Escrito de solicitud de remoción de curador (artículo 49 de la Ley de Jurisdicción voluntaria)

De acuerdo con el artículo 49 LJV, "En los casos previstos por la legislación civil aplicable, de oficio, a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado, del sujeto a curatela o de otra persona interesada, se podrá acordar la remoción del tutor o del curador, previa celebración de comparecencia. En esta se oirá al tutor o curador, a las personas que puedan sustituirle en el cargo, a la persona con discapacidad, al menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, y al Ministerio Fiscal".

Y serán removidos de la curatela los que, después del nombramiento, incurran en una causa legal de inhabilidad o se conduzcan mal en su desempeño por incumplimiento de los deberes propios del cargo, por notoria ineptitud de su ejercicio o cuando, en su caso, surgieran problemas de convivencia graves y continuados con la persona a la que prestan apoyo.

La autoridad judicial, de oficio o a solicitud de la persona a cuyo favor se estableció el apoyo o del Ministerio Fiscal, cuando conociere por sí o a través de cualquier interesado circunstancias que comprometan el desempeño correcto de la curatela, podrá decretar la remoción del curador mediante expediente de jurisdicción voluntaria.

Durante la tramitación del expediente de remoción la autoridad judicial podrá suspender al curador en sus funciones y, de considerarlo necesario, acordará el nombramiento de un defensor judicial.

Declarada judicialmente la remoción, se procederá al nombramiento de nuevo curador en la forma establecida en este Código, salvo que fuera pertinente otra medida de apoyo, como así establece el artículo 278 del Código Civil.

El trámite seguirá los cauces de los artículos 748 y siguientes de la LEC y en particular el artículo 49 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

A TENER EN CUENTA. Este formulario está adaptado a la reforma efectuada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, que entra en vigor el 3 de septiembre de 2021. Desde la citada fecha, las personas con capacidad modificada judicialmente (personas sometidas a procesos de incapacitación), pasan a ser personas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica: medidas voluntarias de apoyo, guarda de hecho, curatela o defensor judicial.

La DT 5ª sobre la revisión de las medidas ya acordadas señala: "Las personas con capacidad modificada judicialmente, los declarados pródigos, los progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos podrán solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, para adaptarlas a esta. La revisión de las medidas deberá producirse en el plazo máximo de un año desde dicha solicitud.

Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud mencionada en el párrafo anterior, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de tres años".