Auto Civil 6/2018 Audiencia Provincial Civil nº 9 de Madrid, Rec. 572/2017 de 17 de enero del 2018

PRIMERO.- Se interpone por la representación del ejecutado Don Pio recurso de apelación frente al auto dictado en primera instancia que, en los concretos términos expresados en los antecedentes de hecho de la presente resolución, desestimaba la oposición deducida por el mismo frente a la ejecución despachada a instancia del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. en base a póliza de préstamo personal concertada entre los litigantes en fecha de 26 de marzo de 2015 , sin que hubiera lugar a la suspensión de las actuaciones por prejudicialidad penal.

En la resolución que es objeto de recurso, tras descartar el motivo de oposición fundado en el pago por falta de acreditación documental del mismo, se argumentaba la improcedencia de la suspensión por prejudicialidad penal interesada con base en lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 569.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y dado que en el escrito inicial del ejecutado ni siquiera se expone qué hechos concurren de apariencia delictiva, limitándose por otrosí a pedir la intervención del Ministerio Fiscal sin haber ejercitado por su parte acción penal alguna y sin que conste a la fecha de dictar la resolución la existencia de causa penal.

Con el escrito de recurso, al margen de insistir en la cancelación por pago en metálico al Director de la oficina de la entidad ejecutante sin disponer de la documentación acreditativa, se viene a poner de relieve que a la fecha de notificación del auto se recibió auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Collado Villalba cuya parte dispositiva dice "...Incóese Diligencias Previas por el presunto delito de Estafa. Dese parte de incoación al Ministerio Fiscal" y que se están practicando Diligencias de Investigación por el Juzgado, constando existencia de causa penal y entendiendo que existe prejudicialidad penal, presentando diversos documentos para su incorporación sin solicitar expresamente su admisión como prueba.

Por la parte apelada se formuló oposición al recurso en los términos que constan en el correspondiente escrito.

SEGUNDO.- Por auto dictado por este tribunal en fecha de 13 de diciembre de 2017 se ponía de relieve que examinados los documentos acompañados con el recurso, que el tribunal tuvo por incorporados a efectos ilustrativos mediante la correspondiente resolución, y a tenor de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 569.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto dispone: "Sin embargo, si se encontrase pendiente causa criminal en que se investiguen hechos de apariencia delictiva que, de ser ciertos, determinarían la falsedad o nulidad del título o la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución, el tribunal que la autorizó, oídas las partes y el Ministerio Fiscal, acordará la suspensión de la ejecución" , en tanto se comprueba que entre los mismos se encuentra una copia de auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Collado Villalba con fecha de 31 de marzo de 2017 de incoación de Diligencias Previas de investigación criminal en los términos que expone el recurrente, en base a la denuncia de hechos que revisten indicios racionales de criminalidad, y dado que tal aportación se había efectuado en esta segunda instancia, procedía actuar como se indica en el reseñado precepto y, con precedencia a adoptar cualquier resolución en orden a la suspensión de la ejecución, debía darse traslado a las partes y al Ministerio Fiscal a los efectos oportunos.

Conferido el referido traslado, por el Ministerio Fiscal se presentó escrito con fecha de 22 de diciembre de 2017 por el entendía que procedía acordar la suspensión de la ejecución hasta tanto se resuelva la cuestión penal del procedimiento incoado por delito de estafa.

TERCERO.- El art. 10.2 LOPJ , establece que: " la existencia de una cuestión prejudicial penal, de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta, determinará la suspensión del procedimiento, mientras aquella no sea resuelta por los órganos penales o quienes corresponda, salvo las excepciones que la Ley establezca".

La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero regula la suspensión del proceso de ejecución estableciendo que sólo procederá la suspensión del proceso de ejecución hipotecaria, cuando se acredite, conforme al artículo 569 de la Ley, la existencia de una causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de ejecución.

Es necesario, en primer lugar, que se acredite la existencia de una causa penal, es necesario que exista dicho proceso penal en marcha, con independencia de la forma en que el mismo se haya iniciado, ya sea de oficio, o bien mediante denuncia o querella. Siendo en todo caso necesario que el proceso penal se encuentre en trámite, el periodo durante el cual se puede pedir la suspensión será por lo tanto desde la incoación del proceso penal de oficio, o desde la admisión a trámite de la denuncia o querella, hasta el momento en se termine el proceso de una forma provisional o definitiva, bien porque se sobresea el procedimiento o bien se resuelva mediante sentencia firme. Siendo necesario que la parte que pide la suspensión acredite la existencia de la causa penal, mediante testimonio de la correspondiente resolución penal, auto de admisión de la denuncia o querella, o bien mediante el auto de incoación de oficio de las diligencias penales.

El segundo requisito que debe concurrir en el proceso de ejecución en general es la existencia de hechos determinantes de la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de ejecución.

Por tanto, en el presente caso, a la vista de la existencia del procedimiento penal referido en el Juzgado de Collado Villalba y del referido informe del Ministerio Fiscal, procede con estimación parcial del recurso de apelación acordar la suspensión de la ejecución interesada por existencia de prejudicialidad penal.

