Auto Penal 1344/2023 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 27, Rec. 776/2023 de 19 de julio del 2023

PRIMERO.- Por la Parte Apelante, según escrito de 12/07/2021, se sustenta su recurso por los siguientes motivos: Por vulneración de los arts. 141 LECRIM, 248 LOPJ, y 208.2 LEC, al incurrir la resolución judicial recurrida en falta de motivación y, en su consecuencia, por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión, y a un proceso público con todas las garantías sancionados, ambos, en el art. 24 CE.

Y disintiéndose del razonamiento de la instancia, sobre la concurrencia al caso de autos de meras versiones contrapuestas inter partes, se hizo expresa remisión a la testifical de su representada, de la que, según se expuso, determinaba indicios de su aislamiento social y de su error acerca de los derechos sustantivos y procesales que le amparaban, lo que se consideró como elemento periférico de entidad suficiente para dotar de credibilidad a su versión. Se mantuvo que esos aspectos no habían sido tenidos en cuenta en el auto recurrido, que adolecía de insuficiente motivación y de falta de racionalidad.

Y con expresa referencia al tenor de los artículos citados, junto a la doctrina relativa a la falta de motivación, al omitir la Instructora todo razonamiento de por qué había entendido que el hecho objeto de la presente investigación sólo venía determinado por un único tipo penal de amenazas, se consideró que el Juzgado había obviado toda diligencia de investigación en relación con los otros hechos concurrentes o de posible concurrencia, como se hacía constar en el atestado.

Y con expresa referencia a la doctrina seguida por esta misma Sección 27 de esta Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, atinente a la nulidad de la resolución por falta de motivación -que se tiene por reproducida-, se interesó, según el concreto suplico del recurso interpuesto, que se decretase la nulidad de la resolución impugnada, y que se retrotrajesen las actuaciones al momento inmediatamente previo a su dictado.

Por el Ministerio Público, en su escrito de impugnación de fecha 5/01/2023, con remisión a que este procedimiento tenía su origen en la denuncia interpuesta en fecha 6/07/2021, en la que se relató hechos que pudiesen ser constitutivos de un delito de maltrato habitual, por el control económico y social al que se había visto la denunciante sometida por parte de su esposo, así como con referencia a expresiones de índole amenazante, todo lo cual, fue negado por el investigado, se reiteró el escrito de fecha 7/07/2021, en el que se interesó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al no quedar suficientemente acreditada la existencia de ningún tipo delictivo, toda vez que nos encontrábamos ante versiones contradictorias, sin que la Parte Recurrente hubiese aportado ningún testigo presencial de los hechos denunciados, ni ningún otro elemento probatorio que permita al esclarecimiento de los denunciados. Se aludió, igualmente, al informe médico forense de fecha 7/07/2021, que concluyó que la explorada no presentaba alteraciones psicopatológicas de entidad clínica significativa, presentando únicamente una reacción emocional acorde a su decepción en su experiencia matrimonial, pero sin alteraciones patológicas mayores.

Por la representación de D. Alexis, en su escrito también impugnatorio de 12/04/2022, se afirmó que el auto recurrido era acorde a derecho y a la realidad de los hechos denunciados, por lo que el recurso debía ser desestimado.

Y por la Magistrada de Instancia, en su resolución de 7/07/2021, con inicial determinación del iter procesal habido en la causa, incluidos los términos de la comparecencia del art. 800 LECRIM, en la que el Ministerio Fiscal interesó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, petición a la que se adhirió la Defensa, no obstante interesarse por la Acusación Particular que se dictase auto de apertura de juicio oral, en su Fundamento Jurídico Único, se expuso que " En el día de hoy ha declarado doña Custodia contra su esposo afirmando que hace cuatro o cinco meses él le amenazó diciéndole que la iba hacer carne picada, que el denunciado trabaja de carnicero. Que no denunció tales hechos porque no sabía cómo denunciarlos, que ha ido a la trabajadora social y ha interpuesto la denuncia. Afirma que desde 2018 que están casados, él le controla los gastos económicos, que no sabe lo que gana su marido, que ella no tiene cuenta bancaria. Después afirmó que trabaja dando clases a unos niños y que la cantidad que percibe la gestiona y la gasta ella. Por su parte, el denunciado ha negado tales extremos, afirmando que ella tenía una tarjeta de crédito ya que ambos tenían, pero la anularon para regular gastos. Que él trabaja de pastor y que nunca la ha amenazado. Que él le ha ayudado a buscar trabajo por toda la Comunidad de Madrid. Llegados a este punto, nos encontramos ante versiones contradictorias, en la que la versión de la perjudicada no viene corroborada por otros hechos objetivos o periféricos, dado que viven solos. Por ello no procede enervar la presunción de inocencia, siendo necesario acordar un sobreseimiento provisional del presente procedimiento, y en consecuencia NO HA LUGAR A LA MEDIDA CUATELAR SOLICITADA" .

