Auto Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 5750/2024 de 16 de marzo del 2026

PRIMERO. - Requisitos formales del escrito de preparación.

1.En primer lugar, desde un punto de vista formal, debe señalarse que el escrito de preparación ha sido presentado en plazo ( artículo 89.1 LJCA) , contra sentencia susceptible de casación ( artículo 87 LJCA, apartados 1 y 2) y por quien está legitimado, al haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA) , habiéndose justificado tales extremos y los demás requisitos exigidos en el artículo 89.2 LJCA.

2.De otro lado, se han identificado debidamente las normas cuya infracción se imputa a la resolución de instancia, cumpliéndose con la carga procesal de justificar la necesidad de su debida observancia en el proceso de instancia, así como su relevancia en el sentido del fallo.

SEGUNDO. - Cuestiones litigiosas y marco jurídico.

1.Un análisis del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales nos lleva a destacar como hechos importantespara decidir sobre la admisión a trámite del recurso de casación los siguientes:

1.1. Autoliquidación por el concepto de IP.

Don Juan Pedro presentó la autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio incluyendo dentro de los bienes y derechos exentos las participaciones de la sociedad "Ferrer y Barry, SL" por un valor de 42.874.988,23 euros.

1.2. Liquidación y sanción.

El Servicio de Inspección Tributaria de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León desarrolló actuaciones en relación con don Juan Pedro que concluyeron en la liquidación núm. NUM002 dictada por la Jefa del Servicio de Inspección Tributaria de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, girada el 17 de diciembre de 2020 por el Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2016, por importe de 144.390,82 euros

La Inspección entendió que los datos declarados respecto a la participación en la entidad "Ferrer y Barry, SL" debían ser modificados por dos motivos:

(i) Valoración de las participaciones: De acuerdo con las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de febrero y 14 de marzo de 2013 el último balance aprobado a que se refiere el artículo 16 de la Ley 19/1991 de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (LIP) es el último balance aprobado dentro del plazo legal para la presentación de la autoliquidación del IP; en consecuencia, el valor del 50% correspondiente a la interesada asciende a 44.799.979,72 euros.

(ii) Porcentaje de la exención: La sociedad Ferrer y Barry SL es la sociedad dominante y participa en el capital social de las siguientes entidades:

100% de Queserías Entrepinares, SALI, dedicada a la elaboración de productos lácteos.

100% de Proláctea, SA, dedicada a la elaboración de productos lácteos.

99,9% de Cogeneración Esla, SA, dedicada a la producción de energía termoeléctrica.

100% de Grupo Valdecuevas Agro, SLU, dedicada a la producción de vino y aceite.

100% de Lácteas Vegamartín, SLU, quien a su vez participa en Lordi, SAU, dedicadas ambas a la elaboración de productos lácteos.

100% de Valdefincias, SLU, que a su vez participa, a partir de 2017, en Ferrer y Alber, SLU, ambas dedicadas al alquiler de viviendas y locales industriales.

Ferrer y Barry, SL recibe los dividendos de los beneficios generados por las actividades principales y los destina en su mayoría a la financiación de la sociedad Valdefincias, SLU. Todas estas sociedades tributan en régimen de consolidación fiscal.

La Inspección entendió que la sociedad matriz cumplía los requisitos del artículo 4.8.dos de la LIP para que sus participaciones se encuentran exentas pero esta exención era parcial ya que la entidad Valdefincias, SLU no realizaba una actividad económica en los términos establecidos en el IRPF, y más del 50% de su patrimonio estaba integrado por valores o bienes no afectos ya que se trata de participaciones en dos sociedades de inversión de capital variable (SICAV), la participación en el capital social de una entidad financiera inferior al 5% y depósitos constituidos en entidades financieras.

En consecuencia, la participación en esta entidad no podía considerarse necesaria para el ejercicio de la actividad del grupo empresarial "Ferrer y Barry, SL" La anterior conclusión implicaba que solo está exento el 45,87% de la participación en el mencionado grupo empresarial.

Asimismo se dictó el acuerdo de imposición de sanción núm. NUM003, por importe de 64.147,38 euros, por dejar de ingresar en el plazo establecido la correcta autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2016.

1.3. Interposición de reclamación económico-administrativa.

Don Juan Pedro interpuso contra la liquidación y la sanción las reclamaciones económico-administrativa núm. NUM000 y NUM001 ante el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Castilla y León.

El 31 de enero de 2022 el Tribunal Regional dictó resolución por la que estimó parcialmente las reclamaciones manteniendo la liquidación y anulando la sanción por falta de motivación.

1.4. Interposición del recurso contencioso-administrativo.

La representación procesal de don Juan Pedro interpuso recurso contencioso-administrativo contra la mencionada resolución, que se tramitó con el n.º 644/2022 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La ratio decidendide la sentencia, de sentido desestimatorio, se contiene en el Fundamento de Derecho Tercero con el siguiente tenor literal:

«[...] Para fundamentar la desestimación de la pretensión anulatoria que la parte recurrente basa en la alegación que acabamos de exponer, debemos partir de una primera consideración, cual es que, a los efectos de la valoración de las participaciones sociales, el citado artículo 16 no especifica la fecha del balance que ha de ser tenido en consideración sino que de manera expresa se remite "al último balance aprobado" siempre que haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable, lo que en modo alguno excluye que haya de ser tenido en cuenta para esa valoración cualquier balance aprobado con anterioridad a la fecha de presentación de la autoliquidación, mientras que la referencia que el citado precepto hace a los balances cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del impuesto lo es para concretar la valoración que resulte mayor en los tres supuestos allí contemplados, ante la ausencia de un balance aprobado, resultando que la citada referencia únicamente se relaciona con el promedio de tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a esa fecha.

Hay que tener en consideración que nos situamos ante un tributo de carácter periódico y que, conforme al artículo 29 de la LIP, el impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha, de manera que si entendiéramos, como sostiene la parte recurrente, que solamente puede estarse al balance aprobado con anterioridad a la fecha del devengo, a esa fecha el último balance social aprobado, como más cercano a esa fecha de devengo, sería el que correspondiera justo al ejercicio económico del año anterior al que es objeto de tributación.

En segundo lugar, bien es cierto, como sostiene la parte recurrente, que las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 12 y 14 de febrero de 2013 en las que se fundamenta la resolución del TEAR impugnada, están contemplando un supuesto específico o lo que en ellas expresamente se recoge como "un hecho excepcional, que atendida su trascendencia económica no puede ser pasado por alto" (se refiere la sentencia de 14 de febrero de 2013 -en la que era objeto de impugnación la liquidación provisional del Impuesto sobre Patrimonio del ejercicio de 2004- a un reparto de dividendos el 16 de marzo de 2004 en una elevada cantidad en concepto de beneficios obtenidos en el ejercicio 2003, que alcanzó un importe de 20.493.454,65 €, circunstancia a la que -según dice- "si no anudáramos efecto alguno provocaría como consecuencia una profunda distorsión del valor de las acciones de la sociedad a la fecha de devengo del Impuesto el 31 de diciembre de 2004, ya que calculadas conforme al último balance de situación aprobado antes del devengo, que refleja la situación de la sociedad a 31 de diciembre de 2003, nos arroja un resultado que se aparta muy mucho de la realidad de la Sociedad, al haber mediado entre ambas fechas un hecho que incide manera sobresaliente en dicha magnitud"),sin embargo, en contra de lo pretendido por la parte recurrente, no podemos considerar que las conclusiones que se alcanzan en esas sentencias sólo resulten aplicables a los supuestos similares a los que allí se analizan, ya que del análisis de esa jurisprudencia cabe entender que dichas conclusiones resultan de aplicación general ante el estudio de los preceptos tenidos en consideración, tanto los artículos 16 y 29, ambos de la LIP, como el 21 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y las normas mercantiles de aplicación».

Prosigue la sentencia en su fundamento de derecho Cuarto:

«E igual suerte desestimatoria podemos ya adelantar respecto del segundo de los motivos impugnatorios aducidos en la demanda rectora del presente recurso referido a la aplicación de la exención prevista en el artículo 4º de la LIP a la totalidad de las participaciones en la entidad Ferrer y Barry S.L. de las que es titular el obligado tributario, por estar sus activos afectos a actividades económicas. Señala a este efecto la resolución recurrida que las normas para determinar la exención de las participaciones en una entidad deben aplicarse también, a esos mismos efectos, a cada una de las empresas que formen parte del grupo, o mejor, considera necesario que las empresas participadas realicen una actividad económica o que no se consideren de mera tenencia de bienes, evitando con ello un uso artificial y no querido de la exención. Y respecto al caso de autos, la sociedad Valdefincas S. A., según la oficina gestora, está dedicada al arrendamiento de viviendas y locales comerciales y no realiza una actividad económica, pues carece de personas contratadas y de estructura organizativa diferenciada, lo que impide que nos situemos ante una actividad económica, y además, una vez analizado el activo de la sociedad, se constata que en su mayor parte viene constituido por su participación en sociedades de capital variable SICAV y por depósitos en entidades financieras, resultando que la suma de ambos que de por sí no se encuentran afectos a actividad económica alguna, supera el 50% de todo su activo [...]

Y para la acreditación de la afectación no hemos de acudir como hace la parte recurrente al estudio financiero de la entidad matriz, pues la afectación ha de resultar acreditada respecto de la entidad a la que corresponden los bienes; y así en este caso, la parte actora en su demanda presenta las cuentas consolidas auditadas de la mercantil Ferrer y Barry S.L. afirmando de las mismas que la citada entidad mantiene una tesorería de inversiones acorde con su facturación y con su volumen de generación de caja anual y que esas inversiones como una actuación en la gestión financiera pueden constituir elementos afectos a la actividad que responderían a las necesidades propias de la vida de la mercantil, sin embargo, como ya hemos concretado anteriormente lo que ha de acreditarse por referida parte es la afectación del bien a la actividad de la sociedad a la que pertenecen, en este caso la entidad Valdefincas S.L.U., y que esa actividad probatoria no ha puesto de manifiesto la aplicación de la exención pretendida, no solo porque no se acredita la existencia de personal y organización gestora de esa entidad, lejos de la remisión a la posible gestión externa por parte del personal de la propia empresa matriz, que por otro lado no deja de ser una simple afirmación de parte carente del debido respaldo probatorio.

