Auto CIVIL Nº 19/2022, Tribunal Superior de Justicia de Pais Vasco, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 26/2022 de 19 de Julio de 2022

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO SALA DE LO CIVIL Y PENAL

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EAEko AUZITEGI NAGUSIA

ARLO ZIBILEKO ETA ZIGOR-ARLOKO SALA

BARROETA ALDAMAR, 10-1ª planta - C.P./PK: 48001 Bilbao

TEL.: 94-4016654 FAX: 94-4016997

Correo electrónico/ Helbide elektronikoa: tsj.salacivilpenal@justizia.eus / an.zibilzigorsala@justizia.eus

Procedimiento/Prozedura: Recurso de casación Tribunal Superior de Justicia / Kasazio-errekurtsoa Auzitegi Nagusia 26/2022

NIG / IZO: 48.03.2-20/001190

NIG CGPJ / IZO BJKN:48046.42.1-2020/0001190

Recurrente / Errekurtsogilea: Modesta Procurador/a/ Prokuradorea:MIREN MAITE ALBIZU ORBE Abogado/a / Abokatua: ANE MIREN MAGRO SANTAMARIA

Recurrido/a / Errekurritua: Efrain Procurador/a / Prokuradorea: MIREN LASA EZKURRA

Abogado/a/ Abokatua: ION USOBIAGA SOLOGAISTOA

A U T O Nº 19/2022

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

EXCMO. SR. PRESIDENTE: D. IGNACIO JOSE SUBIJANA ZUNZUNEGUI

ILMA. SRA. MAGISTRADA: Dª NEKANE BOLADO ZÁRRAGA

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ROBERTO SAIZ FERNÁNDEZ

D. FRANCISCO DE BORJA IRIARTE ÁNGEL

D. MANUEL AYO FERNÁNDEZ

LUGAR: Bilbao

FECHA: diecinueve de julio de dos mil veintidós

Antecedentes

PRIMERO.-La procuradora Sra. ALBIZU ORBE, actuando en nombre y representación de Modesta, interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 21 de abril de 2022 por la Sección 4 de la Audiencia Provincial de Bizkaia, en el rollo de apelación número 48/2022, cuyo falloseñala:

'Que desestimando el recurso de apelacióninterpuesto por DOÑA Modesta,representada por la Procuradora Dña.Miren Maite Albizu Orbe, y estimando parcialmente el recurso de apelacióninterpuesto por DON Efrain, representado por la Procuradora Dña. Miren Lasa Ezkurra, contra la sentencia dictada el 11 de noviembre de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de DIRECCION000, en los autos de Divorcio Contencioso nº 243/2020, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS la mismaa los únicos efectos de dejar sin efecto que 'D. Efrain deberá satisfacer mensualmente a Dña. Modesta la cantidad de 600 euros en concepto de compensación por pérdida de uso de la vivienda familiar', contemplado en el párrafo 3 del punto 6 del Fallo de la sentencia de instancia,y DEBEMOS MANTENER Y MANTENEMOS el resto de pronunciamientos,todo ello con expresa imposición de las costas procesales causadas por el recurso de apelación formulado por Dña. Modesta a la apelante

y sin pronunciamiento de las motivadas por el recurso de apelación interpuesto por D. Efrain.

Transfiérase el depósito por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de depósitos de recursos inadmitidos y desestimados.

Devuélvase a Efrain el depósito constituido para recurrir, expidiéndose por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devolución.'

Por resolución de nueve de junio de 2022 se tuvo por interpuesto el recurso de casación, acordándose la remisión de las actuaciones a esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, previo emplazamiento de las partes.

SEGUNDO.-Recibidas las actuaciones y transcurrido el término del emplazamiento, se pasaron las actuaciones al Magistrado Ponente para que se instruyera y sometiera a la deliberación de la Sala lo que hubiera de resolverse sobre la admisión o inadmisión del recurso, dictándose a continuación providencia, en la que se pone de manifiesto a las partes personadas una posible causa de inadmisión, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 483.2.1º, 2º y 3º LEC en relación con el art. 477.2.3º, para que en el plazo de diez días, puedan alegar cuanto a su derecho convenga sobre una posible causa de inadmisión del recurso de casación.