SEGUNDO.- Dados los cauces argumentados en el escrito de interposición, ya antes aludido, con referencia a la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, con efectiva indefensión, en su vertiente de falta de motivación, que necesariamente debe circunscribirse a la decisión de sobreseimiento provisional y a la denegación de la medida cautelar interesada, con petición de nulidad de las actuaciones, a los efectos de los arts. 238.3 LOPJ, solicitándose, igualmente, la retroacción de las actuaciones al momento previo a su dictado, pero sin indicar a qué efectos procesales debía atenerse tal pretensión, debe, inicialmente, indicarse, conforme dispone el art. 777 LECRIM, que en el procedimiento abreviado, lo que es extrapolable al ámbito de los diligencias urgentes de juicio rápido, por vía de los dispuesto en los arts. 795 y 796 LECRIM, se han de practicar las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para su enjuiciamiento, a fin de que una vez practicadas, dictándose una vez realizadas sin demorar las diligencias pertinentes cualquiera de las resoluciones a que se refiere el art. 779 LECRIM., entre las que se encuentra el sobreseimiento de las actuaciones, conforme al art. 641 de igual Ley Rituaria, si no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a las actuaciones.

La fase instructora del procedimiento penal, a tenor de los arts. 299, 777.1 y 795 LECRIM, está dirigida al esclarecimiento de hechos en apariencia delictivos y de las circunstancias que puedan influir en su calificación, así como a la identificación de las personas que pudieran haber participado en aquellos, de forma que si tras esa indagación se advirtieren indicios racionales de criminalidad, esto es, datos objetivos derivados de la investigación penal de los que quepa deducir razonablemente un juicio provisional de responsabilidad penal respecto de persona concreta, estará justificada la continuación del procedimiento por los trámites que corresponda; pero si tras la investigación que se desarrolla bajo la dirección del Juez de Instrucción, las diligencias practicadas no aportan esos indicios, debe procederse al sobreseimiento de las actuaciones. En este sentido, la doctrina ( ATS de 31/07/2013), señala como ante unos hechos, que de ser ciertos, tendrían relevancia penal, "habrá que acordar la continuación del procedimiento ( art. 780.1) salvo que no aparezca "suficientemente justificada su perpetración" en la fórmula del art. 779.1.1ª y 798 LECRIM., en cuyo caso habrá que decretar "el sobreseimiento que corresponda", que será el previsto, bien en el art. 637.1º, bien el contemplado por el art. 641.1º, supuestos ambos de fronteras poco nítidas y de eficacia muy dispar (el primero lleva aparejado el efecto de cosa juzgada del que carece el segundo). Parece que la terminología del art. 779.1.1ª evoca el art. 641.1º, aunque no puede rechazarse en este momento la adopción de la otra resolución: no sería lógico vedar al Instructor ese tipo de decisión en este instante, y autorizárselo en un momento inmediatamente posterior (art. 783.1), además, también en discrepancia con la petición de apertura de juicio oral de alguna acusación". La posibilidad del Instructor (sigue diciendo dicha resolución), de decretar el sobreseimiento asume el papel del juicio de acusación en este modelo procesal: para entrar en el acto del juicio oral no basta con una parte legitimada dispuesta a sostener la acusación (art. 782.2). Es necesario, además, que un órgano con funciones jurisdiccionales considere "razonable" esa acusación, lo que en el procedimiento abreviado se lleva a cabo, eventualmente, en un doble momento: al elegir por alguna de las opciones legales en el trámite del art. 779; o, en su caso, una vez que las acusaciones han exteriorizado su pretensión, al decretar la apertura del juicio oral (art. 783.1).

El canon de "suficiencia" de los indicios no es diverso en cada uno de esos momentos. Por eso algunos han criticado esa duplicidad. No tendría sentido mantener en manos del Instructor las llaves para cerrar el trámite procesal por razones que ya descartó al adoptar la resolución prevista en el art. 779.1.4ª. No obstante, ese filtro duplicado no solo se explica por vicisitudes legislativas: tiene su razón de ser. La acusación puede hacer pivotar su pretensión en extremos diferentes de los valorados por el Instructor, o puede aportar datos que permitan aquilatar la decisión anterior. En consecuencia, pueden surgir razones antes no evaluadas para denegar la apertura del juicio oral, pese a las gotas de contradicción que eso puede comportar con la decisión, que ha de ser motivada, casi inmediatamente anterior, de continuar el trámite de preparación del juicio oral ( arts. 780 y ss. LECRIM).

