Auto Civil 234/2024 Audiencia Provincial Civil de Castellón/Castelló nº 3, Rec. 390/2024 de 04 de noviembre del 2024

PRIMERO.- Antecedente de la resolución.

Por D. Bernardo y Dª Felicisima se presentó demanda de juicio verbal de desahucio y reclamación de cantidad frente a Dª Paulina sobre el local de negocios sito c/ Amplaries nº 37, local 4 de Oropesa del Mar.

Por decreto de fecha 31 de julio de 2023 se admitió la demanda y se acordó la práctica de los requerimientos oportunos, librándose exhorto al Juzgado de Paz de Oropesa.

Con fecha de 20 de noviembre de 2023 se recibió el exhorto cumplimentado con resultado negativo. En esa misma fecha se dicta diligencia de ordenación del siguiente tenor "Intentado sin efecto el EMPLAZAMIENTO al/a la deudor/a en el domicilio del/de la mismo/a que resulta del Registro, EMPLACESE a dicha parte por medio de edicto, que se publicará en el Tablón Edictal Judicial Único, durante el plazo del EMPLAZAMIENTO".

El edicto se publicó el 23 de noviembre y trascurrido el plazo de emplazamiento sin constar oposición, con fecha de 17 de enero de 2024 se dicta decreto nº 68/2024, rectificado el 21 de febrero, en el que se acuerda la terminación del procedimiento y el lanzamiento, lo cual tuvo lugar el 22 de febrero.

El 28 de febrero comparece personalmente en las actuaciones Dª Paulina, presentando recurso de revisión frente al decreto indicado, el cual fue desestimado por auto de fecha 2 de abril de 2024.

SEGUNDO.- Motivos del recurso.

La parte demandada formula recurso de apelación frente al auto de fecha 2 de abril de 2024 que desestima el recurso de revisión interpuesto contra el decreto de fecha 17 de enero de 2024, aclarado por decreto de 21 de febrero, en el que se acuerda la terminación del procedimiento y el lanzamiento.

La parte actora interpone recurso de apelación solicitando se declare la nulidad de actuaciones. En concreto el suplico del recurso es del siguiente tenor:

SUPLICO A LA SALA estime íntegramente el presente recurso, acordando:

(1) Revocar íntegramente el Auto de fecha de 2 de abril de 2024, dictado por el juzgado de primera Instancia nº1 de Castelló en el procedimiento Juicio verbal (Desahucio falta pago) 1213/2023 .

(2) Declarar la NULIDAD DE LAS ACTUACIONES por infracción de los artículos 155.3 , 156 , 161 , 164 y 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ) vulneración del derecho del demandado a la tutela judicial efectiva artículo 24.1 de la Constitución Española así como de la doctrina constitucional que configura el emplazamiento edictal sólo como último remedio de comunicación procesal, vulneraciones que han causado un claro perjuicio al derecho de defensa de la Sra. Paulina, y de la diligencia de ordenación que acordó citar a la parte demandada por medio de edictos así como la nulidad de todo lo actuado a partir de dicha diligencia.

(3) Retrotraer las actuaciones al momento del emplazamiento a la demandada anterior a la diligencia mencionada en el punto anterior a fin de que pueda formular oposición y realizar alegaciones sobre la procedencia de la enervación y,

(4) Restituir desde esa fecha a mi representada en la posesión pacífica del local arrendado y condenando a la parte demandante a soportar los gastos derivados del cambio de cerradura por efectuar su modificación sin ser firme el Auto .

La parte recurrente alega como primer fundamento del recurso la vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española del derecho a obtener una tutela judicial efectiva sin indefensión con infracción de lo dispuesto en el art. 155.3 LEC, así como de la doctrina constitucional que configura el emplazamiento edictal sólo como último remedio de comunicación procesal, vulneraciones que han causado un claro perjuicio al derecho de defensa de la Sra. Paulina. A continuación, en los sucesivos motivos de apelación alega la infracción de lo dispuesto en los artículos 156, 161, 164 y 22 de la LEC.

