Auto Civil 450/2025 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 13, Rec. 1356/2025 de 06 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Planteamiento del recurso.

1. El día 22 de abril de 2025, Dª Luisa formula demanda de juicio ordinario en ejercicio de una acción de resolución contractual del contrato de depósito con referencia DEPO-2021-1011X, suscrito SPECIAL ENTREPRENEUR SYSTEMS S.L. por incumplimiento atribuible al depositario y de reclamación de indemnización por daños y perjuicios, solicitando se condene a la demandada al abono del interés remuneratorio devengado en virtud del contrato de depósito suscrito, desde el mes de junio y hasta la fecha de declaración de rescisión contractual, así como a la devolución del principal objeto de depósito por parte de la SRA. Luisa, que a fecha de la demanda asciende a 31.200 euros, sin perjuicio de ulterior liquidación y devengo del interés de demora correspondiente.

2. Con fecha 26 de marzo de 2025, la Letrada Dª JESSICA RUIZ ROMERA, en calidad de representante legal de Dª Luisa, dirigió un burofax a comunicando la voluntad de su representada de rescindir el contrato por incumplimiento del depositario, debiendo, en todo caso, procederse a la devolución del principal e intereses mensuales remuneratorios y de demora devengados y no abonados, por un total de 31.639,28 euros, con el siguiente desglose: 13.000 euros de principal, 17.160 euros de intereses ordinarios y 1.479,28 euros de intereses de demora, advirtiéndole que, de no procederse a la devolución interesada en el plazo máximo de una semana le informaba que se reservaba el ejercicio de las acciones judiciales en reclamación de cantidad que a su derecho conviniera.

3. Por auto de fecha 22 de mayo de 2025, el Juzgado de Primera Instancia inadmite a trámite la demanda de juicio ordinario porque no se ha cumplido la obligación de haber acudido a un MASC con carácter previo a su presentación.

4. Frente a dicha resolución, Dª Luisa, interpone recurso de apelación en el que alega que, con carácter previo a la interposición de demanda, requirió a la parte demandada mediante la remisión de burofax, que adjunta como documento nº 3 del escrito de demanda, en el cual se realizó un ofrecimiento previo de acuerdo, sin reclamar los intereses de demora para propiciar la solución extrajudicial, sin que ello haya resultado posible aún a fecha de formulación del recurso de apelación.

Y solicita se dicte resolución estimando el recurso y dejando sin efecto el auto recurrido, declarando la nulidad de actuaciones.

SEGUNDO.- El requisito de procedibilidad establecido en la LO 1/2025.

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el 3 de abril de 2025, se establece un nuevo requisito para poder acceder a la justicia, consistente en acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias (MASC).

Por MASC se entiende cualquier tipo de actividad negociadora a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral.

El auto recurrido considera que la reclamación previa que efectuó la parte demandante no colma el requisito de procedibilidad establecido por el artículo 5.1 de la LO 1/2025.

El artículo 5 de la LO 1/2025 establece que, en el orden jurisdiccional civil, con carácter general, para que sea admisible la demanda se considerará requisito de procedibilidad acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias de los previstos en el artículo 2.

Dicha norma define el MASC como "cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral".

En los artículos 14 y siguientes se regulan algunas modalidades concretas de MASC, los llamados MASC tipificados.

Por su parte, el artículo 10 de la LO 1/2025 establece, en lo que interesa para la resolución del recurso, que, a los efectos de acreditar que se ha intentado una actividad negociadora previa y cumplir el requisito de procedibilidad, dicha actividad negociadora o el intento de la misma deberá ser recogida documentalmente. Si no hubiera intervenido una tercera persona neutral, como es el caso, la acreditación se cumplirá mediante cualquier documento firmado por ambas partes en el que se deje constancia de la identidad de las mismas y, en su caso, de las personas profesionales o expertas que hayan participado asesorándolas, la fecha, el objeto de la controversia, la fecha de la reunión o reuniones mantenidas, en su caso, y la declaración responsable de que las dos partes han intervenido de buena fe en el proceso. En su defecto, podrá acreditarse el intento de negociación mediante cualquier documento que pruebe que la otra parte ha recibido la solicitud o invitación para negociar o, en su caso, la propuesta, en qué fecha, y que ha podido acceder a su contenido íntegro. En su apartado 4) precisa que se entenderá que se ha producido la terminación del proceso sin acuerdo, entre otras alternativas, si transcurrieran treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de la solicitud inicial de negociación por la otra parte y no se mantuviera la primera reunión o contacto dirigido a alcanzar un acuerdo o no se obtenga respuesta por escrito.