Interesa este discurso para también destacar que, si se considera procedente cualquier género de sobreseimiento, este es momento apto y procedente para acordarlo, sin que sea ni necesario, ni siquiera procesalmente lo más correcto, aguardar a que las acusaciones hayan fijado posición exteriorizando una pretensión formal acusatoria. La reforma de 2002, en sintonía con lo que ya había ensayado la jurisprudencia constitucional ( STC núm. 186/1990, de 15/11) ha resaltado esa función de la resolución del art. 775.1.4 y, por contraste, de su reverso -el sobreseimiento-. Solo procede aquélla si "está justificada de forma suficiente" la comisión del delito. Y es que la fase preliminar de investigación en el proceso penal sirve no solo para preparar el juicio oral sino también para evitar la apertura de juicios innecesarios. La decisión del art. 779.1.4 es mucho más que un acto de trámite". Así mismo, respecto a que significa "justificación suficiente" de la perpetración del delito, dicha Sala, señala que "esta decisión despliega en el procedimiento abreviado una función paralela a la del procesamiento en el procedimiento ordinario. Por tanto, la cota indiciaria exigible es equiparable a los "indicios racionales de criminalidad" mencionados en el art. 384 LECRIM. Son algo más que la mera posibilidad o sospecha más o menos fundada. Es necesaria la probabilidad. Solo ese nivel justifica la apertura del plenario que, indudablemente, encierra también cierto contenido aflictivo para el acusado, aunque sea difuso. La probabilidad de comisión del delito, se traduce en negativo, expuesto de forma poco matizada, en la racional posibilidad de que recaiga una condena. No pueden extremarse las exigencias en esta fase anticipando valoraciones que solo procederían tras examinar la prueba practicada en el juicio oral. Pero sí ha de cancelarse el proceso cuando racionalmente quepa hacer un pronóstico fundado de inviabilidad de la condena por insuficiencia del material probatorio con que se cuenta. Si tal bagaje se revela desde este momento como insuficiente para derrotar a la presunción de inocencia y, con igual juicio hipotético, no pueden imaginarse ni variaciones significativas ni introducción de nuevos materiales, procederá abortar ya el procedimiento en aras de esa finalidad complementaria de la preparatoria del juicio oral: evitar la celebración de juicios innecesarios que, entre otras cosas, supondrían la afectación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, también el de las partes acusadoras que verían inútilmente postergada en el tiempo la decisión final ya pronosticable, y dilapidadas energías no solo procesales sino también económicas y personales cuando se trata de parte no institucional. El procesamiento exige que la hipótesis de la comisión del delito y la participación en él del inculpado sea al menos tan posible o fuerte como la contraria. Estamos en un escalón superior al necesario para tomar declaración como imputado y por supuesto, muy por encima de la verosimilitud que justifica la incoación de unas diligencias penales...".

TERCERO.- Y conforme a los términos del escrito de interposición, ha de incidirse también que la doctrina ( STS núm. 1282/2001, de 29/06) afirma que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface básicamente mediante la facilitación del acceso al proceso, o al recurso, de las partes y por la expresión de una motivación pertinente y suficiente en las resoluciones que dicten los Tribunales. El derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como viene siendo perfilado en la jurisprudencia constitucional, permite anular aquellas decisiones judiciales basadas en criterios no racionales, o apartados de toda lógica o ajenas a cualquier parámetro de interpretación sostenible en derecho; pero no permite corregir cualquier supuesta deficiencia en la aplicación del derecho o en la valoración de la prueba. Otorgar al derecho a la tutela judicial efectiva mayores dimensiones significaría convertir el recurso de casación -hoy apelación- y, lo que todavía sería más disfuncional desde la perspectiva del reparto de funciones constitucionales, también el recurso de amparo en un medio ordinario de impugnación. El derecho a la tutela judicial efectiva no garantiza el acierto en la decisión judicial, aunque sí repele aquellas respuestas ofrecidas por los Órganos Jurisdiccionales que se aparten de unos estándares mínimos de "razonabilidad". Tal derecho queda satisfecho con la obtención de una respuesta judicial fundada en derecho, aunque se desestime la pretensión que se reclamaba del Juzgador o Tribunal. Pero no cualquier respuesta judicial colma las exigencias de ese derecho: sólo aquéllas razonadas que se muevan dentro de ciertos cánones elementales de razonabilidad y que se funden en una interpretación de la norma jurídica no extravagante, sino defendible, aunque se aparte de otras posibles igualmente sostenibles ( STS núm. 615/2013, de 11/07).