Y al mismo tiempo debemos remitirnos a lo expuesto en el fundamento de derecho Séptimo de la propia resolución aquí impugnada cuando realiza estudio de la composición del patrimonio de esta entidad, Valdefincas S.L.U., a los efectos de concretar si más del 50% del mismo se encuentra afecto a la actividad económica, concluyendo que no puede llegarse a esa consideración porque en cuantía superior a ese porcentaje se encuentran los importes correspondiente a los depósitos en entidades financieras o a las participaciones en entidades de inversión Variable -Sicav- por cuanto en momento alguno se acredita que las mismas obedezcan a un plan de negocio sin olvidar que su objeto social es el arrendamiento de viviendas y locales, y tampoco que esas participaciones y depósitos sean utilizados para el desarrollo de la actividad del resto de las empresas del grupo, que es lo que pretende hacer ver la parte recurrente en su demanda.»

La citada sentencia constituye el objeto del presente recurso de casación.

2.El presente recurso de casación plantea la necesidad de interpreta los siguientes preceptos legales.

2.1.El artículo 4.8 apartado dos, de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, que dispone:

«Ocho. (...)

Dos. La plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio sobre las participaciones en entidades, con o sin cotización en mercados organizados, siempre que concurran las condiciones siguientes:

a) Que la entidad, sea o no societaria, no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una entidad gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, no realiza una actividad económica cuando concurran, durante más de 90 días del ejercicio social, cualquiera de las condiciones siguientes:

Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o

Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas.

A los efectos previstos en esta letra:

Para determinar si existe actividad económica o si un elemento patrimonial se encuentra afecto a ella, se estará a lo dispuesto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Tanto el valor del activo como el de los elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas será el que se deduzca de la contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la sociedad.

A efectos de determinar la parte del activo que está constituida por valores o elementos patrimoniales no afectos:

1.º No se computarán los valores siguientes:

Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.

Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.

Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto.

Los que otorguen, al menos, el cinco por ciento de los derechos de voto y se posean con la finalidad de dirigir y gestionar la participación siempre que, a estos efectos, se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad participada no esté comprendida en esta letra.

2.º No se computarán como valores ni como elementos no afectos a actividades económicas aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que dichos beneficios provengan de la realización de actividades económicas, con el límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en el propio año como en los últimos 10 años anteriores. A estos efectos, se asimilan a los beneficios procedentes de actividades económicas los dividendos que procedan de los valores a que se refiere el último inciso del párrafo anterior, cuando los ingresos obtenidos por la entidad participada procedan, al menos en el 90 por ciento, de la realización de actividades económicas.

b) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 5 por 100 computado de forma individual, o del 20 por 100 conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.

c) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.

A efectos del cálculo anterior, no se computarán entre los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal, los rendimientos de la actividad empresarial a que se refiere el número uno de este apartado.

Cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas personas a las que se refiere la letra anterior, las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma deberán de cumplirse al menos en una de las personas del grupo de parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho a la exención.

La exención sólo alcanzará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 16.uno de esta Ley, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose estas mismas reglas en la valoración de las participaciones de entidades participadas para determinar el valor de las de su entidad tenedora».

2.2.También será preciso interpretar el artículo 16, de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, que señala:

«Uno. Tratándose de acciones y participaciones distintas de aquellas a que se refiere el artículo anterior, la valoración de las mismas se realizará por el valor teórico resultante del último balance aprobado,siempre que éste, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable.

En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no resultase favorable, la valoración se realizará por el mayor valor de los tres siguientes: el valor nominal, el valor teórico resultante del último balance aprobado o el que resulte de capitalizar al tipo del 20 por 100 el promedio de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto.

A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances.

Dos. Las acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de las Instituciones de Inversión Colectiva se computarán por el valor liquidativo en la fecha del devengo del impuesto, valorando los activos incluidos en balance de acuerdo con las normas que se recogen en su legislación específica y siendo deducibles las obligaciones con terceros.

Tres. La valoración de las participaciones de los socios o asociados, en el capital social de las cooperativas se determinará en función del importe total de las aportaciones sociales desembolsadas, obligatorias o voluntarias, resultante del último balance aprobado, con deducción, en su caso, de las pérdidas sociales no reintegradas.

Cuatro. A los efectos previstos en este artículo, las entidades deberán suministrar a los socios, asociados o partícipes certificados con las valoraciones correspondientes».

2.3.Asimismo deberá procederse a la exégesis del artículo 29, de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, que establece:

«El Impuesto se devengará el 31 de diciembrede cada año y afectará al patrimonio del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha»

2.4.Finalmente, el artículo 6 del Real Decreto 1704/1999 de 5 de noviembre, por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las exenciones correspondientes en el Impuesto sobre el Patrimonio, que dispone con relación a la valoración de las participaciones y determinación del importe de la exención:

«1. La exención sólo alcanzará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas establecidas en el artículo 16.uno de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos afectos al ejercicio de una actividad económica, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad.

2. Tanto el valor de los activos como el de las deudas de la entidad, será el que se deduzca de su contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la entidad, determinándose dichos valores, en defecto de contabilidad, de acuerdo con los criterios del Impuesto sobre el Patrimonio.

3. Para determinar si un elemento patrimonial se encuentra o no afecto a una actividad económica, se estará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias, salvo en lo que se refiere a los activos previstos en el inciso final del párrafo c) del apartado 1 de dicho artículo, que, en su caso, podrán estar afectos a la actividad económica. Nunca se considerarán elementos afectos los destinados exclusivamente al uso personal del sujeto pasivo o de cualquiera de los integrantes del grupo de parentesco a que se refiere el artículo 5 del presente Real Decreto o aquellos que estén cedidos, por precio inferior al de mercado, a personas o entidades vinculadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades».

TERCERO.- Verificación de la concurrencia de interés casacional objetivo en el recurso.

1.Respecto a la primera cuestión que plantea este recurso de casación, debemos precisar que, tanto en la instancia como en el presente recurso, el recurrente plantea el debate sobre la valoración de las participaciones de la sociedad Ferrer y Barry, S.L., sociedad cabecera de un grupo mercantil, tomando en consideración el último balance cerrado y aprobado a la fecha de devengo del Impuesto sobre el Patrimonio, a lo que se añade la discrepancia sobre el porcentaje de la exención, al considerar la Administración que no concurren los requisitos exigidos por la norma para considerar totalmente exentas en el ámbito del citado impuesto las participaciones sociales de la referida sociedad.

Respecto a la primera cuestión, el marco normativo básico a tener presente, lo constituye el artículo 16.1 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. Como señala la sentencia recurrida, la parte recurrente sostiene la improcedencia de la regularización tributaria aduciendo que se ha considerado de forma incorrecta el balance a tener en cuenta para determinar el valor de las participaciones sociales pues la Administración considera que el balance a tomar en consideración debe ser el aprobado a la fecha de presentación de la autoliquidación del impuesto (plazo que finaliza el 30 de junio del año siguiente al del ejercicio económico que se liquida), frente a la tesis de la recurrente que sostiene que el balance a considerar es el que debe corresponderse con el último balance aprobado antes del devengo del impuesto, esto es, el aprobado con anterioridad al 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios que se liquidan, pues esa es la fecha del devengo que se establece en el artículo 29 de la Ley 19/1991.

El tribunal de instancia rechaza esta tesis, y en efecto, como recuerda, esta Sala ha abordado la cuestión suscitada, en las sentencias de 12 de febrero de 2013 (recurso 10/2011) y de 14 de febrero de 2013 (recurso 65/2011), en los siguientes términos (FD 4 de la primera, al que se remite el FD 2 de la segunda).

«A nuestro entender, tanto el artículo 21 de la Ley General Tributaria de 2003 , al referirse a "las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria", como el 29 de la Ley 19/1991, al ordenar que el impuesto afecte al patrimonio del que sea titular el sujeto pasivo en la fecha del devengo, están haciendo un llamamiento a la realidad económica a la sazón existente, que es la que a su vez describe la capacidad económica que el legislador considera que debe de ser gravada, por lo que cualquier interpretación posible que nos aproxime a este ideal ha de ser objeto de especial consideración, lo que nos lleva al punto crucial de qué debemos de entender por "el último balance aprobado", que se invoca en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

La tan razonable como defendible tesis de la sentencia impugnada es la de que la fecha a tener en cuenta para determinar cuál sea el "último balance aprobado" ha de ser la del devengo, lo que inexorablemente le lleva al del año anterior a aquel que pretende ser gravado, aun cuando, como reconoce la propia sentencia, ello implique atender a una situación patrimonial que no es la propia de la data del devengo.

Es por eso que, en tesis divergente de la acordada en la instancia y en aplicación de un criterio favorable al mejor acercamiento a la realidad económica de la base imponible del tributo, consideramos que la expresión "el último balance aprobado" ha de tomar como punto de referencia al aprobado dentro del plazo legal para presentar la oportuna autoliquidación, de modo que si en esta fecha está aprobado el ejercicio que se liquida, aun cuando esto haya acontecido con posterioridad a la fecha del devengo, habrá de ser sin embargo el tenido en cuenta por reflejarse en él con evidente mejor precisión el patrimonio del que es titular el sujeto pasivo en la fecha del devengo, que es el que constituye el objeto específico sobre el que la Ley establecido el gravamen.»

Asimismo es de reseñar la STS de 12 de julio de 2017 (recurso: 2494/2016) que, al hilo de la posibilidad de comprobación de las acciones no cotizables a través de un dictamen de peritos, señala que: «la cuestión a resolver es si el perito podía basarse también en un balance que no estaba aprobado en el momento del devengo ni en la fecha de la presentación de la autoliquidación, a efectos de considerar no sólo los fondos propios del ejercicio anterior sino los resultados prorrateados hasta el momento del devengo.»

