pleito sea declarado concluso, sin más trámite, para sentencia (artículo 62.1); tal solicitud se ha de formular mediante otrosí en los escritos de demanda o contestación o por escrito presentado en el plazo de tres días contados desde que se notifique la diligencia de ordenación declarando concluso el periodo de prueba (artículo 62.2).

[...] Sin embargo, como ha quedado dicho, y esto es lo relevante a los efectos enjuiciados, una vez finalizado el periodo probatorio, se acordó, y se cumplimentó debidamente por las partes, el trámite de conclusiones escritas, y una vez declarado el pleito concluso, en el plazo de diez días previsto legalmente dictó la sentencia; luego, no se falló en este caso "después de la celebración de una vista o juicio" presupuesto fáctico de aplicación del artículo 194 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo que no devenía así forzosa la redacción y firma de la sentencia por el juez inicial, o de quien conoció de la prueba, y por ende, su sustitución en la fase de conclusiones no comporta infracción sancionable con la nulidad de la sentencia, en tanto que la anterior norma procesal resulta inaplicable en procedimientos ordinarios en los que, como ocurre en el presente, se acuerda la formulación de conclusiones escritas.

Tal exigencia, sin embargo, es ineludible en el procedimiento abreviado, en razón de la preponderancia de la oralidad, pues, a diferencia del ordinario, se vertebra en el acto de la vista, tras el cual, en el plazo de diez días, el juez debe dictar sentencia, según lo dispuesto en el artículo 78.20 de la Ley 29/1998; aquí, por tanto, sí se falla después de la celebración de la vista.

El tipo de procedimiento resulta determinante en orden a la aplicación del repetido artículo 194 en los procesos contencioso-administrativos […]"».

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (contencioso, Sección 2.ª). Sentencia de 13 de octubre de 2011, rec. 622/2009 (ECLI:ES:TSJCV:2011:6917).

La apelante pedía la nulidad de la sentencia de la primera instancia porque fue dictada por juez distinta de aquella que practicó la prueba. Alegaba la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley y del principio de inmediación.

«Es cierto que la Exposición de Motivos de la LEC/2000 pone un especial énfasis en la inmediación judicial —entendida como la identidad subjetiva entre el órgano judicial que interviene en las vistas y el que dicta las resoluciones, pues la convicción del juez solo debe formarse por lo directamente visto y oído—, y así, entre otros preceptos, dispone en su artículo 194 que “en los asuntos que deban fallarse después de la celebración de una vista o juicio, la redacción y firma de la resolución, en los tribunales unipersonales, ... se realizarán... por el juez o por los magistrados... que hayan asistido a la vista o juicio, aunque después de ésta hubieran dejado aquellos de ejercer sus funciones en el tribunal que conozca del asunto”, y en el art. 137.2, que “las vistas y comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución se celebrarán siempre ante el juez o los magistrados integrantes del tribunal que conozca del asunto”. Y en coherencia con tal criterio, sanciona con nulidad radical la infracción de tales preceptos (art. 137.3: “La infracción de lo dispuesto en los apartados anteriores determinará la nulidad de pleno derecho de las correspondientes actuaciones”).

Y ello porque, como señala el Tribunal Supremo, en sentencia de 8/abril/1997, “... el acto de la vista tiene por objeto el que el juez que ha de fallar el asunto tome conocimiento de las alegaciones finales de las partes a la vista del resultado de las pruebas practicadas.... ", y así, con la exigencia de que los jueces y magistrados vean por sí mismos los pleitos y actuaciones para dictar autos y sentencias, la LEC “no está imponiendo un requisito puramente formal de modo y manera que en aquellos procedimientos en que, por estar así dispuesto, se celebre vista oral pueda prescindirse de este acto por el juez que dicte la sentencia ni entenderse sustituida dicha vista por la viciosa incorporación material, que no formal, a los autos de las llamadas en el lenguaje forense ‘instructa’ (notas para la vista)".

En este sentido, la interpretación jurisprudencial unánime de tales exigencias cabe resumirla en la afirmación de que “sólo cuando el principio de inmediación vaya unido a la naturaleza predominantemente oral del procedimiento quebraría la tutela efectiva con la sustitución del juez” (sentencias AP Madrid, de 6/marzo/1997, o AP Pontevedra de 3/noviembre/2003, por todas).

