Auto Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 537/2015 de 02 de junio del 2016

PRIMERO. - El recurso de revisión que presenta la parte recurrente contra el Decreto de fecha 3 de mayo de 2016, es similar al que la misma parte presentó en el recurso 3980/2012, es un recurso estereotipado en el que plantea las mismas cuestiones que planteó en aquel, al punto que vuelve incurrir en el mismo error de referirse al Abogado del Estado cuando la recurrido fue la Junta de Galicia. Dado que esta Sala se ha pronunciado sobre dichas cuestiones en el auto de 1 de julio de 2015, por coherencia con lo resuelto y por seguridad jurídica procede reproducir lo dicho entonces, sin más concesión que adaptar lo dicho entonces al caso concreto que nos ocupa.

SEGUNDO.- El recurso de revisión se funda en que, en el Decreto impugnado no han tenido en cuenta las excepciones que según una amplia jurisprudencia deben conllevar a la reducción de costas y en concreto:

- La cuantía del procedimiento, que es de 18.000 €.

- El escaso trabajo realizado por el Letrado de la parte recurrida en su escrito de oposición (se sufre el error de nuevo de mencionar al Abogado del Estado, cuando la parte recurrida es la Junta de Galicia). Se trata de un supuesto que ha sido reiterado y en el que existe una escasa dificultad jurídica.

- Al ser las cosas un crédito a favor de la parte vencedora, dado que se trata de un Administración Pública, el letrado no puede repercutir todos sus honorarios en las costas, por lo que al ser el funcionario minutante funcionario de la Junta de Galicia no ha cobrado honorario alguno por su trabajo, sino que al ser la destinataria aquella, los honorarios deben ser ponderados de conformidad con las normas del ICAM. Sufriendo indefensión al calcular el riesgo sobre una eventual condena en costas sobre las normas del ICAM.

TERCERO .- La cantidad de 8.000 euros que figura en la minuta presentada, y acogida por la tasación efectuada por la Sra. Secretaria, está en el límite fijado en el Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia de esta Sala de 25 de noviembre de 2015 , como cantidad máxima a abonar por la parte recurrente a la parte recurrida, limitación que se estableció de conformidad con el articulo 139.3 de la LRJCA .

Sentada esta premisa, la cuestión suscitada en presente recurso es la de si, fijado en la sentencia un límite máximo de la condena en costas, puede entenderse que una minuta que no sobrepasa el límite fijado en la sentencia puede considerarse excesiva, y si, en su caso, puede resultar correcto que mediante una resolución posterior, en el incidente de impugnación de costas por excesivas, pueda, en definitiva, llegarse a tal consideración.

Pues bien, reiterada jurisprudencia de esta Sala (Autos de 22 de junio de 2006 dictado en recurso de casación 4987/2001 ; de 26 de septiembre de 2008 dictado en recurso de casación para unificación de doctrina 68/2002 ; de 16 de octubre de 2008, dictado en recurso de casación 4609/2002 ; de 9 de julio de 2009 dictado en recurso 1863/2006 y de 14 de julio de 2010 dictado en recurso 4534/2004 ) ha venido señalando que la fijación en sentencia o auto de la cuantía de las costas que pueden ser reclamadas por la parte beneficiada de las mismas, conforme al artículo 139.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , hace inviable la reducción de la misma, ya que la Sala, al fijarlas, ya tomó en consideración la importancia del asunto y el trabajo realizado por el Letrado de la parte recurrida.

Exponente de esta línea jurisprudencial es el Auto de la Sección Primera de esta Sala, de 20 de noviembre de 2014, dictado en el recurso 52/2012 , en cuyo Fundamento de Derecho Segundo se dice:

<>.

En el presente caso, no concurre ninguna circunstancia que de modo excepcional permita acceder a lo solicitado por la parte recurrente.

En efecto, la complejidad del procedimiento, estamos ante la impugnación de una disposición de carácter general en una materia muy discutida y tremendamente compleja con implicaciones constitucionales y en la que expresamente se solicitaba el planteamiento de una cuestión de constitucionalidad, y el trabajo realizado por el Letrado de la Junta de Galicia, en el que dando cuenta de previos pronunciamientos sobre las cuestiones suscitadas aborda y da respuesta a los planteamientos realizados por la recurrente de forma exhaustiva, como sin duda se desprende de su escrito de oposición al recurso de casación, son circunstancias que se tienen en cuenta al fijar el importe máximo de las costas procesales.

Por otra parte, no puede invocarse el principio de proporcionalidad, sirviéndose de la cita de otras sentencias de esta Sección, en las que se ha fijado como cantidad máxima la de 7.000 euros, porque en ellas, al igual que en la que ha dado lugar al presente incidente, se tuvieron en cuenta las circunstancias antes expresadas, que naturalmente son diferentes en cada caso.

En cuanto a la aplicación de los honorarios del ICAM y la indefensión que dice sufrida la parte, merece poco comentarios si atendemos a su carencia de fuerza para obligar y a lo los propios términos de las reglas que el propio ICAM ha establecido : <

Se trata, por tanto, de Criterios que no constituyen ni normas ni baremos ni recomendaciones dirigidos a los Letrados en su relación con el propio cliente, con quien tienen absoluta libertad para, dentro de la autonomía de la voluntad de ambas partes, pactar la retribución por el servicio contratado en la forma y por el importe que ambas partes de común acuerdo determine". Si a ello añadimos lo que expresamente se dispone sobre los de cuantía indeterminable, <>, siendo evidente que estamos ante la impugnación de un recurso contra una disposición de carácter general y si la limitación de cuantía para el acceso al recurso de casación es de 600.000 euros, mutatis mutandi , aún cuando dada la materia impugnada resulta la cuantía un criterio extraño, sí parece razonable que teniendo acceso al recurso de casación pueda considerarse que a efectos de su cuantificación, más a efectos de la determinación de las costas, sirva dicho dato de referencia y no el de 18.000 euros. En definitiva, ni existen normas que vinculen a este Tribunal a efectos de la determinación de las costas, ni la parte recurrente podía seriamente esperar en base a la citada norma que las costas nunca superarían los 2.550 euros que considera adecuados, por lo que cualquier expectativa o composición de lugar que se hizo sobre las normas del ICAM no respondía más que a su puro voluntarismo.

En definitiva, carecen de rigor las alegaciones realizadas por la parte condenada en costas, sin que sea capaz de alegar una sola norma con fuerza vinculante sobre la que basar su impugnación. Debiéndose añadir que siendo preceptiva la asistencia letrada en el recurso de casación, ninguna norma excluye a las Administraciones Públicas de beneficiarse de la condena en costas de la parte procesal vencida.

CUARTO. - Procede, pues, desestimar el recurso de revisión y, de conformidad con lo previsto en el artículo 139.1, párrafo primero, de la Ley de esta Jurisdicción , imponer las costas a la parte recurrente, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el apartado 3 del precepto citado, fija en 600 euros la cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida por todos los conceptos.

Fallo