Por ello, tal como ha venido reiterando el Tribunal Constitucional, el contenido de la indefensión con relevancia constitucional queda circunscrito a los casos en que la misma sea imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que tenga su origen inmediato y directo en tales actos u omisiones; esto es, que sea causada por la incorrecta actuación del Órgano Jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector del art. 24 CE, la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan (por todas, SSTC núm. 109/2002, de 6/05 , núm. 141/2005, de 6/06, y núm. 160/2009, de 29/06). Además, se ha enfatizado también que "para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado" ( SSTC núm. 185/2003, de 27/10, núm.164/2005, de 20/06 y núm. 25/2011, de 14/03).

Por otra parte, y en relación a la motivación de las resoluciones jurisdiccionales, en particular en el aspecto fáctico-valorativo, obliga al Juez o Tribunal a reseñar detalladamente las pruebas que ha tenido en cuenta para dictar la resolución, debiendo desprenderse con claridad las razones que le asisten para declarar probados unos hechos, especialmente cuando han sido controvertidos. La exigencia de motivación no pretende, como tiene dicho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir al justiciable y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de la racionalidad y corrección técnica de la resolución dictada merced a la revisión por vía de recurso. El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de fijar la finalidad, alcance y límites de la motivación, afirmando en tal sentido que deberá tener la extensión e intensidad suficiente para cubrir la esencial finalidad de la misma, esto es, que el Juzgador explique suficientemente el proceso intelectivo que le condujo a decidir de una determinada manera, sin asomo de arbitrariedad, sin que sea necesario explicitar lo que resulta obvio ( STS. 6/10/2011 y 30/09/2011).

A su vez, debe señalarse que la exigencia de motivación responde a la necesidad de satisfacer el derecho del justiciable a la tutela judicial efectiva, pues este derecho, cuyo contenido es complejo, comporta, entre otros aspectos, el derecho a obtener una resolución judicial fundada en derecho en la que se dé respuesta a las pretensiones deducidas ante el órgano jurisdiccional, lo cual quiere decir que la resolución que se adopte ha de ser motivada ( STC núm. 93/1990 de 23/05, núm. 96/1991, de 9/05, y 7/1992, de 30/03, y STS núm. 744/2002, de 23/04).

La motivación, sin embargo, puede ser escueta, siempre que suponga una aplicación razonable y reconocible del Ordenamiento Jurídico, pero, en cualquier caso, una resolución penal correcta debe contener una motivación completa, es decir, que abarque la extensión y profundidad proporcionada a la mayor o menor complejidad de las cuestiones que se han de resolver ( STS núm. 258/2002, de 19/02). No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional también ha advertido que al Juzgador no le es exigible una determinada extensión de la motivación jurídica, ni un razonamiento explícito, exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión sobre la que se pronuncia la decisión judicial, sino que es suficiente, desde el prisma del precepto constitucional citado - art. 120.3 CE- que las resoluciones judiciales vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, o, lo que es lo mismo, su "ratio decidendi" ( SSTC núm. 196/1988, de 24/10, núm. 215/1998, de 11/11, núm. 68/2002, de 21/03, núm. 128/2002, de 3/06, núm. 128/2002, de 3/06, núm. 8/2001 de 15/01, y STS núm. 97/2002, de 29/01 y de 14/01/2004).

CUARTO.- Y ha de recordarse, a su vez, que el testimonio de la denunciante, hoy Recurrente, tal y como sostiene una constante doctrina jurisprudencial (por todas, STC núm. 201/1989 y STS de 21/01/1988 y de 30/01/1999) puede gozar de virtualidad como prueba de cargo, pero para ello es necesario que en la misma concurran los requisitos valorativos de: A).- Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivadas de las previas relaciones acusado-víctima que pongan de relieve un posible móvil espurio de resentimiento, venganza o enemistad, que pueda enturbiar la sinceridad del testimonio, generando un estado de incertidumbre incompatible con la formación de una convicción inculpatoria asentada en bases firmes; B).- Verosimilitud del testimonio, que ha estar rodeado de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso; y C).- Persistencia en la incriminación, que debe ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones. Señala también la doctrina ( ATS núm. 177/1996, de 31/01), que el testimonio de la víctima, aunque fuera único, es apto para enervar la presunción de inocencia, siempre y cuando no existan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen en el Juzgador alguna duda que impida u obstaculice formar su convicción ( STS núm. 667/2008 de 5/11).