La parte actora presentó escrito de oposición al recurso alegando (i) Inadmisibilidad del recurso por incumplimiento de lo previsto en el art 449.1 LEC (ii) Interposición fuera de plazo del recurso de revisión frente al decreto nº 68/2024 de fecha 17 de enero de 2024 aclarado por decreto de 21 de febrero de 2024 y (iii) Inexistencia de infracción procesal alguna en el emplazamiento practicado en la instancia.

LEC.

TERCERO.- Inadmisión del recurso de apelación. Incumplimiento del artículo 449.1

Con carácter previo a conocer sobre el fondo del asunto, debemos examinar el cumplimiento de las normas procesales sobre la admisibilidad del recurso de apelación. En concreto, debemos resolver si se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 449.1 Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) , que exige que el apelante acredite, al tiempo de interponer el recurso, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas. Se trata de un requisito de procedibilidad necesario para la admisión del recurso. Señala el citado precepto "1. En los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, no se admitirán al demandado los recursos de apelación o casación si, al interponerlos, no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas"

El hecho que el recurso de apelación haya sido admitido en la instancia, no priva a este Tribunal de examinar si se cumplieron los requisito legales para la admisión del recurso, aplicando la conocida doctrina por la cual en sede de apelación el motivo de inadmisión se convierte en motivo de desestimación del recurso.

Dado traslado oportuno sobre el cumplimiento del requisito, la parte apelante alegó que no es exigible la consignación en cuanto que no se está recurriendo el lanzamiento, que ya ha tenido lugar, sino la nulidad de actuaciones interesada. El lanzamiento tuvo lugar en fecha 22 de febrero de 2024 y el recurso es posterior, de modo que en ningún caso se está utilizando el recurso como instrumento dilatorio para prolongar una ocupación ilícita del inmueble.

Decisión de la Sala.

En primer lugar, aun cuando la resolución objeto de apelación no es una sentencia, el requisito es exigible, conforme el tenor de la norma, ya que la misma se refiere a los procesos lleven aparejado el lanzamiento, con independencia de la forma que adopte la resolución que acuerda el lanzamiento, ya sea sentencia, auto o decreto.

De igual modo, el hecho que lo solicitado en el recurso se limite a una infracción de carácter procesal solicitando la nulidad de actuaciones, sin entrar en el fondo del asunto, no exime de la exigencia de dicho requisito, ya que precisamente la nulidad debe ser solicitada por el régimen ordinario de los recursos y nada distingue la norma que aplicamos sobre los motivos de apelación.

Si bien la actora, al alegar que el recurso de revisión fue presentado fuera de plazo, indica que la demanda lo que debió instar es un incidente de nulidad, ello sería así en el caso que el decreto que pusiera fin al procedimiento hubiera sido notificado, pero es que en el presente caso no consta dicha notificación, ni por edictos, ni personalmente hasta la comparecencia de 28 de febrero. Por tanto, el demandado debe instar la nulidad a través del régimen de recurso, que es lo que efectúa de modo correcto.

Volviendo a la necesidad de pago o consignación aun cuando se alegue la nulidad de actuaciones, señala el ATS 15 de febrero de 2022 ( ROJ: ATS 1808/2022) "El hecho de que se solicitara por la recurrente la nulidad de actuaciones o que sea beneficiaria de justicia gratuita en ningún caso excluye la obligación de cumplir el presupuesto del artículo 449 LEC "

De forma más extensa, exponiendo las razones de la exigibilidad, indica el AAP Barcelona, secc 13ª, 07 de mayo de 2024 ( ROJ: AAP B 4141/2024)

SEGUNDO. - El recurso no puede ser estimado, toda vez que, en contra de los que sostiene la recurrente, la consignación de las rentas vencidas y las que por razón del contrato deba pagar adelantadas que exige el art. 449.1 de la LEC constituye un presupuesto indispensable para la tramitación del recurso de apelación en los procesos que llevan aparejado el lanzamiento, como sin duda lo es el presente procedimiento.

