Auto Civil 39/2005 Audiencia Provincial Civil de Las Palmas nº 4, Rec. 779/2004 de 25 de febrero del 2005

PRIMERO.- Presentada demanda de cesación de actividad prohibida en los estatutos de la comunidad de propietarios a que pertenece el actor contra el ocupante que ejerce la actividad prohibida (despacho profesional) y sus propietarios, así como contra la propia comunidad de propietarios, se instó conjuntamente la adopción de medida cautelar consistente, dicho sea en síntesis, en la cesación temporal de la actividad profesional realizada en la vivienda. El Tribunal a quo denegó la adopción de la medida cautelar razonando,. en esencia, que no se había justificado el peligro de mora procesal ( art. 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Frente a dicha resolución se alza el actor sosteniendo infracción de lo dispuesto en el art. 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal

SEGUNDO.- El recurso no puede prosperar por cuanto, en efecto, no se justifica debidamente que de no adoptarse la medida podrían producirse durante la pendencia del proceso situaciones que impidieran o dificultaran la efectividad de la tutela que en definitiva pudiera otorgarse a través de una eventual sentencia estimatoria. Pero es que ni siquiera, sin prejuzgar lo que en definitiva pueda resolverse en el pleito principal, el actor goza de apariencia de buen derecho por cuanto la adopción de la medida cautelar que dispensa el art. 7.2 de la citada L.P.H lo es en proceso que debe iniciar la Comunidad de Propietarios, previa autorización de la Junta de Propietarios para el ejercicio de la acción, y no el propietario que se sienta perjudicado. Y es que como dijera la AP Pontevedra, sec. 1ª, S 10-3-2003, nº 89/2003, rec. 2164/2002 «Sentado que estamos ante una acción de cesación instaurada por la normativa en materia de propiedad horizontal, su estimación pasa por la concurrencia de los requisitos de procedibilidad previstos en el art. 7.2 LPH .

a) Que el DIRECCION001 1, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, haya requerido a quien realice las actividades prohibidas la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes

b) Que la Junta de Propietarios, expresamente convocada al efecto, autorice al DIRECCION001 1 a entablar la acción de cesación contra el infractor

El legislador impone así un plus para el ejercicio de esta acción: dada la gravedad de las consecuencias que lleva aparejadas (privación del uso), se exige un acuerdo expreso de la Junta de Propietarios debidamente convocada al efecto, excluyendo de este modo la posibilidad de que un comunero actúe por sí o en representación de la Comunidad

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida, con expresa imposición de costas a la parte apelante, tal como prescribe el art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al no apreciarse en el caso serias dudas de hecho o de derecho

En atención a todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación