Auto Penal Nº 260/2018, Audiencia Provincial de Salamanca, Sección 1, Rec 222/2018 de 20 de Julio de 2018

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
SALAMANCA
AUTO: 00260/2018
-
GRAN VIA, 37-39
Teléfono: 923.12.67.20
Equipo/usuario: 2
Modelo: 662000
N.I.G.: 37274 77 2 2018 0000334
RT APELACION AUTOS 0000222 /2018
Delito: DELITO SIN ESPECIFICAR
Recurrente: Juan Antonio
Procurador/a: D/Dª
Abogado/a: D/Dª RAQUEL MARTIN CARCELEN
Recurrido:
Procurador/a: D/Dª
Abogado/a: D/Dª
AUTO
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ILMOS./AS. SRES./SRAS
Presidente/a
D. JOSE ANTONIO VEGA BRAVO
Magistrados
D. JUAN JACINTO GARCIA PEREZ
Dña. MARIA LUISA MARRO RODRIGUEZ
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En SALAMANCA, a veinte de julio de dos mil dieciocho.

Antecedentes

Primero.- Con fecha 14 de junio de 2.018, por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de Guardia de Salamanca, y en las Diligencias Previas núm. 1.105/18, se dictó resolución cuya parte dispositiva es como sigue: 'Se acuerda imponer al menor Juan Antonio la medida cautelar de internamiento en régimen semiabierto, con una duración máxima de seis meses.

Esta medida se llevará a efecto de forma inmediata, requiriendo a la entidad pública al notificar la presente a fin de que realice lo necesario para su cumplimiento.

Notifíquese el presente auto al Ministerio Fiscal, al menor y su representante legal y al letrado de su defensa, así como a la entidad pública.

Este auto no es firme y contra el mismo cabe interponer de recurso de reforma en los tres días siguientes a su notificación y en su caso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Salamanca, por los mismos trámites que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el Procedimiento Abreviado.' Segundo.- Contra referido Auto se interpuso recurso de apelación por la Letrada Dña. Raquel Martín Carcelen en defensa de Juan Antonio , dándose traslado de referido escrito a las demás partes personadas, se elevó testimonio de particulares a la Audiencia Provincial para dictar resolución, registrándose al Rollo núm.

222/18 y pasando las actuaciones al Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. JOSE ANTONIO VEGA BRAVO.

Fundamentos

Primero.- La parte apelante fundamentó su recurso en la infracción del artículo 503 LECr, porque no hay indicios de criminalidad suficientes contra el menor imputado, y asimismo porque no considera adecuada tal medida para el menor en términos de proporcionalidad y necesidad de la misma.

El Ministerio Fiscal se opuso a dicho recurso.

Segundo.- Así las cosas, es preciso indicar inmediatamente que de acuerdo con la elaboración conceptual de la doctrina procesalista, las medidas de coerción procesal son el género al que pertenecen como una categoría las medidas cautelares. Aquéllas pueden ser definidas como el conjunto de instrumentos jurídicos que pueden ser empleados en el marco del proceso penal y que producen una afectación más o menos intensa en los derechos del sujeto afectado por las mismas, sea el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio o al secreto de las comunicaciones.

Las medidas cautelares, por su parte, son aquellos instrumentos procesales que sirven para garantizar la efectividad del proceso penal mismo, y más específicamente de la resolución (sentencia normalmente) que pone fin a dicho proceso, y que se proyectan sobre los derechos del imputado (sujeto pasivo del proceso penal). Se trata de instrumentos vinculados a la dimensión temporal de la sustanciación del proceso penal: si el juicio oral pudiera celebrarse el mismo día de la perpetración del delito o de la incoación del procedimiento penal no sería necesario disponer a lo largo del proceso medida cautelar alguna. Desgraciadamente esta solución, por regla general, es utópica, pues el juicio oral requiere su preparación a través de la fase previa, en la cual se invierte, en muchas ocasiones, un período de tiempo dilatado durante el que el imputado podría ocultarse a la acción de la justicia, frustrando el ulterior cumplimiento de la sentencia. Para asegurar el normal desarrollo del proceso y garantizar la ejecución de la futura y probable sentencia condenatoria surge la conveniencia de adoptar, hasta que ésta adquiera firmeza, las medidas cautelares.