TERCERO.-En el plazo concedido, las partes personadas presentaron escritos con el contenido obrante en autos.

CUARTO.-Ha sido Ponente D. Roberto Saiz Fernández.

Fundamentos

PRIMERO.-Se han interpuesto, mediante escrito presentado por la procuradora de los tribunales, Dña. Maite Albizu Orbe, en nombre de Dña. Modesta recurso de casación por interés casacional, frente a la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, de 21 de abril de 2022.

Se fundamentó el recurso extraordinario por infracción procesal en la valoración arbitraria e ilógica de la prueba (informe psicológico social); y el recurso de casación en la infracción de los artículos 170 en relación con el 154, ambos del Código civil (Cc), los artículos 2 y 9 de la LO 1/1996, de 15 de enero, el artículo 39 CE, y los artículos 92.2 y 6 Cc,y el artículo 9.3 de la Ley 7/2005, de 30 de junio, cuya aplicación se opone a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que los interpreta.

Advirtiendo la Sala la posible existencia de causas de inadmisión del recurso de casación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 483.2. 1º, 2º y 3º, en relación con el artículo 477.2.3º LEC, mediante providencia, de 28 de junio de 2022, se dio traslado, de conformidad con lo que establecen, los artículos 473.2 y 483.3 LEC, a las partes personadas para que, en el plazo de DIEZ DÍAS, pudieran alegar cuanto a su derecho conviniese antes de que por la Sala se dictara la resolución definitiva, respecto de las siguientes posibles causas de inadmisión:

1.- Interpuesto el recurso de casación por interés casacional, la parte recurrente no determina cuál de las modalidades de interés casacional, tratándose de un recurso de casación del que debe conocer este Tribunal Superior de Justicia, sirve de fundamento al recurso ( art. 477.3 LEC).

2.- No indica la parte recurrente la oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, o su inexistencia en relación con la cuestión controvertida.

3.- Debiendo expresar con claridad suficiente, de acuerdo con los Acuerdos de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 12 de diciembre de 2000, de 30 de diciembre de 2011 y de 27 de enero de 2017, sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, la doctrina anudada a la norma infringida cuya fijación ha de solicitarse del tribunal, no lo hace.

4.- Omite solicitar, expresamente, en la petición de su recurso la doctrina que pretende sea acoja y fijada como jurisprudencia por este tribunal de casación.

La recurrente, en su escrito de alegaciones, expresa, en lo sustancial, que esa parte deja perfectamente indicado que el interés casacional se encuentra en la oposición de la sentencia a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo; que en el artículo 477.3 de la LEC, el cual establece que la oposición de la sentencia recurrida debe ser frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que eso es lo que esa parte ha llevado a cabo al indicar la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo a la que la sentencia se opone, lo que justifica porque en la sentencia impugnada, salvo en una ocasión, se aplican preceptos legales del Código Civil, y se hace alusión a resoluciones judiciales del Tribunal Supremo; que cada uno de los encabezamientos de los motivos alegados, se puede comprobar cómo se recoge la infracción concreta de los artículos aplicados y la doctrina que se anuda a dicha norma infringida (En el primero de los motivos, se denuncia la infracción del artículo 170 de acuerdo con el artículo 154 del CC, artículos 2 y 9 de la LO 1/1996, de 15 de enero y artículo 39 de la Constitución Española, en lo relativo a que debe atenderse al interés del menor a la hora de examinar si la privación de la patria potestad es conveniente o no para los menores, la vulneración de la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo, Sala Civil, que lo desarrolla y aplica en las Sentencias nº 291/2019, dictada el 23 de mayo, y la nº 183/1998, de 5 de marzo. En el segundo de los motivos, se denuncia la infracción de los artículos 92.2 CC, artículos 2 y 9 de la LO 1/1996, de 15 de enero y artículo 39 de la Constitución Española, en lo relativo a la protección del interés del menor, y ello, por vulnerar con ello la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo. En el tercero de los motivos se denuncia la infracción de los artículos 92.2, 92.6 CC, el artículo 9.3 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, el artículo 39 de la Constitución Española, el artículo 2 de la LO 11/1996 de Protección del Menor, en lo relativo a la aplicación del principio de protección del interés del menor, así como, y ello, por vulnerar con ello la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo, Sala Civil). Que, expresamente, se establece en cada uno de los motivos cuál es la doctrina que se pretende que se acoja.

