Auto Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 412/2025 de 14 de enero del 2026

PRIMERO.- Requisitos formales del escrito de preparación.

1.El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 de la LJCA) , la sentencia contra la que se dirige el recurso es susceptible de recurso de casación ( artículo 86 de la LJCA, apartados 1 y 2) y la parte recurrente, se encuentra legitimada para interponerlo, al haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA) .

2.En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados y se identifican con precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal que fueron alegadas en la demanda y tomadas en consideración por la Sala de instancia. También se justifica que las infracciones imputadas a la sentencia han sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [ artículo 89.2 de la LJCA, letras a), b), d) y e)].

3.El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque la sentencia impugnada fija, una doctrina (i) que afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA], (ii) que aplica normas sobre las que no existe jurisprudencia [ artículo 88.3.a) de la LJCA]. De las razones que ofrece para justificarlo se infiere la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, por lo que se cumple también el requisito exigido por el artículo 89.2.f) de la LJCA.

SEGUNDO.- Cuestiones litigiosas y marco jurídico.

La cuestión litigiosa que aquí se plantea consiste en determinar si, cuando en el curso del proceso contencioso-administrativo se aportan sentencias firmes dictadas respecto de otras partes intervinientes en una operación vinculada, en las que se ha anulado la corrección valorativa practicada por la Administración, resulta conforme a Derecho diferir la valoración y eficacia de dichas sentencias al trámite de ejecución de sentencia, o si, por el contrario, dicha circunstancia debe ser examinada y, en su caso, proyectada en la fase declarativa del proceso al resolver sobre la conformidad a Derecho de los ajustes tributarios impugnados.

Las normas que han de ser objeto de interpretación son el artículo 41 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [«LIRPF»], y el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [« TRLIS»], aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, aplicable ratione temporisa los ejercicios inspeccionados y equiparable al artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades [«LIS»].

TERCERO.- Verificación de la concurrencia de interés casacional objetivo en el recurso.

El presente recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque la sentencia recurrida, en la perspectiva jurídica que el caso ofrece, afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA], lo que hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo que la esclarezca, en beneficio de la seguridad jurídica y de la consecución de la igualdad en la aplicación judicial del Derecho ( artículos 9.3 y 14 CE) y de conformidad con lo previsto en el artículo 82.3.a) de la LJCA, por apreciarse la conveniencia de precisar, aclarar o complementar la doctrina existente acerca de la cuestión planteada.

La cuestión suscitada en el recurso reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, en cuanto exige determinar si, cuando en el curso del proceso contencioso-administrativo se aportan sentencias firmes dictadas respecto de otras partes intervinientes en una operación vinculada, en las que se ha anulado la corrección valorativa practicada por la Administración, resulta conforme a Derecho diferir la valoración y eficacia de tales pronunciamientos al trámite de ejecución de sentencia, o si, por el contrario, dicha circunstancia debe ser examinada y, en su caso, proyectada en la fase declarativa del proceso al resolver sobre la conformidad a Derecho de los ajustes tributarios impugnados.

Desde la perspectiva normativa, la cuestión planteada se incardina en la interpretación de los artículos 41 de la Ley 35/2006, del IRPF, y 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, preceptos que regulan la valoración de las operaciones vinculadas conforme al valor normal de mercado y de los que se desprende el carácter bilateral de los ajustes que proceda practicar. En particular, el artículo 16.1.2.º del TRLIS dispone que, una vez efectuada la corrección valorativa, «la Administración tributaria quedará vinculada por dicho valor en relación con el resto de personas o entidades vinculadas», y el artículo 16.9.3.º del mismo texto legal establece que «la firmeza de la valoración contenida en la liquidación determinará la eficacia y firmeza del valor de mercado frente a las demás personas o entidades vinculadas». En relación con el principio de bilateralidad en la valoración de operaciones vinculadas, cuando los procedimientos y su revisión se sustancian ante órganos económico-administrativos o jurisdiccionales distintos, se ha invocado en el expediente la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central -resoluciones RG 3013/2021, de 29 de mayo de 2023; RG 00/05972/2021/00/00, de 29 de mayo de 2023; y RG 00/05109/2016/52/00, de 2 de febrero de 2021- en la que se afirma que «los ajustes por operaciones vinculadas se realicen obligatoriamente de forma bilateral» y que, una vez anulada la regularización determinante del valor en una de las partes, debe evitarse que subsistan efectos incongruentes en la contraparte, cuestión que constituye el núcleo del interés casacional planteado.

En este marco, el debate casacional se proyecta sobre la exigencia -ínsita en ese diseño normativo- de coherencia y simetría en los ajustes derivados de una misma corrección valorativa, en cuanto la ley atribuye a la valoración fijada en una liquidación un efecto de vinculación y eficacia frente a las demás partes vinculadas. La delimitación del interés casacional objetivo ha de efectuarse, por tanto, atendiendo al alcance con el que, en un supuesto como el presente, han de operar tales previsiones legales cuando durante la tramitación del proceso se aportan resoluciones firmes recaídas respecto de otras partes intervinientes en la operación vinculada.