A su vez, desde el punto de vista del objeto sobre el que recaen, las medidas cautelares se agrupan en dos grandes categorías: a) Medidas cautelares personales, que se proyectan sobre la persona del imputado con el fin de asegurar su sujeción al proceso penal y la efectividad (ejecución) de la sentencia condenatoria que eventualmente pudiese recaer en éste. Se trata de las medidas cautelares de mayor trascendencia en el proceso penal, en cuanto suponen una afectación de derechos fundamentales garantizados constitucionalmente y de la máxima relevancia como son, por ejemplo, la libertad personal ( art. 17 CE EDL1978/3879), la libertad de elección de residencia y de circulación por el territorio nacional ( art. 19 CE EDL1978/3879) e, indirectamente, la presunción de inocencia ( art. 24,2 CE EDL1978/3879). Estas medidas cautelares están reguladas en los Título VI y VII del Libro II ( arts. 489 y ss) de la LECrim.

b) Medidas cautelares reales, que afectan a los bienes o al patrimonio del imputado, y pretenden garantizar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en el proceso penal, ya sea la multa o sanción de naturaleza real que pudiera llegar a imponerse al imputado (decomiso), ya sea el pronunciamiento judicial relativo a la acción civil derivada del hecho delictivo, a las costas o a las consecuencias accesorias de carácter patrimonial. Las medidas cautelares reales están reguladas en el Título IX del Libro II ( arts. 589 y ss) de la ya citada LECrim.

Como ya se ha señalado anteriormente, la función que dota de sentido a las medidas cautelares es la de garantizar la efectividad del proceso penal en curso conjurando ciertos riesgos relevantes para el normal desarrollo del proceso o para la ejecución de la sentencia que pueden tener su origen en la actuación del imputado, como son su sustracción a la acción de la justicia, la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba, o la obstaculización por otros medios de la ejecución de la sentencia firme y evitación de la reiteración delictiva.

En este sentido, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante, CEDH) ha admitido el fin de evitación de la reiteración delictiva como fundamento de algunas medidas cautelares (la prisión preventiva, singularmente), pues así lo reconoce su art. 5,1,c) EDL1979/3822 al autorizar la prisión preventiva cuando se estime necesario para impedir que la persona privada de libertad cometa una infracción. A esta dirección se adscribe, lógicamente, numerosa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) que, en aplicación del precepto citado, justifica la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva sobre la base, entre otros, de los siguientes parámetros: la continuación prolongada de actos punibles, la gravedad de los perjuicios sufridos por las víctimas, la nocividad del acusado, la perturbación del orden público provocada por la infracción penal, la experiencia y el grado de capacidad del imputado para facilitar la repetición de los actos delictivos, o las exigencias del interés público en atención a las particulares circunstancias del caso (por ejemplo, sentencias de 10-11-1969, caso Matznetter c. Austria EDJ 1969/2 ; 10-11-1969, caso Stö gmüller c. Austria EDJ 1969/1 ; 16-7-1971, caso Ringeisen c. Austria EDJ 1971/2 ; 28-3-1990, B. c. Austria EDJ 1990/12358 ; 26-6-1991, caso Letellier c. Francia EDJ 1991/12533 ; 26-1-1993, caso W. c. Suiza EDJ 1993/14280 ; 20-3-2001, caso Bouchet c. Francia EDJ2001/2563 ; y 12-12-2006, caso Dombek c. Polonia EDJ2006/311564 ).

La naturaleza instrumental de las medidas cautelares impone que su adopción quede limitada a los supuestos en que concurran los dos grupos de requisitos básicos exigidos por los diversos ordenamientos jurídicos del entorno europeo: fumus boni iuris y periculum in mora.

A) El primero de éstos (fumus boni iuris, que podría ser traducido como 'apariencia o señal de buen derecho'), implica la necesidad de formular un razonamiento probabilístico relativo a la intervención del imputado en los hechos que se pretende enjuiciar, de tal modo que, dada la relevancia de las medidas cautelares a adoptar contra la persona imputada, no se restrinjan cautelarmente sus derechos sin unas probabilidades claras de que, en su momento, pueda resultar condenado. A él se refiere el art. 503,1, 2º LECrim. en su redacción vigente), y es equiparable en términos genéricos a las expresiones que emplean otras legislaciones europeas (por ejemplo, dringender Tatverdacht de los §§ 112 a 113 StPO alemana o gravi indizi di colpevolezza del art. 273,1 CPP italiano) o la jurisprudencia del TEDH, que bajo la expresión 'razonables sospechas' se refiere al juicio positivo de imputación que ha de concurrir necesariamente para acordar o mantener la más gravosa de las medidas cautelares de naturaleza personal (prisión provisional). El juicio de imputación que ha de realizarse para la adopción de la medida cautelar debe implicar un notable grado de certidumbre y verosimilitud acerca de la intervención del imputado en el hecho delictivo que ha determinado la incoación del proceso penal, aunque este grado de verosimilitud habrá de ser mayor cuanto más gravosa sea la medida cautelar respecto de los derechos del imputado. En todo caso, es evidente que solo en el supuesto de que concurra el elevado grado de certidumbre exigido respecto de cada medida cautelar en concreto podría adoptarse legítimamente dicha medida cautelar contra el imputado en un proceso penal.