En coherencia con todo lo expuesto, se ha modificado el artículo 264 de la LEC, en el que ahora se establece que habrá de acompañarse a la demanda "El documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial cuando la ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad, o declaración responsable de la parte de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido".

En similar sentido, el nuevo artículo 399.3 de la LEC exige que se haga constar en la demanda la descripción del proceso de negociación previo llevado a cabo o la imposibilidad del mismo, conforme a lo establecido en el ordinal 4.º del artículo 264, y se manifestarán, en su caso, los documentos que justifiquen que se ha acudido a un medio adecuado de solución de controversias, salvo en los supuestos exceptuados en la Ley de este requisito de procedibilidad.

Por su parte, el artículo 403.2 de la LEC dispone: "2. No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquellas, cuando no se hagan constar las circunstancias a las que se refiere el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 399 en los casos en que se haya acudido a un medio adecuado de solución de controversias por exigirlo la ley como requisito de procedibilidad o cuando no se hayan efectuado los requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales".

Finalmente, la LO 1/2025, de 2 de enero, ya contiene una previsión de que pueda darse el caso de que la parte demandante desconozca el domicilio del demandado, y en su virtud, al modificar el artículo 264 de la LEC, introduce un nuevo apartado 4 en el que se incluyen entre los documentos procesales que han de presentarse con la demanda: «El documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial cuando la ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad, o declaración responsable de la parte de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido».

La declaración responsable de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada, regulada en el mentado artículo 264.4 de la LEC, es un documento que debe acompañar a la demanda cuando la ley exige el intento de una actividad negociadora previa como requisito de procedibilidad, y ésta no puede llevarse a cabo ante la imposibilidad de conocer un domicilio a efectos de comunicaciones al que dirigirse para llevar a cabo dicha negociación.

En conclusión, el artículo 399.3 de la LEC, al regular el contenido de la demanda en el juicio ordinario, dispone que en la demanda deberá hacerse constar la descripción del proceso de negociación previo llevado a cabo o la imposibilidad del mismo, conforme al artículo 264.4 de la LEC.

TERCERO.- Aplicación de la anterior normativa al caso.

Como decimos, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, exige intentos de MASC antes de la presentación de una demanda. Salvo en los supuestos previstos en la disposición adicional 7ª LO 1/2025, la mera reclamación o requerimiento de pago o cumplimiento extrajudiciales, con anuncio del posterior ejercicio de acciones judiciales, no cumple el requisito de procedibilidad.

Si se desconoce el domicilio demandado, se admite una declaración responsable de la imposibilidad de llevarla a cabo.

En el supuesto que nos ocupa, conforme lo que se ha recogido en el fundamento jurídico anterior, la solicitud presentada no reúne los requisitos formales exigidos en los preceptos transcritos. Así, en el presente caso, se ejercita una acción de resolución de un contrato de depósito irregular contra SPECIAL ENTREPRENEUR SYSTEMS S.L. al amparo de lo previsto en los artículos 1.254 y 1.124 del Código Civil, por incumplimiento del depositante.

No nos hallamos ante un procedimiento de nulidad de condiciones generales de contratación promovido por un consumidor, por lo que no puede considerarse cumplido el requisito de procedibilidad con la remisión de una reclamación extrajudicial previa a la empresa contratante sin obtener respuesta satisfactoria en el plazo legal, de conformidad con la Disposición Adicional séptima de la LO 1/2025, que establece: "En los litigios en que se ejerciten acciones individuales promovidas por consumidores o usuarios, se entenderá cumplido el requisito de procedibilidad por la reclamación extrajudicial previa a la empresa o profesional con el que hubieran contratado, sin haber obtenido una respuesta en el plazo establecido por la legislación especial aplicable, o cuando la misma no sea satisfactoria, y sin perjuicio de que puedan acudir a cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias, tanto los previstos en legislación especial en materia de consumo, como los generales previstos en la presente ley."