El recurso de apelación es un recurso de naturaleza devolutiva, esto es, su resolución corresponde al órgano superior jerárquico del órgano judicial que dictó la resolución. A su través pueden impugnarse decisiones del órgano inferior tanto de orden procesal o formal, incluida la petición de nulidad de lo actuado si concurriesen los requisitos necesarios, como los pronunciamientos materiales o de fondo.

Es más: cuando una sentencia dictada en primera instancia es susceptible de ser recurrida en apelación, entonces, si se pretende la nulidad de actuaciones, esta se debe hacer valer, como bien indicó el magistrado del primer grado en su providencia de 21 de octubre de 2021, no por un incidente de nulidad de actuaciones, sino a través del propio recurso de apelación como un motivo más de impugnación.

En este orden de ideas, a la vista de las alegaciones de los recurrentes en queja, conviene aclarar que no cabe diferenciar en esta fase procesal un "recurso a la nulidad de pleno derecho" autónomo y distinto del propio recurso de apelación que cabe contra la sentencia, de modo que el único recurso interpuesto, el de apelación, deberá atenerse a los requisitos exigidos legalmente para su interposición, pues el acceso a los recursos es un derecho prestacional de configuración legal, cuyo ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en cada caso, haya establecido el legislador"

En este mismo sentido, AAP Barcelona, secc 13, 26 de enero de 2022 ( ROJ: AAP B 134/2022); 28 de abril de 2021 ( ROJ: AAP B 3231/2021) o 14 de noviembre de 2019 ( ROJ: AAP B 9227/2019) o Valencia, sección 7, 11 de abril de 2022 ( ROJ: AAP V 1927/2022)

Por tanto, en principio, la interposición del recurso frente al auto que desestima la revisión, en cuanto confirma la resolución que acuerda el lanzamiento, exige el cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 449.1 LEC, aun cuando se funde exclusivamente en la existencia de defectos de carácter procesal.

Al aplicar la exigencia del requisito examinado, es doctrina de esta Sala entender que no es exigible cuando ya no cumple la finalidad que persigue. Así, entre otras, decíamos en la sentencia 39/2022 de fecha 28 de enero de 2022 ( ROJ: SAP CS 57/2022 - ECLI:ES:APCS:2022:57) que"(...) aunque la norma transcrita es un precepto aplicable de oficio estableciendo una exigencia de orden público procesal, el mismo tiene como finalidad asegurar los intereses del arrendador que ha obtenido una sentencia favorable para evitar que el arrendatario se valga del sistema de recursos que la ley le concede, como medio para continuar en el goce o uso del inmueble arrendado sin satisfacer la contraprestación obligacional de la prestación locativa, convirtiendo el recurso en una maniobra dilatoria del lanzamiento en perjuicio del arrendador, pero que no tiene razón de ser en aquellos casos en que sea por el aquietamiento del arrendatario demandado y vencido -que no recurre la condena al lanzamiento, sino solamente la referida al pago de cantidades-, sea por el voluntario desalojo de la finca arrendada y su puesta a disposición del arrendador demandante, ha desaparecido el riesgo de que se prolongue abusivamente la ocupación de la finca sin la justa contrapartida del pago de la rentas"

Entendemos que está misma doctrina es aplicable al supuesto de autos en el que ya se ha producido el lanzamiento. El recurrente, al tiempo de interponer el recurso, ya no dispone de la posesión del inmueble, de modo que no se cumple la finalidad perseguida por el precepto. Es cierto, que la entrega de la posesión no se ha realizado con el aquietamiento del demandado, pero también lo es que el actor ha recuperado la posesión. En este sentido, recientemente el ATS 17 de julio de 2024 ( ROJ: ATS 9973/2024 - ECLI:ES:TS:2024:9973A) estima un recurso de queja que inadmitía el recurso de apelación al haberse recuperado la posesión por la ejecución provisional de la sentencia, situación que puede equipararse a la aquí enjuiciada.

Por todo ello, entiende la Sala que no concurre causa de inadmisión del recurso.

CUARTO.- Interposición fuera de plazo del recurso de revisión frente al Decreto nº 68/2024, 17 de enero, aclarado por Decreto de 21 de febrero de 2024.

