Auto Penal 245/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 207/2023 de 24 de abril del 2023

PRIMERO.- Impugna, en definitiva, la representación procesal del investigado Luis Pablo la decisión del Magistrado Instructor acerca de su procesamiento como posible partícipe de los hechos investigados, constitutivos según el auto recurrido de los supuestos delitos contra la salud pública, en relación con sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína) y con sustancias que no causan grave daño a la salud (hachís y marihuana), en cantidad de notoria importancia, en el seno de una organización delictiva y realizados en condiciones de extrema gravedad, previstos en los artículos 368, 369.1.5º, 369 bis y 370.3º del Código Penal; tenencia y tráfico de precursores, previsto en el artículo 371 del Código Penal, y contrabando, del artículo 1.12 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

Considera dicha parte que no existen en las actuaciones indicios racionales de la suficiente entidad como para procesar al interesado.

En el escrito de recurso, así como en la vista celebrada, rebatió la parte apelante el contenido del impugnado auto de procesamiento, puesto que en él no consta elemento indiciario alguno más allá de la tenencia de unas llaves de un almacén, haciéndose mención a lo que se encontró en el interior del almacén y su relación con otro investigado al que se considera uno de las jefes de la supuesta organización criminal desarticulada. Admite que es hijastro de Abilio, al que ayudaba sólo en llevarlo en su vehículo y acompañarlo. Por lo demás, alegó su defensa que no aparece en ninguna conversación en la que se hable del aquí recurrente en tercera persona, ni tenía relación con otros investigados que no fuera su padrastro, con el que ejercía de mero acompañante. En suma: no se indican los indicios acreditados en la investigación respecto al referido procesado, pues se hace una valoración generalizada de lo actuado, vulnerando con ello las garantías jurídicas preconizadas por nuestra Constitución.

Precisamente por todas estas circunstancias solicita el archivo de la causa en relación con el recurrente.

SEGUNDO.- En el análisis de la materia objeto del recurso formulado, conviene inicialmente incidir en que, como nota preliminar para la resolución del mismo, debemos tener en cuenta que cualquier valoración que se realice sobre las cuestiones sometidas a recurso ha de partir de la naturaleza que tiene la resolución que en definitiva se impugna; esto es, aquella que acuerda el procesamiento del investigado apelante.

En este sentido, establece la S.T.C. de 5-4-1990 que el auto de procesamiento aparece como una peculiar institución del ordenamiento procesal español, incardinada en el que ha venido siendo procedimiento común para el enjuiciamiento de los delitos, cuya naturaleza ha sido caracterizada por la doctrina como resolución que coloca al afectado en una situación procesal específica como objeto de una imputación formalizada, representando una garantía para el formalmente inculpado, aunque en algún supuesto puede resultar, por consideraciones ajenas al proceso, dañoso y perjudicial para el prestigio social del procesado; dicho auto permite un conocimiento previo de la imputación en fase de instrucción sumarial, posibilita la primera declaración indagatoria y hace surgir la obligación judicial de proveer de Abogado de oficio si el procesado estuviera desasistido de dirección letrada, además de conferir al procesado la plenitud de la condición de parte, con las consecuencias a ello inherentes; el procesamiento, pues, constituye sólo una resolución judicial de imputación formal y provisional que ha de ser objeto del correspondiente debate contradictorio y de la ulterior decisión, no implicando la culpabilidad del procesado, ni siquiera la vinculación de los órganos judiciales, habida cuenta de que tanto el propio Instructor como la Audiencia pueden dejar sin efecto el procesamiento si desaparecen los indicios que determinaron su adopción; tal auto, en cuanto medida atributiva de un determinado status e imputación suficiente para justificar la adopción de medidas cautelares de importancia dentro del proceso penal, siendo además presupuesto necesario para la apertura del juicio oral, en el caso de que se dictara arbitrariamente sin un mínimo fundamento en algún indicio racional de criminalidad, podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24.1 de la Constitución; de ahí que deba incorporar explícita motivación y que, teniendo en cuenta la propia literalidad del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contenga: la presencia de unos hechos o datos básicos, que sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta, y que resulte calificada como criminal o delictiva. A este respecto, como indica la S.T.C. de 19-7-1989, no se puede confundir un auto de procesamiento, que en sí mismo no encierra declaración de culpabilidad, con una sentencia condenatoria, como tampoco la actividad probatoria de cargo exigible en el juicio oral para disipar la presunción de inocencia es trasladable a la fase sumarial, pues, salvo excepción, en el sumario no se practican pruebas; ello no significa que la presunción de inocencia no pueda ser vulnerada en un auto de procesamiento, pues tal lesión podría producirse si el órgano judicial dictase su resolución de modo arbitrario, caprichoso o notoriamente infundado, sin argumentar ni razonar la concatenación, gravedad y racionalidad de los indicios, pero siempre teniendo en cuenta que al autor del auto de procesamiento no se le puede exigir el mismo grado de certeza que al Juzgador que condena, si bien sí le es exigible que razone de dónde emanan los indicios de criminalidad, que no suponen un juicio condenatorio, de todo punto inaceptable en dicho momento procesal, pero sí algo más fuerte que una posibilidad y más débil que la certeza sobre la participación en la comisión delictiva. Tales indicios racionales de criminalidad son, en expresión recogida en la S.T.C. de 4-6-2001, el soporte del procesamiento.