CUARTO.- Dado el tenor de la presente resolución no procede hacer pronunciamiento sobre las costas procesales.

En consecuencia,

PRIMERO.- Se interpone por la representación del ejecutado Don Pio recurso de apelación frente al auto dictado en primera instancia que, en los concretos términos expresados en los antecedentes de hecho de la presente resolución, desestimaba la oposición deducida por el mismo frente a la ejecución despachada a instancia del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. en base a póliza de préstamo personal concertada entre los litigantes en fecha de 26 de marzo de 2015 , sin que hubiera lugar a la suspensión de las actuaciones por prejudicialidad penal.

En la resolución que es objeto de recurso, tras descartar el motivo de oposición fundado en el pago por falta de acreditación documental del mismo, se argumentaba la improcedencia de la suspensión por prejudicialidad penal interesada con base en lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 569.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y dado que en el escrito inicial del ejecutado ni siquiera se expone qué hechos concurren de apariencia delictiva, limitándose por otrosí a pedir la intervención del Ministerio Fiscal sin haber ejercitado por su parte acción penal alguna y sin que conste a la fecha de dictar la resolución la existencia de causa penal.

Con el escrito de recurso, al margen de insistir en la cancelación por pago en metálico al Director de la oficina de la entidad ejecutante sin disponer de la documentación acreditativa, se viene a poner de relieve que a la fecha de notificación del auto se recibió auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Collado Villalba cuya parte dispositiva dice "...Incóese Diligencias Previas por el presunto delito de Estafa. Dese parte de incoación al Ministerio Fiscal" y que se están practicando Diligencias de Investigación por el Juzgado, constando existencia de causa penal y entendiendo que existe prejudicialidad penal, presentando diversos documentos para su incorporación sin solicitar expresamente su admisión como prueba.

Por la parte apelada se formuló oposición al recurso en los términos que constan en el correspondiente escrito.

SEGUNDO.- Por auto dictado por este tribunal en fecha de 13 de diciembre de 2017 se ponía de relieve que examinados los documentos acompañados con el recurso, que el tribunal tuvo por incorporados a efectos ilustrativos mediante la correspondiente resolución, y a tenor de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 569.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto dispone: "Sin embargo, si se encontrase pendiente causa criminal en que se investiguen hechos de apariencia delictiva que, de ser ciertos, determinarían la falsedad o nulidad del título o la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución, el tribunal que la autorizó, oídas las partes y el Ministerio Fiscal, acordará la suspensión de la ejecución" , en tanto se comprueba que entre los mismos se encuentra una copia de auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Collado Villalba con fecha de 31 de marzo de 2017 de incoación de Diligencias Previas de investigación criminal en los términos que expone el recurrente, en base a la denuncia de hechos que revisten indicios racionales de criminalidad, y dado que tal aportación se había efectuado en esta segunda instancia, procedía actuar como se indica en el reseñado precepto y, con precedencia a adoptar cualquier resolución en orden a la suspensión de la ejecución, debía darse traslado a las partes y al Ministerio Fiscal a los efectos oportunos.

Conferido el referido traslado, por el Ministerio Fiscal se presentó escrito con fecha de 22 de diciembre de 2017 por el entendía que procedía acordar la suspensión de la ejecución hasta tanto se resuelva la cuestión penal del procedimiento incoado por delito de estafa.

TERCERO.- El art. 10.2 LOPJ , establece que: " la existencia de una cuestión prejudicial penal, de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta, determinará la suspensión del procedimiento, mientras aquella no sea resuelta por los órganos penales o quienes corresponda, salvo las excepciones que la Ley establezca".

La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero regula la suspensión del proceso de ejecución estableciendo que sólo procederá la suspensión del proceso de ejecución hipotecaria, cuando se acredite, conforme al artículo 569 de la Ley, la existencia de una causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de ejecución.

Es necesario, en primer lugar, que se acredite la existencia de una causa penal, es necesario que exista dicho proceso penal en marcha, con independencia de la forma en que el mismo se haya iniciado, ya sea de oficio, o bien mediante denuncia o querella. Siendo en todo caso necesario que el proceso penal se encuentre en trámite, el periodo durante el cual se puede pedir la suspensión será por lo tanto desde la incoación del proceso penal de oficio, o desde la admisión a trámite de la denuncia o querella, hasta el momento en se termine el proceso de una forma provisional o definitiva, bien porque se sobresea el procedimiento o bien se resuelva mediante sentencia firme. Siendo necesario que la parte que pide la suspensión acredite la existencia de la causa penal, mediante testimonio de la correspondiente resolución penal, auto de admisión de la denuncia o querella, o bien mediante el auto de incoación de oficio de las diligencias penales.

El segundo requisito que debe concurrir en el proceso de ejecución en general es la existencia de hechos determinantes de la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de ejecución.

Por tanto, en el presente caso, a la vista de la existencia del procedimiento penal referido en el Juzgado de Collado Villalba y del referido informe del Ministerio Fiscal, procede con estimación parcial del recurso de apelación acordar la suspensión de la ejecución interesada por existencia de prejudicialidad penal.

CUARTO.- Dado el tenor de la presente resolución no procede hacer pronunciamiento sobre las costas procesales.