La cuestión suscitada en el presente recurso no es nueva en la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el régimen jurídico de las operaciones vinculadas, la bilateralidad de los ajustes y la conformidad a Derecho de las comprobaciones simultáneas efectuadas por la Administración tributaria respecto de las distintas partes intervinientes.

En efecto, si bien en la sentencia de 18 de mayo de 2020 (rec. cas. 6187/2017) se advirtió que tales comprobaciones simultáneas podían llevarse a cabo, en la sentencia de 15 de octubre 2020 (rec. cas. 437/2018) se señaló que ello no era posible pues «es evidente que las normas concernidas, el artículo 16.9.3º del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y del artículo 21.4, primer párrafo, del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, exigen que para que la Administración tributaria pueda regularizar la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado tributario, es necesario que la liquidación practicada a éste haya adquirido firmeza" pues "[l]a interpretación literal del precepto no deja lugar a dudas». Esta línea jurisprudencial ha sido posteriormente matizada y precisada por sentencias más recientes -entre otras, las de 6 de junio de 2022 (rec. cas. 2608/2020), 30 de enero de 2023 (rec. cas. 4077/2021), 27 de septiembre de 2023 (rec. cas. 7630/2021), 27 de octubre de 2023 (rec. cas. 3445/2022) y 22 de julio de 2024 (rec. cas. 4469/2021)-, en las que se ha declarado que las exigencias relativas a la firmeza de la valoración se refieren específicamente a los supuestos en que la comprobación se practica respecto de una sola de las partes vinculadas, pero no cuando la Administración procede a la comprobación conjunta o simultánea de varias de ellas. En este sentido, hemos señalado que:

«En un caso como el enjuiciado, en que la Administración ha seguido procedimientos de inspección separados a los distintos contribuyentes implicados en operaciones vinculadas, la Administración tributaria pueda regularizar la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado tributario en cuya sede se ha realizado la corrección valorativa, sin resultar exigible que la liquidación practicada al mismo haya adquirido firmeza. Las normas procedimentales contenidas en los artículos 16.9 del TRLIS y 21 del RIS, y en particular el requisito de la firmeza de la liquidación, son de aplicación solo respecto de aquellos supuestos de hecho para los que explícitamente han sido dictadas, esto es, en los casos en que se ha iniciado un procedimiento de inspección para comprobar las operaciones vinculadas respecto de una sola de las partes implicadas, en los que será preciso esperar a la firmeza de la liquidación practicada en el procedimiento en que se haya efectuado la valoración de la operación vinculada, para proceder a la regularización de la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado tributario por razón de tal operación. Y es que, como se hace ver la STS de 27 de septiembre de 2023 (rec. cas. 7630/2021) en un caso en que también se siguieron procedimientos separados y paralelos de regularización a las distintas partes implicadas en la operación vinculada "[...] la expresada jurisprudencia ha de analizarse en clave de ausencia de indefensión, inexistente en aquellos casos en que, como el aquí enjuiciado, los obligados tributarios vinculados han tenido la posibilidad de intervenir y defender su posición cada uno de ellos en su respectivo procedimiento [...]"» [ sentencia de 22 de julio de 2024 (rec. 4469/2021), fundamento jurídico sexto].

Ahora bien, el presente recurso plantea la cuestión desde una perspectiva distinta, en cuanto se suscita si, cuando mediante sentencias firmes dictadas respecto de una de las partes vinculadas se anula la corrección valorativa practicada por la Administración, los efectos jurídicos derivados de tales pronunciamientos deben ser tomados en consideración en el propio proceso declarativo seguido frente a la otra parte vinculada -en el que se impugna el ajuste bilateral mantenido- o, por el contrario, han de articularse exclusivamente a través del cauce de la ejecución de aquéllas sentencias firmes. La cuestión plantea, así, la necesidad de precisar el momento y el ámbito procesal en el que ha de proyectarse la doctrina sobre la bilateralidad de los ajustes por operaciones vinculadas cuando la quiebra de dicha bilateralidad no trae causa de una actuación administrativa inicial, sino del efecto jurídico producido por resoluciones judiciales firmes recaídas en procedimientos seguidos frente a otros sujetos vinculados.

Esta circunstancia evidencia la conveniencia de un pronunciamiento de este Tribunal Supremo que permita precisar, sistematizar y, en su caso, complementar la doctrina ya establecida, en aras de la seguridad jurídica y de la igualdad en la aplicación del Derecho, delimitando con claridad los efectos que la anulación judicial de una corrección valorativa ha de producir sobre los ajustes bilaterales vinculados a ella cuando estos han sido objeto de enjuiciamiento separado.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 de la LJCA, en relación con su artículo 90.4, y considerando que concurren los supuestos de interés casacional objetivo contemplados en el artículo 88.2, apartado c) y la presunción contenida en el apartado a) del artículo 88.3 de la LJCA, procede admitir este recurso de casación.

