Auto Civil 105/2023 Audiencia Provincial Civil de Tarragona nº 1, Rec. 1108/2022 de 03 de mayo del 2023

PRIMERO.- Antecedentes

1.- La demandante interpuso demanda solicitando que se acordase la reducción del importe debido en concepto de rentas de los años 2019 y 2020, estableciéndose su abono de forma fraccionada y que se proceda a la modificación de la cláusula del contrato de arrendamiento que fija en el importe de la renta, dejándola en la cuantía de 1.500 euros desde el 10 de mayo de 2021 y que se acuerde la suspensión de la renta de enero a mayo de 2022. De forma subsidiaria que se acuerde una rebaja del 50 por ciento de la renta de mayo a octubre de 2021, la suspensión del pago de la renta del 14 de marzo al 19 de mayo ,noviembre, diciembre de 2020, y de enero al 9 de mayo de 2021, y que se refleje que la renta mensual desde esta fecha es d 1.500 euros al mes, liquidándose las rentas debidas por la arrendataria y se fije un calendario para su abono. Se señala que las partes suscribieron un contrato de arrendamiento de local comercial, y pide la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, puesto que se ha producid una circunstancia sobrevenida e imprevisible, en concreto la pandemia del Covid-19 que se ha producido una quiebra de la equivalencia en las prestaciones de la partes, en concreto en cuanto al pago de la renta, en perjuicio de la arrendataria, que son la base de la petición que se efectúa, tanto en relación a una condonación de las rentas, como una rebaja de las mismas, así como el pago aplazado de las rentas debidas.

2.- La entidad demandada contesta a la demanda oponiéndose a la misma y señalando que las partes suscribieron un contrato de arrendamiento de local el 3 de enero de 2005, el cual sigue vigente pues la adenda de 15 de julio, en relación al importe de la renta, ya no es efectiva. Añade no concurre la aplicación de la cláusula rebis sic stantibus en este caso, puesto que la arrendadora se ha aplicado el Decreto 34/20 en relación tanto a la condonación de las rentas mientras el local estuvo cerrado, así como la adecuación de la renta aplicándole la reducciones establecidas por ese decreto, la arrendataria ha seguido desarrollando sus actividad sin obstáculo ( el puerto de Salou) , en un entorno donde no tiene competidores, así como que la entidad arrendadora se ha hecho cargo del pago del IBI y la Tasa se Ocupació de la Generalitat de Catalunya . Señala así mismo que el impago de la renta por la arrendataria , la actora, se ha producido desde un año antes de que se acordara el estado de alarma, ya que la misma no ha pagado la renta del año 2019, como tampoco la de 2020 y 2021 , debiendo el importe de 73.348,03 euros, por lo que se ha interpuesto una demanda de desahucio por falta de pago, que ha dado origen al procedimiento Verbal 964/21 seguido ante el Juzgado de Instancia nº 2 de Tarragona. Por ultimo señala que no es aceptable la rebaja de la renta que peticiona la actora dado que no tiene ningún tipo de justificación, ni el plan de pago de las rentas debidas pues el mismo tiene una vigencia superior a la del propio contrato.

3. En la Audiencia Previa, la parte demandada alega como hecho nuevo, que se ha dictado decreto fin del procedimiento verbal de desahucio nº en el que se acuerda la resolución del contrato, se establece el importe de las cantidades debidas y el lanzamiento del local, con lo que procedería ante ello , el sobreseimiento del presente procedimiento por carencia sobrevenida de objeto y ausencia de interés legítimo.

La parte actora se opone al sobreseimiento del procedimiento, señala que concurren interés en a continuación del procedimiento a los efectos de establecer el importe de las rentas, que es lo que es objeto del presente asunto.

4. Por auto de 28 de septiembre de 2022 se estima la concurrencia de la carencia sobrevenida de objeto y se acuerda el sobreseimiento de las actuaciones.

5. Doña Maribel formuló recurso de apelación.

6. EL CLUB NAUTICO DE SALOU se opone al recurso interpuesto.

SEGUNDO.- Motivos de Oposición . Decisión de esta Sala

1.- El recurrente aduce la nulidad del auto al haberse incurrido en infracción de la norma procesales, ya que no se suspensión la Audiencia Previa y se convoco a las partes a la comparecencia prevista en el artículo 22.2 de la LEC, después de que la actora , frente a las alegaciones de la demandada, negara la satisfacción de su pretensiones. Subsidiariamente se alega error en la valoración de la prueba, pues no concurren los requisitos para apreciar la existencia de cosa juzgada , dado que no existe resolución definitiva que ponga fin al procedimiento verbal de desahucio instando por la demandada , pues se ha interpuesto recurso de apelación . Por ultimo pide la suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil, al amparo del artículo 43 , ya que no está finalizado por resolución firme el procedimiento de desahucio.