A lo anterior, cabe añadir la STS, del 23 de julio de 2024 (recurso 8950/2022) que, destacando las sentencias citadas por el tribunal de instancia, las STS de 12 de febrero de 2013 (recurso 10/2011) y de 14 de febrero de 2013 (recurso 65/2011), se centra en el principio de íntegra regularización, sin que se observe un pronunciamiento explícito ni implícito sobre que se debe entender como último balance aprobado, más allá de las citas de las referidas sentencias del Tribunal Supremo.

A la vista de lo expuesto y del debate planteado en la instancia, está justificado proceda a completar la doctrina antes indicada y se aprecia el interés casacional objetivo en virtud del invocado supuesto del artículo 88.3.a).

2.Respecto de la segunda cuestión, se centra la misma en determinar si, a efectos de la exención del art. 4.8 LIP para participaciones en entidades, es imprescindible la presencia de una persona contratada a jornada completa para apreciar la existencia de una actividad económica de arrendamiento de inmuebles, y en caso de serlo, en el supuesto de un grupo de sociedades, si el requisito de "persona contratada a jornada completa" debe predicarse de cada entidad del grupo que desarrolla la actividad de arrendamiento o si, por el contrario, basta con que el grupo mismo cuente con los medios correspondientes.

El recurso de casación preparado suscita una cuestión jurídica similar a la de otros recursos admitidos a trámite [vid.los autos de 12 de febrero de 2025 (recursos de casación n.º 1417/2024 y 1208/2024)]. En esos autos se apreció la existencia de interés casacional para la formación de la jurisprudencia, por lo que exigencias de unidad de doctrina, inherentes a los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley ( artículos 9.3 y 14 de la Constitución), imponen aquí reiterar el criterio interpretativo que allí se siguió y la cuestión planteada merece igual respuesta que la que en aquellos autos se contiene.

Además, un planteamiento similar al de la parte recurrente ha sido acogido recientemente en sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2026 (recurso de casación n.º 1196/20254), cuya doctrina casacional se reitera en sentencia de la misma fecha en el recurso de casación 1208/2024, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la citada sentencia, ha respondido a la cuestión con interés casacional planteada, señalando que:

«[...] cuando la entidad arrendadora pertenece a un grupo de entidades con actividad económica en los términos del art. 42 CCom y art. 5.1 LIS, y la ordenación del arrendamiento se realiza con medios personales y materiales del grupo, aunque estén centralizados en otras compañías del grupo, debe considerarse cumplido el requisito del empleado a jornada completa del art. 27.2 LIRPF, siempre y cuando se cumpla el criterio decisivo de que la realidad económico-funcional del grupo de empresas permita constatar que existe una unidad de medios y de actividad a nivel de grupo y que la sociedad arrendadora esté integrada funcionalmente en esa actividad, es decir, que sirve a la actividad económica del grupo o de las empresas cuyos medios personales le dan soporte, y no que simplemente use sus medios. Si se cumple lo anterior, las participaciones de la tenedora en la filial son activos afectos y no se computan como no afectos para la regla de proporcionalidad del último párrafo del art. 4. Ocho. Dos LIP.

Por contra, este criterio jurisprudencial no aplica si tan solo hay pertenencia formal al grupo, sin articulación e integración funcional y económica de la actividad de arrendamiento con la del resto de empresas del grupo, y, en ese caso, los requisitos del art. 27.2 LIRPF deben acreditarse de forma aislada en la propia sociedad arrendadora».

3.Por último, a efectos de completar o reforzar la jurisprudencia de esta Sala ex art. 88.3.a) LJCA, se estima necesario aclarar si, a efectos de la exención del art. 4.8 de la Ley del IP para participaciones en entidades, debe estarse, para apreciar la afectación de los activos a una actividad económica, a los estados financieros consolidados del grupo mercantil o si deben tenerse en cuenta de manera independiente los estados financieros individuales de la entidad tenedora de los activos, haciendo una abstracción absoluta de que la titularidad que se grava es la que representa el grupo societario controlado por el titular del patrimonio como persona física.

Se trata de dilucidar la pertinencia de la pretensión recurrente de otorgar una pauta hermeneútica donde prime la visión contextual, visto que estamos ante un impuesto que grava la titularidad del patrimonio de las personas físicas y, por ello, en lo que se refiere a la valoración de la participación en entidades mercantiles, no es irrelevante que tal titularidad se proyecte directamente sobre una sociedad dominante e, indirectamente, sobre otras mercantiles dirigidas por aquella, debiendo realizarse el planteamiento de la exención teniendo la visión de conjunto unitaria del referido valor, cuya titularidad sea representativa de la verdadera capacidad económica sujeta al tributo.

CUARTO. - Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.

1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de las siguientes cuestiones:

1.1.Determinar, a efectos de la aplicación del artículo 16 LIP y para establecer el valor de las participaciones sociales que dicho precepto contempla, qué debe entenderse, como regla general, por "último balance aprobado", si el que lo ha sido a la fecha del devengo del impuesto o, por el contrario, el cerrado cuando se presenta la autoliquidación del mismo.

1.2.Determinar si, a efectos de la exención del art. 4.8 LIP para participaciones en entidades, es imprescindible la presencia de una persona contratada a jornada completa para apreciar la existencia de una actividad económica de arrendamiento de inmuebles, y en caso de serlo, en el supuesto de un grupo de sociedades, si el requisito de "persona contratada a jornada completa" debe predicarse de cada entidad del grupo que desarrolla la actividad de arrendamiento o si, por el contrario, basta con que el grupo mismo cuente con los medios correspondientes.

1.3.Determinar si, a efectos de la exención del art. 4.8 de la Ley del IP para participaciones en entidades, debe estarse, para apreciar la afectación de los activos a una actividad económica, a los estados financieros consolidados del grupo mercantil o si deben tenerse en cuenta de manera independiente los estados financieros individuales de la entidad tenedora de los activos, haciendo una abstracción absoluta de que la titularidad que se grava es la que representa el grupo societario controlado por el titular del patrimonio como persona física.

2.Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son:

2.1.Los artículos 4.8 apartado dos, 16 y 29 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (BOE de 7 de junio) [«LIP»].

2.2.El artículo 6 del Real Decreto 1704/1999 de 5 de noviembre, por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las exenciones correspondientes en el Impuesto sobre el Patrimonio, (BOE de 6 de noviembre).

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

QUINTO. - Publicación en la página web del Tribunal Supremo.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.

SEXTO. - Comunicación y remisión.

Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 LJCA, remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.

Por todo lo anterior,

PRIMERO. - Requisitos formales del escrito de preparación.

1.En primer lugar, desde un punto de vista formal, debe señalarse que el escrito de preparación ha sido presentado en plazo ( artículo 89.1 LJCA) , contra sentencia susceptible de casación ( artículo 87 LJCA, apartados 1 y 2) y por quien está legitimado, al haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA) , habiéndose justificado tales extremos y los demás requisitos exigidos en el artículo 89.2 LJCA.

2.De otro lado, se han identificado debidamente las normas cuya infracción se imputa a la resolución de instancia, cumpliéndose con la carga procesal de justificar la necesidad de su debida observancia en el proceso de instancia, así como su relevancia en el sentido del fallo.

SEGUNDO. - Cuestiones litigiosas y marco jurídico.

1.Un análisis del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales nos lleva a destacar como hechos importantespara decidir sobre la admisión a trámite del recurso de casación los siguientes:

1.1. Autoliquidación por el concepto de IP.

Don Juan Pedro presentó la autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio incluyendo dentro de los bienes y derechos exentos las participaciones de la sociedad "Ferrer y Barry, SL" por un valor de 42.874.988,23 euros.

1.2. Liquidación y sanción.

El Servicio de Inspección Tributaria de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León desarrolló actuaciones en relación con don Juan Pedro que concluyeron en la liquidación núm. NUM002 dictada por la Jefa del Servicio de Inspección Tributaria de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, girada el 17 de diciembre de 2020 por el Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2016, por importe de 144.390,82 euros

La Inspección entendió que los datos declarados respecto a la participación en la entidad "Ferrer y Barry, SL" debían ser modificados por dos motivos:

(i) Valoración de las participaciones: De acuerdo con las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de febrero y 14 de marzo de 2013 el último balance aprobado a que se refiere el artículo 16 de la Ley 19/1991 de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (LIP) es el último balance aprobado dentro del plazo legal para la presentación de la autoliquidación del IP; en consecuencia, el valor del 50% correspondiente a la interesada asciende a 44.799.979,72 euros.

(ii) Porcentaje de la exención: La sociedad Ferrer y Barry SL es la sociedad dominante y participa en el capital social de las siguientes entidades:

100% de Queserías Entrepinares, SALI, dedicada a la elaboración de productos lácteos.

100% de Proláctea, SA, dedicada a la elaboración de productos lácteos.

99,9% de Cogeneración Esla, SA, dedicada a la producción de energía termoeléctrica.

100% de Grupo Valdecuevas Agro, SLU, dedicada a la producción de vino y aceite.

100% de Lácteas Vegamartín, SLU, quien a su vez participa en Lordi, SAU, dedicadas ambas a la elaboración de productos lácteos.

100% de Valdefincias, SLU, que a su vez participa, a partir de 2017, en Ferrer y Alber, SLU, ambas dedicadas al alquiler de viviendas y locales industriales.

Ferrer y Barry, SL recibe los dividendos de los beneficios generados por las actividades principales y los destina en su mayoría a la financiación de la sociedad Valdefincias, SLU. Todas estas sociedades tributan en régimen de consolidación fiscal.