En consecuencia,

PRIMERO.- Se interpone por la representación del ejecutado Don Pio recurso de apelación frente al auto dictado en primera instancia que, en los concretos términos expresados en los antecedentes de hecho de la presente resolución, desestimaba la oposición deducida por el mismo frente a la ejecución despachada a instancia del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. en base a póliza de préstamo personal concertada entre los litigantes en fecha de 26 de marzo de 2015 , sin que hubiera lugar a la suspensión de las actuaciones por prejudicialidad penal.

En la resolución que es objeto de recurso, tras descartar el motivo de oposición fundado en el pago por falta de acreditación documental del mismo, se argumentaba la improcedencia de la suspensión por prejudicialidad penal interesada con base en lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 569.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y dado que en el escrito inicial del ejecutado ni siquiera se expone qué hechos concurren de apariencia delictiva, limitándose por otrosí a pedir la intervención del Ministerio Fiscal sin haber ejercitado por su parte acción penal alguna y sin que conste a la fecha de dictar la resolución la existencia de causa penal.

Con el escrito de recurso, al margen de insistir en la cancelación por pago en metálico al Director de la oficina de la entidad ejecutante sin disponer de la documentación acreditativa, se viene a poner de relieve que a la fecha de notificación del auto se recibió auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Collado Villalba cuya parte dispositiva dice "...Incóese Diligencias Previas por el presunto delito de Estafa. Dese parte de incoación al Ministerio Fiscal" y que se están practicando Diligencias de Investigación por el Juzgado, constando existencia de causa penal y entendiendo que existe prejudicialidad penal, presentando diversos documentos para su incorporación sin solicitar expresamente su admisión como prueba.

Por la parte apelada se formuló oposición al recurso en los términos que constan en el correspondiente escrito.

SEGUNDO.- Por auto dictado por este tribunal en fecha de 13 de diciembre de 2017 se ponía de relieve que examinados los documentos acompañados con el recurso, que el tribunal tuvo por incorporados a efectos ilustrativos mediante la correspondiente resolución, y a tenor de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 569.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto dispone: "Sin embargo, si se encontrase pendiente causa criminal en que se investiguen hechos de apariencia delictiva que, de ser ciertos, determinarían la falsedad o nulidad del título o la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución, el tribunal que la autorizó, oídas las partes y el Ministerio Fiscal, acordará la suspensión de la ejecución" , en tanto se comprueba que entre los mismos se encuentra una copia de auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Collado Villalba con fecha de 31 de marzo de 2017 de incoación de Diligencias Previas de investigación criminal en los términos que expone el recurrente, en base a la denuncia de hechos que revisten indicios racionales de criminalidad, y dado que tal aportación se había efectuado en esta segunda instancia, procedía actuar como se indica en el reseñado precepto y, con precedencia a adoptar cualquier resolución en orden a la suspensión de la ejecución, debía darse traslado a las partes y al Ministerio Fiscal a los efectos oportunos.

Conferido el referido traslado, por el Ministerio Fiscal se presentó escrito con fecha de 22 de diciembre de 2017 por el entendía que procedía acordar la suspensión de la ejecución hasta tanto se resuelva la cuestión penal del procedimiento incoado por delito de estafa.

TERCERO.- El art. 10.2 LOPJ , establece que: " la existencia de una cuestión prejudicial penal, de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta, determinará la suspensión del procedimiento, mientras aquella no sea resuelta por los órganos penales o quienes corresponda, salvo las excepciones que la Ley establezca".

La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero regula la suspensión del proceso de ejecución estableciendo que sólo procederá la suspensión del proceso de ejecución hipotecaria, cuando se acredite, conforme al artículo 569 de la Ley, la existencia de una causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de ejecución.

Es necesario, en primer lugar, que se acredite la existencia de una causa penal, es necesario que exista dicho proceso penal en marcha, con independencia de la forma en que el mismo se haya iniciado, ya sea de oficio, o bien mediante denuncia o querella. Siendo en todo caso necesario que el proceso penal se encuentre en trámite, el periodo durante el cual se puede pedir la suspensión será por lo tanto desde la incoación del proceso penal de oficio, o desde la admisión a trámite de la denuncia o querella, hasta el momento en se termine el proceso de una forma provisional o definitiva, bien porque se sobresea el procedimiento o bien se resuelva mediante sentencia firme. Siendo necesario que la parte que pide la suspensión acredite la existencia de la causa penal, mediante testimonio de la correspondiente resolución penal, auto de admisión de la denuncia o querella, o bien mediante el auto de incoación de oficio de las diligencias penales.

El segundo requisito que debe concurrir en el proceso de ejecución en general es la existencia de hechos determinantes de la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de ejecución.

Por tanto, en el presente caso, a la vista de la existencia del procedimiento penal referido en el Juzgado de Collado Villalba y del referido informe del Ministerio Fiscal, procede con estimación parcial del recurso de apelación acordar la suspensión de la ejecución interesada por existencia de prejudicialidad penal.

CUARTO.- Dado el tenor de la presente resolución no procede hacer pronunciamiento sobre las costas procesales.

En consecuencia,