La apelada se opone al recurso y solicita la confirmación de la resolución de Primera Instancia.

2.- En el caso de autos consta suscrito por las partes un contrato de arrendamiento de local, el nº 5, sito en los bajos del Club Náutico de Salou, el 1 de enero de 2002 , y cuando este finaliza se suscribe el contrato de arrendamiento de 3 de enero de 2005, al ser prorrogado por las partes por acuerdo de 31 de diciembre de 2009, siendo la renta de 21.924 euros al años el arrendamiento de local y 3.616 euros en arrendamiento de la terraza adjunta al mismo. Además del local y la terraza también se facilita una tarjeta de acceso al parking del Club Náutico de Salou a la arrendataria abonando la tarifa tarjeta para empresas.

La arrendadora , Club Náutico de Salou, y demandada en las presente actuaciones interpone demanda de desahucio por falta de pago contra doña Maribel, demandante en este procedimiento, que da lugar al procedimiento Verbal de Desahucio por impago de renta nº 964/21 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia a nº 2 de Tarragona, en el que se ha dictado Decreto de 4 de mayo de 2022 , en el que se acuerda la resolución del contrato de arrendamiento, se fija el importe debido por rentas en la cantidad de 52.188,89 euros y se acuerda el lanzamiento, al no haberse formulado por la parte demandada oposición .

Contra este decreto se interpone recurso de Revisión por la representación de la parte demandada, solicitando la suspensión del procedimiento y del lanzamiento hasta que fuera resuelto el ordinario 987/21, ( procedimiento en el que se ha dictado el auto que es recurrido en Apelación) que se resuelve por auto de 1 de julio de 2022, desestimando el mismo.

Contra este Auto se interpone recurso de apelación el cual se inadmite por auto de 7 de noviembre de 2022.

3.- Nulidad de la sentencia por infracción de normas garantías procesales al no haberse procedido a la suspensión de la Audiencia Previa y efectuar la comparecencia prevista en el artículo 20.2 de la LEC.

3.1- Este motivo de Apelación en el que se pide la nulidad de la resolución la basa el recurrente en la infracción de lo establecido en el artículo 367.2 y 378 de la LEC, ya que no se le permitió por el órgano judicial de Primera Instancia hacer uso de la prerrogativa recogida en el artículo 367.2 de la LEC.

De conformidad con lo establecido en el artículo 459 de la LEC, en el recurso de apelación podrá alegarse infracción de normas o garantías procesales en la primera instancia. Cuando así sea, el escrito de interposición deberá citar las normas que se consideren infringidas y alegar, en su caso, la indefensión sufrida. Asimismo, el apelante deberá acreditar que denunció oportunamente la infracción, si hubiere tenido oportunidad procesal para ello.

La LEC, señala , en el artículo 225, que son nulos de pleno derecho los actos procesales que se efectúen prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento , siempre que por esa causa, se haya podido producir indefensión.

Sobre la nulidad de pleno derecho la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 14 de 10 de octubre de 2022 afirma " 1. La nulidad de pleno derecho de los actos judiciales exige la confluencia de dos requisitos: a) que se trate de normas esenciales de procedimiento; y b) que efectivamente se haya producido indefensión, de tal manera que no es suficiente con la infracción normativa, en su caso, si ésta no lleva aparejada indisolublemente la producción de un efecto desfavorable para la defensa del afectado, toda vez que para poder prosperar la anulación de actuaciones es preciso que la vulneración de preceptos o garantías procesales haya determinado efectiva indefensión, no existiendo ésta cuando no se llega a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa y tampoco cuando ha existido posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos de manera que la aludida indefensión no puede ser aducida por quien no actuó en el proceso con la debida diligencia o cuando aquélla pueda resultar imputable a su propia conducta".