La representación de la parte demandada y el Ministerio Fiscal se oponen a la admisión del recurso, interesando que se declare la inadmisibilidad del recurso.

SEGUNDO.-Es competente este tribunal para conocer del recurso de casación interpuesto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73.1.a) LOPJ y 478.2 LEC, conforme al cual corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.

Reiteramos, con carácter previo, lo expresado en auto de esta Sala, de 14 de enero de 2019 (RCS 28/2018):

'El recurso de casación es un recurso cuyo carácter extraordinario justifica la exigencia de requisitos más estrictos, e incluso de un mayor rigor formal que en los recursos ordinarios ( STEDH de 19 de diciembre de 1997 y STC 37/1995), y que por ello está sujeto a determinadas exigencias técnicas, derivadas de las normas que lo regulan y que han sido expuestas en los Acuerdos de la Sala Primera del TS de 12 de diciembre de 2000, de 30 de diciembre de 2011 y de 27 de enero de 2017.

Ha de tenerse en cuenta que los criterios de admisión que se plasman en dichos acuerdos, que este tribunal asumió y aplicó como propios, desde el primer momento, en los recursos de casación atribuidos a su conocimiento, forman parte del sistema de recursos, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( STC 150/2004, 114/2009 y 10/2012, entre otras).

Por lo tanto, a la hora de formalizar un recurso de casación conviene tener muy presentes las siguientes premisas:

1. CUERPO DEL ESCRITO: el recurso de casación no se puede articular como un escrito de alegaciones. El cuerpo del escrito debe estructurarse en dos partes perfectamente diferenciadas y una petición final.

1.1 En la primera parte, se identificará de forma precisa el supuesto, de los tres previstos en el art.

477.2 LEC, que permita el acceso a dicho recurso ( art. 481.1 LEC).

1.2 En la segunda parte se deben exponer los motivos del recurso. Tanto si se alega más de una infracción o vulneración de la misma naturaleza como si se alegan varias de distinta naturaleza, cada una de las infracciones debe ser formulada en un motivo distinto y todos ellos deben aparecer numerados correlativamente. Además, no podrán formularse submotivos dentro de cada motivo.

1.3 En la petición final del escrito deberán indicarse con precisión los pronunciamientos que se interesan de la Sala.

2. MOTIVOS DEL RECURSO: los motivos del recurso deben constar de un encabezamiento y un desarrollo, que deben separarse, diferenciarse con claridad y cumplir los requisitos exigibles en cada caso.

2.1 El encabezamiento de los motivos deberá condensar sus elementos esenciales, de forma que puedan ser comprendidos sin necesidad de acudir al estudio de su fundamentación, y contendrá: (i) la cita precisa de la norma infringida, aunque haya sido identificada en otro lugar del recurso, no siendo suficiente que la misma pueda deducirse del desarrollo del motivo, y no pudiendo acumularse la cita de preceptos heterogéneos; (ii) el resumen de la infracción cometida: cómo, por qué y en qué medida ha sido infringida o desconocida la norma citada; (iii) en el recurso de casación contra sentencias dictadas en procesos de cuantía superior a 600.000 €, la justificación de que el procedimiento se ha tramitado por razón de la cuantía (y no de la materia) y el importe preciso de esta y (iv) en el recurso de casación por interés casacional, la modalidad de interés casacional invocada.