CUARTO.- Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.

1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección de admisión aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de la siguiente cuestión:

Determinar si, cuando en el curso del proceso contencioso-administrativo se aportan sentencias firmes dictadas respecto de otras partes intervinientes en una operación vinculada, en las que se ha anulado la corrección valorativa practicada por la Administración, resulta conforme a Derecho diferir la valoración y eficacia de tales pronunciamientos al trámite de ejecución de sentencia, o si, por el contrario, dicha circunstancia debe ser examinada y, en su caso, proyectada en la fase declarativa del proceso al resolver sobre la conformidad a Derecho de los ajustes tributarios impugnados.

2.A estos efectos, el recurrente plantea la necesidad de interpretar:

- El artículo 41 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [«LIRPF»], que dispone:

«La valoración de las operaciones entre personas o entidades vinculadas se realizará por su valor normal de mercado, en los términos previstos en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades».

- El artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [« TRLIS»], aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, aplicable ratione temporisa los ejercicios inspeccionados y equiparable al artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades [«LIS»] , que establece:

«1. 1.º Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor normal de mercado. Se entenderá por valor normal de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia.

2.º La Administración tributaria podrá comprobar que las operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas se han valorado por su valor normal de mercado y efectuará, en su caso, las correcciones valorativas que procedan respecto de las operaciones sujetas a este Impuesto, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes que no hubieran sido valoradas por su valor normal de mercado, con la documentación aportada por el sujeto pasivo y los datos e información de que disponga. La Administración tributaria quedará vinculada por dicho valor en relación con el resto de personas o entidades vinculadas.

La valoración administrativa no determinará la tributación por este Impuesto ni, en su caso, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de una renta superior a la efectivamente derivada de la operación para el conjunto de las personas o entidades que la hubieran realizado. Para efectuar la comparación se tendrá en cuenta aquella parte de la renta que no se integre en la base imponible por resultar de aplicación algún método de estimación objetiva.

2. Las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente.

Dicha documentación no será exigible a las personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo sea inferior a diez millones de euros, siempre que el total de las operaciones realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado. Para determinar el importe neto de la cifra de negocios se tendrán en consideración los criterios establecidos en el artículo 108 de esta Ley. No obstante, deberán documentarse en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.

3. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes:

a) Una entidad y sus socios o partícipes.

b) Una entidad y sus consejeros o administradores.

c) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores.

d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo.

e) Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

f) Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

g) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes de otra entidad cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

h) Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.

i) Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o los fondos propios.

j) Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

k) Una entidad no residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el mencionado territorio.

l) Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de los grupos de sociedades cooperativas

En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la participación deberá ser igual o superior al 5 por ciento, o al 1 por ciento si se trata de valores admitidos a negociación en un mercado regulado. La mención a los administradores incluirá a los de derecho y a los de hecho.

Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

[...]».

QUINTO.- Publicación en la página web del Tribunal Supremo.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 de la LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página webdel Tribunal Supremo.

SEXTO.- Comunicación y remisión.

Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 de la LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 de la LJCA, remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.

Por todo lo anterior,

PRIMERO.- Requisitos formales del escrito de preparación.

1.El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 de la LJCA) , la sentencia contra la que se dirige el recurso es susceptible de recurso de casación ( artículo 86 de la LJCA, apartados 1 y 2) y la parte recurrente, se encuentra legitimada para interponerlo, al haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA) .

2.En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados y se identifican con precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal que fueron alegadas en la demanda y tomadas en consideración por la Sala de instancia. También se justifica que las infracciones imputadas a la sentencia han sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [ artículo 89.2 de la LJCA, letras a), b), d) y e)].

3.El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque la sentencia impugnada fija, una doctrina (i) que afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA], (ii) que aplica normas sobre las que no existe jurisprudencia [ artículo 88.3.a) de la LJCA]. De las razones que ofrece para justificarlo se infiere la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, por lo que se cumple también el requisito exigido por el artículo 89.2.f) de la LJCA.

SEGUNDO.- Cuestiones litigiosas y marco jurídico.

La cuestión litigiosa que aquí se plantea consiste en determinar si, cuando en el curso del proceso contencioso-administrativo se aportan sentencias firmes dictadas respecto de otras partes intervinientes en una operación vinculada, en las que se ha anulado la corrección valorativa practicada por la Administración, resulta conforme a Derecho diferir la valoración y eficacia de dichas sentencias al trámite de ejecución de sentencia, o si, por el contrario, dicha circunstancia debe ser examinada y, en su caso, proyectada en la fase declarativa del proceso al resolver sobre la conformidad a Derecho de los ajustes tributarios impugnados.