El Tribunal Constitucional tiene declarado ( Sentencia Sala Primera número 173/2009 de 16 de julio ), que desde la sentencia núm. 9/1981, de 31 de marzo , se ha destacado la trascendental importancia que posee la correcta constitución de la relación jurídico procesal para entablar y proseguir los procesos judiciales con la plena observancia del derecho de defensa que asiste a las partes, siendo un instrumento capital de esa correcta constitución de la relación jurídico procesal el régimen de emplazamientos, citaciones y notificaciones a las partes de los distintos actos procesales que tienen lugar en el seno de un procedimiento judicial, pues sólo así cabe garantizar los indisponibles principios de contradicción e igualdad de armas entre las partes del litigio. Por otro lado, el artículo 238.3 de la LOPJ prevé acertadamente la nulidad de los actos procesales cuando se prescinda total y absolutamente de normas procesales esenciales establecidas por la norma legal o cuando se actúe con infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa, si con ello se produce indefensión, que en cualquier caso no acarrea irremisiblemente la invalidez de los actos subsiguientes que sean independientes del inicial o cuya eficacia subsista pese a la nulidad del referido acto, lo que significa que tal nulidad lleva consigo la de todos los practicados a continuación si existe entre ellos un tracto sucesivo y se hallan enlazados entre sí de un modo interdependiente o interrelacionado de tal modo que la invalidez del primero presuponga la de los segundos. Este criterio es aplicable al actual artículo 225-3 de la LEC , en el que se establece que "los actos procesales serán nulos de pleno derecho: 3º Cuando se prescinda de normas esenciales de procedimiento, siempre que, por esta causa, haya podido producirse indefensión"

Así para apreciar que concurre la nulidad debe producirse una efectiva y real indefensión a la parte, pues la simple vulneración de la norma no deriva la consecuencia de la nulidad .

3.2- El artículo 22 de la LEC señala

1. Cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa, se pondrá de manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretará por el Letrado de la Administración de Justicia la terminación del proceso, sin que proceda condena en costas.

2. Si alguna de las partes sostuviere la subsistencia de interés legítimo, negando motivadamente que se haya dado satisfacción extraprocesal a sus pretensiones o con otros argumentos, el Letrado de la Administración de Justicia convocará a las partes, en el plazo de diez días, a una comparecencia ante el Tribunal que versará sobre ese único objeto.

Terminada la comparecencia, el tribunal decidirá mediante auto, dentro de los diez días siguientes, si procede, o no, continuar el juicio, imponiéndose las costas de estas actuaciones a quien viere rechazada su pretensión.

En la Audiencia Previa se pueden plantear y resolver por el órgano judicial , oralmente o mediante resolución por escrito , previa audiencia de las partes, todas las cuestiones que se planteen y que impidan la continuación del procedimiento y el dictado de la sentencia, artículo 416 de la LEC.

Así en la Audiencia Previa se plantea por la parte demandada la existencia de un hecho nuevo, en concreto la emisión del decreto que pone fin al procedimiento verbal de desahucio , ante la falta de oposición de la arrendataria, en el que se acuerda la resolución del contrato de arrendamiento de local suscrito entre el CLUB NAUTICO DE SALO y doña Maribel y fija el importe de las cantidades debidas por renta, señalando que debido a ello concurre la carencia sobrevenida de objeto, pues ya no es necesario determinar el importe de la renta del contrato de arrendamiento, ya que la arrendataria acepta el importe de la renta que se señala en la demanda de desahucio interpuesta por la arrendadora, con lo cual carece de interés legítimo en la continuación del procedimiento, pues esa resolución tendría efecto de cosa juzgada.

Ante esta alegaciones por el Juez ad quo se da traslado a la letrada de la parte actora, a los efectos de que se oponga o no esta carencia sobrevenida de objeto, realizando las oportunas alegaciones y oponiéndose a la misma.

No procede por lo tanto la nulidad de actuaciones instada, pues no se ha causado ningún tipo de indefensión a la parte recurrente.

En primer lugar porque no se ha ocasionado ningún tipo de indefensión a la parte recurrente, tal y como se exige para que proceda la nulidad de actuaciones.

Así si bien es cierto que no se ha seguido el trámite del artículo 22.2 de la LEC, en sentido estricto, pues no se ha citado por el letrado de la Administración de Justica a una comparecencia ante el Juez, esta audiencia de las partes, que es lo perseguido por la norma , si se ha efectuado, pues es ante el juez que por las partes se han vertido las alegaciones han tenido por conveniente sobre la carencia sobrevenida de objeto y sobre el interés legítimo en la continuación del procedimiento, de la misma forma que lo hubieran hecho si se les hubiera convocado por el Letrado de la Administración de Justicia a la comparecencia del artículo 22.2 de la LEC.