[…] En definitiva, y habiéndose tramitado las actuaciones en el juzgado de instancia, no por los cauces del procedimiento abreviado, sino del ordinario, de naturaleza predominantemente escrita, y deduciéndose que la ausencia de la titular del juzgado ante la que se tramitaron las actuaciones lo fue por causa legal, llevándose a efecto la sustitución funcional y reglamentariamente prevista, debe concluirse que ninguna vulneración de los preceptos aducidos por la apelante se ha producido por el hecho de que fuera esta última juzgadora la que asumiera la continuación del procedimiento —lo que ya hizo desde la providencia de 17/abril/09, sin objeción alguna por la recurrente— y que pronunciara la sentencia».

Tribunal Supremo (Sala 3.ª, Sección 1.ª). Sentencia de 21 de noviembre de 2013, rec. 44/2011 ( ECLI:ES:TS:2013:6087 ).

«[S]e reprocha —con cita de sentencias del orden civil— la vulneración del principio de inmediación. Denuncia que se hace conocido el resultado del proceso y no antes, esto es en la primera oportunidad que tuviera el actor, que pese a ser conocedor —cuando menos— a través de las resoluciones que se le notificaban de los cambios en la titularidad del juzgado, dichos cambios merecen su reproche una vez conoce el contenido del fallo de la sentencia cuya nulidad se pretende, no antes, es decir una vez frustrada su expectativa indemnizatoria».

El Tribunal Supremo recoge en esta sentencia los términos de las SSTSJ de la Comunidad Valenciana de 7 de diciembre de 2009 y 13 de octubre de 2011, antes transcritas, y avala sus planteamientos.

  • Dilaciones indebidas en el procedimiento abreviado: retraso en el señalamiento causado por motivos estructurales.

Tribunal Constitucional. Sentencia n.º 103/2016, de 6 de junio (ECLI:ES:TC:2016:103).

«[E]s preciso subrayar que la dilación denunciada por el demandante de amparo no tiene su origen en el silencio judicial ante peticiones de la parte, ni en la inactividad procesal durante largos períodos de tiempo, ni en la demora en proceder a señalar la fecha de la vista, aunque esta se produjera efectivamente, ya que la secretaria judicial tardó casi un año en convocar a las partes para la celebración de la vista, pese a los reiterados requerimientos del actor en orden a que se admitiera a trámite el recurso de acuerdo con el artículo 78.3 de la LJCA, y que efectuara dicho señalamiento.

La dilación de la que se queja el actor obedece a que medió un período excesivo de tiempo, casi cuatro años, entre el momento en que se presentó la demanda y la fecha fijada por la diligencia de ordenación impugnada para la celebración del acto de la vista, decisión tomada de acuerdo con la agenda de señalamientos del juzgado, y, por tanto, en función de las reglas de los artículos 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 78 de la LJCA, ajustándose al orden de antigüedad, por lo que el retraso parece obedecer a causas estructurales y a la carga de trabajo que pesa sobre el órgano judicial, como se reconoce en el propio decreto desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación que señaló la fecha de la vista, que achacaba el retraso a la elevada pendencia de asuntos que padece el juzgado, de la misma manera que los de igual clase.

No obstante, el hecho de que la presente demora se deba a motivos estructurales, no imputables directamente al órgano judicial, no impide apreciar la vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones indebidas, pues esta situación no altera la naturaleza injustificada de dichas dilaciones, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tanto que el ciudadano es ajeno a esas circunstancias.

Sobre este extremo, nos recuerda la STC 142/2010, de 21 de diciembre, FJ 4, que “como ha señalado este Tribunal, entre otras, en las SSTC 160/2004, de 4 de octubre, FJ 5, y 153/2005, de 6 de junio, FJ 6, por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica, si bien pudiera excluir de responsabilidad a las personas intervinientes en el procedimiento, de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso. Y es que el elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional ante el que se tramitaba el pleito no legitima el retraso en resolver, ni todo ello limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese derecho (dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática) en función de circunstancias ajenas a los afectados por las dilaciones. Por el contrario, es exigible que jueces y tribunales cumplan su función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad, con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el ordenamiento les encomienda (STC 180/1996, de 16 de noviembre, FJ 4)”.

Igual criterio sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al afirmar en su sentencia de 7 de julio de 1989, caso Unión Alimentaria Sanders c. España, el carácter estructural de las dilaciones sufridas por la sociedad demandante, concluyendo que esta situación no puede privar a los ciudadanos de su derecho al respeto del plazo razonable (§§ 38 y 42), o cuando en la sentencia de 11 de marzo de 2004, caso Lenaerts c. Bélgica (§ 18), razonó que el artículo 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable».

Remisión del expediente administrativo para alegaciones (art. 78, apartado 4, de la LJCA)

Una vez recibe el expediente administrativo, se remitirá al actor e interesados personados para formular alegaciones en el acto de la vista.

Apertura de la vista (art. 78, apartado 5, de la LJCA)

La apertura de la vista dependerá del tipo de comparecencia:

  • Si comparecen todas las partes, o alguna de ellas, se declara por el juez la apertura de la vista.
  • Si las partes no comparecen o comparece solo el demandado: el juez o tribunal tendrá al actor por desistido del recurso y le condenará en costas.

Tribunal Constitucional. Sentencia n.º 153/2008, de 24 de noviembre (ECLI:ES:TC:2008:153).

«[A] partir de los datos indiscutidos de que el representante del recurrente no compareció a la vista a la hora señalada para la misma, de que se levantó acta de la misma en su ausencia quince minutos después, de que en ese momento llegó aquel y de que no hubo aviso previo del retraso ni justificación objetiva del mismo, el juzgado decidió tener al recurrente por desistido en aplicación del artículo 78.5 de la LJCA, pues el mismo “señala que si el actor no comparece a la vista se le tendrá por desistido y se le condenará en costas, por lo que, no constando en las presentes actuaciones la existencia de causa justificada de la incomparecencia de la actora a dicho acto, procede resolver en consecuencia”. Esta argumentación es análoga a la que contiene el auto que resuelve la petición de nulidad de la vista, de 9 de noviembre de 2005, que destaca el “largo espacio de tiempo que transcurre de la convocatoria de la vista al levantamiento del acta”, y similar al auto que desestima la nulidad de la sentencia, que añade “que el error de agenda como manifiesta, solo le es imputable al mismo” recurrente.

Desde el punto de vista constitucional, que es el único ahora procedente, hemos de concluir que la fundamentación expuesta de la decisión judicial de archivar el procedimiento, y de las decisiones posteriores que la confirmaron, no incurre en el rigorismo o el formalismo que la convertirían en lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva, pues, por lo pronto, el juzgado no se limita a tener por desistido al recurrente a partir de su sola incomparecencia en el momento previsto, que es el único requisito expreso del precepto aplicado, sino que lo hace a partir de la falta de justificación de dicha incomparecencia y a partir de que la única causa alegada para la misma —un “error de agenda”— puede considerarse como una negligencia de la representación del recurrente. Por otra parte, tampoco cabe apreciar razón alguna por la que la decisión revele en sus efectos una desproporción constitucionalmente relevante. Si bien es cierto que el fallo adoptado comportaba que no se pudiera analizar la pretensión de fondo del recurrente de que le fuera anulada una sanción de 7.526,77 euros por una infracción urbanística, también lo es que normas como la aplicada preservan “el derecho a la tutela judicial efectiva de la contraparte”, “la garantía a un procedimiento sin dilaciones indebidas” y “la regularidad, buen funcionamiento y, en definitiva, integridad del proceso” (SSTC 205/2001, de 15 de octubre, FJ 5; 195/1999, de 25 de octubre, FJ 2; ATC 215/2003, de 30 de junio, FJ 5), que ni pueden quedar al arbitrio de una de las partes, ni depender de su diligencia en su comportamiento procesal».

  • Si comparece solo el actor, la vista prosigue en ausencia del demandado.

A TENER EN CUENTA. Cuando la comparecencia de las partes se lleva a cabo a través de profesionales (abogado o procurador) es menester prestar especial atención a los casos de sustitución de profesionales en la vista.

Los abogados, en el ejercicio del derecho de defensa de su cliente, pueden ser sustituidos por otro letrado bastando la declaración del abogado sustituto bajo su propia responsabilidad (art. 56.2, último inciso, del Estatuto General de la Abogacía Española, Real Decreto 135/2021).

La representación, que en esta jurisdicción puede otorgarse a un procurador o al mismo abogado defensor (art. 23.1 de la LJCA), precisa de otorgamiento de poder. No obstante, el procurador debidamente apoderado, como representante procesal puede ser sustituido en juicio por otro procurador sin que sea «necesario que el procurador sustituto se encuentre facultado en el apoderamiento del procurador sustituido, ni que el procurador sustituido acredite la necesidad de la sustitución» (art. 29 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, Real Decreto 1281/2002).