Declaración, y requisitos que procede interpretar a la luz de una jurisprudencia reiterada (por todas, la STS núm. 3536/2010, de 21/05) que, entre otros extremos, afirma: "...existe cierta tendencia a postular para la declaración de la que aparece procesalmente como víctima un plus de credibilidad. Es decir, la aplicación de un estándar de prueba menos exigente. Pero sucede que el derecho a la presunción de inocencia es de carácter absoluto, lo que significa que, cualquiera que sea la imputación, debe estar bien acreditada en todos sus elementos centrales, para que resulte justificada una sentencia condenatoria. Y el supuesto argumento -de frecuente presencia, sobre todo implícita- de la necesidad de evitar la impunidad de acciones producidas sin la concurrencia de testigos, privilegiando para ello alguna clase de prueba, no se sostiene. Pues nuestro sistema punitivo conoce una sola forma de dar respuesta constitucionalmente válida a los actos penalmente relevantes: la fundada en el respeto de la presunción de inocencia como regla de juicio. Y ésta exige que cualquier condena tenga como soporte una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, racionalmente formada y argumentada de manera convincente a partir de datos probatorios bien adquiridos. Tal es el contexto en el que hay que tratar del valor que cabe dar a los indicadores jurisprudenciales de "verosimilitud", "ausencia de incredibilidad subjetiva" y "persistencia en la incriminación", de los que la sala de instancia hace uso en la sentencia, en la apreciación de la testifical de cargo. Estas pautas, tomadas a veces indebidamente con cierto automatismo, cual, si se tratase de criterios de prueba legal, tienen sólo un valor muy relativo. En efecto, su incumplimiento podrá servir -en negativo- para desestimar el testimonio en sí mismo inverosímil, el auto contradictorio y el dictado por móviles espurios. Pero es obvio que el relato de una situación imaginaria, bien construido y hábilmente expuesto, podría perfectamente ser presentado como veraz y pasar por tal, después de haber sido mantenido sin alteración en los distintos momentos del trámite. Y se sabe asimismo por experiencia (clínica y también judicial) que hay personas que atribuyen a otro la realización de una conducta punible nunca ejecutada por él, sin propósito de perjudicarle, sólo como consecuencia de un error de percepción, debido al padecimiento de algún tipo de trastorno o por otras razones, no necesariamente conscientes. Y, además, podría darse igualmente la circunstancia de que alguien, aun odiando, dijera realmente la verdad al imputar la realización de una conducta punible. En consecuencia, el contenido de una testifical que supere ese triple filtro no debe ser tenido como válidamente inculpatorio. Lo único que cabe sostener es que un testimonio que no lo hiciera tendría que ser desestimado "ad limine" como medio de prueba; mientras que, en el caso contrario, resultará en principio atendible, y, por tanto, cabrá pasar, en un segundo momento, a confrontar sus aportaciones con las de otra procedencia, para confirmar la calidad de los datos"; añadiendo también la doctrina ( STS de 21/05/2010), que "puesto que nuestro sistema punitivo conoce una sola forma de dar respuesta constitucionalmente válida a los actos penalmente relevantes: la fundada en el respeto de la presunción de inocencia como regla de juicio. Y esto exige que cualquier condena tenga como soporte una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, racionalmente formada y argumentada de manera convincente a partir de datos probatorios bien adquiridos".

QUINTO.- Y comenzando por los supuestos hechos denunciados, según prueba documentada consistente en el atestado núm. NUM000 del Puesto de la Guardia Civil del Puesto del DIRECCION000, de fecha 7/07/2021, (folios 8 a 16), debe indicarse que se incardinaron inicialmente, en "malos tratos en el ámbito de la Violencia de Género", aludiéndose en tal atestado que no existían testigos, ni otras víctimas; que no se había empleado violencia física o agresión; que la denunciante no había sufrido lesiones, aunque en algún momento si dijo haber sufrido algún empujón que la llegó a tirar al suelo; que no habían habido relaciones sexuales forzadas; que no había acudido a ningún centro médico o facultativo; que no se habían utilizado armas, instrumentos u otros objetos contundentes susceptibles de producir lesiones por el denunciado; pero si manifestando que desde el inicio de su matrimonio nunca fue mantenida económicamente por el denunciado; que había descubierto que éste tenía contacto con otras mujeres, que el denunciado tenía intención de divorciarse de ella misma; que en algunas ocasiones él le contestaba que estaba mal de dinero, que ella quería salir de casa con él a algún sitio y él se negaba; que en una noche de discusión, él la empujó y le dijo que se fuese de la casa, pasando ella la noche en un hotel, no obstante, regresar al domicilio a la mañana siguiente, que le dijo que en caso de que ella se fuese la llevaría a donde trabajaba y la convertiría en carne picada, ya que su marido trabaja en un matadero de toros; que estaba sufriendo amenazas por parte de su marido desde que se casaron el año 2018; que no había denunciado anteriormente; que no había ningún familiar presente durante estos hechos; que era amenazada prácticamente a diario; que no se habían producido daños o actos de violencia sobre la vivienda o sobre sus efectos; que no tenía mensajes grabados, cartas, fotografías u otros documentos; que ella también quería separarse de él pero no en Marruecos, sino en España; que no existían hijos comunes; que él le decía que ella tenía cubiertas las necesidades básicas y que no necesitaba dinero para nada; que el comportamiento del agresor no le había acarreado perder su red de apoyo social; que estaban casados en régimen de bienes gananciales; que desconocía la cantidad mensual aproximada que el denunciado percibía por su trabajo; que dependía económicamente del denunciado, puesto que ella no trabajaba, ni tenía ningún tipo de ingreso; que si se separase la iba a enviar a Marruecos, que en España ella vive bien, pero que Marruecos sería como vivir en el tercer mundo".