Entiende la parte apelada que el recurso de revisión frente al decreto de 17 de enero fue interpuesto fuera de plazo. A tal efecto señala que no puede entenderse como fecha de notificación de la resolución el 28 de febrero, fecha en la que compareció la demandada en autos.

La alegación debe ser desestimada. Examinadas las actuaciones, a pesar de la declaración de rebeldía de la demandada y el emplazamiento edictal, el decreto que puso fin al procedimiento no fue notificado ( artículo 497.2 LEC) En consecuencia, la primera notificación de la resolución recurrida se efectuó el 28 de febrero, por lo que el recurso se interpuso en plazo.

Como ya hemos adelantado, no procedía instar un incidente de nulidad de actuaciones, ya que la resolución que puso fin al procedimiento no era firme al no constar notificada y la nulidad debe hacerse valer a través de los recurso ( artículo 227.1 LEC)

QUINTO.- Vulneración del artículo 24 Constitución Española e infracción del artículo 155.3 Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción de los artículos 156 , 161 , 164 y 22 de la misma ley procesal .

La demandada en las alegaciones segunda a cuarta sostiene que se ha producido una infracción de normas procesales que han causado indefensión, solicitando se declare la nulidad de actuaciones desde que se acordó la notificación de la demanda y emplazamiento mediante edictos. Sostiene que tal vulneración ha generado una indefensión real y efectiva.

Así, alega que se ha infringido el artículo 155.3 LEC ya que, aun cuando en el contrato no se indica de modo expreso, en su encabezamiento se indica como domicilio de la demandada una dirección distinta del local arrendado, por lo que debía entenderse dicho domicilio a efectos de notificaciones. A pesar de lo cual no se practicó el emplazamiento y notificaciones en dicho domicilio.

Sostiene igualmente la infracción del artículo 156 LEC ya que, una vez recibido el exhorto librado con resultado negativo, no se practicó medida de averiguación alguna. Se cita la doctrina del Tribunal Constitucional.

Como tercera infracción se invoca el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 161 LEC alegando que el acto de comunicación realizado por la Policía Local de Oropesa se realizó de forma incorrecta, se omitieron datos importantes, no consta que se cumpliera con las prevenciones del apartado cuarto del precepto que se dice infringido.

Por último, invoca la infracción del artículo 164 LEC en cuanto que se acudió a la notificación por medio de edictos, sin que previamente se intentara en el domicilio que consta en el contrato y sin que se practicaran medidas de averiguación domiciliaria. El artículo 164 LEC debe ser interpretado conforme la doctrina del Tribunal Constitucional, entre otras, se cita la STC 60/2021 de 15 de marzo.

La actora, ahora parte recurrida, se opone al recurso alegando que no se ha infringido normal procesal alguna al haber intentado el requerimiento en el local arrendado, y siendo el mismo infructuoso, se acordó por edictos, actuando conforme a la legislación vigente.

La resolución de instancia desestima la nulidad pretendida. En el contrato no se fijó domicilio a efectos de notificaciones. La notificación se intentó, con resultado negativo, en el local arrendado, por lo que "el juzgado actúo con arreglo a lo establecido en la LEC, y ante la imposibilidad de notificación en el local arrendado se procedió a la notificación por edictos".

En definitiva, aun cuando no se cita expresamente, entiende la resolución de instancia que se dio debido cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 164 LEC.

Decisión de la Sala

Para la resolución del presente recurso es preciso exponer los hitos procesales de interés, que ya hemos expuesto con anterioridad, pero que, para mayor claridad expositiva, reiteramos.

Con fecha de 26 de junio de 2023, los actores presentaron demanda de juicio verbal de desahucio y reclamación de cantidad frente a Dª Paulina sobre el local de negocios sito c/ Amplaries nº 37, local 4 de Oropesa del Mar.

La demanda fue admitida por decreto de fecha 31 de julio de 2023, acordándose la práctica de requerimiento en el local arrendado, librándose exhorto al Juzgado de Paz de Oropesa.