2.2 El desarrollo de cada motivo (que ha de tener una extensión suficiente, pero no excesiva -que puede ser considerada innecesaria y, en consecuencia, dar lugar a la inadmisión del recurso-, y cuyo objeto ha de ser la exposición razonada de la infracción o vulneración denunciada en el encabezamiento y de cómo influyó en el resultado del proceso, y que, sin apartarse del contenido esencial de encabezamiento, debe tener la razonable claridad expositiva para permitir la identificación del problema jurídico planteado y para fundamentar adecuadamente la infracción el ordenamiento jurídico alegada en relación con la norma, derecho fundamental, principio general del derecho o jurisprudencia aplicable al caso que se denuncien como vulnerados) deberá cumplir los requisitos generales -en todos los supuestos- y especiales -en el supuesto del recurso de casación por interés casacional- que se indican a continuación:

2.2.1 Requisitos generales: los requisitos generales que debe cumplir el desarrollo del motivo son los siguientes: (i) la infracción de norma o jurisprudencia aplicable al caso debe ser relevante para el fallo, atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida; (ii) cuando se alegue más de una infracción, cada una de ellas deberá ser formulada en un motivo distinto, y todos ellos habrán de ser numerados correlativamente; los motivos no podrán dividirse en submotivos; (iii) no cabe la cita de un precepto seguido de fórmulas tales como 'y siguientes', 'y concordantes' o similares para identificar la infracción cuando comporte ambigüedad o indefinición; tampoco cabe la cita de preceptos heterogéneos en un mismo motivo, ni la cita de preceptos de carácter genérico que pueda comportar ambigüedad o indefinición; (iv) la norma citada como infringida debe ser sustantiva y no procesal; el recurso de casación civil no puede fundarse en normas administrativas, penales o laborales que no se pongan en relación con una norma civil; (v) los motivos del recurso de casación deben respetar la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que implica: a) que no se puede pretender una revisión de los hechos probados ni una nueva valoración probatoria, y b) que no pueden fundarse implícita o explícitamente en hechos distintos de los declarados probados en la sentencia recurrida, ni en la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere acreditados (petición de principio o hacer supuesto de la cuestión); y (vi) los motivos del recurso deben respetar el ámbito de la discusión jurídica habida en la instancia ( art. 477.1 LEC), lo que implica: a) que no pueden suscitarse cuestiones nuevas, entendiendo por tales tanto las que se planteen por primera vez en el recurso de casación como las indebidamente planteadas en la segunda instancia y b) que no pueden plantearse cuestiones que no afecten a la ratio decidendi de la sentencia.

2.2.2 Requisitos especiales: los requisitos especiales que debe cumplir el desarrollo del motivo en el supuesto del recurso de casación por interés casacional son de dos tipos: (i) hay un requisito genérico y común a todas las modalidades de interés casacional, y (ii) hay varios requisitos específicos y exclusivos de cada una de dichas modalidades.

2.2.2.1 El requisito genérico y común: este requisito, que debe cumplir en todo caso el desarrollo del motivo, con independencia de la modalidad de interés casacional invocada, es el que se concreta en la justificación, con la necesaria claridad y precisión, del interés casacional. Por lo tanto, el recurso no puede ser admitido, entre otros supuestos: (i) si la oposición a la jurisprudencia invocada o pretendida carece de consecuencias para la decisión del litigio, atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida;

(ii) si el criterio aplicable para resolver el problema planteado depende única o sustancialmente de las circunstancias fácticas de cada caso; (iii) o si la aplicación de la jurisprudencia invocada o pretendida solo puede llevar a una modificación del fallo mediante la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere probados.

2.2.2.2 Los requisitos específicos y exclusivos: la fijación de estos exige diferenciar: (i) por un lado, en función de la norma infringida: de derecho civil común o de derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad; y (ii) por otro lado, en función de la modalidad del interés casacional: cuando se trata de infracción de normas de derecho común: a) por oposición a la doctrina jurisprudencial del TS;

b) por existencia de jurisprudencia contradictoria de AAPP, y c) por aplicación de normas con menos de cinco años de vigencia; y cuando se trata de infracción de normas de derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad: a) por oposición a la doctrina jurisprudencial del TSJ, y b) por inexistencia de dicha doctrina del TSJ.