Según la S.T.S. de 2-4-1990, el procesamiento viene a ser una especie de imputación formal de carácter provisional, al no poder verificarse aquélla con toda la precisión y refrendo acreditativo deseable, lo que normalmente sólo será posible al término de las actuaciones; el procesamiento marca un hito notable, al constituir un presupuesto de la iniciación del proceso decisorio, a la vez que inviste al imputado de la plenitud de legitimación pasiva, con todos los derechos que, como parte procesal, le vienen conferidos a lo largo de la instrucción y de las ulteriores fases procedimentales; basta para su pronunciamiento, según el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la presencia de algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, lo que equivale a fundada sospecha producto de un raciocinio lógico, serio y desapasionado; sospecha de participación de una persona en un hecho punible en cualquiera de sus grados, sin exigencia de un rotundo y absoluto acreditamiento de semejante implicación, o de una convicción intangible incapaz de ser sometida a revisión. Como establece la S.T.S. de 29-3-1999, el indicio o los indicios racionales de criminalidad que justifican el auto de procesamiento equivalen a un acto de inculpación formal adoptado por el Juez Instructor exteriorizador de un juicio de probabilidad a la vista del resultado de la instrucción judicial, los cuales deben distinguirse de las meras conjeturas o suposiciones sin el menor soporte objetivo, destacando las S.T.S. de 21-3, 22-6 y 21-10-2005 que no debe confundirse entre lo que es una línea de investigación con apoyo en sospechas fundadas y objetivadas, y los indicios inequívocamente incriminatorios que permiten dictar el auto de procesamiento o que obtenidos en el acto del plenario constituyen la prueba de cargo en los que puede sustentarse una sentencia condenatoria. Precisamente en relación con los indicios racionales de criminalidad, recuerda la S.T.S. de 9-1-2006 que, según su específica utilidad procesal, es decir, según para qué se necesitan en el desarrollo del procedimiento, la palabra indicios, que significa siempre la existencia de datos concretos reveladores de un hecho importante para las actuaciones judiciales, exige una mayor o menor intensidad en cuanto a su acreditación según la finalidad con que se utilizan. Así, la máxima intensidad ha de existir cuando esos indicios sirven como medio de prueba de cargo (prueba de indicios), en cuyos casos han de estar realmente acreditados y han de tener tal fuerza probatoria que, partiendo de ellos, pueda afirmarse, sin duda razonable alguna, la concurrencia del hecho debatido ( artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil); en otras ocasiones, sin que haya una verdadera prueba, han de constar en las actuaciones procesales algunas diligencias a partir de las cuales puede decirse que hay probabilidad de delito y de que una determinada persona es responsable del mismo; en estos supuestos nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal exige indicios para procesar (artículo 384) o para acordar la prisión provisional (artículo 503) o medidas de aseguramiento para las posibles responsabilidades pecuniarias (artículo 589).