Con fecha de 20 de noviembre de 2023 se recibió el exhorto cumplimentado con resultado negativo. La diligencia es del siguiente tenor: "Es retorna el present exhort sense cumplimentar ja després d'acudir a l'adreça de Paulina, situada al Carrer Amplaries nº 37, local 4, de la localidad de Oropesa. S'esbrina que es trata d'una zona amb diversos baixos comerciales, tots ells tancats sense actividad, i que ningún d'ells está marcat amb número o rótul de comerç que el puga identificar"

En esa misma fecha se dicta diligencia de ordenación del siguiente tenor "Intentado sin efecto el EMPLAZAMIENTO al/a la deudor/a en el domicilio del/de la mismo/a que resulta del Registro, EMPLACESE a dicha parte por medio de edicto, que se publicará en el Tablón Edictal Judicial Único, durante el plazo del EMPLAZAMIENTO".

El edicto se publicó el 23 de noviembre y trascurrido el plazo de emplazamiento sin constar oposición, con fecha de 17 de enero de 2024 se dicta decreto nº 68/2024, rectificado el 21 de febrero, en el que se acuerda la terminación del procedimiento y el lanzamiento, lo cual tuvo lugar el 22 de febrero.

Examinado el tenor del contrato y los antecedentes relatados, entiende la Sala que no existe infracción alguna del artículo 155.3 LEC ya que en el contrato de arrendamiento no se específica un domicilio a efectos de notificaciones, por lo que debe entenderse que el domicilio a tales efectos es el del local arrendado.

Ahora bien, por el contrario, sí que se produce una infracción de los artículos 155, 156 y 164 LEC, éste último conforme la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional. Infracción que ha generado una indefensión material que ha impedido a la demandada conocer la existencia del procedimiento, sin que ninguna relevancia tenga el hecho que pudiera o no conocer los impagos. Esto último es una cuestión relativa a la concurrencia o no de causa de resolución, que en su caso se resolverá en el momento procesal oportuno.

En cuanto a la práctica del emplazamiento en los procedimiento de desahucio señala el artículo 155.3 LEC "Cuando en la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 250, se entenderá que si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, éste será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado."En el presente caso, como hemos indicado, en el contrato no se señaló un domicilio, sin que sea suficiente la designación del domicilio del arrendatario en el encabezamiento del contrato. Y respecto al emplazamiento edictal, que es el efectuado en el procedimiento, el artículo 164 del mismo cuerpo legal señala "Cuando, practicadas en su caso las averiguaciones a que se refiere el artículo 156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, o cuando no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos, conforme a lo establecido en los artículos anteriores, o cuando así se acuerde en el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo 157, el Letrado de la Administración de Justicia, consignadas estas circunstancias, mandará que se haga la comunicación fijando la copia de la resolución o la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial de conformidad con la Ley 18/2011, de 5 de julio , reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, salvaguardando en todo caso los derechos e intereses de menores, así como otros derechos y libertades que pudieran verse afectados por la publicidad de los mismos. Tal publicidad podrá ser sustituida, en los términos que reglamentariamente se determinen, por la

utilización de otros medios telemáticos, informáticos o electrónicos".

Y, en concreto respecto al procedimiento de desahucio, el último párrafo del precepto indica "En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador, al que éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más trámites, a fijar la cédula de citación o requerimiento en el tablón de anuncios de la oficina judicial"

En principio, atendiendo a la literalidad de la norma, una vez que resulta infructuoso el emplazamiento en el local arrendado, sería posible el emplazamiento por edictos, que es lo realizado por el juzgado.

Ahora bien, las normas deben ser interpretados a la luz de los preceptos constitucionales. Y en este sentido, desde la STC 30/14 de 24 de febrero, existe una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional que entiende que, aun en los supuesto aquí examinados, el emplazamiento por edictos solo es posible una vez que se han agotados las vías de averiguación domiciliaria. La diligencia del órgano judicial "requiere la concurrencia de dos elementos: uno, el agotamiento previo de los medios de comunicación ordinarios; y dos, la convicción del órgano judicial de que, al ser desconocido el domicilio o ignorado el paradero del interesado, resultan inviables o inútiles los otros medios de comunicación procesal".