2.2.2.2.1 Cuando se trata de infracción de normas de derecho civil común:

2.2.2.2.1.2 Por oposición a la doctrina jurisprudencial del TS: dado que el concepto de jurisprudencia comporta, en principio, reiteración en la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo, es necesario, en consecuencia, que en el escrito de interposición se citen dos o más sentencias de la Sala Primera y que se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas. Debe existir identidad de razón entre las cuestiones resueltas por las sentencias citadas y el caso objeto del recurso. Cuando se trate de sentencias del Pleno o de sentencias dictadas fijando doctrina por razón de interés casacional, bastará la cita de una sola sentencia, pero siempre que no exista ninguna sentencia posterior que haya modificado su criterio de decisión No obstante, no será imprescindible la cita de sentencias cuando, a criterio de la Sala Primera del Tribunal Supremo, la parte recurrente justifique debidamente la necesidad de establecer jurisprudencia o modificar la ya establecida en relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una determinada

2.2.2.2.1.2

materia. Esta excepción tiene el carácter extraordinario que se desprende de su naturaleza. Por ello, el recurso no será admisible cuando la Sala Primera del Tribunal Supremo no considere que su jurisprudencia deba ser modificada. Las sentencias de la sala deben ser identificadas por su número y fecha (vg. sentencia 699/2016, de 24 de noviembre) o, excepcionalmente, si no tuviera número, por su fecha y el número del recurso (vg. sentencia de 8 de marzo de 2002, recurso núm. 2970/1996).

Se extractará su contenido y, de incluir citas literales, se limitarán a los bloques relevantes para resolver el problema jurídico planteado.

Es recomendable la cita jurisprudencial únicamente en lo que interese confrontar con la resolución recurrida.

El criterio de las sentencias invocadas en el escrito de interposición del recurso de casación no tiene carácter jurisprudencial cuando exista doctrina formulada en sentencias más recientes que se separen de aquel.

2.2.2.2.1.2 Por existir jurisprudencia contradictoria de AP: el concepto de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales comporta la existencia de criterios dispares entre secciones de Audiencias mantenidos cada uno con la suficiente extensión e igual nivel de trascendencia, de modo que puedan calificarse como jurisprudencia operativa en el grado jurisdiccional correspondiente a estos tribunales. En consecuencia, tiene que acreditarse que existen soluciones diferentes para el mismo problema por parte de distintas Audiencias y que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre sobre dicho problema.

La parte recurrente debe expresar el problema jurídico sobre el que existe la contradicción que alega, indicar de qué modo se produce esta y exponer la identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia contradictoria invocada.

Debe invocar al menos dos sentencias dictadas por una misma sección de una Audiencia en las que se decida colegiadamente en un sentido y al menos otras dos, procedentes también de una misma sección de una Audiencia, diferente de la primera, en las que se decida colegiadamente en sentido contrario. En uno de estos dos grupos debe figurar la sentencia recurrida. Este requisito se flexibilizará cuando el elevado número de secciones de una Audiencia Provincial dificulte objetivamente su cumplimiento.

No obstante, no será imprescindible la cita de sentencias con los requisitos indicados cuando, a criterio de la Sala Primera, conste de manera notoria la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre el problema jurídico planteado. Para ello es necesario que el problema haya sido debidamente puntualizado por la parte recurrente y se haya justificado la existencia de un criterio dispar entre Audiencias mediante la cita de sentencias contrapuestas.

2.2.2.2.1.2 Por aplicarse normas con menos de cinco años de vigencia: se identificará el problema jurídico sobre el que no exista jurisprudencia y que haya sido resuelto o debiera haberlo sido mediante la aplicación de una norma de menos de cinco años de vigencia.

El cómputo de los cinco años de vigencia de la norma aplicable debe efectuarse tomando como dies a quo la fecha de su entrada en vigor y como dies ad quem la fecha en que la norma fue invocada por primera vez en el procedimiento. Se justificará que no existe doctrina jurisprudencial de la Sala Primera Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

2.2.2.2.2 Cuando se trata de infracción de normas de derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad:

2.2.2.2.2.2 Por oposición a la doctrina jurisprudencial del TSJ: dado que el concepto de jurisprudencia comporta, en principio, reiteración en la doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, es necesario, en consecuencia, que en el escrito de interposición se citen dos o más sentencias de la Sala y que se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas. Debe existir identidad de razón entre las cuestiones resueltas por las sentencias citadas y el caso objeto del recurso.