Con la demanda se acompaña una reclamación extrajudicial remitida por burofax de fecha 26 de marzo de 2025, en la que, con carácter previo a la presentación de la demanda, la Letrada Dª JESSICA RUIZ ROMERA, en calidad de representante legal de Dª Luisa, comunicaba a la demandada la voluntad de la demandante de rescindir el contrato por incumplimiento del depositario, exigiendo la devolución del principal e intereses mensuales remuneratorios y de demora devengados y no abonados, por un total de 31.639,28 euros, con el siguiente desglose: 13.000 euros de principal, 17.160 euros de intereses ordinarios y 1.479,28 euros de intereses de demora, advirtiendo a la demandada, que de no procederse a la devolución interesada en el plazo máximo de una semana, le informaba que se reservaba el ejercicio de las acciones judiciales en reclamación de cantidad que a su derecho conveniera.

Dicha reclamación extrajudicial no es suficiente para considerar cumplido el requisito de procedibilidad. En efecto, se trata de una mera reclamación o requerimiento previo, que, además, no fue recibido por la parte demandada, haciendo constar el Servicio de Correos "Ha resultado: No entregado por Desconocido".

La acreditación del intento de negociación y terminación del proceso sin acuerdo, como decimos, está regulada en el artículo 10. Y, en consonancia, el artículo 264.4º de la LEC dispone que debe acompañarse con la demanda: «4.º El documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial cuando la ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad, o declaración responsable de la parte de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido»

Finalmente, el apartado 4 del ya citado artículo 10 establece que se entenderá que se ha producido la terminación del proceso sin acuerdo: "a) Si transcurrieran treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de la solicitud inicial de negociación por la otra parte y no se mantuviera la primera reunión o contacto dirigido a alcanzar un acuerdo o no se obtenga respuesta por escrito".

En el presente caso tampoco habían transcurrido los 30 días naturales desde el requerimiento hasta la presentación de la demanda.

Por lo tanto, en este supuesto, la actividad desarrollada por la parte demandante no reúne las exigencias legales para considerar cumplido el requisito de procedibilidad. Por un lado, reiteramos, la mera reclamación o requerimiento de pago o cumplimiento extrajudiciales, con anuncio del posterior ejercicio de acciones judiciales, no cumple el requisito de procedibilidad, y , por otro, al ser la mercantil demandada desconocida en el domicilio al que se dirigió la reclamación, era necesaria la presentación de una declaración responsable de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada conforme al artículo 264.4 de la LEC.

Por consiguiente, no puede considerarse cumplido el requisito de procedibilidad exigido por lo que, procede desestimar el recurso de apelación y confirmar el auto apelado.

CUARTO.- Costas.

De acuerdo con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no cabe hacer expresa imposición de las costas de la apelación al haber sólo una parte personada.

Vistos los artículos citados, así como los demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Planteamiento del recurso.

1. El día 22 de abril de 2025, Dª Luisa formula demanda de juicio ordinario en ejercicio de una acción de resolución contractual del contrato de depósito con referencia DEPO-2021-1011X, suscrito SPECIAL ENTREPRENEUR SYSTEMS S.L. por incumplimiento atribuible al depositario y de reclamación de indemnización por daños y perjuicios, solicitando se condene a la demandada al abono del interés remuneratorio devengado en virtud del contrato de depósito suscrito, desde el mes de junio y hasta la fecha de declaración de rescisión contractual, así como a la devolución del principal objeto de depósito por parte de la SRA. Luisa, que a fecha de la demanda asciende a 31.200 euros, sin perjuicio de ulterior liquidación y devengo del interés de demora correspondiente.

2. Con fecha 26 de marzo de 2025, la Letrada Dª JESSICA RUIZ ROMERA, en calidad de representante legal de Dª Luisa, dirigió un burofax a comunicando la voluntad de su representada de rescindir el contrato por incumplimiento del depositario, debiendo, en todo caso, procederse a la devolución del principal e intereses mensuales remuneratorios y de demora devengados y no abonados, por un total de 31.639,28 euros, con el siguiente desglose: 13.000 euros de principal, 17.160 euros de intereses ordinarios y 1.479,28 euros de intereses de demora, advirtiéndole que, de no procederse a la devolución interesada en el plazo máximo de una semana le informaba que se reservaba el ejercicio de las acciones judiciales en reclamación de cantidad que a su derecho conviniera.