Y, a pesar de los términos del escrito de interposición, la denunciante en sede de instrucción fue expresamente cuestionada sobre esas mismas circunstancias, incluso añadiendo que sí daba clases a otras personas de Marruecos, y con ese dinero ella se administraba, y ello, a través de las propias preguntas efectuadas por la propia Acusación Particular (folios 72 y 73). Y sin tampoco poder obviar que el investigado, D. Alexis en sede de instrucción, negó todos los hechos - supuestas amenazas, acoso económico y actos de maltrato- afirmando, incluso, que el mismo estaba intentando que ella consiguiese trabajo, además de indicar que la denunciante tenía sus amigas y que salía con ellas, volviendo sola de noche (folios 73 y 74).

Por tanto, y en relación al concreto cauce pretendido, la nulidad de las actuaciones, por falta de motivación, sobre los hechos objeto de denuncia, y aunque la resolución pueda entenderse que es sucinta, en modo alguno puede considerarse que adolece del canon exigido en el art. 120.3 CE, y por ende, en el art. 24 CE, por cuanto que la Instructora, tras aludir a todos los hechos denunciados, entendió de forma lógica y racional, además de motivada que, al caso de autos concurrían versiones contrapuestas.

Y sin poder, a su vez, dejar de omitir, aunque en el recurso no se alegue nada a este respecto, a los términos del informe médico-forense, de fecha 7/07/2021, expresamente mencionado por el Ministerio Público en su escrito de impugnación, que versó sobre el estado mental de la explorada, hoy Apelante, realizando una anamnesis detallada de su ámbito familiar, personal, de sus enfermedades físicas y/o psíquicas, junto a su estado actual, emitiendo las oportunas consideraciones médico legales, y a través de ellas, se concluyó que la denunciante "no presentaba alteración psicopatológica alguna de entidad clínica significativa, y que solo se le detectó una reacción emocional acorde a las decepciones de su experiencia matrimonial, pero sin alteraciones patológicas mayores", de lo que cabe inferir, de forma lógica y racional, que la explorada no presentaba síntomas de actos integrantes de Violencia de Género. Consideración que, aunque de forma implícita, también fue tenida en cuenta por la Instructora en el auto combatido

SEXTO.- Por todo ello, y discrepando del escrito de interposición, la instancia expresó, aunque fuese de forma sucinta y referencial a la testifical de la denunciante, y a la declaración del investigado, la "ratio decidendi" en la que basó su pronunciamiento, y tal criterio, a pesar de las pretensiones instadas ante esta alzada, fueron plenamente conocidas por la Apelante, y ello, aunque se discrepe, en el legítimo derecho al mantenimiento de sus pretensiones acusatorias, de tal decisión jurisdiccional. Y aunque la propia Apelante no comparta aquélla, ello no supone, o conlleva, la infracción de los derechos constitucionales que se dicen infringidos, los previstos en el art. 24.1º CE, o de los preceptos que se señalan como vulnerados, y sin necesidad de incidir que son cuestiones diversas y plenamente divergentes entre sí, la circunstancia no haber obtenido una respuesta jurisdiccional -la cual sí ha sido expresada de forma lógica y sucintamente motivada- de la legítima discrepancia respecto la misma, conforme los propios razonamientos aludidos por la misma Instructora.

Y sin poder obviar tampoco que, ante tal supuesto déficit motivacional, la Parte ahora Recurrente no impetró tal cauce argumentativo ante la propia instancia, por vía de un posible recurso de reforma, a través del cual, la Juzgadora a quo hubiese podido complementar aquella decisión jurisdiccional en relación a los extremos directamente solicitados ante esta alzada.