La Inspección entendió que la sociedad matriz cumplía los requisitos del artículo 4.8.dos de la LIP para que sus participaciones se encuentran exentas pero esta exención era parcial ya que la entidad Valdefincias, SLU no realizaba una actividad económica en los términos establecidos en el IRPF, y más del 50% de su patrimonio estaba integrado por valores o bienes no afectos ya que se trata de participaciones en dos sociedades de inversión de capital variable (SICAV), la participación en el capital social de una entidad financiera inferior al 5% y depósitos constituidos en entidades financieras.

En consecuencia, la participación en esta entidad no podía considerarse necesaria para el ejercicio de la actividad del grupo empresarial "Ferrer y Barry, SL" La anterior conclusión implicaba que solo está exento el 45,87% de la participación en el mencionado grupo empresarial.

Asimismo se dictó el acuerdo de imposición de sanción núm. NUM003, por importe de 64.147,38 euros, por dejar de ingresar en el plazo establecido la correcta autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2016.

1.3. Interposición de reclamación económico-administrativa.

Don Juan Pedro interpuso contra la liquidación y la sanción las reclamaciones económico-administrativa núm. NUM000 y NUM001 ante el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Castilla y León.

El 31 de enero de 2022 el Tribunal Regional dictó resolución por la que estimó parcialmente las reclamaciones manteniendo la liquidación y anulando la sanción por falta de motivación.

1.4. Interposición del recurso contencioso-administrativo.

La representación procesal de don Juan Pedro interpuso recurso contencioso-administrativo contra la mencionada resolución, que se tramitó con el n.º 644/2022 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La ratio decidendide la sentencia, de sentido desestimatorio, se contiene en el Fundamento de Derecho Tercero con el siguiente tenor literal:

«[...] Para fundamentar la desestimación de la pretensión anulatoria que la parte recurrente basa en la alegación que acabamos de exponer, debemos partir de una primera consideración, cual es que, a los efectos de la valoración de las participaciones sociales, el citado artículo 16 no especifica la fecha del balance que ha de ser tenido en consideración sino que de manera expresa se remite "al último balance aprobado" siempre que haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable, lo que en modo alguno excluye que haya de ser tenido en cuenta para esa valoración cualquier balance aprobado con anterioridad a la fecha de presentación de la autoliquidación, mientras que la referencia que el citado precepto hace a los balances cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del impuesto lo es para concretar la valoración que resulte mayor en los tres supuestos allí contemplados, ante la ausencia de un balance aprobado, resultando que la citada referencia únicamente se relaciona con el promedio de tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a esa fecha.

Hay que tener en consideración que nos situamos ante un tributo de carácter periódico y que, conforme al artículo 29 de la LIP, el impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha, de manera que si entendiéramos, como sostiene la parte recurrente, que solamente puede estarse al balance aprobado con anterioridad a la fecha del devengo, a esa fecha el último balance social aprobado, como más cercano a esa fecha de devengo, sería el que correspondiera justo al ejercicio económico del año anterior al que es objeto de tributación.

En segundo lugar, bien es cierto, como sostiene la parte recurrente, que las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 12 y 14 de febrero de 2013 en las que se fundamenta la resolución del TEAR impugnada, están contemplando un supuesto específico o lo que en ellas expresamente se recoge como "un hecho excepcional, que atendida su trascendencia económica no puede ser pasado por alto" (se refiere la sentencia de 14 de febrero de 2013 -en la que era objeto de impugnación la liquidación provisional del Impuesto sobre Patrimonio del ejercicio de 2004- a un reparto de dividendos el 16 de marzo de 2004 en una elevada cantidad en concepto de beneficios obtenidos en el ejercicio 2003, que alcanzó un importe de 20.493.454,65 €, circunstancia a la que -según dice- "si no anudáramos efecto alguno provocaría como consecuencia una profunda distorsión del valor de las acciones de la sociedad a la fecha de devengo del Impuesto el 31 de diciembre de 2004, ya que calculadas conforme al último balance de situación aprobado antes del devengo, que refleja la situación de la sociedad a 31 de diciembre de 2003, nos arroja un resultado que se aparta muy mucho de la realidad de la Sociedad, al haber mediado entre ambas fechas un hecho que incide manera sobresaliente en dicha magnitud"),sin embargo, en contra de lo pretendido por la parte recurrente, no podemos considerar que las conclusiones que se alcanzan en esas sentencias sólo resulten aplicables a los supuestos similares a los que allí se analizan, ya que del análisis de esa jurisprudencia cabe entender que dichas conclusiones resultan de aplicación general ante el estudio de los preceptos tenidos en consideración, tanto los artículos 16 y 29, ambos de la LIP, como el 21 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y las normas mercantiles de aplicación».

Prosigue la sentencia en su fundamento de derecho Cuarto:

«E igual suerte desestimatoria podemos ya adelantar respecto del segundo de los motivos impugnatorios aducidos en la demanda rectora del presente recurso referido a la aplicación de la exención prevista en el artículo 4º de la LIP a la totalidad de las participaciones en la entidad Ferrer y Barry S.L. de las que es titular el obligado tributario, por estar sus activos afectos a actividades económicas. Señala a este efecto la resolución recurrida que las normas para determinar la exención de las participaciones en una entidad deben aplicarse también, a esos mismos efectos, a cada una de las empresas que formen parte del grupo, o mejor, considera necesario que las empresas participadas realicen una actividad económica o que no se consideren de mera tenencia de bienes, evitando con ello un uso artificial y no querido de la exención. Y respecto al caso de autos, la sociedad Valdefincas S. A., según la oficina gestora, está dedicada al arrendamiento de viviendas y locales comerciales y no realiza una actividad económica, pues carece de personas contratadas y de estructura organizativa diferenciada, lo que impide que nos situemos ante una actividad económica, y además, una vez analizado el activo de la sociedad, se constata que en su mayor parte viene constituido por su participación en sociedades de capital variable SICAV y por depósitos en entidades financieras, resultando que la suma de ambos que de por sí no se encuentran afectos a actividad económica alguna, supera el 50% de todo su activo [...]

Y para la acreditación de la afectación no hemos de acudir como hace la parte recurrente al estudio financiero de la entidad matriz, pues la afectación ha de resultar acreditada respecto de la entidad a la que corresponden los bienes; y así en este caso, la parte actora en su demanda presenta las cuentas consolidas auditadas de la mercantil Ferrer y Barry S.L. afirmando de las mismas que la citada entidad mantiene una tesorería de inversiones acorde con su facturación y con su volumen de generación de caja anual y que esas inversiones como una actuación en la gestión financiera pueden constituir elementos afectos a la actividad que responderían a las necesidades propias de la vida de la mercantil, sin embargo, como ya hemos concretado anteriormente lo que ha de acreditarse por referida parte es la afectación del bien a la actividad de la sociedad a la que pertenecen, en este caso la entidad Valdefincas S.L.U., y que esa actividad probatoria no ha puesto de manifiesto la aplicación de la exención pretendida, no solo porque no se acredita la existencia de personal y organización gestora de esa entidad, lejos de la remisión a la posible gestión externa por parte del personal de la propia empresa matriz, que por otro lado no deja de ser una simple afirmación de parte carente del debido respaldo probatorio.

Y al mismo tiempo debemos remitirnos a lo expuesto en el fundamento de derecho Séptimo de la propia resolución aquí impugnada cuando realiza estudio de la composición del patrimonio de esta entidad, Valdefincas S.L.U., a los efectos de concretar si más del 50% del mismo se encuentra afecto a la actividad económica, concluyendo que no puede llegarse a esa consideración porque en cuantía superior a ese porcentaje se encuentran los importes correspondiente a los depósitos en entidades financieras o a las participaciones en entidades de inversión Variable -Sicav- por cuanto en momento alguno se acredita que las mismas obedezcan a un plan de negocio sin olvidar que su objeto social es el arrendamiento de viviendas y locales, y tampoco que esas participaciones y depósitos sean utilizados para el desarrollo de la actividad del resto de las empresas del grupo, que es lo que pretende hacer ver la parte recurrente en su demanda.»

La citada sentencia constituye el objeto del presente recurso de casación.

2.El presente recurso de casación plantea la necesidad de interpreta los siguientes preceptos legales.

2.1.El artículo 4.8 apartado dos, de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, que dispone:

«Ocho. (...)

Dos. La plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio sobre las participaciones en entidades, con o sin cotización en mercados organizados, siempre que concurran las condiciones siguientes:

a) Que la entidad, sea o no societaria, no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una entidad gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, no realiza una actividad económica cuando concurran, durante más de 90 días del ejercicio social, cualquiera de las condiciones siguientes:

Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o

Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas.

A los efectos previstos en esta letra:

Para determinar si existe actividad económica o si un elemento patrimonial se encuentra afecto a ella, se estará a lo dispuesto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Tanto el valor del activo como el de los elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas será el que se deduzca de la contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la sociedad.

A efectos de determinar la parte del activo que está constituida por valores o elementos patrimoniales no afectos:

1.º No se computarán los valores siguientes:

Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.

Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.

Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto.

Los que otorguen, al menos, el cinco por ciento de los derechos de voto y se posean con la finalidad de dirigir y gestionar la participación siempre que, a estos efectos, se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad participada no esté comprendida en esta letra.

2.º No se computarán como valores ni como elementos no afectos a actividades económicas aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que dichos beneficios provengan de la realización de actividades económicas, con el límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en el propio año como en los últimos 10 años anteriores. A estos efectos, se asimilan a los beneficios procedentes de actividades económicas los dividendos que procedan de los valores a que se refiere el último inciso del párrafo anterior, cuando los ingresos obtenidos por la entidad participada procedan, al menos en el 90 por ciento, de la realización de actividades económicas.

b) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 5 por 100 computado de forma individual, o del 20 por 100 conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.

c) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.

A efectos del cálculo anterior, no se computarán entre los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal, los rendimientos de la actividad empresarial a que se refiere el número uno de este apartado.

Cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas personas a las que se refiere la letra anterior, las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma deberán de cumplirse al menos en una de las personas del grupo de parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho a la exención.