Aunque extensa, como más reciente y por su claridad, cabe reproducir la STC 84/2024, de 3 de junio:

Aplicación de la doctrina de la STC 30/2014

a) Con relación al problema jurídico constitucional que aquí se suscita, este tribunal ha declarado en la STC 82/2021 , FJ 2, y reiterado en la STC 97/2021, de 10 de mayo , FJ 2, lo siguiente: "Tanto la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, que modificó el art. 686 LEC introduciendo un párrafo tercero, como la Ley 19/2009, de 23 de noviembre , de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, que modificó el art. 164 LEC introduciendo un párrafo cuarto, previeron como medidas para la agilización de los procesos ejecutivos hipotecarios y declarativos de desahucio de arrendamiento, respectivamente, que bastaría el intento fallido de emplazamiento del ejecutado o demandado en el domicilio fijado a tales efectos en el contrato correspondiente o en su caso el informado de manera fehaciente con posterioridad por aquel, para dar por agotado este trámite y pasar a la vía de los edictos, sin tener que realizar las gestiones que para su efectiva localización ordena el art. 155.3 LEC en diversos registros públicos. Contra la aplicación literal de estos preceptos y sus consecuencias en orden a causar indefensión, sin embargo, se pronunció este Tribunal Constitucional tanto en la STC 122/2013, de 20 de mayo , respecto del art. 686.3 LEC , como poco tiempo después en

la STC 30/2014, de 24 de febrero , respecto del art. 164 LEC ; proclamando en ambos casos el deber judicial de realizar una interpretación secundum constitutionem de tales normas, lo que comporta que ante el resultado infructuoso del intento de emplazamiento en el domicilio señalado en el contrato, el órgano judicial ha de agotar las gestiones previstas en el art. 155.3 LEC para localizar al ejecutado o demandado, antes de acudir a los edictos, instrumento este que tiene siempre un carácter subsidiario". Esta misma STC 82/2021 declaró que si bien el art. 686.3 LEC , con relación al procedimiento de ejecución hipotecaria, fue modificado por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la administración de justicia y del registro civil, al establecer la obligación de que la oficina judicial realice "las averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio del deudor" antes de acudir a la comunicación edictal; por el contrario, y sin que se alcancen a entender las razones de ello, el legislador ha mantenido la misma dicción del art. 164 párrafo cuarto LEC , según la cual: "En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallarse al arrendatario ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador, al que este no se hubiese opuesto, se procederá, sin más trámites, a fijar la cédula de citación o requerimiento en el tablón de anuncios de la oficina judicial". El art. 155.3 párrafo segundo se refiere a su vez al domicilio que las partes hayan acordado en el contrato de arrendamiento a efecto de notificaciones, y solo a falta de tal indicación expresa, añade, tal domicilio "será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado". Aunque no se aplica a este caso por razones temporales, el reciente Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, que ha entrado en vigor el 20 de marzo de 2024, sigue manteniendo la misma redacción de la norma pese a modificar el art. 164 LEC . El artículo 103.30 de este real decreto -ley ha suprimido el párrafo segundo del precepto, referido a la publicación del edicto en los boletines y diarios de difusión, de forma que la redacción extractada que, reiteramos, se mantiene, ha pasado a ser el párrafo tercero del precepto.

