Auto Civil Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 16, Rec. 995/2002 de 04 de marzo del 2003

PRIMERO.- Como sostiene acertadamente el apelante Alexander en el primero de sus escritos de recurso (por error en la redacción de la providencia de fecha 11 de junio de 2002 se le dio una segunda oportunidad para interponer de nuevo una apelación ya interpuesta) en el presente supuesto no es pertinente aplicación el artículo 561.2 LEC, ya que el Juzgado ni siquiera llegó a examinar la oposición planteada por el asegurador AXA contra la ejecución provisional despachada en octubre de 2001. Y no se entró en dicho examen por la sencilla razón de que, hallándose en curso la ejecución provisional de la sentencia condenatoria de primera instancia, recayó la de la segunda instancia (dictada por esta misma Sección en fecha 12 de noviembre de 2001), revocatoria en su integridad de aquélla. Es evidente, por tanto, que nos hallamos en la hipótesis prevista y regulada por el artículo 533.1 LEC.

SEGUNDO.- Pues bien, el principio inspirador de la situación creada por el sobreseimiento - por el motivo expresado- de la ejecución provisional de una sentencia no firme es el de lograr la indemnidad total del ejecutado, en justa reciprocidad a la no exigencia de fianza o caución alguna al ejecutante provisional ( art. 526 LEC) . Por ello, el art. 533.1 LEC reconoce al ejecutado, una vez sobreseída la ejecución, y tratándose de condenas pecuniarias tres diferentes derechos: 1°/ debe serle devuelta la cantidad de que en su caso se hubiese desprendido; 2°/ ha de ser resarcido de los daños y perjuicios irrogados; 3°/ ha de ser reintegrado de "las costas de la ejecución provisional" que hubiere satisfecho.

La interpretación más racional de este último subapartado, sentado que el legislador persigue el resarcimiento integral del ejecutado, no puede consistir en restringir las costas a reintegrar por el ejecutante a aquéllas que el ejecutado hubiese ya satisfecho, sino que debe comprender todas aquellas costas que, satisfechas o no, tasadas o no, haya afrontado o hubiere debido afrontar el ejecutado con ocasión de una ejecución que a la postre se ha demostrado injusta o cuando menos incorrecta.

Como quiera que la ejecución provisional de sentencias no firmes se despacha y lleva a cabo "del mismo modo que la ejecución ordinaria", ello significa que, salvo excepciones, las costas que origina la ejecución sean de cargo del ejecutado "sin necesidad de expresa imposición" ( arts. 524.2 y 539.2 LEC) . Luego, una vez sobreseída la ejecución provisional por revocación del pronunciamiento condenatorio no firme, esas mismas costas que en otro caso hubiera debido atender sin más el ejecutado, pasan a ser responsabilidad del ejecutante.

TERCERO.- De conformidad con lo que antecede, visto que el auto impugnado se arregla a los criterios legales expuestos, se desestimará el recurso de apelación, con imposición al recurrente de las costas de la alzada por imperativo del artículo 398.1 LEC.