La exención sólo alcanzará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 16.uno de esta Ley, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose estas mismas reglas en la valoración de las participaciones de entidades participadas para determinar el valor de las de su entidad tenedora».

2.2.También será preciso interpretar el artículo 16, de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, que señala:

«Uno. Tratándose de acciones y participaciones distintas de aquellas a que se refiere el artículo anterior, la valoración de las mismas se realizará por el valor teórico resultante del último balance aprobado,siempre que éste, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable.

En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no resultase favorable, la valoración se realizará por el mayor valor de los tres siguientes: el valor nominal, el valor teórico resultante del último balance aprobado o el que resulte de capitalizar al tipo del 20 por 100 el promedio de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto.

A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances.

Dos. Las acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de las Instituciones de Inversión Colectiva se computarán por el valor liquidativo en la fecha del devengo del impuesto, valorando los activos incluidos en balance de acuerdo con las normas que se recogen en su legislación específica y siendo deducibles las obligaciones con terceros.

Tres. La valoración de las participaciones de los socios o asociados, en el capital social de las cooperativas se determinará en función del importe total de las aportaciones sociales desembolsadas, obligatorias o voluntarias, resultante del último balance aprobado, con deducción, en su caso, de las pérdidas sociales no reintegradas.

Cuatro. A los efectos previstos en este artículo, las entidades deberán suministrar a los socios, asociados o partícipes certificados con las valoraciones correspondientes».

2.3.Asimismo deberá procederse a la exégesis del artículo 29, de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, que establece:

«El Impuesto se devengará el 31 de diciembrede cada año y afectará al patrimonio del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha»

2.4.Finalmente, el artículo 6 del Real Decreto 1704/1999 de 5 de noviembre, por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las exenciones correspondientes en el Impuesto sobre el Patrimonio, que dispone con relación a la valoración de las participaciones y determinación del importe de la exención:

«1. La exención sólo alcanzará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas establecidas en el artículo 16.uno de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos afectos al ejercicio de una actividad económica, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad.

2. Tanto el valor de los activos como el de las deudas de la entidad, será el que se deduzca de su contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la entidad, determinándose dichos valores, en defecto de contabilidad, de acuerdo con los criterios del Impuesto sobre el Patrimonio.

3. Para determinar si un elemento patrimonial se encuentra o no afecto a una actividad económica, se estará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias, salvo en lo que se refiere a los activos previstos en el inciso final del párrafo c) del apartado 1 de dicho artículo, que, en su caso, podrán estar afectos a la actividad económica. Nunca se considerarán elementos afectos los destinados exclusivamente al uso personal del sujeto pasivo o de cualquiera de los integrantes del grupo de parentesco a que se refiere el artículo 5 del presente Real Decreto o aquellos que estén cedidos, por precio inferior al de mercado, a personas o entidades vinculadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades».

TERCERO.- Verificación de la concurrencia de interés casacional objetivo en el recurso.

1.Respecto a la primera cuestión que plantea este recurso de casación, debemos precisar que, tanto en la instancia como en el presente recurso, el recurrente plantea el debate sobre la valoración de las participaciones de la sociedad Ferrer y Barry, S.L., sociedad cabecera de un grupo mercantil, tomando en consideración el último balance cerrado y aprobado a la fecha de devengo del Impuesto sobre el Patrimonio, a lo que se añade la discrepancia sobre el porcentaje de la exención, al considerar la Administración que no concurren los requisitos exigidos por la norma para considerar totalmente exentas en el ámbito del citado impuesto las participaciones sociales de la referida sociedad.

Respecto a la primera cuestión, el marco normativo básico a tener presente, lo constituye el artículo 16.1 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. Como señala la sentencia recurrida, la parte recurrente sostiene la improcedencia de la regularización tributaria aduciendo que se ha considerado de forma incorrecta el balance a tener en cuenta para determinar el valor de las participaciones sociales pues la Administración considera que el balance a tomar en consideración debe ser el aprobado a la fecha de presentación de la autoliquidación del impuesto (plazo que finaliza el 30 de junio del año siguiente al del ejercicio económico que se liquida), frente a la tesis de la recurrente que sostiene que el balance a considerar es el que debe corresponderse con el último balance aprobado antes del devengo del impuesto, esto es, el aprobado con anterioridad al 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios que se liquidan, pues esa es la fecha del devengo que se establece en el artículo 29 de la Ley 19/1991.

El tribunal de instancia rechaza esta tesis, y en efecto, como recuerda, esta Sala ha abordado la cuestión suscitada, en las sentencias de 12 de febrero de 2013 (recurso 10/2011) y de 14 de febrero de 2013 (recurso 65/2011), en los siguientes términos (FD 4 de la primera, al que se remite el FD 2 de la segunda).

«A nuestro entender, tanto el artículo 21 de la Ley General Tributaria de 2003 , al referirse a "las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria", como el 29 de la Ley 19/1991, al ordenar que el impuesto afecte al patrimonio del que sea titular el sujeto pasivo en la fecha del devengo, están haciendo un llamamiento a la realidad económica a la sazón existente, que es la que a su vez describe la capacidad económica que el legislador considera que debe de ser gravada, por lo que cualquier interpretación posible que nos aproxime a este ideal ha de ser objeto de especial consideración, lo que nos lleva al punto crucial de qué debemos de entender por "el último balance aprobado", que se invoca en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

La tan razonable como defendible tesis de la sentencia impugnada es la de que la fecha a tener en cuenta para determinar cuál sea el "último balance aprobado" ha de ser la del devengo, lo que inexorablemente le lleva al del año anterior a aquel que pretende ser gravado, aun cuando, como reconoce la propia sentencia, ello implique atender a una situación patrimonial que no es la propia de la data del devengo.

Es por eso que, en tesis divergente de la acordada en la instancia y en aplicación de un criterio favorable al mejor acercamiento a la realidad económica de la base imponible del tributo, consideramos que la expresión "el último balance aprobado" ha de tomar como punto de referencia al aprobado dentro del plazo legal para presentar la oportuna autoliquidación, de modo que si en esta fecha está aprobado el ejercicio que se liquida, aun cuando esto haya acontecido con posterioridad a la fecha del devengo, habrá de ser sin embargo el tenido en cuenta por reflejarse en él con evidente mejor precisión el patrimonio del que es titular el sujeto pasivo en la fecha del devengo, que es el que constituye el objeto específico sobre el que la Ley establecido el gravamen.»

Asimismo es de reseñar la STS de 12 de julio de 2017 (recurso: 2494/2016) que, al hilo de la posibilidad de comprobación de las acciones no cotizables a través de un dictamen de peritos, señala que: «la cuestión a resolver es si el perito podía basarse también en un balance que no estaba aprobado en el momento del devengo ni en la fecha de la presentación de la autoliquidación, a efectos de considerar no sólo los fondos propios del ejercicio anterior sino los resultados prorrateados hasta el momento del devengo.»

A lo anterior, cabe añadir la STS, del 23 de julio de 2024 (recurso 8950/2022) que, destacando las sentencias citadas por el tribunal de instancia, las STS de 12 de febrero de 2013 (recurso 10/2011) y de 14 de febrero de 2013 (recurso 65/2011), se centra en el principio de íntegra regularización, sin que se observe un pronunciamiento explícito ni implícito sobre que se debe entender como último balance aprobado, más allá de las citas de las referidas sentencias del Tribunal Supremo.

A la vista de lo expuesto y del debate planteado en la instancia, está justificado proceda a completar la doctrina antes indicada y se aprecia el interés casacional objetivo en virtud del invocado supuesto del artículo 88.3.a).

2.Respecto de la segunda cuestión, se centra la misma en determinar si, a efectos de la exención del art. 4.8 LIP para participaciones en entidades, es imprescindible la presencia de una persona contratada a jornada completa para apreciar la existencia de una actividad económica de arrendamiento de inmuebles, y en caso de serlo, en el supuesto de un grupo de sociedades, si el requisito de "persona contratada a jornada completa" debe predicarse de cada entidad del grupo que desarrolla la actividad de arrendamiento o si, por el contrario, basta con que el grupo mismo cuente con los medios correspondientes.

El recurso de casación preparado suscita una cuestión jurídica similar a la de otros recursos admitidos a trámite [vid.los autos de 12 de febrero de 2025 (recursos de casación n.º 1417/2024 y 1208/2024)]. En esos autos se apreció la existencia de interés casacional para la formación de la jurisprudencia, por lo que exigencias de unidad de doctrina, inherentes a los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley ( artículos 9.3 y 14 de la Constitución), imponen aquí reiterar el criterio interpretativo que allí se siguió y la cuestión planteada merece igual respuesta que la que en aquellos autos se contiene.

Además, un planteamiento similar al de la parte recurrente ha sido acogido recientemente en sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2026 (recurso de casación n.º 1196/20254), cuya doctrina casacional se reitera en sentencia de la misma fecha en el recurso de casación 1208/2024, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la citada sentencia, ha respondido a la cuestión con interés casacional planteada, señalando que:

«[...] cuando la entidad arrendadora pertenece a un grupo de entidades con actividad económica en los términos del art. 42 CCom y art. 5.1 LIS, y la ordenación del arrendamiento se realiza con medios personales y materiales del grupo, aunque estén centralizados en otras compañías del grupo, debe considerarse cumplido el requisito del empleado a jornada completa del art. 27.2 LIRPF, siempre y cuando se cumpla el criterio decisivo de que la realidad económico-funcional del grupo de empresas permita constatar que existe una unidad de medios y de actividad a nivel de grupo y que la sociedad arrendadora esté integrada funcionalmente en esa actividad, es decir, que sirve a la actividad económica del grupo o de las empresas cuyos medios personales le dan soporte, y no que simplemente use sus medios. Si se cumple lo anterior, las participaciones de la tenedora en la filial son activos afectos y no se computan como no afectos para la regla de proporcionalidad del último párrafo del art. 4. Ocho. Dos LIP.

