Auto Penal 443/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 374/2025 de 07 de julio del 2025

PRIMERO. -En su escrito de alegaciones, la parte recurrente reitera que los fondos depositados en las cuentas bancarias cuyo bloqueo se ha acordado proceden de las prestaciones por desempleo concedidas a la recurrente por el Servicio Público de Empleo Estatal, por lo que se trata de fondos de procedencia lícita, siendo el único medio de subsistencia de su mandante.

Por otra parte, alega que no se ha acreditado que los vehículos intervenidos hayan sido adquiridos con dinero procedente de ninguna actividad ilícita, ni que hayan sido utilizados para la comisión de los delitos investigados.

En base a ello interesa la revocación del auto recurrido y que se acuerde el levantamiento de tales medidas cautelares.

SEGUNDO. -El Ministerio Fiscal, por su parte, impugna el recurso interpuesto, alegando que la recurrente está investigada en las presentes por su participación en un delito de tráfico de drogas en el ámbito de una organización criminal; es la esposa de otro de los investigados Arsenio. Los vehículos y los saldos de las cuentas bancarias deben quedar retenidos para garantizar el, posible decomiso, si se prueba que han sido adquiridos con dinero procedente del tráfico de drogas; o, en todo caso, para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias, especialmente el pago de la multa, y añade que la documentación aportada lo único que acredita es que la reclamante cobraba la prestación por desempleo.

TERCERO. -Las medidas cautelares cuyo levantamiento pretende la parte recurrente se fundamentan, conforme se estable en el auto recurrido, en lo dispuesto en los arts. 764, 299, 334 y 326 de la L.E.Crim. , así como en el art. 127 del Cd. Penal.

Frente a las alegaciones realizadas por el recurrente, entendemos que la medida acordada es procedente en este momento procesal, conforme a lo dispuesto en los arts. 764 y 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Conforme al primero de los citados preceptos, el Juez "podrá adoptar medidas cautelares para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas" remitiéndose expresamente a las normas sobre contenido, presupuestos y caución sustitutoria de las medidas cautelares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y el art. 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que "cuando del sumado resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el Juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza"

Constituye pues presupuesto de tal aseguramiento la existencia de indicios de criminalidad contra una persona, lo cual no supone necesariamente que deba esperarse a concluir la instrucción de la causa para la adopción de las correspondientes medidas cautelares sino que puede realizarse en cualquier estado de la causa, siempre y cuando, como segundo presupuesto, aparezca como necesaria la adopción de tal medida a fin de garantizar el pago de la responsabilidad civil derivada del delito que pudiera ser finalmente declarada procedente.

En definitiva, se trata de idénticos presupuestos que, para la adopción de medidas cautelares, establece el art. 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro por la mora procesal (periculum in mora). Así, conforme a lo dispuesto en el citado precepto y en el art. 735 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Tribunal, para proceder a la adopción de la medida, deberá analizar si concurren los requisitos establecidos y considera acreditado el peligro de mora procesal, atendiendo a la apariencia de buen derecho.

No hay duda que en el supuesto de autos concurren ambos presupuestos, dada la cualidad de investigada que ostenta en el presente procedimiento la recurrente, y la medida parece adecuada para garantizar el pago de las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes como consecuencia del ilícito penal.

Las alegaciones realizadas por la parte recurrente no desvirtúan lo acordado en el auto recurrido, desde el momento en que solo se acredita que la recurrente es beneficiaria de la prestación por desempleo, pero no el origen de los fondos depositados en las cuentas bancarias, ni el del pago de los vehículos intervenidos.

CUARTO. -Se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada.

En atención a lo expuesto.