3. Por auto de fecha 22 de mayo de 2025, el Juzgado de Primera Instancia inadmite a trámite la demanda de juicio ordinario porque no se ha cumplido la obligación de haber acudido a un MASC con carácter previo a su presentación.

4. Frente a dicha resolución, Dª Luisa, interpone recurso de apelación en el que alega que, con carácter previo a la interposición de demanda, requirió a la parte demandada mediante la remisión de burofax, que adjunta como documento nº 3 del escrito de demanda, en el cual se realizó un ofrecimiento previo de acuerdo, sin reclamar los intereses de demora para propiciar la solución extrajudicial, sin que ello haya resultado posible aún a fecha de formulación del recurso de apelación.

Y solicita se dicte resolución estimando el recurso y dejando sin efecto el auto recurrido, declarando la nulidad de actuaciones.

SEGUNDO.- El requisito de procedibilidad establecido en la LO 1/2025.

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el 3 de abril de 2025, se establece un nuevo requisito para poder acceder a la justicia, consistente en acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias (MASC).

Por MASC se entiende cualquier tipo de actividad negociadora a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral.

El auto recurrido considera que la reclamación previa que efectuó la parte demandante no colma el requisito de procedibilidad establecido por el artículo 5.1 de la LO 1/2025.

El artículo 5 de la LO 1/2025 establece que, en el orden jurisdiccional civil, con carácter general, para que sea admisible la demanda se considerará requisito de procedibilidad acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias de los previstos en el artículo 2.

Dicha norma define el MASC como "cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral".

En los artículos 14 y siguientes se regulan algunas modalidades concretas de MASC, los llamados MASC tipificados.

Por su parte, el artículo 10 de la LO 1/2025 establece, en lo que interesa para la resolución del recurso, que, a los efectos de acreditar que se ha intentado una actividad negociadora previa y cumplir el requisito de procedibilidad, dicha actividad negociadora o el intento de la misma deberá ser recogida documentalmente. Si no hubiera intervenido una tercera persona neutral, como es el caso, la acreditación se cumplirá mediante cualquier documento firmado por ambas partes en el que se deje constancia de la identidad de las mismas y, en su caso, de las personas profesionales o expertas que hayan participado asesorándolas, la fecha, el objeto de la controversia, la fecha de la reunión o reuniones mantenidas, en su caso, y la declaración responsable de que las dos partes han intervenido de buena fe en el proceso. En su defecto, podrá acreditarse el intento de negociación mediante cualquier documento que pruebe que la otra parte ha recibido la solicitud o invitación para negociar o, en su caso, la propuesta, en qué fecha, y que ha podido acceder a su contenido íntegro. En su apartado 4) precisa que se entenderá que se ha producido la terminación del proceso sin acuerdo, entre otras alternativas, si transcurrieran treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de la solicitud inicial de negociación por la otra parte y no se mantuviera la primera reunión o contacto dirigido a alcanzar un acuerdo o no se obtenga respuesta por escrito.

En coherencia con todo lo expuesto, se ha modificado el artículo 264 de la LEC, en el que ahora se establece que habrá de acompañarse a la demanda "El documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial cuando la ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad, o declaración responsable de la parte de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido".

En similar sentido, el nuevo artículo 399.3 de la LEC exige que se haga constar en la demanda la descripción del proceso de negociación previo llevado a cabo o la imposibilidad del mismo, conforme a lo establecido en el ordinal 4.º del artículo 264, y se manifestarán, en su caso, los documentos que justifiquen que se ha acudido a un medio adecuado de solución de controversias, salvo en los supuestos exceptuados en la Ley de este requisito de procedibilidad.

Por su parte, el artículo 403.2 de la LEC dispone: "2. No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquellas, cuando no se hagan constar las circunstancias a las que se refiere el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 399 en los casos en que se haya acudido a un medio adecuado de solución de controversias por exigirlo la ley como requisito de procedibilidad o cuando no se hayan efectuado los requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales".