Por contra, este criterio jurisprudencial no aplica si tan solo hay pertenencia formal al grupo, sin articulación e integración funcional y económica de la actividad de arrendamiento con la del resto de empresas del grupo, y, en ese caso, los requisitos del art. 27.2 LIRPF deben acreditarse de forma aislada en la propia sociedad arrendadora».

3.Por último, a efectos de completar o reforzar la jurisprudencia de esta Sala ex art. 88.3.a) LJCA, se estima necesario aclarar si, a efectos de la exención del art. 4.8 de la Ley del IP para participaciones en entidades, debe estarse, para apreciar la afectación de los activos a una actividad económica, a los estados financieros consolidados del grupo mercantil o si deben tenerse en cuenta de manera independiente los estados financieros individuales de la entidad tenedora de los activos, haciendo una abstracción absoluta de que la titularidad que se grava es la que representa el grupo societario controlado por el titular del patrimonio como persona física.

Se trata de dilucidar la pertinencia de la pretensión recurrente de otorgar una pauta hermeneútica donde prime la visión contextual, visto que estamos ante un impuesto que grava la titularidad del patrimonio de las personas físicas y, por ello, en lo que se refiere a la valoración de la participación en entidades mercantiles, no es irrelevante que tal titularidad se proyecte directamente sobre una sociedad dominante e, indirectamente, sobre otras mercantiles dirigidas por aquella, debiendo realizarse el planteamiento de la exención teniendo la visión de conjunto unitaria del referido valor, cuya titularidad sea representativa de la verdadera capacidad económica sujeta al tributo.

CUARTO. - Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.

1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de las siguientes cuestiones:

1.1.Determinar, a efectos de la aplicación del artículo 16 LIP y para establecer el valor de las participaciones sociales que dicho precepto contempla, qué debe entenderse, como regla general, por "último balance aprobado", si el que lo ha sido a la fecha del devengo del impuesto o, por el contrario, el cerrado cuando se presenta la autoliquidación del mismo.

1.2.Determinar si, a efectos de la exención del art. 4.8 LIP para participaciones en entidades, es imprescindible la presencia de una persona contratada a jornada completa para apreciar la existencia de una actividad económica de arrendamiento de inmuebles, y en caso de serlo, en el supuesto de un grupo de sociedades, si el requisito de "persona contratada a jornada completa" debe predicarse de cada entidad del grupo que desarrolla la actividad de arrendamiento o si, por el contrario, basta con que el grupo mismo cuente con los medios correspondientes.

1.3.Determinar si, a efectos de la exención del art. 4.8 de la Ley del IP para participaciones en entidades, debe estarse, para apreciar la afectación de los activos a una actividad económica, a los estados financieros consolidados del grupo mercantil o si deben tenerse en cuenta de manera independiente los estados financieros individuales de la entidad tenedora de los activos, haciendo una abstracción absoluta de que la titularidad que se grava es la que representa el grupo societario controlado por el titular del patrimonio como persona física.

2.Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son:

2.1.Los artículos 4.8 apartado dos, 16 y 29 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (BOE de 7 de junio) [«LIP»].

2.2.El artículo 6 del Real Decreto 1704/1999 de 5 de noviembre, por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las exenciones correspondientes en el Impuesto sobre el Patrimonio, (BOE de 6 de noviembre).

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

QUINTO. - Publicación en la página web del Tribunal Supremo.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.

SEXTO. - Comunicación y remisión.

Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 LJCA, remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.

Por todo lo anterior,

PRIMERO. - Requisitos formales del escrito de preparación.

1.En primer lugar, desde un punto de vista formal, debe señalarse que el escrito de preparación ha sido presentado en plazo ( artículo 89.1 LJCA), contra sentencia susceptible de casación ( artículo 87 LJCA, apartados 1 y 2) y por quien está legitimado, al haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA), habiéndose justificado tales extremos y los demás requisitos exigidos en el artículo 89.2 LJCA.

2.De otro lado, se han identificado debidamente las normas cuya infracción se imputa a la resolución de instancia, cumpliéndose con la carga procesal de justificar la necesidad de su debida observancia en el proceso de instancia, así como su relevancia en el sentido del fallo.

SEGUNDO. - Cuestiones litigiosas y marco jurídico.

1.Un análisis del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales nos lleva a destacar como hechos importantespara decidir sobre la admisión a trámite del recurso de casación los siguientes:

1.1. Autoliquidación por el concepto de IP.

Don Juan Pedro presentó la autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio incluyendo dentro de los bienes y derechos exentos las participaciones de la sociedad "Ferrer y Barry, SL" por un valor de 42.874.988,23 euros.

1.2. Liquidación y sanción.

El Servicio de Inspección Tributaria de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León desarrolló actuaciones en relación con don Juan Pedro que concluyeron en la liquidación núm. NUM002 dictada por la Jefa del Servicio de Inspección Tributaria de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, girada el 17 de diciembre de 2020 por el Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2016, por importe de 144.390,82 euros

La Inspección entendió que los datos declarados respecto a la participación en la entidad "Ferrer y Barry, SL" debían ser modificados por dos motivos:

(i) Valoración de las participaciones: De acuerdo con las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de febrero y 14 de marzo de 2013 el último balance aprobado a que se refiere el artículo 16 de la Ley 19/1991 de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (LIP) es el último balance aprobado dentro del plazo legal para la presentación de la autoliquidación del IP; en consecuencia, el valor del 50% correspondiente a la interesada asciende a 44.799.979,72 euros.

(ii) Porcentaje de la exención: La sociedad Ferrer y Barry SL es la sociedad dominante y participa en el capital social de las siguientes entidades:

100% de Queserías Entrepinares, SALI, dedicada a la elaboración de productos lácteos.

100% de Proláctea, SA, dedicada a la elaboración de productos lácteos.

99,9% de Cogeneración Esla, SA, dedicada a la producción de energía termoeléctrica.

100% de Grupo Valdecuevas Agro, SLU, dedicada a la producción de vino y aceite.

100% de Lácteas Vegamartín, SLU, quien a su vez participa en Lordi, SAU, dedicadas ambas a la elaboración de productos lácteos.

100% de Valdefincias, SLU, que a su vez participa, a partir de 2017, en Ferrer y Alber, SLU, ambas dedicadas al alquiler de viviendas y locales industriales.

Ferrer y Barry, SL recibe los dividendos de los beneficios generados por las actividades principales y los destina en su mayoría a la financiación de la sociedad Valdefincias, SLU. Todas estas sociedades tributan en régimen de consolidación fiscal.

La Inspección entendió que la sociedad matriz cumplía los requisitos del artículo 4.8.dos de la LIP para que sus participaciones se encuentran exentas pero esta exención era parcial ya que la entidad Valdefincias, SLU no realizaba una actividad económica en los términos establecidos en el IRPF, y más del 50% de su patrimonio estaba integrado por valores o bienes no afectos ya que se trata de participaciones en dos sociedades de inversión de capital variable (SICAV), la participación en el capital social de una entidad financiera inferior al 5% y depósitos constituidos en entidades financieras.

En consecuencia, la participación en esta entidad no podía considerarse necesaria para el ejercicio de la actividad del grupo empresarial "Ferrer y Barry, SL" La anterior conclusión implicaba que solo está exento el 45,87% de la participación en el mencionado grupo empresarial.

Asimismo se dictó el acuerdo de imposición de sanción núm. NUM003, por importe de 64.147,38 euros, por dejar de ingresar en el plazo establecido la correcta autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2016.

1.3. Interposición de reclamación económico-administrativa.

Don Juan Pedro interpuso contra la liquidación y la sanción las reclamaciones económico-administrativa núm. NUM000 y NUM001 ante el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Castilla y León.

El 31 de enero de 2022 el Tribunal Regional dictó resolución por la que estimó parcialmente las reclamaciones manteniendo la liquidación y anulando la sanción por falta de motivación.

1.4. Interposición del recurso contencioso-administrativo.

La representación procesal de don Juan Pedro interpuso recurso contencioso-administrativo contra la mencionada resolución, que se tramitó con el n.º 644/2022 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La ratio decidendide la sentencia, de sentido desestimatorio, se contiene en el Fundamento de Derecho Tercero con el siguiente tenor literal:

«[...] Para fundamentar la desestimación de la pretensión anulatoria que la parte recurrente basa en la alegación que acabamos de exponer, debemos partir de una primera consideración, cual es que, a los efectos de la valoración de las participaciones sociales, el citado artículo 16 no especifica la fecha del balance que ha de ser tenido en consideración sino que de manera expresa se remite "al último balance aprobado" siempre que haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable, lo que en modo alguno excluye que haya de ser tenido en cuenta para esa valoración cualquier balance aprobado con anterioridad a la fecha de presentación de la autoliquidación, mientras que la referencia que el citado precepto hace a los balances cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del impuesto lo es para concretar la valoración que resulte mayor en los tres supuestos allí contemplados, ante la ausencia de un balance aprobado, resultando que la citada referencia únicamente se relaciona con el promedio de tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a esa fecha.

Hay que tener en consideración que nos situamos ante un tributo de carácter periódico y que, conforme al artículo 29 de la LIP, el impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha, de manera que si entendiéramos, como sostiene la parte recurrente, que solamente puede estarse al balance aprobado con anterioridad a la fecha del devengo, a esa fecha el último balance social aprobado, como más cercano a esa fecha de devengo, sería el que correspondiera justo al ejercicio económico del año anterior al que es objeto de tributación.