Las normas que han de ser objeto de interpretación son el artículo 41 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [«LIRPF»], y el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [« TRLIS»], aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, aplicable ratione temporisa los ejercicios inspeccionados y equiparable al artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades [«LIS»].

TERCERO.- Verificación de la concurrencia de interés casacional objetivo en el recurso.

El presente recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque la sentencia recurrida, en la perspectiva jurídica que el caso ofrece, afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA], lo que hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo que la esclarezca, en beneficio de la seguridad jurídica y de la consecución de la igualdad en la aplicación judicial del Derecho ( artículos 9.3 y 14 CE) y de conformidad con lo previsto en el artículo 82.3.a) de la LJCA, por apreciarse la conveniencia de precisar, aclarar o complementar la doctrina existente acerca de la cuestión planteada.

La cuestión suscitada en el recurso reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, en cuanto exige determinar si, cuando en el curso del proceso contencioso-administrativo se aportan sentencias firmes dictadas respecto de otras partes intervinientes en una operación vinculada, en las que se ha anulado la corrección valorativa practicada por la Administración, resulta conforme a Derecho diferir la valoración y eficacia de tales pronunciamientos al trámite de ejecución de sentencia, o si, por el contrario, dicha circunstancia debe ser examinada y, en su caso, proyectada en la fase declarativa del proceso al resolver sobre la conformidad a Derecho de los ajustes tributarios impugnados.

Desde la perspectiva normativa, la cuestión planteada se incardina en la interpretación de los artículos 41 de la Ley 35/2006, del IRPF, y 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, preceptos que regulan la valoración de las operaciones vinculadas conforme al valor normal de mercado y de los que se desprende el carácter bilateral de los ajustes que proceda practicar. En particular, el artículo 16.1.2.º del TRLIS dispone que, una vez efectuada la corrección valorativa, «la Administración tributaria quedará vinculada por dicho valor en relación con el resto de personas o entidades vinculadas», y el artículo 16.9.3.º del mismo texto legal establece que «la firmeza de la valoración contenida en la liquidación determinará la eficacia y firmeza del valor de mercado frente a las demás personas o entidades vinculadas». En relación con el principio de bilateralidad en la valoración de operaciones vinculadas, cuando los procedimientos y su revisión se sustancian ante órganos económico-administrativos o jurisdiccionales distintos, se ha invocado en el expediente la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central -resoluciones RG 3013/2021, de 29 de mayo de 2023; RG 00/05972/2021/00/00, de 29 de mayo de 2023; y RG 00/05109/2016/52/00, de 2 de febrero de 2021- en la que se afirma que «los ajustes por operaciones vinculadas se realicen obligatoriamente de forma bilateral» y que, una vez anulada la regularización determinante del valor en una de las partes, debe evitarse que subsistan efectos incongruentes en la contraparte, cuestión que constituye el núcleo del interés casacional planteado.

En este marco, el debate casacional se proyecta sobre la exigencia -ínsita en ese diseño normativo- de coherencia y simetría en los ajustes derivados de una misma corrección valorativa, en cuanto la ley atribuye a la valoración fijada en una liquidación un efecto de vinculación y eficacia frente a las demás partes vinculadas. La delimitación del interés casacional objetivo ha de efectuarse, por tanto, atendiendo al alcance con el que, en un supuesto como el presente, han de operar tales previsiones legales cuando durante la tramitación del proceso se aportan resoluciones firmes recaídas respecto de otras partes intervinientes en la operación vinculada.

La cuestión suscitada en el presente recurso no es nueva en la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el régimen jurídico de las operaciones vinculadas, la bilateralidad de los ajustes y la conformidad a Derecho de las comprobaciones simultáneas efectuadas por la Administración tributaria respecto de las distintas partes intervinientes.

En efecto, si bien en la sentencia de 18 de mayo de 2020 (rec. cas. 6187/2017) se advirtió que tales comprobaciones simultáneas podían llevarse a cabo, en la sentencia de 15 de octubre 2020 (rec. cas. 437/2018) se señaló que ello no era posible pues «es evidente que las normas concernidas, el artículo 16.9.3º del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y del artículo 21.4, primer párrafo, del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, exigen que para que la Administración tributaria pueda regularizar la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado tributario, es necesario que la liquidación practicada a éste haya adquirido firmeza" pues "[l]a interpretación literal del precepto no deja lugar a dudas». Esta línea jurisprudencial ha sido posteriormente matizada y precisada por sentencias más recientes -entre otras, las de 6 de junio de 2022 (rec. cas. 2608/2020), 30 de enero de 2023 (rec. cas. 4077/2021), 27 de septiembre de 2023 (rec. cas. 7630/2021), 27 de octubre de 2023 (rec. cas. 3445/2022) y 22 de julio de 2024 (rec. cas. 4469/2021)-, en las que se ha declarado que las exigencias relativas a la firmeza de la valoración se refieren específicamente a los supuestos en que la comprobación se practica respecto de una sola de las partes vinculadas, pero no cuando la Administración procede a la comprobación conjunta o simultánea de varias de ellas. En este sentido, hemos señalado que:

«En un caso como el enjuiciado, en que la Administración ha seguido procedimientos de inspección separados a los distintos contribuyentes implicados en operaciones vinculadas, la Administración tributaria pueda regularizar la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado tributario en cuya sede se ha realizado la corrección valorativa, sin resultar exigible que la liquidación practicada al mismo haya adquirido firmeza. Las normas procedimentales contenidas en los artículos 16.9 del TRLIS y 21 del RIS, y en particular el requisito de la firmeza de la liquidación, son de aplicación solo respecto de aquellos supuestos de hecho para los que explícitamente han sido dictadas, esto es, en los casos en que se ha iniciado un procedimiento de inspección para comprobar las operaciones vinculadas respecto de una sola de las partes implicadas, en los que será preciso esperar a la firmeza de la liquidación practicada en el procedimiento en que se haya efectuado la valoración de la operación vinculada, para proceder a la regularización de la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado tributario por razón de tal operación. Y es que, como se hace ver la STS de 27 de septiembre de 2023 (rec. cas. 7630/2021) en un caso en que también se siguieron procedimientos separados y paralelos de regularización a las distintas partes implicadas en la operación vinculada "[...] la expresada jurisprudencia ha de analizarse en clave de ausencia de indefensión, inexistente en aquellos casos en que, como el aquí enjuiciado, los obligados tributarios vinculados han tenido la posibilidad de intervenir y defender su posición cada uno de ellos en su respectivo procedimiento [...]"» [ sentencia de 22 de julio de 2024 (rec. 4469/2021), fundamento jurídico sexto].

Ahora bien, el presente recurso plantea la cuestión desde una perspectiva distinta, en cuanto se suscita si, cuando mediante sentencias firmes dictadas respecto de una de las partes vinculadas se anula la corrección valorativa practicada por la Administración, los efectos jurídicos derivados de tales pronunciamientos deben ser tomados en consideración en el propio proceso declarativo seguido frente a la otra parte vinculada -en el que se impugna el ajuste bilateral mantenido- o, por el contrario, han de articularse exclusivamente a través del cauce de la ejecución de aquéllas sentencias firmes. La cuestión plantea, así, la necesidad de precisar el momento y el ámbito procesal en el que ha de proyectarse la doctrina sobre la bilateralidad de los ajustes por operaciones vinculadas cuando la quiebra de dicha bilateralidad no trae causa de una actuación administrativa inicial, sino del efecto jurídico producido por resoluciones judiciales firmes recaídas en procedimientos seguidos frente a otros sujetos vinculados.

Esta circunstancia evidencia la conveniencia de un pronunciamiento de este Tribunal Supremo que permita precisar, sistematizar y, en su caso, complementar la doctrina ya establecida, en aras de la seguridad jurídica y de la igualdad en la aplicación del Derecho, delimitando con claridad los efectos que la anulación judicial de una corrección valorativa ha de producir sobre los ajustes bilaterales vinculados a ella cuando estos han sido objeto de enjuiciamiento separado.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 de la LJCA, en relación con su artículo 90.4, y considerando que concurren los supuestos de interés casacional objetivo contemplados en el artículo 88.2, apartado c) y la presunción contenida en el apartado a) del artículo 88.3 de la LJCA, procede admitir este recurso de casación.

CUARTO.- Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.

1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección de admisión aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de la siguiente cuestión:

Determinar si, cuando en el curso del proceso contencioso-administrativo se aportan sentencias firmes dictadas respecto de otras partes intervinientes en una operación vinculada, en las que se ha anulado la corrección valorativa practicada por la Administración, resulta conforme a Derecho diferir la valoración y eficacia de tales pronunciamientos al trámite de ejecución de sentencia, o si, por el contrario, dicha circunstancia debe ser examinada y, en su caso, proyectada en la fase declarativa del proceso al resolver sobre la conformidad a Derecho de los ajustes tributarios impugnados.

2.A estos efectos, el recurrente plantea la necesidad de interpretar:

- El artículo 41 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [«LIRPF»], que dispone:

«La valoración de las operaciones entre personas o entidades vinculadas se realizará por su valor normal de mercado, en los términos previstos en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades».

- El artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [« TRLIS»], aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, aplicable ratione temporisa los ejercicios inspeccionados y equiparable al artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades [«LIS»] , que establece:

«1. 1.º Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor normal de mercado. Se entenderá por valor normal de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia.

2.º La Administración tributaria podrá comprobar que las operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas se han valorado por su valor normal de mercado y efectuará, en su caso, las correcciones valorativas que procedan respecto de las operaciones sujetas a este Impuesto, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes que no hubieran sido valoradas por su valor normal de mercado, con la documentación aportada por el sujeto pasivo y los datos e información de que disponga. La Administración tributaria quedará vinculada por dicho valor en relación con el resto de personas o entidades vinculadas.