Cuando se trate de sentencias del Pleno o de sentencias dictadas fijando doctrina por razón de interés casacional, bastará la cita de una sola sentencia, pero siempre que no exista ninguna sentencia posterior que haya modificado su criterio de decisión.

No obstante, no será imprescindible la cita de sentencias cuando, a criterio de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, la parte recurrente justifique debidamente la necesidad de establecer jurisprudencia o modificar la ya establecida en relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una determinada materia. Esta excepción tiene el carácter extraordinario que se desprende de su naturaleza. Por ello, el recurso no será admisible cuando la Sala no considere que su jurisprudencia deba ser modificada.

Las sentencias de la sala deben ser identificadas por su número y fecha (vg. sentencia 699/2016, de 24 de noviembre) o, excepcionalmente, si no tuviera número, por su fecha y el número del recurso (vg. sentencia de 8 de marzo de 2002, recurso núm. 2970/1996).

Se extractará su contenido y, de incluir citas literales, se limitarán a los bloques relevantes para resolver el problema jurídico planteado.

Es recomendable la cita jurisprudencial únicamente en lo que interese confrontar con la resolución recurrida.

2.2.2.2.2.2 Por la inexistencia de dicha doctrina del TSJ: en este caso el recurso de casación por interés casacional va encaminado a la fijación de la doctrina jurisprudencial que se estima correcta en contra del criterio que la sentencia recurrida ha seguido, por lo tanto el recurrente: (i) deberá argumentar en contra del criterio que ha seguido el tribunal de apelación; (ii) deberá expresar, de forma breve, clara y precisa, cuál es el que considera correcto a la hora de aplicar la norma que cita como infringida y argumentar a su favor (iii) deberá solicitar en la petición de su recurso que dicho criterio se acoja y fije como jurisprudencia'.

TERCERO.- Al alegar la parte recurrente en su escrito de alegaciones la inexistencia de defectos que pudieran constituir causas de inadmisión del recurso de casación, reiterando, no obstante, los mismos sobre los que se le dio trámite de audiencia, no hace sino confirmar la concurrencia de aquellos, lo que, necesariamente comporta la inadmisión del recurso de casación y, asimismo, la del recurso extraordinario por infracción procesal ( DF 16.1.5ª LEC).

En el supuesto examinado, es obvio que resultan de aplicación normas del Derecho Civil, foral o especial propio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La sentencia objeto de recurso se dictó en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco con derecho foral propio. La sentencia dictada en primera instancia aplicó el artículo 12 (apartados 4, 5 y 7) de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuesto de separación o ruptura de los progenitores (LRFPV). En la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia. Sección Cuarta, objeto de este recurso de casación, se aplicaron, también, los artículos

9.3 y 12 (apartados 1, 4, 5, 7 y 9) de la LRFPV.

La Ley de Derecho Civil Vasco, aplicada por la sentencia recurrida fue dictada en virtud de las competencias legislativas atribuidas por su Estatuto de Autonomía ( art. 10.5 del Estatuto del País Vasco), pues como recoge la mencionada Ley 7/2015, ' (...) la ley que ahora aprobamos y que, recogiendo el contenido esencial de la citada iniciativa legislativa, viene a introducir, en sede de Derecho civil foral vasco, normas que ya han sido aprobadas en otras comunidades autónomas de nuestro entorno'. En todo caso, la falta de indicación en el recurso de la norma de derecho material o sustantivo infringido, no puede conllevar la alteración de la competencia funcional, al tratarse la cuestión planteada de una cuestión jurídica relativa a una norma de derecho foral aplicada por la sentencia de segunda instancia.

