Auto Civil 142/2022 Audiencia Provincial Civil de Cádiz nº 5, Rec. 865/2022 de 21 de junio del 2022

PRIMERO.- Frente al auto dictado por el Juzgado en el que se acuerda como medida cautelar el autorizar la estancia en el Centro Residencial Marts and Gall de Chiclana de la Frontera, de Dª Visitacion condicionada a que en el plazo de seis meses se interponga demanda relativa al proceso sobre capacidad de las personas ante ese juzgado, con la consecuencia de que transcurrido dicho plazo sin verificarlo quedará automáticamente sin efecto, por parte del Ministerio Fiscal, se presenta recurso de apelación, en el que tras indicar la modificación en materia de discapacidad operada por la ley 8/2021 de 2 de junio en el que no resulta procedente instar demanda de modificación de capadiad de persona alguna, pues la legislación nueva deroga dicha posibilidad, estableciendo un nuevo sistema de provision de medios de apoyo, por lo que solicita que se deje sin efecto ese alzamiento automático que se establece pues dicha medida de internamientos erá orientada a dar la adecuada protección de una persona especialmente vulnerable por lo que no es de recibo que transcurrido un plazo se produzca el alzamiento dejando a una persona anciana como consecuencia del mismo en situación de vulnerabilidad total y absolutamente desprotegida.

El hecho de acordarse una medida cautelar previa con el carácter de sine die, va-- en principio-- en contra del mismo esencia de dichas medidas, las cuales como meramente temporales deben tener una duración en el tiempo determinada, sin perjuicio de atender específicamente a que tipo de medida se trate, a que persona afecte y a que obedece la misma. En el presente supuesto, no estamos ante una medida cautelar cualquiera; se trata de una medida de protección de una persona que en principio y por los datos existentes, se encuentra en una situación que requiere constitucionalmente, a través de los órganos de control y garantía, la adopción de una serie de medidas para garantizar tanto su salud física como psiquica e incluso en relación con sus bienes, siendo precisamente los jueces quienes, sin perjuicio de la intervención de otros órganos, tienen encomendada la suprema vigilancia y protección de los mismos. En el presente supuesto, Dª Visitacion, padece una miastenia grave y deterioro neurocognitivo y anososgnosia compatibles con la enfermedad de alzheimer que le impiden el desempeño de actividades básicas de la vida diaria. Las limitaciones cognitivas interfieren en la capacidad para prestar consentimiento al ingreso actual, cuadro que valorado convenientemente determina que deba adoptarse alguna medida en relación con la misma, pues el Estado no puede desentenderse de ninguna persona en tal situación, debiendo traerse a colación lo establecido en las STC 13/2016 y 34/2016 de 1 y de 29 de Febrero. La cuestión es determinar cual sea el tiempo necesario para que esa situación cautelar y preventiva se pueda convertir en una solución definitiva, es decir, que esa situación de riesgo encuentre un acomodo, en su caso, en una posterior demanda de provision de medios de apoyo, presentada por la familia, de existir, o del Ministerio Fiscal, dado que la ley 8/2021 de 2 de junio ha producido una profunda reforma en materia de discapacidad. El nuevo sistema instaurado no precisa ni de la indentificación de una causa de incapacitación ni un pronunciamiento sobre la capacidad. Lo procedente ahora será determinar si concurre el presupuesto de necesidad de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica y en su caso, la concreción del contenido de esa medida de apoyo desde el respeto a la autonomía y capacidades de la persona.

La ley no indica cual sea el plazo ni establece uno determinado, sino que habrá de estarse a la valoración prudente que los juzgadores realicen sobre esta materia y la situación de la persona a proteger, sin que se pueda fijar, como se hace, un plazo de seis meses con alzamiento automático, con la exposición que ello supone para la persona sometida ahora a protección, claramente vulnerable. En orden a determinar el plazo de duración de las medidas el artículos 762 establece que " Cuando el Tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de una persona en una situación de discapacidad que requiera medidas de apoyo, adoptará de oficio las que estime necesarias para la adecuada protección de aquella o de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie, si lo estima procedente, un expediente de jurisdicción voluntaria .... Tales medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado del procedimiento" , siendo precisamente ese concepto abierto de medidas necesarias las que deban configurar el limite y forma de adopción de las mismas, atendiendo especialmente que dicho plazo no es al Ministerio Fiscal o los familiares del que sufre la discapacidad a las personas a quienes afecte dicha duración, sino al propio presunto incapaz que debe ser objeto de protección en todo momento, por lo cual debe estimarse parcialmente el recurso y modificar el auto recurrido en cuanto que se fija una duración de tales medidas cautelares de 6 meses( con clara remisión a la temporalidad establecida en el artículo 763 Lec) , dejando sin efecto ese alzamiento automático de no presentarse la demanda de incapacidad, que ya no tiene sentido ni apoyatura legal. El hecho de no instar un procedimiento, en muchas ocasiones innecesario, de provisión de apoyos, no puede conllevar necesariamente dejar sin efecto el internamiento previamente acordado.El mantenimiento de la situación o la agravación del estado de salud fisico o mental de la interna, lo que determinará es la prorroga de aquella como medida de protección, aunque eso sí, con el control judicial.

SEGUNDO.- No procede hacer especial imposición de las costas de esta alzada.