En segundo lugar, porque no se ha recurrido ni protestado por la letrada de la parte actora la decisión del órgano judicial de tramitar la alegación de carencia sobrevista de objeto en el acto de la Audiencia Previa.

En tercer lugar porque esa excepción puede ser objeto de estudio en la Audiencia Previa, pues en este acto pueden resolverse todas las cuestiones que impiden la continuación del procedimiento y del dictado de la sentencia.

Por todo lo cual este primer motivo de apelación debe ser desestimado.

4.- Error en la valoración de la prueba. Concurrencia de la Cosa Juzgada

El artículo 222 de la LEC establece :

1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen.

3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en los artículos 11 y 11 bis de esta ley.

En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad, la cosa juzgada tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.

Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigado.

4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal.

La cosa Juzgada , como señala el TC, es una de las consecuencias de los principios de seguridad jurídica y de legalidad en materia procesal de los arts. 9.3 y 117.3 de la Constitución , se halla en la imposibilidad de que los Jueces y Tribunales, fuera de los casos previstos por la ley, revisen el juicio efectuado en un caso concreto porque estimaran que la decisión no se ajusta a la legalidad, "puesto que la protección judicial carecería de efectividad si se permitiera reabrir el análisis de lo ya resuelto por sentencia firme en cualquier circunstancia".

El efecto prejudicial ha sido reiteradamente declarado por la jurisprudencia el Tribunal Supremo, que ha venido distinguiendo entre el efecto positivo y el efecto negativo de la cosa juzgada: efecto positivo, vinculante o prejudicial, en el sentido de no poder decidirse en otro proceso un tema o punto litigioso de manera distinta o contraria a como ya ha sido resuelto por sentencia firme en otro proceso precedente, puesto que con respecto a ello tiene efecto vinculante o prejudicial en el segundo proceso; y efecto negativo o preclusivo, en el sentido de que no puede seguirse un proceso ulterior sobre el mismo objeto litigioso que ya fue resuelto por sentencia firme en un proceso anterior entre las mismas partes (non bis in idem).

Para que concurra la Cosa Juzgada se exige

A) Que entre los dos procesos se de una perfecta identidad sobre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron

B) Que la paridad entre los litigios ha de inferirse de la relación jurídica controvertida en ambos pleitos, comparando lo resuelto en el primero con lo pretendido en el segundo, teniendo en cuenta la parte dispositiva de aquel, interpretada si es preciso por los hechos y fundamentos de derecho que sirvieron de apoyo a la pretensión y a la sentencia requiriéndose para apreciar la situación de cosa juzgada una semejanza real que pueda producir, caso de no apreciarse, contradicción evidente entre lo que se resolvió y lo que de nuevo se pretende, de tal manera que no puedan existir en armonía los dos fallos.

C) Que la causa de pedir consiste en el hecho jurídico o titulo que sirven de base al derecho reclamado, es decir, radica en el fundamento o razón de pedir, y no en la acción ejercitada que constituye una mera modalidad procesal indispensable para lograr su efectividad entre los Tribunales, por lo que la identidad de la causa de pedir se da únicamente en aquellos supuestos en que se produce una perfecta identidad en las circunstancias determinantes del derecho reclamado y de su exigibilidad ( Ss. T.S 9-5-80 , 22-6-82 , 31-3-92 ...). o identidad del conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida ( Ss.T.S. 7-11-07 , 16-6-10 , 28-6-10 , 9-1-13 ...); si bien la calificación jurídica alegada por las partes, aunque los hechos sean idénticos, puede ser también relevante para distinguir una acción de otra cuando la calificación comporta la delimitación del presupuesto de hecho de una u otra norma con distintos requisitos o efectos jurídicos; por eso la jurisprudencia ha acudido en ocasiones al título jurídico como elemento identificador de la acción, siempre que sirva de base al derecho reclamado ( Ss. T.S. 27-10-00 , 15-11-01 , 9-1-13 ...) como antes se ha mencionado.

D) Que en orden a la identidad subjetiva, la jurisprudencia ha venido declarando que existe jurídicamente identidad de personas, aunque no sean físicamente las mismas las que litiguen en ambos pleitos, cuando la que litiga en el segundo ejercita la misma acción, invoca iguales fundamentos y se apoya en los mismos títulos que el primero, pues ello implica una solidaridad jurídica, y si no una identidad física, sí una identidad jurídica (.