Finalmente, la LO 1/2025, de 2 de enero, ya contiene una previsión de que pueda darse el caso de que la parte demandante desconozca el domicilio del demandado, y en su virtud, al modificar el artículo 264 de la LEC, introduce un nuevo apartado 4 en el que se incluyen entre los documentos procesales que han de presentarse con la demanda: «El documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial cuando la ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad, o declaración responsable de la parte de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido».

La declaración responsable de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada, regulada en el mentado artículo 264.4 de la LEC, es un documento que debe acompañar a la demanda cuando la ley exige el intento de una actividad negociadora previa como requisito de procedibilidad, y ésta no puede llevarse a cabo ante la imposibilidad de conocer un domicilio a efectos de comunicaciones al que dirigirse para llevar a cabo dicha negociación.

En conclusión, el artículo 399.3 de la LEC, al regular el contenido de la demanda en el juicio ordinario, dispone que en la demanda deberá hacerse constar la descripción del proceso de negociación previo llevado a cabo o la imposibilidad del mismo, conforme al artículo 264.4 de la LEC.

TERCERO.- Aplicación de la anterior normativa al caso.

Como decimos, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, exige intentos de MASC antes de la presentación de una demanda. Salvo en los supuestos previstos en la disposición adicional 7ª LO 1/2025, la mera reclamación o requerimiento de pago o cumplimiento extrajudiciales, con anuncio del posterior ejercicio de acciones judiciales, no cumple el requisito de procedibilidad.

Si se desconoce el domicilio demandado, se admite una declaración responsable de la imposibilidad de llevarla a cabo.

En el supuesto que nos ocupa, conforme lo que se ha recogido en el fundamento jurídico anterior, la solicitud presentada no reúne los requisitos formales exigidos en los preceptos transcritos. Así, en el presente caso, se ejercita una acción de resolución de un contrato de depósito irregular contra SPECIAL ENTREPRENEUR SYSTEMS S.L. al amparo de lo previsto en los artículos 1.254 y 1.124 del Código Civil, por incumplimiento del depositante.

No nos hallamos ante un procedimiento de nulidad de condiciones generales de contratación promovido por un consumidor, por lo que no puede considerarse cumplido el requisito de procedibilidad con la remisión de una reclamación extrajudicial previa a la empresa contratante sin obtener respuesta satisfactoria en el plazo legal, de conformidad con la Disposición Adicional séptima de la LO 1/2025, que establece: "En los litigios en que se ejerciten acciones individuales promovidas por consumidores o usuarios, se entenderá cumplido el requisito de procedibilidad por la reclamación extrajudicial previa a la empresa o profesional con el que hubieran contratado, sin haber obtenido una respuesta en el plazo establecido por la legislación especial aplicable, o cuando la misma no sea satisfactoria, y sin perjuicio de que puedan acudir a cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias, tanto los previstos en legislación especial en materia de consumo, como los generales previstos en la presente ley."

Con la demanda se acompaña una reclamación extrajudicial remitida por burofax de fecha 26 de marzo de 2025, en la que, con carácter previo a la presentación de la demanda, la Letrada Dª JESSICA RUIZ ROMERA, en calidad de representante legal de Dª Luisa, comunicaba a la demandada la voluntad de la demandante de rescindir el contrato por incumplimiento del depositario, exigiendo la devolución del principal e intereses mensuales remuneratorios y de demora devengados y no abonados, por un total de 31.639,28 euros, con el siguiente desglose: 13.000 euros de principal, 17.160 euros de intereses ordinarios y 1.479,28 euros de intereses de demora, advirtiendo a la demandada, que de no procederse a la devolución interesada en el plazo máximo de una semana, le informaba que se reservaba el ejercicio de las acciones judiciales en reclamación de cantidad que a su derecho conveniera.

Dicha reclamación extrajudicial no es suficiente para considerar cumplido el requisito de procedibilidad. En efecto, se trata de una mera reclamación o requerimiento previo, que, además, no fue recibido por la parte demandada, haciendo constar el Servicio de Correos "Ha resultado: No entregado por Desconocido".