JURISPRUDENCIA

  • El abogado que solo ejerce la defensa puede ser sustituido por otro abogado bastando a tal fin la declaración responsable del sustituto.

Tribunal Constitucional. Sentencia n.º 17/2011, de 28 de febrero (ECLI:ES:TC:2011:17).

«[U]na vez señalada la celebración de la vista incardinada en el procedimiento abreviado, compareció a la misma el procurador de los recurrentes y la letrada que manifestó actuar en sustitución de la designada en el poder notarial que se había acompañado a la demanda. Sin embargo, su intervención profesional fue denegada por no figurar designada en el referido poder notarial ni haber aportado documento que acreditase la sustitución, exigencia que el órgano judicial fundó en el artículo 23.1 de la LJCA, reforzando su decisión con el reproche de que la sustitución pretendida no fue previamente comunicada. La consecuencia procesal de no tener por comparecida a la parte en la vista fue declarar terminado el proceso por desistimiento, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del art. 78.5 de la LJCA, el cual prevé que, si las partes no comparecieren o lo hiciere solo el demandado, se tendrá al actor por desistido del recurso.

Este modo de razonar debe ser rechazado si tomamos en consideración el sentido y alcance de la postulación en nuestro Derecho, que no es sino la facultad de dirigirse a un órgano que ejerza jurisdicción, formulando pretensiones ante el mismo. Las normas relativas a la postulación procesal tienden a garantizar el buen desarrollo de la actividad jurisdiccional mediante la garantía de que quien comparece por la parte no carece de las facultades de representación necesarias para actuar en nombre del litigante que dice representar y de que la parte pueda conducirse en el proceso de la forma más conveniente para sus derechos e intereses jurídicos y defenderse debidamente frente a la parte contraria (SSTC 140/1987, de 23 de julio, FJ 4, y 67/1999, de 26 de abril, FJ 5).

A tal fin, quien pretenda actuar en el proceso en nombre y representación de una parte ha de acreditar la representación que aduce, lo cual podrá hacer mediante apoderamiento apud acta ante secretario judicial o mediante poder notarial otorgado al efecto (arts. 453.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil); y ello tanto si se trata de procurador como si se confiere a un letrado para que pueda actuar como representante en aquellos procesos en que lo permita la ley.

[...]

Siendo por tanto irrelevante que la letrada que compareciese a la vista figurase o no en el poder notarial aportado —puesto que no ejercía facultades de representación— resta por examinar si era posible la sustitución de la abogada designada ab initio en la demanda y bajo qué condiciones. A tal fin hemos de partir de que la presencia en la vista del procurador que tenía conferida la representación procesal de los recurrentes era suficiente para dar por bueno su asentimiento a la intervención de la letrada que le acompañaba en el referido acto procesal. Y a esta fundamental circunstancia se añade que el órgano judicial no valoró, al adoptar su decisión, que el artículo 38.2 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, prevé el derecho de sustitución letrada como una facultad especialmente conferida a los abogados para el desarrollo adecuado de su actividad profesional, al permitir que “el letrado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio, incorporado o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al Colegio” y que “para la sustitución bastará la declaración del abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad”.

Las consideraciones que anteceden conducen a la estimación del recurso de amparo, dado que las resoluciones judiciales examinadas suponen una interpretación de la legalidad ordinaria lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la CE, que ha cerrado indebidamente el examen del fundamento de la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial ejercitada por los recurrentes de amparo».

  • El abogado defensor que ejerce la defensa y representación de su cliente (art. 23.1 de la LJCA) no puede ser sustituido por otro abogado que, sin apoderamiento, pretenda sustituir a su colega en ambas funciones.

Tribunal Constitucional. Sentencia n.º 2/2005, de 17 de enero (ECLI:ES:TC:2005:2).

 «[D]esde la perspectiva del artículo 24.1 de la CE tampoco cabe tildar de arbitraria, irrazonable o desproporcionada la decisión judicial de rechazar que la comparecencia en el acto de la vista del letrado Sr. Olmos, en sustitución del letrado Sr. Grima, que tenía atribuida la representación del demandante, pudiera encontrar cobertura en el artículo 50.2 del EGA, al no tratarse de un supuesto de sustitución o comparecencia en nombre de un compañero letrado, sino de comparecencia en representación del demandante, con lo que los órganos judiciales vienen a sostener, como señalan el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, que la facultad sustitutoria reconocida a los Abogados en el artículo 50.2 del EGA ha de entenderse referida y aplicable a la labor de asistencia técnica o dirección letrada, y no a la representación procesal de la parte, cuando, como acontece en el caso que nos ocupa, ésta se confiera también al letrado (art. 23.1 de la LJCA)».

