Auto Civil Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 14/2023 de 07 de marzo del 2023

PRIMERO.- El presente conflicto negativo de competencia se suscita entre los juzgados de La Orotava y Manresa respecto de una petición de proceso monitorio en la que se fija el domicilio del deudor en Sant Joan de Vilatorrada. El primero entiende que carece de competencia territorial por cuanto resulta que el domicilio del deudor se encuentra en el partido judicial de Manresa. El segundo entiende que la competencia le corresponde a los Juzgados de La Orotava por aplicación de lo dispuesto en el artículo 813 LEC.

SEGUNDO.- El presente conflicto ha de ser resuelto en favor del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de la Orotava por las siguientes razones:

a) En relación con la competencia territorial en el proceso monitorio, esta se fija de manera imperativa por el art. 813 LEC. Dicho precepto establece:

"[...]Será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago por el Tribunal, salvo que se trate de la reclamación de deuda a que se refiere el número 2 del apartado 2 del artículo 812, en cuyo caso será también competente el Juzgado del lugar en donde se halle la finca, a elección del solicitante.

En todo caso, no serán de aplicación las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la sección II del capítulo II del Título II del Libro I

Si, tras la realización de las correspondientes averiguaciones por el Secretario Judicial sobre el domicilio o residencia, éstas son infructuosas o el deudor es localizado en otro partido judicial, el juez dictará auto dando por terminado el proceso, haciendo constar tal circunstancia y reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el Juzgado competente[...]".

b) El último párrafo del art. 813 LEC fue introducido por la Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la LEC, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía y siguió el criterio marcado por el auto del Pleno de esta Sala de 5 de enero de 2010 (asunto 178/2009), continuado por otros posteriores, que declaró que:

"[...]cuando el Juzgado ante el que se presenta la solicitud admite la pretensión y se declara competente territorialmente -por aplicación de lo dispuesto en el artículo 813 de la LEC- no está fijando indebidamente su competencia, aun cuando se haya determinado erróneamente el lugar donde se encuentra el deudor, sino que tal declaración de competencia territorial es correcta en atención a los datos contenidos en la petición, que resultan esenciales para la apertura del procedimiento. En tal caso de falta de localización del deudor en el domicilio señalado, cabe incluso admitir que se intente una primera averiguación de domicilio de modo que si aparece otro distinto al suministrado, pero dentro del propio partido judicial, se intente el requerimiento; pero si tampoco éste resulta efectivo o el domicilio averiguado pertenece a distinto partido judicial no habrá de ponerse en marcha el mecanismo previsto en el artículo 58 de la Ley Procesal para negar ahora una competencia territorial que ya se declaró correctamente conforme a la ley, sino que lo procedente será el archivo de las actuaciones con devolución al acreedor de la documentación aportada para que, si ello interesa a su derecho, pueda iniciarlo de nuevo en el lugar que considere oportuno o acudir directamente al proceso declarativo; solución aplicable con carácter general al proceso monitorio, salvo el caso distinto de las deudas derivadas del régimen de propiedad horizontal que, conforme a lo dispuesto en el artículo 815.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene un régimen especial en cuanto a la localización del deudor [...]".

c) De la aplicación del precedente criterio legal se colige que el legislador ha establecido un régimen especial de reglas para la apreciación de oficio de la incompetencia territorial en el proceso monitorio, diferenciado del general comprendido en el Libro I de la LEC, por virtud del cual, en supuestos de incompetencia territorial, el juez dictará auto dando por terminado el proceso y reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el Juzgado competente, sin necesidad de activar el trámite del artículo 58 de la LEC ni de resolver la inhibición en favor del Juzgado competente.

Cierto es que la redacción del último párrafo del artículo 813 LEC solo contempla tal previsión para supuestos de incompetencia territorial sobrevenida y no inicial, pero no existen razones que justifiquen un diferente tratamiento cuando de la mera lectura de la petición inicial ya se constata, sin necesidad de ninguna averiguación, que el deudor está localizado en otro partido judicial, solución esta que el referido auto de Pleno consideró "aplicable con carácter general al proceso monitorio, salvo el caso distinto de las deudas derivadas del régimen de propiedad horizontal que, conforme a lo dispuesto en el artículo 815.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene un régimen especial en cuanto a la localización del deudor".

Lo anterior debe conducir en el presente caso a declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de La Orotava que no debió inhibirse a favor de los juzgados de Manresa, todo ello sin perjuicio de que adopte la resolución procedente según la normativa y doctrina anteriormente señalada. Esta doctrina ha sido reiterada, entre otros, en autos de esta sala de fechas 15 de junio de 2021, conflictos n.º 7/2021 y n.º 122/2021 y 13 de julio de 2021, conflicto n.º 280/2020. Pero es que, además, examinadas las actuaciones, puede colegirse que el domicilio de la demandada, según se desprende de la documentación aportada junto con la demanda, fundamentalmente las condiciones particulares de contratación, se ubica en la CALLE000 NUM000 de La Orotava, aunque por error se consignara en la demanda que dicha dirección se encontraba en la localidad de Sant Joan de Vilatorrada, con lo que el Juzgado de La Orotava sería competente, no ya para archivar el procedimiento, sino también para tramitarlo.

TERCERO.- El artículo 60.3 LEC establece que contra el auto que decida la competencia territorial no cabrá recurso alguno.