Y se carece, por otra parte, de toda adveración periférica a los efectos del análisis del elemento de verosimilitud del testimonio, extremo que tampoco ha sido combatido en el recurso, más allá de meras generalizaciones. Y sin dejar de omitir que en la comparecencia del art. 798 LECRIM, celebrada el mismo día 7/07/2021, la ahora Recurrente, adhiriéndose a la propuesta del Ministerio Fiscal, entendió que no era necesario la práctica de más diligencias de investigación, sin interesar, pudiendo haberlo hecho, las oportunas diligencias de investigación a estos mismos efectos.

Y sin entrar tampoco a valorar, a su vez, el canon de la ausencia de incredibilidad subjetiva, conforme se deduce de forma lógica y racional de las conclusiones del citado informe médico-forense, de 7/07/2021, que únicamente alude "a una reacción emocional acorde a las decepciones de su experiencia matrimonial, pero sin alteraciones patológicas mayores", junto, a la par, al deseo de ambas partes de divorciarse/separarse, pero con la intención la denunciante de hacerlo en España y no en Marruecos.

Concurren, en definitiva, versiones contrapuestas inter partes, y sin que a través de la inmediación que es propia de la Magistrada a quo -de la que carece esta Sección de Apelación- se haya atribuido mayor verosimilitud a la prueba de cargo, que a la de descargo, y sin olvidar, en todo caso, que el investigado está amparado por el principio de presunción de inocencia.

Y respecto, a la petición de nulidad instada por esa supuesta falta de motivación, partiendo también de la doctrina antes aludida, y sin perjuicio de lo que seguidamente se expondrá, más allá de las alegaciones genéricas formuladas en el recurso, no se aprecia por esta alzada la existencia de infracción del art. 238.3 LOPJ, esto es, la omisión de las normas esenciales del procedimiento -precepto que solo consta referenciado en el escrito de interposición-, y más cuando tal supuesta falta de motivación no se hizo valer, como hemos anticipado, como hubiese sido lógico y racional, a través de la interposición de un previo recurso de reforma, cauce procesal que la Parte ahora Apelante omitió o no quiso sustentar.

Y también sobre la ausencia de motivación, sin perjuicio de atender a anteriores precisiones, el auto recurrido, a criterio de esta Sección de Apelación, y sin que sobre el mismo sea de aplicación la doctrina sentada por esta misma Sección 27, no adolece del canon exigido por el expresado criterio doctrinal, por cuanto que la Apelante, como ya hemos dicho, ha tenido perfecto conocimiento de la "ratio decidendi" en la que basó la Instructora su decisión jurisdiccional, concluyendo, aunque tal pronunciamiento -insistimos- sea sucinto, que no habían quedado debidamente acreditados los hechos que dieron lugar a la formación de la causa, por lo que se decretó, conforme disponen los arts. 641.1, 798.3 y 779.1.1º LECRIM, el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

A título de conclusión, no se advierte por esta Sección de Apelación que la resolución recurrida afecte a los derechos constitucionales que se dicen infringidos, y por ende, que exista causa de nulidad, aunque los pedimentos interesados por la Acusación Particular no hayan sido admitidos y/o aceptados, pero sin que por tal circunstancia pueda afirmarse la conculcación de los expresados cauces argumentativos.

SÉPTIMO.- Recordar, por último, que corresponde al Juzgador a quo, la pertinencia en la fase instructora de la valoración de la prueba indiciaria de cargo, a efectos de determinar si procede o no la continuación de la tramitación de las actuaciones o el sobreseimiento de las mismas, pudiendo hacerse mención en este punto a la doctrina constitucional ( STC de 22/04/1997 y núm. 186/1990), según la cual, "la Ley concede al Juez de Instrucción -no al Órgano de Enjuiciamiento- la facultad de controlar la consistencia o solidez de la acusación que se formula, pues la LECRIM, tras enunciar la regla general de la vinculación del Instructor con la petición de apertura del juicio, permite al Juez denegar la apertura del juicio en dos supuestos, a saber: cuando el hecho no sea constitutivo de delito, o ante la inexistencia de indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso acordará el sobreseimiento que corresponda. Pero este juicio acerca de la improcedencia de abrir el juicio oral -en definitiva, de la improcedencia de la acusación formulada- de existir, es un juicio negativo en virtud del cual el Juez cumple funciones de garantía jurisdiccional".