En segundo lugar, bien es cierto, como sostiene la parte recurrente, que las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 12 y 14 de febrero de 2013 en las que se fundamenta la resolución del TEAR impugnada, están contemplando un supuesto específico o lo que en ellas expresamente se recoge como "un hecho excepcional, que atendida su trascendencia económica no puede ser pasado por alto" (se refiere la sentencia de 14 de febrero de 2013 -en la que era objeto de impugnación la liquidación provisional del Impuesto sobre Patrimonio del ejercicio de 2004- a un reparto de dividendos el 16 de marzo de 2004 en una elevada cantidad en concepto de beneficios obtenidos en el ejercicio 2003, que alcanzó un importe de 20.493.454,65 €, circunstancia a la que -según dice- "si no anudáramos efecto alguno provocaría como consecuencia una profunda distorsión del valor de las acciones de la sociedad a la fecha de devengo del Impuesto el 31 de diciembre de 2004, ya que calculadas conforme al último balance de situación aprobado antes del devengo, que refleja la situación de la sociedad a 31 de diciembre de 2003, nos arroja un resultado que se aparta muy mucho de la realidad de la Sociedad, al haber mediado entre ambas fechas un hecho que incide manera sobresaliente en dicha magnitud"),sin embargo, en contra de lo pretendido por la parte recurrente, no podemos considerar que las conclusiones que se alcanzan en esas sentencias sólo resulten aplicables a los supuestos similares a los que allí se analizan, ya que del análisis de esa jurisprudencia cabe entender que dichas conclusiones resultan de aplicación general ante el estudio de los preceptos tenidos en consideración, tanto los artículos 16 y 29, ambos de la LIP, como el 21 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y las normas mercantiles de aplicación».

Prosigue la sentencia en su fundamento de derecho Cuarto:

«E igual suerte desestimatoria podemos ya adelantar respecto del segundo de los motivos impugnatorios aducidos en la demanda rectora del presente recurso referido a la aplicación de la exención prevista en el artículo 4º de la LIP a la totalidad de las participaciones en la entidad Ferrer y Barry S.L. de las que es titular el obligado tributario, por estar sus activos afectos a actividades económicas. Señala a este efecto la resolución recurrida que las normas para determinar la exención de las participaciones en una entidad deben aplicarse también, a esos mismos efectos, a cada una de las empresas que formen parte del grupo, o mejor, considera necesario que las empresas participadas realicen una actividad económica o que no se consideren de mera tenencia de bienes, evitando con ello un uso artificial y no querido de la exención. Y respecto al caso de autos, la sociedad Valdefincas S. A., según la oficina gestora, está dedicada al arrendamiento de viviendas y locales comerciales y no realiza una actividad económica, pues carece de personas contratadas y de estructura organizativa diferenciada, lo que impide que nos situemos ante una actividad económica, y además, una vez analizado el activo de la sociedad, se constata que en su mayor parte viene constituido por su participación en sociedades de capital variable SICAV y por depósitos en entidades financieras, resultando que la suma de ambos que de por sí no se encuentran afectos a actividad económica alguna, supera el 50% de todo su activo [...]

Y para la acreditación de la afectación no hemos de acudir como hace la parte recurrente al estudio financiero de la entidad matriz, pues la afectación ha de resultar acreditada respecto de la entidad a la que corresponden los bienes; y así en este caso, la parte actora en su demanda presenta las cuentas consolidas auditadas de la mercantil Ferrer y Barry S.L. afirmando de las mismas que la citada entidad mantiene una tesorería de inversiones acorde con su facturación y con su volumen de generación de caja anual y que esas inversiones como una actuación en la gestión financiera pueden constituir elementos afectos a la actividad que responderían a las necesidades propias de la vida de la mercantil, sin embargo, como ya hemos concretado anteriormente lo que ha de acreditarse por referida parte es la afectación del bien a la actividad de la sociedad a la que pertenecen, en este caso la entidad Valdefincas S.L.U., y que esa actividad probatoria no ha puesto de manifiesto la aplicación de la exención pretendida, no solo porque no se acredita la existencia de personal y organización gestora de esa entidad, lejos de la remisión a la posible gestión externa por parte del personal de la propia empresa matriz, que por otro lado no deja de ser una simple afirmación de parte carente del debido respaldo probatorio.

Y al mismo tiempo debemos remitirnos a lo expuesto en el fundamento de derecho Séptimo de la propia resolución aquí impugnada cuando realiza estudio de la composición del patrimonio de esta entidad, Valdefincas S.L.U., a los efectos de concretar si más del 50% del mismo se encuentra afecto a la actividad económica, concluyendo que no puede llegarse a esa consideración porque en cuantía superior a ese porcentaje se encuentran los importes correspondiente a los depósitos en entidades financieras o a las participaciones en entidades de inversión Variable -Sicav- por cuanto en momento alguno se acredita que las mismas obedezcan a un plan de negocio sin olvidar que su objeto social es el arrendamiento de viviendas y locales, y tampoco que esas participaciones y depósitos sean utilizados para el desarrollo de la actividad del resto de las empresas del grupo, que es lo que pretende hacer ver la parte recurrente en su demanda.»

La citada sentencia constituye el objeto del presente recurso de casación.

2.El presente recurso de casación plantea la necesidad de interpreta los siguientes preceptos legales.

2.1.El artículo 4.8 apartado dos, de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, que dispone:

«Ocho. (...)

Dos. La plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio sobre las participaciones en entidades, con o sin cotización en mercados organizados, siempre que concurran las condiciones siguientes:

a) Que la entidad, sea o no societaria, no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una entidad gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, no realiza una actividad económica cuando concurran, durante más de 90 días del ejercicio social, cualquiera de las condiciones siguientes:

Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o

Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas.

A los efectos previstos en esta letra:

Para determinar si existe actividad económica o si un elemento patrimonial se encuentra afecto a ella, se estará a lo dispuesto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Tanto el valor del activo como el de los elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas será el que se deduzca de la contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la sociedad.

A efectos de determinar la parte del activo que está constituida por valores o elementos patrimoniales no afectos:

1.º No se computarán los valores siguientes:

Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.

Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.

Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto.

Los que otorguen, al menos, el cinco por ciento de los derechos de voto y se posean con la finalidad de dirigir y gestionar la participación siempre que, a estos efectos, se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad participada no esté comprendida en esta letra.

2.º No se computarán como valores ni como elementos no afectos a actividades económicas aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que dichos beneficios provengan de la realización de actividades económicas, con el límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en el propio año como en los últimos 10 años anteriores. A estos efectos, se asimilan a los beneficios procedentes de actividades económicas los dividendos que procedan de los valores a que se refiere el último inciso del párrafo anterior, cuando los ingresos obtenidos por la entidad participada procedan, al menos en el 90 por ciento, de la realización de actividades económicas.

b) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 5 por 100 computado de forma individual, o del 20 por 100 conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.

c) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.

A efectos del cálculo anterior, no se computarán entre los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal, los rendimientos de la actividad empresarial a que se refiere el número uno de este apartado.

Cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas personas a las que se refiere la letra anterior, las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma deberán de cumplirse al menos en una de las personas del grupo de parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho a la exención.

La exención sólo alcanzará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 16.uno de esta Ley, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose estas mismas reglas en la valoración de las participaciones de entidades participadas para determinar el valor de las de su entidad tenedora».

2.2.También será preciso interpretar el artículo 16, de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, que señala:

«Uno. Tratándose de acciones y participaciones distintas de aquellas a que se refiere el artículo anterior, la valoración de las mismas se realizará por el valor teórico resultante del último balance aprobado,siempre que éste, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable.

En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no resultase favorable, la valoración se realizará por el mayor valor de los tres siguientes: el valor nominal, el valor teórico resultante del último balance aprobado o el que resulte de capitalizar al tipo del 20 por 100 el promedio de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto.

A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances.

Dos. Las acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de las Instituciones de Inversión Colectiva se computarán por el valor liquidativo en la fecha del devengo del impuesto, valorando los activos incluidos en balance de acuerdo con las normas que se recogen en su legislación específica y siendo deducibles las obligaciones con terceros.

Tres. La valoración de las participaciones de los socios o asociados, en el capital social de las cooperativas se determinará en función del importe total de las aportaciones sociales desembolsadas, obligatorias o voluntarias, resultante del último balance aprobado, con deducción, en su caso, de las pérdidas sociales no reintegradas.

Cuatro. A los efectos previstos en este artículo, las entidades deberán suministrar a los socios, asociados o partícipes certificados con las valoraciones correspondientes».

2.3.Asimismo deberá procederse a la exégesis del artículo 29, de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, que establece:

«El Impuesto se devengará el 31 de diciembrede cada año y afectará al patrimonio del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha»

2.4.Finalmente, el artículo 6 del Real Decreto 1704/1999 de 5 de noviembre, por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las exenciones correspondientes en el Impuesto sobre el Patrimonio, que dispone con relación a la valoración de las participaciones y determinación del importe de la exención:

«1. La exención sólo alcanzará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas establecidas en el artículo 16.uno de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos afectos al ejercicio de una actividad económica, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad.

2. Tanto el valor de los activos como el de las deudas de la entidad, será el que se deduzca de su contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la entidad, determinándose dichos valores, en defecto de contabilidad, de acuerdo con los criterios del Impuesto sobre el Patrimonio.

3. Para determinar si un elemento patrimonial se encuentra o no afecto a una actividad económica, se estará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias, salvo en lo que se refiere a los activos previstos en el inciso final del párrafo c) del apartado 1 de dicho artículo, que, en su caso, podrán estar afectos a la actividad económica. Nunca se considerarán elementos afectos los destinados exclusivamente al uso personal del sujeto pasivo o de cualquiera de los integrantes del grupo de parentesco a que se refiere el artículo 5 del presente Real Decreto o aquellos que estén cedidos, por precio inferior al de mercado, a personas o entidades vinculadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades».

TERCERO.- Verificación de la concurrencia de interés casacional objetivo en el recurso.

1.Respecto a la primera cuestión que plantea este recurso de casación, debemos precisar que, tanto en la instancia como en el presente recurso, el recurrente plantea el debate sobre la valoración de las participaciones de la sociedad Ferrer y Barry, S.L., sociedad cabecera de un grupo mercantil, tomando en consideración el último balance cerrado y aprobado a la fecha de devengo del Impuesto sobre el Patrimonio, a lo que se añade la discrepancia sobre el porcentaje de la exención, al considerar la Administración que no concurren los requisitos exigidos por la norma para considerar totalmente exentas en el ámbito del citado impuesto las participaciones sociales de la referida sociedad.