La valoración administrativa no determinará la tributación por este Impuesto ni, en su caso, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de una renta superior a la efectivamente derivada de la operación para el conjunto de las personas o entidades que la hubieran realizado. Para efectuar la comparación se tendrá en cuenta aquella parte de la renta que no se integre en la base imponible por resultar de aplicación algún método de estimación objetiva.

2. Las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente.

Dicha documentación no será exigible a las personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo sea inferior a diez millones de euros, siempre que el total de las operaciones realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado. Para determinar el importe neto de la cifra de negocios se tendrán en consideración los criterios establecidos en el artículo 108 de esta Ley. No obstante, deberán documentarse en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.

3. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes:

a) Una entidad y sus socios o partícipes.

b) Una entidad y sus consejeros o administradores.

c) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores.

d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo.

e) Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

f) Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

g) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes de otra entidad cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

h) Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.

i) Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o los fondos propios.

j) Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

k) Una entidad no residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el mencionado territorio.

l) Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de los grupos de sociedades cooperativas

En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la participación deberá ser igual o superior al 5 por ciento, o al 1 por ciento si se trata de valores admitidos a negociación en un mercado regulado. La mención a los administradores incluirá a los de derecho y a los de hecho.

Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

[...]».

QUINTO.- Publicación en la página web del Tribunal Supremo.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 de la LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página webdel Tribunal Supremo.

SEXTO.- Comunicación y remisión.

Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 de la LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 de la LJCA, remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.

Por todo lo anterior,

PRIMERO.- Requisitos formales del escrito de preparación.

1.El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 de la LJCA), la sentencia contra la que se dirige el recurso es susceptible de recurso de casación ( artículo 86 de la LJCA, apartados 1 y 2) y la parte recurrente, se encuentra legitimada para interponerlo, al haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA) .

2.En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados y se identifican con precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal que fueron alegadas en la demanda y tomadas en consideración por la Sala de instancia. También se justifica que las infracciones imputadas a la sentencia han sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [ artículo 89.2 de la LJCA, letras a), b), d) y e)].

3.El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque la sentencia impugnada fija, una doctrina (i) que afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA], (ii) que aplica normas sobre las que no existe jurisprudencia [ artículo 88.3.a) de la LJCA]. De las razones que ofrece para justificarlo se infiere la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, por lo que se cumple también el requisito exigido por el artículo 89.2.f) de la LJCA.

SEGUNDO.- Cuestiones litigiosas y marco jurídico.

La cuestión litigiosa que aquí se plantea consiste en determinar si, cuando en el curso del proceso contencioso-administrativo se aportan sentencias firmes dictadas respecto de otras partes intervinientes en una operación vinculada, en las que se ha anulado la corrección valorativa practicada por la Administración, resulta conforme a Derecho diferir la valoración y eficacia de dichas sentencias al trámite de ejecución de sentencia, o si, por el contrario, dicha circunstancia debe ser examinada y, en su caso, proyectada en la fase declarativa del proceso al resolver sobre la conformidad a Derecho de los ajustes tributarios impugnados.

Las normas que han de ser objeto de interpretación son el artículo 41 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [«LIRPF»], y el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [« TRLIS»], aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, aplicable ratione temporisa los ejercicios inspeccionados y equiparable al artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades [«LIS»].

TERCERO.- Verificación de la concurrencia de interés casacional objetivo en el recurso.

El presente recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque la sentencia recurrida, en la perspectiva jurídica que el caso ofrece, afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA], lo que hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo que la esclarezca, en beneficio de la seguridad jurídica y de la consecución de la igualdad en la aplicación judicial del Derecho ( artículos 9.3 y 14 CE) y de conformidad con lo previsto en el artículo 82.3.a) de la LJCA, por apreciarse la conveniencia de precisar, aclarar o complementar la doctrina existente acerca de la cuestión planteada.

La cuestión suscitada en el recurso reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, en cuanto exige determinar si, cuando en el curso del proceso contencioso-administrativo se aportan sentencias firmes dictadas respecto de otras partes intervinientes en una operación vinculada, en las que se ha anulado la corrección valorativa practicada por la Administración, resulta conforme a Derecho diferir la valoración y eficacia de tales pronunciamientos al trámite de ejecución de sentencia, o si, por el contrario, dicha circunstancia debe ser examinada y, en su caso, proyectada en la fase declarativa del proceso al resolver sobre la conformidad a Derecho de los ajustes tributarios impugnados.