Lo mismo sostiene, entre otras, la STC 205/2001, de 15 de octubre (ECLI:ES:TC:2001:205).

Tribunal Supremo (Sala 3.ª, Sección 5). Sentencia de 23 de julio de 2020, rec. 4072/2019 ( ECLI:ES:TS:2020:2704 ).

Cuestión de interés casacional para la formación de jurisprudencia: «¿cuál debe ser la consecuencia procesal en cuanto al requisito de postulación, en el supuesto que el letrado designado para actuar ante órganos jurisdiccionales unipersonales y al que se ha conferido la representación de la parte es sustituido en el acto de la vista por otro letrado que no ostenta esa representación?»

«En el supuesto que el letrado designado para actuar ante órganos jurisdiccionales personales y al que se ha conferido la representación de la parte, sea sustituido en el acto de la vista por otro letrado que no ostenta la representación, no compareciendo al acto de la vista la parte, la consecuencia es tener por desistida a la parte, en aplicación del artículo 78.5 de la LJCA, al no haber comparecido a la vista ni la parte ni procurador ni letrado con poder notarial o apud acta de representación».

Celebración de la vista (art. 78, apartados 6 a 11, de la LJCA)
  • Primero. Exposición de los fundamentos y ratificación de la demanda por parte del demandante. Pueden ampliarse los motivos jurídicos por parte del recurrente en el acto de la vista oral.

En punto a esta cuestión han de distinguirse los «motivos» de las «pretensiones». Los primeros pueden ampliarse en el acto de la vista e incluso en las conclusiones; las pretensiones han de permanecer inalterables desde la vía administrativa, so pena de que se produzca desviación procesal. Conviene recordar el artículo 56.1 de la LJCA que diferencia «las pretensiones que se deduzcan» y «los motivos» que pueden alegarse en justificación de las pretensiones.

DOCTRINA

Ana Isabel Martín Valero: «¿Cuestiones nuevas o nuevos motivos de impugnación?», en Actualidad Administrativa, n.º 5, 2018.

JURISPRUDENCIA

  • Distinción entre motivos y pretensiones. En el acto del juicio se pueden alegar nuevos motivos sin incurrir en desviación procesal.

Tribunal Constitucional. Sentencia 58/2009, de 9 de marzo (ECLI:ES:TC:2009:58).

«a) En primer término resulta incontrovertible que, al alegar en el acto de la vista oral de su recurso contencioso-administrativo la caducidad del expediente sancionador, la mercantil recurrente no alteró sustancialmente los términos de su pretensión inicial, tal y como está quedó fijada en el escrito de demanda contenciosa o, ya antes, en las alegaciones formuladas en vía administrativa oponiéndose a la sanción anunciada en el acto de incoación del expediente, sino que se limitó a introducir un motivo nuevo de impugnación de la resolución administrativa recurrida.

[…] No existe, por tanto, en contra de lo que afirma la sentencia recurrida, discordancia objetiva alguna entre lo discutido en la vía administrativa y lo interesado en vía jurisdiccional. Lo único que se ha producido en el curso del proceso contencioso-administrativo, concretamente en el acto de la vista oral, es la ampliación de los motivos jurídicos en los que la recurrente fundamentaba su pretensión anulatoria al añadir a la falta de motivación de la resolución administrativa, a la vulneración de la presunción de inocencia y a la indefensión aducidas en su escrito de demanda contenciosa la alegación relativa a la caducidad del expediente sancionador por el transcurso de más de seis meses desde su incoación hasta la notificación de su resolución.

b) En segundo lugar, esa actuación procesal de la recurrente está amparada en la literalidad tanto del artículo 56.1 de la LJCA, que permite alegar en la demanda cuantos motivos procedan para fundamentar las pretensiones deducidas, “hayan sido o no planteados ante la Administración”, como en lo dispuesto en el artículo 78.6 de la LJCA, cuando establece que “la vista comenzará con exposición por el demandante de los fundamentos de lo que pida o [con] ratificación de los expuestos en la demanda”, de modo que los motivos de su pretensión no tienen por qué coincidir forzosamente con los expuestos previamente en la demanda.

