Contrato de arrendamiento de uso distinto de vivienda entre particular arrendador y Ayuntamiento arrendatario

La intervención de una entidad pública como parte en un contrato de arrendamiento de inmueble queda expresamente excluida del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de su art. 9.

En el caso de que la parte arrendataria sea un ayuntamiento habrá que estar, en primer lugar, a lo dispuesto en la normativa sobre patrimonio del ente local y, de forma supletoria, a lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que regula el arrendamiento de inmuebles por la Administración General del Estado en sus arts. 122 a 128, y a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Dispone la LAU en su art. 4.3 que «Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil».

El art. 3 la LAU establece que: «1. Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior.

2. En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualquiera que sean las personas que los celebren».

Por último, ha de tenerse en cuenta lo expresado en el art. 36.6 de la LAU, en cuanto que «Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y demás entes públicos vinculados o dependientes de ellas, y las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus Centros Mancomunados, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos».

El modelo disponible a continuación facilitará la configuración de un contrato de arrendamiento de uso distinto de vivienda en el que la parte arrendadora sea un particular y la parte arrendataria un ayuntamiento.