Desde la perspectiva normativa, la cuestión planteada se incardina en la interpretación de los artículos 41 de la Ley 35/2006, del IRPF, y 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, preceptos que regulan la valoración de las operaciones vinculadas conforme al valor normal de mercado y de los que se desprende el carácter bilateral de los ajustes que proceda practicar. En particular, el artículo 16.1.2.º del TRLIS dispone que, una vez efectuada la corrección valorativa, «la Administración tributaria quedará vinculada por dicho valor en relación con el resto de personas o entidades vinculadas», y el artículo 16.9.3.º del mismo texto legal establece que «la firmeza de la valoración contenida en la liquidación determinará la eficacia y firmeza del valor de mercado frente a las demás personas o entidades vinculadas». En relación con el principio de bilateralidad en la valoración de operaciones vinculadas, cuando los procedimientos y su revisión se sustancian ante órganos económico-administrativos o jurisdiccionales distintos, se ha invocado en el expediente la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central -resoluciones RG 3013/2021, de 29 de mayo de 2023; RG 00/05972/2021/00/00, de 29 de mayo de 2023; y RG 00/05109/2016/52/00, de 2 de febrero de 2021- en la que se afirma que «los ajustes por operaciones vinculadas se realicen obligatoriamente de forma bilateral» y que, una vez anulada la regularización determinante del valor en una de las partes, debe evitarse que subsistan efectos incongruentes en la contraparte, cuestión que constituye el núcleo del interés casacional planteado.

En este marco, el debate casacional se proyecta sobre la exigencia -ínsita en ese diseño normativo- de coherencia y simetría en los ajustes derivados de una misma corrección valorativa, en cuanto la ley atribuye a la valoración fijada en una liquidación un efecto de vinculación y eficacia frente a las demás partes vinculadas. La delimitación del interés casacional objetivo ha de efectuarse, por tanto, atendiendo al alcance con el que, en un supuesto como el presente, han de operar tales previsiones legales cuando durante la tramitación del proceso se aportan resoluciones firmes recaídas respecto de otras partes intervinientes en la operación vinculada.

La cuestión suscitada en el presente recurso no es nueva en la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el régimen jurídico de las operaciones vinculadas, la bilateralidad de los ajustes y la conformidad a Derecho de las comprobaciones simultáneas efectuadas por la Administración tributaria respecto de las distintas partes intervinientes.

En efecto, si bien en la sentencia de 18 de mayo de 2020 (rec. cas. 6187/2017) se advirtió que tales comprobaciones simultáneas podían llevarse a cabo, en la sentencia de 15 de octubre 2020 (rec. cas. 437/2018) se señaló que ello no era posible pues «es evidente que las normas concernidas, el artículo 16.9.3º del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y del artículo 21.4, primer párrafo, del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, exigen que para que la Administración tributaria pueda regularizar la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado tributario, es necesario que la liquidación practicada a éste haya adquirido firmeza" pues "[l]a interpretación literal del precepto no deja lugar a dudas». Esta línea jurisprudencial ha sido posteriormente matizada y precisada por sentencias más recientes -entre otras, las de 6 de junio de 2022 (rec. cas. 2608/2020), 30 de enero de 2023 (rec. cas. 4077/2021), 27 de septiembre de 2023 (rec. cas. 7630/2021), 27 de octubre de 2023 (rec. cas. 3445/2022) y 22 de julio de 2024 (rec. cas. 4469/2021)-, en las que se ha declarado que las exigencias relativas a la firmeza de la valoración se refieren específicamente a los supuestos en que la comprobación se practica respecto de una sola de las partes vinculadas, pero no cuando la Administración procede a la comprobación conjunta o simultánea de varias de ellas. En este sentido, hemos señalado que:

«En un caso como el enjuiciado, en que la Administración ha seguido procedimientos de inspección separados a los distintos contribuyentes implicados en operaciones vinculadas, la Administración tributaria pueda regularizar la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado tributario en cuya sede se ha realizado la corrección valorativa, sin resultar exigible que la liquidación practicada al mismo haya adquirido firmeza. Las normas procedimentales contenidas en los artículos 16.9 del TRLIS y 21 del RIS, y en particular el requisito de la firmeza de la liquidación, son de aplicación solo respecto de aquellos supuestos de hecho para los que explícitamente han sido dictadas, esto es, en los casos en que se ha iniciado un procedimiento de inspección para comprobar las operaciones vinculadas respecto de una sola de las partes implicadas, en los que será preciso esperar a la firmeza de la liquidación practicada en el procedimiento en que se haya efectuado la valoración de la operación vinculada, para proceder a la regularización de la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado tributario por razón de tal operación. Y es que, como se hace ver la STS de 27 de septiembre de 2023 (rec. cas. 7630/2021) en un caso en que también se siguieron procedimientos separados y paralelos de regularización a las distintas partes implicadas en la operación vinculada "[...] la expresada jurisprudencia ha de analizarse en clave de ausencia de indefensión, inexistente en aquellos casos en que, como el aquí enjuiciado, los obligados tributarios vinculados han tenido la posibilidad de intervenir y defender su posición cada uno de ellos en su respectivo procedimiento [...]"» [ sentencia de 22 de julio de 2024 (rec. 4469/2021), fundamento jurídico sexto].