Respecto a la primera cuestión, el marco normativo básico a tener presente, lo constituye el artículo 16.1 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. Como señala la sentencia recurrida, la parte recurrente sostiene la improcedencia de la regularización tributaria aduciendo que se ha considerado de forma incorrecta el balance a tener en cuenta para determinar el valor de las participaciones sociales pues la Administración considera que el balance a tomar en consideración debe ser el aprobado a la fecha de presentación de la autoliquidación del impuesto (plazo que finaliza el 30 de junio del año siguiente al del ejercicio económico que se liquida), frente a la tesis de la recurrente que sostiene que el balance a considerar es el que debe corresponderse con el último balance aprobado antes del devengo del impuesto, esto es, el aprobado con anterioridad al 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios que se liquidan, pues esa es la fecha del devengo que se establece en el artículo 29 de la Ley 19/1991.

El tribunal de instancia rechaza esta tesis, y en efecto, como recuerda, esta Sala ha abordado la cuestión suscitada, en las sentencias de 12 de febrero de 2013 (recurso 10/2011) y de 14 de febrero de 2013 (recurso 65/2011), en los siguientes términos (FD 4 de la primera, al que se remite el FD 2 de la segunda).

«A nuestro entender, tanto el artículo 21 de la Ley General Tributaria de 2003 , al referirse a "las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria", como el 29 de la Ley 19/1991, al ordenar que el impuesto afecte al patrimonio del que sea titular el sujeto pasivo en la fecha del devengo, están haciendo un llamamiento a la realidad económica a la sazón existente, que es la que a su vez describe la capacidad económica que el legislador considera que debe de ser gravada, por lo que cualquier interpretación posible que nos aproxime a este ideal ha de ser objeto de especial consideración, lo que nos lleva al punto crucial de qué debemos de entender por "el último balance aprobado", que se invoca en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

La tan razonable como defendible tesis de la sentencia impugnada es la de que la fecha a tener en cuenta para determinar cuál sea el "último balance aprobado" ha de ser la del devengo, lo que inexorablemente le lleva al del año anterior a aquel que pretende ser gravado, aun cuando, como reconoce la propia sentencia, ello implique atender a una situación patrimonial que no es la propia de la data del devengo.

Es por eso que, en tesis divergente de la acordada en la instancia y en aplicación de un criterio favorable al mejor acercamiento a la realidad económica de la base imponible del tributo, consideramos que la expresión "el último balance aprobado" ha de tomar como punto de referencia al aprobado dentro del plazo legal para presentar la oportuna autoliquidación, de modo que si en esta fecha está aprobado el ejercicio que se liquida, aun cuando esto haya acontecido con posterioridad a la fecha del devengo, habrá de ser sin embargo el tenido en cuenta por reflejarse en él con evidente mejor precisión el patrimonio del que es titular el sujeto pasivo en la fecha del devengo, que es el que constituye el objeto específico sobre el que la Ley establecido el gravamen.»

Asimismo es de reseñar la STS de 12 de julio de 2017 (recurso: 2494/2016) que, al hilo de la posibilidad de comprobación de las acciones no cotizables a través de un dictamen de peritos, señala que: «la cuestión a resolver es si el perito podía basarse también en un balance que no estaba aprobado en el momento del devengo ni en la fecha de la presentación de la autoliquidación, a efectos de considerar no sólo los fondos propios del ejercicio anterior sino los resultados prorrateados hasta el momento del devengo.»

A lo anterior, cabe añadir la STS, del 23 de julio de 2024 (recurso 8950/2022) que, destacando las sentencias citadas por el tribunal de instancia, las STS de 12 de febrero de 2013 (recurso 10/2011) y de 14 de febrero de 2013 (recurso 65/2011), se centra en el principio de íntegra regularización, sin que se observe un pronunciamiento explícito ni implícito sobre que se debe entender como último balance aprobado, más allá de las citas de las referidas sentencias del Tribunal Supremo.

A la vista de lo expuesto y del debate planteado en la instancia, está justificado proceda a completar la doctrina antes indicada y se aprecia el interés casacional objetivo en virtud del invocado supuesto del artículo 88.3.a).

2.Respecto de la segunda cuestión, se centra la misma en determinar si, a efectos de la exención del art. 4.8 LIP para participaciones en entidades, es imprescindible la presencia de una persona contratada a jornada completa para apreciar la existencia de una actividad económica de arrendamiento de inmuebles, y en caso de serlo, en el supuesto de un grupo de sociedades, si el requisito de "persona contratada a jornada completa" debe predicarse de cada entidad del grupo que desarrolla la actividad de arrendamiento o si, por el contrario, basta con que el grupo mismo cuente con los medios correspondientes.

El recurso de casación preparado suscita una cuestión jurídica similar a la de otros recursos admitidos a trámite [vid.los autos de 12 de febrero de 2025 (recursos de casación n.º 1417/2024 y 1208/2024)]. En esos autos se apreció la existencia de interés casacional para la formación de la jurisprudencia, por lo que exigencias de unidad de doctrina, inherentes a los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley ( artículos 9.3 y 14 de la Constitución), imponen aquí reiterar el criterio interpretativo que allí se siguió y la cuestión planteada merece igual respuesta que la que en aquellos autos se contiene.

Además, un planteamiento similar al de la parte recurrente ha sido acogido recientemente en sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2026 (recurso de casación n.º 1196/20254), cuya doctrina casacional se reitera en sentencia de la misma fecha en el recurso de casación 1208/2024, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la citada sentencia, ha respondido a la cuestión con interés casacional planteada, señalando que:

«[...] cuando la entidad arrendadora pertenece a un grupo de entidades con actividad económica en los términos del art. 42 CCom y art. 5.1 LIS, y la ordenación del arrendamiento se realiza con medios personales y materiales del grupo, aunque estén centralizados en otras compañías del grupo, debe considerarse cumplido el requisito del empleado a jornada completa del art. 27.2 LIRPF, siempre y cuando se cumpla el criterio decisivo de que la realidad económico-funcional del grupo de empresas permita constatar que existe una unidad de medios y de actividad a nivel de grupo y que la sociedad arrendadora esté integrada funcionalmente en esa actividad, es decir, que sirve a la actividad económica del grupo o de las empresas cuyos medios personales le dan soporte, y no que simplemente use sus medios. Si se cumple lo anterior, las participaciones de la tenedora en la filial son activos afectos y no se computan como no afectos para la regla de proporcionalidad del último párrafo del art. 4. Ocho. Dos LIP.

Por contra, este criterio jurisprudencial no aplica si tan solo hay pertenencia formal al grupo, sin articulación e integración funcional y económica de la actividad de arrendamiento con la del resto de empresas del grupo, y, en ese caso, los requisitos del art. 27.2 LIRPF deben acreditarse de forma aislada en la propia sociedad arrendadora».

3.Por último, a efectos de completar o reforzar la jurisprudencia de esta Sala ex art. 88.3.a) LJCA, se estima necesario aclarar si, a efectos de la exención del art. 4.8 de la Ley del IP para participaciones en entidades, debe estarse, para apreciar la afectación de los activos a una actividad económica, a los estados financieros consolidados del grupo mercantil o si deben tenerse en cuenta de manera independiente los estados financieros individuales de la entidad tenedora de los activos, haciendo una abstracción absoluta de que la titularidad que se grava es la que representa el grupo societario controlado por el titular del patrimonio como persona física.

Se trata de dilucidar la pertinencia de la pretensión recurrente de otorgar una pauta hermeneútica donde prime la visión contextual, visto que estamos ante un impuesto que grava la titularidad del patrimonio de las personas físicas y, por ello, en lo que se refiere a la valoración de la participación en entidades mercantiles, no es irrelevante que tal titularidad se proyecte directamente sobre una sociedad dominante e, indirectamente, sobre otras mercantiles dirigidas por aquella, debiendo realizarse el planteamiento de la exención teniendo la visión de conjunto unitaria del referido valor, cuya titularidad sea representativa de la verdadera capacidad económica sujeta al tributo.

CUARTO. - Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.

1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de las siguientes cuestiones:

1.1.Determinar, a efectos de la aplicación del artículo 16 LIP y para establecer el valor de las participaciones sociales que dicho precepto contempla, qué debe entenderse, como regla general, por "último balance aprobado", si el que lo ha sido a la fecha del devengo del impuesto o, por el contrario, el cerrado cuando se presenta la autoliquidación del mismo.

1.2.Determinar si, a efectos de la exención del art. 4.8 LIP para participaciones en entidades, es imprescindible la presencia de una persona contratada a jornada completa para apreciar la existencia de una actividad económica de arrendamiento de inmuebles, y en caso de serlo, en el supuesto de un grupo de sociedades, si el requisito de "persona contratada a jornada completa" debe predicarse de cada entidad del grupo que desarrolla la actividad de arrendamiento o si, por el contrario, basta con que el grupo mismo cuente con los medios correspondientes.

1.3.Determinar si, a efectos de la exención del art. 4.8 de la Ley del IP para participaciones en entidades, debe estarse, para apreciar la afectación de los activos a una actividad económica, a los estados financieros consolidados del grupo mercantil o si deben tenerse en cuenta de manera independiente los estados financieros individuales de la entidad tenedora de los activos, haciendo una abstracción absoluta de que la titularidad que se grava es la que representa el grupo societario controlado por el titular del patrimonio como persona física.

2.Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son:

2.1.Los artículos 4.8 apartado dos, 16 y 29 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (BOE de 7 de junio) [«LIP»].

2.2.El artículo 6 del Real Decreto 1704/1999 de 5 de noviembre, por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las exenciones correspondientes en el Impuesto sobre el Patrimonio, (BOE de 6 de noviembre).

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

QUINTO. - Publicación en la página web del Tribunal Supremo.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.

SEXTO. - Comunicación y remisión.

Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 LJCA, remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.

Por todo lo anterior,