La acreditación del intento de negociación y terminación del proceso sin acuerdo, como decimos, está regulada en el artículo 10. Y, en consonancia, el artículo 264.4º de la LEC dispone que debe acompañarse con la demanda: «4.º El documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial cuando la ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad, o declaración responsable de la parte de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido»

Finalmente, el apartado 4 del ya citado artículo 10 establece que se entenderá que se ha producido la terminación del proceso sin acuerdo: "a) Si transcurrieran treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de la solicitud inicial de negociación por la otra parte y no se mantuviera la primera reunión o contacto dirigido a alcanzar un acuerdo o no se obtenga respuesta por escrito".

En el presente caso tampoco habían transcurrido los 30 días naturales desde el requerimiento hasta la presentación de la demanda.

Por lo tanto, en este supuesto, la actividad desarrollada por la parte demandante no reúne las exigencias legales para considerar cumplido el requisito de procedibilidad. Por un lado, reiteramos, la mera reclamación o requerimiento de pago o cumplimiento extrajudiciales, con anuncio del posterior ejercicio de acciones judiciales, no cumple el requisito de procedibilidad, y , por otro, al ser la mercantil demandada desconocida en el domicilio al que se dirigió la reclamación, era necesaria la presentación de una declaración responsable de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada conforme al artículo 264.4 de la LEC.

Por consiguiente, no puede considerarse cumplido el requisito de procedibilidad exigido por lo que, procede desestimar el recurso de apelación y confirmar el auto apelado.

CUARTO.- Costas.

De acuerdo con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no cabe hacer expresa imposición de las costas de la apelación al haber sólo una parte personada.

Vistos los artículos citados, así como los demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Planteamiento del recurso.

1. El día 22 de abril de 2025, Dª Luisa formula demanda de juicio ordinario en ejercicio de una acción de resolución contractual del contrato de depósito con referencia DEPO-2021-1011X, suscrito SPECIAL ENTREPRENEUR SYSTEMS S.L. por incumplimiento atribuible al depositario y de reclamación de indemnización por daños y perjuicios, solicitando se condene a la demandada al abono del interés remuneratorio devengado en virtud del contrato de depósito suscrito, desde el mes de junio y hasta la fecha de declaración de rescisión contractual, así como a la devolución del principal objeto de depósito por parte de la SRA. Luisa, que a fecha de la demanda asciende a 31.200 euros, sin perjuicio de ulterior liquidación y devengo del interés de demora correspondiente.

2. Con fecha 26 de marzo de 2025, la Letrada Dª JESSICA RUIZ ROMERA, en calidad de representante legal de Dª Luisa, dirigió un burofax a comunicando la voluntad de su representada de rescindir el contrato por incumplimiento del depositario, debiendo, en todo caso, procederse a la devolución del principal e intereses mensuales remuneratorios y de demora devengados y no abonados, por un total de 31.639,28 euros, con el siguiente desglose: 13.000 euros de principal, 17.160 euros de intereses ordinarios y 1.479,28 euros de intereses de demora, advirtiéndole que, de no procederse a la devolución interesada en el plazo máximo de una semana le informaba que se reservaba el ejercicio de las acciones judiciales en reclamación de cantidad que a su derecho conviniera.

3. Por auto de fecha 22 de mayo de 2025, el Juzgado de Primera Instancia inadmite a trámite la demanda de juicio ordinario porque no se ha cumplido la obligación de haber acudido a un MASC con carácter previo a su presentación.

4. Frente a dicha resolución, Dª Luisa, interpone recurso de apelación en el que alega que, con carácter previo a la interposición de demanda, requirió a la parte demandada mediante la remisión de burofax, que adjunta como documento nº 3 del escrito de demanda, en el cual se realizó un ofrecimiento previo de acuerdo, sin reclamar los intereses de demora para propiciar la solución extrajudicial, sin que ello haya resultado posible aún a fecha de formulación del recurso de apelación.

Y solicita se dicte resolución estimando el recurso y dejando sin efecto el auto recurrido, declarando la nulidad de actuaciones.

SEGUNDO.- El requisito de procedibilidad establecido en la LO 1/2025.

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el 3 de abril de 2025, se establece un nuevo requisito para poder acceder a la justicia, consistente en acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias (MASC).

Por MASC se entiende cualquier tipo de actividad negociadora a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral.

El auto recurrido considera que la reclamación previa que efectuó la parte demandante no colma el requisito de procedibilidad establecido por el artículo 5.1 de la LO 1/2025.