c) En tercer lugar, el mencionado comportamiento procesal de la recurrente nada tiene de negligente, como sin embargo le ha reprochado el órgano judicial, puesto que, según con acierto pone de manifiesto el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, con arreglo al esquema diseñado por la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, y como quiera que en el procedimiento abreviado el recurso se inicia por demanda, nada tiene de extraño que la demandante, en el acto de la vista, y una vez que le fue puesto de manifiesto el expediente administrativo remitido por la Administración demandada, decidiera sumar a los motivos de impugnación ya razonados en su escrito de demanda la caducidad del expediente por transcurso del plazo legal para resolver. De hecho, así lo autoriza expresamente también el artículo 78.4 de la LJCA, cuando señala que “recibido el expediente administrativo, el juez lo remitirá al actor y a los interesados que se hubieren personado para que pueda hacer alegaciones en el acto de la vista”».

  • Cuestiones nuevas y nuevos motivos de impugnación.

Tribunal Supremo (Sala 3.ª, Sección 5.ª). Sentencia de 20 de julio de 2012, rec. 5435/2009 ( ECLI:ES:TS:2012:5539 ).

«El carácter revisor de esta jurisdicción impide que puedan plantearse ante ella cuestiones nuevas, es decir, pretensiones que no hayan sido previamente planteadas en vía administrativa. No impide esta afirmación la previsión contenida en el artículo 56.1 de la LRJCA en el que se establece que en los escritos de demanda y contestación se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones que se deduzcan, “en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración”.

Se distingue, así, entre cuestiones nuevas y nuevos motivos de impugnación. De esta manera no pueden plantearse en vía jurisdiccional pretensiones o cuestiones nuevas que no hayan sido planteadas previamente en vía administrativa, aunque pueden adicionare o cambiarse los argumentos jurídicos que apoyan la pretensión ejercitada».

Tribunal Supremo (Sala 3.ª, Sección 5.ª). Sentencia de 28 de enero de 2021, rec. 5982/2019 ( ECLI:ES:TS:2021:332 ).

«[L]a ley de la jurisdicción, pese al carácter revisor de la misma que impide que puedan plantearse ante ella pretensiones que no hayan sido previamente formuladas en vía administrativa, y superando viejas concepciones sobre la imposibilidad de atacar un acto con argumentos no articulados previamente, permite alegar, a favor de la misma pretensión ejercitada ante la Administración, cuantos motivos procedan, se hubieran o no invocado antes, al corresponder la distinción entre cuestiones nuevas y nuevos motivos de impugnación a la diferenciación entre los hechos que identifican las respectivas pretensiones y los fundamentos jurídicos que los justifican, de tal modo que mientras aquéllos no pueden ser alterados en vía jurisdiccional, sí pueden adicionarse o cambiarse los argumentos jurídicos que apoyan la única pretensión ejercitada».

  • Segundo. Alegaciones del demandado: jurisdicción, competencia objetiva y territorial y hechos vinculantes al fondo del asunto. Si alega inadecuación del procedimiento por razón de la cuantía, el juez debe instar a las partes a un acuerdo sobre ello. Si no hay acuerdo, el juez ordenará el procedimiento que corresponda sin que quepa recurso frente a tal resolución.
    • Si no se dan tales cuestiones o dándose, el juez resuelve la continuación del juicio, se dará palabra a las partes para fijar los hechos. De no haber conformidad sobre los hechos, se propondrá prueba pertinente y se practicará.
  • Tercero. Visto lo anterior, el juez resuelve:
    • Proseguir el juicio: el demandado puede hacer constar en el acta su disconformidad.
    • Declinar el asunto a otro juzgado o inadmitir el recurso: el demandante puede pedir que conste en acta su disconformidad.
  • Cuarto. Si las alegaciones de los demandados son conforme a las pretensiones del actor, o si la controversia es meramente jurídica, o si las partes no proponen prueba o bien se inadmite toda la propuesta, y las partes no desean formular conclusiones: el juez lo apreciará en el acto y dictará sentencia sin más dilación (in voce).
  • Quinto. Si alguna parte se opone al dictado de esa sentencia inmediata:
    • El juez puede estimar la oposición y ordenar la continuación de la vista.
    • El juez puede desestimar la oposición, como cuestión de especial pronunciamiento, y dictar sentencia inmediata sobre el fondo.

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Presunción de inocencia
Caducidad
Jurisdicción contencioso-administrativa
Prueba pertinente

LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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