Ahora bien, el presente recurso plantea la cuestión desde una perspectiva distinta, en cuanto se suscita si, cuando mediante sentencias firmes dictadas respecto de una de las partes vinculadas se anula la corrección valorativa practicada por la Administración, los efectos jurídicos derivados de tales pronunciamientos deben ser tomados en consideración en el propio proceso declarativo seguido frente a la otra parte vinculada -en el que se impugna el ajuste bilateral mantenido- o, por el contrario, han de articularse exclusivamente a través del cauce de la ejecución de aquéllas sentencias firmes. La cuestión plantea, así, la necesidad de precisar el momento y el ámbito procesal en el que ha de proyectarse la doctrina sobre la bilateralidad de los ajustes por operaciones vinculadas cuando la quiebra de dicha bilateralidad no trae causa de una actuación administrativa inicial, sino del efecto jurídico producido por resoluciones judiciales firmes recaídas en procedimientos seguidos frente a otros sujetos vinculados.

Esta circunstancia evidencia la conveniencia de un pronunciamiento de este Tribunal Supremo que permita precisar, sistematizar y, en su caso, complementar la doctrina ya establecida, en aras de la seguridad jurídica y de la igualdad en la aplicación del Derecho, delimitando con claridad los efectos que la anulación judicial de una corrección valorativa ha de producir sobre los ajustes bilaterales vinculados a ella cuando estos han sido objeto de enjuiciamiento separado.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 de la LJCA, en relación con su artículo 90.4, y considerando que concurren los supuestos de interés casacional objetivo contemplados en el artículo 88.2, apartado c) y la presunción contenida en el apartado a) del artículo 88.3 de la LJCA, procede admitir este recurso de casación.

CUARTO.- Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.

1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección de admisión aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de la siguiente cuestión:

Determinar si, cuando en el curso del proceso contencioso-administrativo se aportan sentencias firmes dictadas respecto de otras partes intervinientes en una operación vinculada, en las que se ha anulado la corrección valorativa practicada por la Administración, resulta conforme a Derecho diferir la valoración y eficacia de tales pronunciamientos al trámite de ejecución de sentencia, o si, por el contrario, dicha circunstancia debe ser examinada y, en su caso, proyectada en la fase declarativa del proceso al resolver sobre la conformidad a Derecho de los ajustes tributarios impugnados.

2.A estos efectos, el recurrente plantea la necesidad de interpretar:

- El artículo 41 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [«LIRPF»], que dispone:

«La valoración de las operaciones entre personas o entidades vinculadas se realizará por su valor normal de mercado, en los términos previstos en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades».

- El artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [« TRLIS»], aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, aplicable ratione temporisa los ejercicios inspeccionados y equiparable al artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades [«LIS»] , que establece:

«1. 1.º Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor normal de mercado. Se entenderá por valor normal de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia.

2.º La Administración tributaria podrá comprobar que las operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas se han valorado por su valor normal de mercado y efectuará, en su caso, las correcciones valorativas que procedan respecto de las operaciones sujetas a este Impuesto, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes que no hubieran sido valoradas por su valor normal de mercado, con la documentación aportada por el sujeto pasivo y los datos e información de que disponga. La Administración tributaria quedará vinculada por dicho valor en relación con el resto de personas o entidades vinculadas.

La valoración administrativa no determinará la tributación por este Impuesto ni, en su caso, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de una renta superior a la efectivamente derivada de la operación para el conjunto de las personas o entidades que la hubieran realizado. Para efectuar la comparación se tendrá en cuenta aquella parte de la renta que no se integre en la base imponible por resultar de aplicación algún método de estimación objetiva.

2. Las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente.

Dicha documentación no será exigible a las personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo sea inferior a diez millones de euros, siempre que el total de las operaciones realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado. Para determinar el importe neto de la cifra de negocios se tendrán en consideración los criterios establecidos en el artículo 108 de esta Ley. No obstante, deberán documentarse en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.

3. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes:

a) Una entidad y sus socios o partícipes.

b) Una entidad y sus consejeros o administradores.

c) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores.

d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo.

e) Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

f) Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

g) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes de otra entidad cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

h) Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.

i) Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o los fondos propios.

j) Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

k) Una entidad no residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el mencionado territorio.

l) Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de los grupos de sociedades cooperativas

En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la participación deberá ser igual o superior al 5 por ciento, o al 1 por ciento si se trata de valores admitidos a negociación en un mercado regulado. La mención a los administradores incluirá a los de derecho y a los de hecho.

Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

[...]».

QUINTO.- Publicación en la página web del Tribunal Supremo.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 de la LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página webdel Tribunal Supremo.

SEXTO.- Comunicación y remisión.

Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 de la LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 de la LJCA, remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.

Por todo lo anterior,