TERCERO.- El recurso interpuesto no puede prosperar, toda vez que de la documentación testimoniada remitida y especialmente de lo expresado en los escritos de recurso y de impugnación del mismo, así como en la vista celebrada, se infiere, de modo provisional e indiciario, la posible participación del apelante en actos de narcotráfico que pueden conllevar la perpetración de un delito contra la salud pública, en relación a sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína) y con sustancias que no causan grave daño a la salud (hachís y marihuana), en cantidad de notoria importancia, en el seno de una organización delictiva y realizados en condiciones de extrema gravedad, previstos en los artículos 368, 369.1.5º, 369 bis y 370.3º del Código Penal; tenencia y tráfico de precursores, previsto en el artículo 371 del Código Penal, y contrabando, del artículo 1.12 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. Además, el riesgo de sustracción a la administración de justicia no queda descartado, atendiendo a las circunstancias personales del interesado, en combinación con el panorama punitivo al que se enfrenta.

Ciertamente, el auto resolutorio del recurso de reforma previamente interpuesto, fechado el 3-2-2013, en su parquedad, no ha contestado a la serie de cuestiones planteadas por la dirección procesal del aquí apelante sobre la falta de datos indiciarios del auto de procesamiento.

Sin embargo, esta circunstancia se ha visto colmada en virtud del brillante y detallado informe emitido por el Ministerio Fiscal en el acto de la vista del recurso, pues con su esfuerzo nos llevó a la convicción acerca de que el procesamiento del Sr. Luis Pablo no se debe a su mera relación familiar con su padrastro Abilio, considerado uno de las jefes de la organización desmembrada, y a su mera tenencia de unas llaves de almacén, sino a otros muchos indicios obrantes en las actuaciones, que se confirmarán o desecharán, en plenitud alegatoria y probatoria, en el plenario a celebrar.

Tales indicios de criminalidad, que figuran en el acontecimiento 997, anexo 04 03, folios 41 y siguientes, consisten: A) En ser conocido por el alias de " Patatero" y ser -sin duda- hijastro de Abilio, a quien acompañaba a distintas ubicaciones; además es administrador único de Eurocomercio Peninsular S.L., creada el 23-9-2020, en Manresa, a cuyas instalaciones se dirigió el día 3-2-2021 el camión con matrícula ....-HBZ con dos palets de fruta, donde estaban las tiras de cocaína que luego se encontraron en el almacén de San Vicente el día 13-2-2021; le detuvieron junto a Cirilo, cuando iban al almacén de San Vicente de Castellet a recoger droga, mientras que Maite hacía de lanzadera. B) En las vigilancias a que fue sometido, como la de 17-8-2020- en la nave de San Vicente de Castellet, donde estaba trasladando sacos con cocaína; el 25-8-2020, cuando se citó con Abilio, Eleuterio y Ernesto; el 30-11-2020, cuando Luis Pablo y Abilio se reunieron con Eleuterio en la nave de Manresa; el 18-12-2020, durante la carga y descarga de un camión de fruta en la nave de Manresa; el 28-1-2021, cuando fue a la nave de San Vicente de Castellet y cogió unas placas de cocaína dentro de sacos de sustrato de coco; el 3-2-2021, cuando recepcionó la cocaína procedente de Totana, y el 10-2-2021, cuando en el almacén de Bufalvent introducía una caja y unas bolsas con cocaína. C) También se oye la voz de Luis Pablo y se ve su rostro en las grabaciones de 4-1-2021, 28-1-2021, 5-2-2021 y 10-2-2021, todas en San Vicente de Castellet. D) Finalmente, mantuvo varios contactos con individuos ubicados en Colombia.

CUARTO.- En cuanto a la situación personal del procesado recurrente, a pesar de que nada se indica en el escrito de recurso ni en la vista celebrada, debemos mantenerla, puesto que en los escritos de recurso no aparece la más mínima mención o acreditación sobre la modificación comentada, sirviéndonos de referencia el tiempo que lleva privado de libertad.

Razones por las cuales hemos de ratificar la situación personal de prisión provisional, comunicada y sin fianza, actual, ya que concurren los factores de peligro de huida que fundamentaron su privación de libertad preventiva.

QUINTO.- En consecuencia, al cumplirse los cánones indiciarios y persistir el riesgo de fuga, exigibles ambos en los artículos 384 y 503.1.3º a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por existir suficientes indicios de reprochabilidad penal en el procesado impugnante, ha de desestimarse el recurso de apelación formulado, con declaración de oficio de las costas procesales generadas en esta segunda instancia.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,