Añade, además, tal doctrina que "el ofendido por el delito no ostenta ni un derecho absoluto a la tramitación de toda la instrucción penal, ni un derecho a la práctica de todas las pruebas que las partes soliciten. Tampoco se tutela constitucionalmente un derecho incondicionado a la apertura del juicio oral -como se pretende por la Parte Recurrente-. El Tribunal Constitucional tiene declarada la conformidad con los principios y normas del Ordenamiento Constitucional, tanto de los autos de inadmisión de la "notitia criminis", los cuales pueden dictarse "inaudita parte", como los de sobreseimiento, pues el derecho de querella no conlleva el de la obtención de una resolución favorable a la pretensión penal ( SSTC núm. 203/1989, núm. 191/1992, y núm. 37/1993, y más recientemente ATS núm. 616/2019, de 11/12).

Incidir a este respecto que es, igualmente, jurisprudencia plenamente asentada, la que afirma (por todas, las SSTS núm. 599/2012, de 11/07, y núm. 1282/2001, de 29/08) que "la tutela judicial efectiva, desde el prisma de la parte acusadora, sólo se instala en el ámbito propio de la mera legalidad, lo cual significa que tiene derecho a acudir a los Jueces y Tribunales para obtener la justicia que demanda, pero una decisión en cualquier sentido, clara y no vinculada necesariamente a la versión y criterio interesado de dicha parte, por lo que no equivale a que, en todo caso, la pretensión haya de ser atendida, cualquiera que sea la razón que asista al postulante, esto es, que la tutela judicial efectiva la concede el Texto Constitucional "in genere" y que, por ello, no habrá denegación de justicia cuando las pretensiones no prosperan, máxime cuando los órganos jurisdiccionales, forzosamente han de fallar en pro de una de las partes, sin que el acogimiento de las formuladas por la parte contraria entrañen falta de tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos. Por ello, debe señalarse que no existe un derecho constitucional a obtener la condena penal de otra persona que pueda esgrimirse frente al Legislador o frente a los Órganos judiciales ( SSTC núm. 199/96 de 3/12, núm. 41/97 de 10/03, y núm. 21/2000 de 31/01)".

Tal criterio sigue afirmando que "el Tribunal Constitucional al analizar el control de constitucionalidad en materia de recursos de amparo contra sentencias absolutorias -hoy auto de sobreseimiento provisional- ( STC núm. 45/2005 de 28/02, núm. 145/2009 de 15/06) ha recordado que la víctima de un delito no tiene un derecho fundamental a la condena penal de otra persona (por todas SSTC núm. 157/1990 de 18/10, núm. 199/96 de 3/12 y núm. 168/2011 de 16/07), sino que meramente es titular del "ius ut procedatur", es decir, del derecho a poner en marcha un proceso, substanciando de conformidad con las reglas del proceso justo, en el que pueda obtener una respuesta razonable y fundada en Derecho (por todas STC núm. 120/2000 de 10/05) que ha sido configurado por este Tribunal como una manifestación especifica del derecho a la jurisdicción (por todas, SSTC núm. 16/2001 de 29/01) y que no se agota en un mero impulso del proceso o mera comparecencia en el mismo, sino que de él derivan con naturalidad y necesidad los derechos relativos a las reglas esenciales del desarrollo del proceso ( SSTC núm. 218/97 de 4/12 y núm. 215/99 de 29/11) y, por consiguiente, el análisis y la declaración de vulneración de los derechos procesales invocados es ajeno a la inexistencia de un derecho de la víctima del proceso penal a la condena penal de otro y ha de efectuarse tomando como referente el canon de los derechos contenidos en los artículos 24.1 y 2 CE".

Es por todo ello, por lo que no puede afirmarse en esta alzada que el juicio de razonabilidad sobre los hechos objeto de investigación, objeto del actual recurso, conforme las citadas diligencias practicadas, y según la doctrina antes aludida, pueda entenderse que implique o conlleve una valoración ilógica o irracional por parte de la Magistrada de Instancia, en los términos antes referidos, y por ende, susceptible de ser anulada por vía del art. 238.3 LOPJ, atendiendo a que la Parte Recurrente ha obtenido -volvemos a insistir- la oportuna respuesta jurisdiccional sobre los hechos sometidos a investigación.

Y sin perjuicio de aludir, por otra parte, que el dictado de ese pronunciamiento de sobreseimiento provisional, determina de forma justificada la denegación de la orden de protección, instada por vía del art. 544 TER LECRIM, sin que tal decisión fuese, a su vez, cuestionada en el propio escrito de interposición.

OCTAVO.- No se encuentran motivos para imponer a la Parte Apelante, por temeridad o mala fe, las costas de esta instancia, que se declaran de oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 240.1 LECRIM.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,