Tiene declarado el Tribunal Supremo (por todos Auto de 23 de febrero de 2022) que las partes no son libres de invocar cualquier norma o doctrina en el recurso de casación, sino que el mismo ha de estar fundado en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, tal y como determina el artículo 477.1 LEC, y que cuando el procedimiento se ha seguido en un ámbito territorial donde el Derecho civil aplicable al caso es el derecho foral o especial, siendo el Código Civil derecho supletorio, constituyen normas aplicables para resolver el proceso las normas forales sobre la correspondiente materia y que han sido dictadas en el uso de la competencia legislativa atribuida por el Estatuto de Autonomía, de suerte que ( ATS de 2 de diciembre de 2015, Rec. n.º 2066/2014), no resulta posible invocar la infracción de derecho supletorio para predeterminar la competencia del Tribunal Supremo, por cuanto ello supondría tanto como admitir la alteración de las normas sobre la competencia, en este caso funcional, a voluntad del recurrente.

Se señalan por la parte recurrente, como normas infringidas, preceptos de Derecho civil común ( artículo 92 y 96 del Código Civil, 2 y 9 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, el artículo 39 de la Constitución Española, como preceptos de Derecho civil, foral o especial de la CAPV ( artículo 9.3 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, de 30 de junio), siendo así que la aplicación de los primeros desplaza la de los segundos y a la inversa.

La parte recurrente tampoco determina cuál de las tres modalidades de interés casacional sirve de fundamento al recurso ( art. 477.3 LEC).

Omite la concreta justificación del interés casacional ( art. 483.2.3.º LEC) a que se refiere el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 477 LEC, al fundar la parte recurrente el interés casacional tanto en la infracción de normas de Derecho Civil del País Vasco, como, también, de normas de Derecho civil común, así como en la oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, recogida en las sentencias de la Sala Primera que invoca.

Ausencia de la debida expresión, clara y suficiente, de la doctrina cuya fijación se ha de solicitar del tribunal en relación con la norma de Derecho Civil, foral o especial, de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, que invoca como infringida, de acuerdo con los criterios establecidos en los Acuerdos de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 12 de diciembre de 2000, de 30 de diciembre de 2011 y de 27 de enero de 2017, sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, lo que impide la declaración de una doctrina jurisprudencial, que es lo propio de la labor nomofiláctica del tribunal de casación.

Prescinde de solicitar en la petición de su recurso que dicho criterio se acoja y fije como jurisprudencia. La omisión comporta la infracción del deber que tiene el recurrente en casación por interés casacional de solicitar en la petición de su recurso que dicho criterio se acoja y fije como jurisprudencia, de conformidad con los Acuerdos del Pleno no jurisdiccionales de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 12 de diciembre de 2000, de 30 de diciembre de 2011 y de 27 de enero de 2017, sobre Criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.

CUARTO.-De cuanto ha quedado expuesto, entendiendo la Sala que concurren las causas de inadmisión del art. 483.2. 2º y 3º LEC, en relación con el art. 477.2.3º LEC, procede, de conformidad con lo establecido por el art. 483.4 LEC, la inadmisión del recurso de casación interpuesto y la del recurso extraordinario por infracción procesal.

La inadmisión del recurso de casación determina la pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Abierto el trámite contemplado en el art. 483.3 LEC, y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida, procede imponer las costas causadas a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto,

Fallo

No admitir los recursos, extraordinario por infracción procesal y de casación, interpuestos por la procuradora de los Tribunales, por la procuradora de los tribunales, Dña. Maite Albizu Orbe, en nombre de Dña. Modesta, frente a la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, de 21 de abril de 2022, que se declara firme.

Con imposición de las costas procesales a la parte recurrente, quién perderá los depósitos constituidos.

Remítanse las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia, previa notificación de la presente resolución por este órgano a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala y al Ministerio Fiscal.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno ( artículo 483.5 de la LEC).

Transfiérase el depósito por la Letrada de la Administración de Justicia, a la cuenta de depósitos de recursos inadmitidos y desestimados.

Lo acuerdan, mandan y firman el Excmo. Sr. Presidente y los/as Ilmos./Ilmas. Sres./Sras.

Magistrados/as que lo encabezan. Doy fe.

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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de

los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

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