El artículo 5 de la LO 1/2025 establece que, en el orden jurisdiccional civil, con carácter general, para que sea admisible la demanda se considerará requisito de procedibilidad acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias de los previstos en el artículo 2.

Dicha norma define el MASC como "cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral".

En los artículos 14 y siguientes se regulan algunas modalidades concretas de MASC, los llamados MASC tipificados.

Por su parte, el artículo 10 de la LO 1/2025 establece, en lo que interesa para la resolución del recurso, que, a los efectos de acreditar que se ha intentado una actividad negociadora previa y cumplir el requisito de procedibilidad, dicha actividad negociadora o el intento de la misma deberá ser recogida documentalmente. Si no hubiera intervenido una tercera persona neutral, como es el caso, la acreditación se cumplirá mediante cualquier documento firmado por ambas partes en el que se deje constancia de la identidad de las mismas y, en su caso, de las personas profesionales o expertas que hayan participado asesorándolas, la fecha, el objeto de la controversia, la fecha de la reunión o reuniones mantenidas, en su caso, y la declaración responsable de que las dos partes han intervenido de buena fe en el proceso. En su defecto, podrá acreditarse el intento de negociación mediante cualquier documento que pruebe que la otra parte ha recibido la solicitud o invitación para negociar o, en su caso, la propuesta, en qué fecha, y que ha podido acceder a su contenido íntegro. En su apartado 4) precisa que se entenderá que se ha producido la terminación del proceso sin acuerdo, entre otras alternativas, si transcurrieran treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de la solicitud inicial de negociación por la otra parte y no se mantuviera la primera reunión o contacto dirigido a alcanzar un acuerdo o no se obtenga respuesta por escrito.

En coherencia con todo lo expuesto, se ha modificado el artículo 264 de la LEC, en el que ahora se establece que habrá de acompañarse a la demanda "El documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial cuando la ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad, o declaración responsable de la parte de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido".

En similar sentido, el nuevo artículo 399.3 de la LEC exige que se haga constar en la demanda la descripción del proceso de negociación previo llevado a cabo o la imposibilidad del mismo, conforme a lo establecido en el ordinal 4.º del artículo 264, y se manifestarán, en su caso, los documentos que justifiquen que se ha acudido a un medio adecuado de solución de controversias, salvo en los supuestos exceptuados en la Ley de este requisito de procedibilidad.

Por su parte, el artículo 403.2 de la LEC dispone: "2. No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquellas, cuando no se hagan constar las circunstancias a las que se refiere el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 399 en los casos en que se haya acudido a un medio adecuado de solución de controversias por exigirlo la ley como requisito de procedibilidad o cuando no se hayan efectuado los requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales".

Finalmente, la LO 1/2025, de 2 de enero, ya contiene una previsión de que pueda darse el caso de que la parte demandante desconozca el domicilio del demandado, y en su virtud, al modificar el artículo 264 de la LEC, introduce un nuevo apartado 4 en el que se incluyen entre los documentos procesales que han de presentarse con la demanda: «El documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial cuando la ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad, o declaración responsable de la parte de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido».

La declaración responsable de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada, regulada en el mentado artículo 264.4 de la LEC, es un documento que debe acompañar a la demanda cuando la ley exige el intento de una actividad negociadora previa como requisito de procedibilidad, y ésta no puede llevarse a cabo ante la imposibilidad de conocer un domicilio a efectos de comunicaciones al que dirigirse para llevar a cabo dicha negociación.

En conclusión, el artículo 399.3 de la LEC, al regular el contenido de la demanda en el juicio ordinario, dispone que en la demanda deberá hacerse constar la descripción del proceso de negociación previo llevado a cabo o la imposibilidad del mismo, conforme al artículo 264.4 de la LEC.

TERCERO.- Aplicación de la anterior normativa al caso.

Como decimos, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, exige intentos de MASC antes de la presentación de una demanda. Salvo en los supuestos previstos en la disposición adicional 7ª LO 1/2025, la mera reclamación o requerimiento de pago o cumplimiento extrajudiciales, con anuncio del posterior ejercicio de acciones judiciales, no cumple el requisito de procedibilidad.

Si se desconoce el domicilio demandado, se admite una declaración responsable de la imposibilidad de llevarla a cabo.