E) Que no desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, porque no es correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos, o no pudieron demostrarse o el juzgador no los atendió ( SS. T. S. 30-7-96 , 3-5-00 y 27-10-00 ).

En el caso de autos concurre la excepción de cosa Juzgada, pues aun cuando el procedimiento verbal de desahucio y el presente declarativo tienen distinto objeto, lo resuelto en el primero produce efectos de cosa Juzgada en el segundo, ya que en el primero se fijan el importe de las rentas del contrato, que son las reclamadas por la parte actora , puesto que la arrendataria no se ha opuesto al procedimiento verbal , sin que pueda plantarse otro procedimiento, el que es objeto del presente recurso, en el que de discuta cual debe ser el importe de la renta , ni una rebaja de la misma por la parte arrendataria, pues ya aceptado cual es el importe.

Además debe señalarse que el procedimiento verbal de desahucio ha finalizado por cuanto consta inadmitido el recurso de apelación interpuesto por la arrendataria contra el auto de 1 de julio de 2022 que resuelve el recurso de revisión contra el decreto emitido por el Letrado de la Administración de Justicia de 4 de mayo de 2022

5.- . Suspensión por prejudicialidad civil .

El artículo 43 de la LEC señala

Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial

En cuanto a la prejudicialidad civil y los requisitos que debe tener la misma , señala el auto de la Audiencia Provincial de Madrid , sección 8ª, de 27 de febrero de 2018 "parte apelada se opuso al recurso interesando la confirmación del auto apelado, de acuerdo en lo sustancial con los fundamentos del mismo, con imposición de costas a la parte contraria.

SEGUNDO .- Motivos del recurso: sobre la existencia de proceso pendiente, la identidad de causa de pedir y el objeto.

Señala el artículo 43 LEC que " Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial "

Conceptualmente, conforme al precepto transcrito, una cuestión es prejudicial cuando, entre dos procesos, de algún modo conexos, la resolución previa del objeto principal de un proceso pendiente es necesaria para resolver sobre el objeto litigioso del segundo proceso, no siendo posible la acumulación de autos.

Desde otra perspectiva, la jurisprudencia ( SSTS de 22 de marzo de 2006 , 26 de marzo de 2008 y STS 628/10 de 13 de octubre ) equipara la litispendencia, denominada impropia, con la prejudicialidadcivil. La llamada litispendencia impropia o prejudicialidadcivil se produce, si lo razona la STS de 22 de marzo de 2006 , cuando hay conexión entre el objeto de los dos procesos, de modo que lo que en uno de ellos se decida resulte antecedente lógico de la decisión de otro ( SSTS de 20 de noviembre de 2000 , 31 de mayo , 1 de junio y 20 de diciembre de 2005 ) aun cuando no concurran todas las identidades que exigía el artículo 1252 CC .

En tal sentido el TS señala en sentencias de 20 de diciembre y 19 de abril de 2005 que " lo operativo es la sujeción que, por razones de lógica y conexión legal, determinan una prejudicialidad entre el objeto de un litigio y otro, de tal alcance que vinculan el resultado del segundo al del primero ".

Por consiguiente, para la apreciación de la prejudicialidadcivil será precisa la concurrencia de los siguientes requisitos:

1º Que exista un proceso previo a aquél en el que se suscita la prejudicialidadcivil del primero.

2º Que las decisiones a adoptar en dicho proceso previo vinculen y determinen las que a su vez hayan de tomarse en el segundo (interdependencia en su resolución), de modo que el primer proceso se encuentre en relación de medio a fin respecto del segundo.

3º Que exista una identidad o coincidencia sustancial entre los objetos procesales respectivos de modo que el proceso anterior interfiera o prejuzgue al segundo, con riesgo de dividir la continencia de la causa y de pronunciarse sentencias contradictorias."

No cabe la estimación de la petición formulada por la parte recurrente de suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil, ya que no está en tramite ningun procedimiento, en este caso el verbal de desahucio por impago de la renta, que tenga por objeto la fiación del importe de la renta .

Por todo lo cual procede la desestimación del recurso de Apelación

TERCERO.- Costas

De conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la LEC y dado que se ha desestimado el recurso de apelación se impone el pago de las costas a la parte recurrente