b) En lo que interesa destacar, la reciente sentencia STC 27/2023, de 17 de abril , FJ 2, ha recordado la doctrina de la STC 30/2014 , con relación al deber de los órganos judiciales de agotar racionalmente los medios de averiguación del domicilio del demandado a los efectos de su emplazamiento personal en los procesos de desahucio arrendaticio, antes de acudir a la notificación por edictos. Esta sentencia declara: "Respecto de los procesos de reclamación de rentas y de los desahucios arrendaticios, como es el caso que ha dado origen a este recurso de amparo, hay que tener en cuenta también la doctrina que venimos reiterando desde la STC 30/2014, de 24 de febrero , FJ 5, respecto de lo dispuesto en el párrafo cuarto del art. 164 LEC . Conforme a este precepto, es posible acudir a la notificación por edictos cuando no se haya podido realizar la notificación al arrendatario en los domicilios designados en el párrafo segundo del apartado 3 del art. 155 LEC , esto es, el domicilio a efectos de notificaciones que se indique en el contrato de arrendamiento o el domicilio del inmueble arrendado, ni hubiese comunicado el arrendatario de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador, al que este no se hubiese opuesto. A pesar de la literalidad de la norma, indicamos en aquella sentencia que en un supuesto de desahucio por falta de pago la diligencia del órgano judicial 'requiere la concurrencia de dos elementos: uno, el agotamiento previo de los medios de comunicación ordinarios; y dos, la convicción del órgano judicial de que, al ser desconocido el domicilio o ignorado el paradero del interesado, resultan inviables o inútiles los otros medios de comunicación procesal. Como hemos destacado en la STC 176/2009, de 16 de julio , FJ 2, los órganos judiciales, para el cumplimiento de este deber, deben agotar todas las posibilidades que racionalmente se les ofrezcan, específicamente las que figuran en los arts. 155 y 156 de la Ley de enjuiciamiento civil de 2000 , donde se especifican algunas de esas fuentes de búsqueda para alcanzar el emplazamiento personal de la parte'. Esta doctrina se ha mantenido invariable con posterioridad, y así puede verse recogida en otras sentencias de este tribunal como las SSTC 181/2015, de 7 de septiembre, FJ 5 ; 62/2020, de 15 de junio, FJ 3 ; 82/2021 de 19 de abril, FJ 2 a ); 97/2021, de 10 de mayo, FJ 2 ; 54/2022, de 4 de abril, FJ 2 ; 62/2022, de 9 de mayo, FJ 2 ; 73/2022, de 13 de junio, FJ 2 , y 139/2022, de 14 de noviembre , FJ 2".

c) Además de la doctrina transcrita, el escrito de demanda invoca en su apoyo, y también el escrito de alegaciones de la fiscal, la STEDH de 15 de diciembre de 2020, asunto Karesvaara y Njie c. España , que estimó la denuncia de vulneración

del art. 6 CEDH , (derecho a un proceso equitativo), con ocasión de un juicio de desahucio ante un juzgado de primera instancia en España en el que, tras la citación negativa del demandado en el inmueble arrendado, el juzgado acudió directamente a la citación por edictos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (§ 54 a 58 de la sentencia) no consideró que las autoridades nacionales hubieran tomado las medidas que podrían haberse esperado legítima y razonablemente, sin ningún intento adicional de notificación personal, y reconoció expresamente que tal proceder no se ajustaba a las obligaciones que le incumben al juzgado de primera instancia en virtud de los artículos 155 y 156 LEC , en la interpretación dada por este Tribunal Constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos destaca que tal labor no parecía muy compleja, ya que, como ocurre en el presente supuesto litigioso, en el posterior procedimiento de ejecución se localizaron rápidamente los bienes de los demandantes, así como domicilios alternativos. La STEDH (§ 57 y 58) concluye que con tal proceder el órgano judicial no fue diligente en notificar a los demandantes el procedimiento de desahucio y que no se les dio a estos una oportunidad razonable de tomar parte en dicho proceso, sin que, además, se encontrara prueba alguna en el expediente que pudiera demostrar que los reclamantes hubieran sido informados por cualquier medio de su existencia y de la que se pudiera deducir su renuncia al derecho a la tutela judicial efectiva.

Si aplicamos la doctrina expuesta al supuesto enjuiciado, no cabe más que estimar el recurso y declarar la nulidad de actuaciones pretendida.