En el supuesto que nos ocupa, conforme lo que se ha recogido en el fundamento jurídico anterior, la solicitud presentada no reúne los requisitos formales exigidos en los preceptos transcritos. Así, en el presente caso, se ejercita una acción de resolución de un contrato de depósito irregular contra SPECIAL ENTREPRENEUR SYSTEMS S.L. al amparo de lo previsto en los artículos 1.254 y 1.124 del Código Civil, por incumplimiento del depositante.

No nos hallamos ante un procedimiento de nulidad de condiciones generales de contratación promovido por un consumidor, por lo que no puede considerarse cumplido el requisito de procedibilidad con la remisión de una reclamación extrajudicial previa a la empresa contratante sin obtener respuesta satisfactoria en el plazo legal, de conformidad con la Disposición Adicional séptima de la LO 1/2025, que establece: "En los litigios en que se ejerciten acciones individuales promovidas por consumidores o usuarios, se entenderá cumplido el requisito de procedibilidad por la reclamación extrajudicial previa a la empresa o profesional con el que hubieran contratado, sin haber obtenido una respuesta en el plazo establecido por la legislación especial aplicable, o cuando la misma no sea satisfactoria, y sin perjuicio de que puedan acudir a cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias, tanto los previstos en legislación especial en materia de consumo, como los generales previstos en la presente ley."

Con la demanda se acompaña una reclamación extrajudicial remitida por burofax de fecha 26 de marzo de 2025, en la que, con carácter previo a la presentación de la demanda, la Letrada Dª JESSICA RUIZ ROMERA, en calidad de representante legal de Dª Luisa, comunicaba a la demandada la voluntad de la demandante de rescindir el contrato por incumplimiento del depositario, exigiendo la devolución del principal e intereses mensuales remuneratorios y de demora devengados y no abonados, por un total de 31.639,28 euros, con el siguiente desglose: 13.000 euros de principal, 17.160 euros de intereses ordinarios y 1.479,28 euros de intereses de demora, advirtiendo a la demandada, que de no procederse a la devolución interesada en el plazo máximo de una semana, le informaba que se reservaba el ejercicio de las acciones judiciales en reclamación de cantidad que a su derecho conveniera.

Dicha reclamación extrajudicial no es suficiente para considerar cumplido el requisito de procedibilidad. En efecto, se trata de una mera reclamación o requerimiento previo, que, además, no fue recibido por la parte demandada, haciendo constar el Servicio de Correos "Ha resultado: No entregado por Desconocido".

La acreditación del intento de negociación y terminación del proceso sin acuerdo, como decimos, está regulada en el artículo 10. Y, en consonancia, el artículo 264.4º de la LEC dispone que debe acompañarse con la demanda: «4.º El documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial cuando la ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad, o declaración responsable de la parte de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido»

Finalmente, el apartado 4 del ya citado artículo 10 establece que se entenderá que se ha producido la terminación del proceso sin acuerdo: "a) Si transcurrieran treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de la solicitud inicial de negociación por la otra parte y no se mantuviera la primera reunión o contacto dirigido a alcanzar un acuerdo o no se obtenga respuesta por escrito".

En el presente caso tampoco habían transcurrido los 30 días naturales desde el requerimiento hasta la presentación de la demanda.

Por lo tanto, en este supuesto, la actividad desarrollada por la parte demandante no reúne las exigencias legales para considerar cumplido el requisito de procedibilidad. Por un lado, reiteramos, la mera reclamación o requerimiento de pago o cumplimiento extrajudiciales, con anuncio del posterior ejercicio de acciones judiciales, no cumple el requisito de procedibilidad, y , por otro, al ser la mercantil demandada desconocida en el domicilio al que se dirigió la reclamación, era necesaria la presentación de una declaración responsable de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada conforme al artículo 264.4 de la LEC.

Por consiguiente, no puede considerarse cumplido el requisito de procedibilidad exigido por lo que, procede desestimar el recurso de apelación y confirmar el auto apelado.

CUARTO.- Costas.

De acuerdo con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no cabe hacer expresa imposición de las costas de la apelación al haber sólo una parte personada.

Vistos los artículos citados, así como los demás de general y pertinente aplicación,