El órgano judicial no agotó la diligencia exigible para lograr el conocimiento real del procedimiento por parte del demandado. Una vez que resultó negativo el requerimiento, acordó de oficio, sin solicitud de parte, el emplazamiento edictal. No practicó ninguna medida de averiguación domiciliaria, la cual probablemente hubiera dado resultado positivo al constar la demandada censada en la Agencia Tributaria, como queda acreditado por la documental aportada en el recurso de revisión. Tampoco requirió a la actora para que manifestara si conocía cualquier otro dato para localizar a la demandada. Es más, en la propia demanda se acompaña un correo electrónico enviado por la demandada a la actora en el mes de enero de 2023, por lo que bien pudo intentarse la comunicación por dicho medio. El propio contenido de dicho correo electrónico -donde la arrendataria se negaba a la entrega de las llaves y remitía a la resolución judicial de la contienda- ponía de manifiesto la necesidad de extremar

las medidas de averiguación domiciliaria, máxime cuando es probable que la actora conociera que el local se explotaba estacionalmente. El artículo 155 LEC asigna al demandante la obligación de indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de este, como números de teléfono, de fax, dirección de correo electrónico o similares.

No se aprecia que la actuación del demandado, ahorra recurrente, haya contribuido a la no localización, ni que se le puede reprochar una actitud consciente y deliberada para entorpecer el proceso judicial. De igual modo, no existen indicios que puedan concluir que tuvo conocimiento de forma extraprocesal de la existencia del proceso. Es probable que tuviera conocimiento de que iba a ser demandado, pero ello no implica que tuviera conocimiento del concreto procedimiento entablado por el arrendador.

En definitiva, entiende la Sala que se han infringido normas procesales, conforme su interpretación constitucional, causándose una indefensión en el demandado que se ha visto privado de conocer en tiempo y forma la existencia del litigio. En consecuencia, procede estimar el recurso y declarar la nulidad de actuaciones, conforme los artículos 227 y 228 LEC. Y, concretamente, el artículo 166.1 de la Ley procesal dispone que serán nulos los actos de comunicación que no se practicaren con arreglo a lo dispuesto en este capítulo y pudieren causar indefensión.

Por todo ello, procede declarar la nulidad de la diligencia de 20 de noviembre de 2023 mediante la que se ordenó el emplazamiento por edictos de la parte demandada, así como la de las actuaciones desde entonces practicadas, y ordenar la retrotracción del procedimiento al momento inmediatamente anterior al dictado de aquella resolución a fin de practicar en debida forma el emplazamiento del demandado y, tras ello, deberá proseguirse el procedimiento por sus trámites.

SEXTO.-Solicita la recurrente en el suplico del recurso la restitución a la demandada en la posesión pacífica del local arrendado, condenando a la parte demandante a soportar los gastos derivados del cambio de cerradura por efectuar su modificación sin ser firme el Auto .

La pretensión debe rechazarse. Este tribunal, al apreciar la nulidad de carácter procesal, se limita a determinar los efectos procesales de dicha nulidad, que en el presente

caso se circunscriben a retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno, es decir, al momento anterior a acordar el emplazamiento por edictos, dejando sin efecto la resolución definitiva objeto de recurso, pero sin que quepa pronunciarse sobre la restitución de la posesión y sus efectos, lo que, en su caso, deberá resolverse una vez concluido el procedimiento. Este resolución se limita a declarar los efectos procesales de la nulidad de actuaciones procesales, sin que proceda acordar pretensión alguna de condena a ninguna de las partes. No debe olvidarse que el arrendador, tras el lanzamiento, ha dispuesto libremente de la posesión y el inmueble puede estar actualmente en posesión de un tercero que no ha sido oído en este procedimiento. De hecho, si este tribunal entendiera que procede, como consecuencia de la nulidad, la devolución automática de la posesión, en tal caso, en cuanto el recurrente mantendría la posesión, sería exigible el requisito de consignación del artículo

449.1. LEC.

SÉPTIMO.- Costas procesales.

En cuanto a las costas de la alzada, estimado parcialmente el recurso de apelación y de acuerdo con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme la redacción anterior a la reforma del Real Decreto-ley 6/2023 de 19 de diciembre, no se realiza expresa imposición.

Por otro lado, deberá procederse a la devolución del depósito constituido para recurrir conforme lo previsto en el ap. 8 de la Disp. Ad. Decimoquinta de la LOPJ.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,