B) El segundo presupuesto esencial (periculum in mora o 'riesgo por el retardo') supone un peligro de daño jurídico concreto derivado de la tardanza en la tramitación del proceso penal, ya que la dilación en el tiempo hasta la celebración del juicio oral y la firmeza de la sentencia condenatoria que eventualmente pudiese recaer puede dar lugar a la frustración de éste por la sustracción del imputado a la acción de la justicia, por la ocultación, pérdida o destrucción de las fuentes de prueba, por la actuación del imputado contra los bienes jurídicos de la víctima del delito o por la reiteración delictiva. A él se refiere el art. 503 1.3º LECrim. Desde el punto de vista del derecho comparado podría decirse que los diversos ordenamientos del entorno europeo incluyen tres grandes grupos de riesgos que tratan de ser conjurados mediante las medidas cautelares: la fuga o sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado; la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba por el imputado; y, finalmente, la reiteración delictiva por el imputado (particularmente contra los bienes jurídicos de la víctima).

En particular, el riesgo de ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba se configura como una de las causas justificativas de las medidas cautelares personales contra el imputado admitida en los ordenamientos procesales penales de la mayoría de los estados de la Unión Europea (por ejemplo, art. 114 CPP francés; art. 274.1 a) CPP italiano; art. 204 CPP portugués; § 112.2.3 StPO alemana y art. 3.6.c) Bail Act inglesa de 1976) y aceptada por la jurisprudencia reiterada del TEDH (sentencias de 16-7-1971, caso Ringreisen c. Austria EDJ 1971/2 ; 26-1-1993, caso VV. C. Suiza EDJ 1993/14280 ; 23-9-1998, caso MIA c. Francia; 7-4-2005, caso Calleja c. Malta; y 31-5-2011, caso Boguslaw Krawckaz c. Polonia, entre otras), aunque en el caso de España no fue introducida hasta la reforma de la LECrim. operada por la ya citada LO 13/2003, de 24 octubre EDL2003/103451. Es de destacar a este respecto que el propio TC había acogido este motivo justificativo de la medida cautelar de prisión preventiva a partir de su STC nº 128/1995, de 26-7 EDJ1995/3567 , en la que se menciona expresamente el 'riesgo de obstrucción de la instrucción penal' como uno de los que pueden ser legítimamente conjurados mediante la adopción de la medida cautelar (en ese mismo sentido, SSTC nº 191/2004, de 2-11 EDJ2004/156810 y nº 62/2005, de 14-3 EDJ2005/29887), subrayando que 'lo que en ningún caso puede perseguirse con la prisión provisional son fines punitivos o de anticipación de la pena, o fines de impulso de la instrucción sumarial, propiciando la obtención de pruebas consistentes en la declaración de los imputados u otras'.

La doctrina procesalista de los países de nuestro entorno europeo ha destacado, asimismo, una serie de rasgos esenciales, comunes a las diversas medidas cautelares de naturaleza personal, y que tienen el valor de servir como pauta en la interpretación de las normas positivas que regulan las diversas medidas cautelares. Destacan entre estos caracteres los siguientes: A) Legalidad. El principio de legalidad referido a las medidas cautelares supone que sólo pueden ser adoptadas aquellas medidas previstas en las normas correspondientes del ordenamiento procesal, y, además, que sólo puede ser adoptada la medida correspondiente cuando concurran los motivos tasados que justifican la imposición de la medida, de acuerdo con la norma legal aplicable. Este principio aparece expresamente recogido en el art. 502.2 LECrim. El principio de legalidad en esta materia impone una regla de numerus clausus, como solución que puede entenderse exigida por la jurisprudencia constitucional, al menos en lo relativo a las medidas cautelares personales.

B) Jurisdiccionalidad. El carácter jurisdiccional de las medidas cautelares supone que su adopción corresponde exclusivamente a los órganos del Poder Judicial, y, más específicamente, a los jueces y tribunales que integran el mismo. Este principio aparece reflejado en el art. 502.1 LECrim. La atribución de carácter jurisdiccional a las medidas cautelares no supone necesariamente que la decisión judicial por la que se imponen pueda ser adoptada por el juez o tribunal ex officio. Antes al contrario, la regla general en la mayoría de los ordenamientos de los Estados miembros de la Unión Europea consiste en que la medida cautelar correspondiente sólo puede ser acordada por el juez o tribunal previa petición de parte (el Ministerio Fiscal u otra de las partes acusadoras en el caso de los sistemas procesales penales en los que el Ministerio Fiscal no ostenta el monopolio de la persecución penal) y tras haber oído al sujeto imputado, con la finalidad de garantizar el principio de contradicción. El procedimiento previsto en la LECrim. para la adopción de algunas de las medidas cautelares personales contra el imputado responde claramente a estas pautas (así, art. 505).

C) Instrumentalidad. Las medidas cautelares resultan instrumentales respecto del proceso penal en el marco del cual son adoptadas, porque sólo se justifican en relación con éste. Su naturaleza instrumental deriva del hecho de que garantizan, tanto el proceso declarativo (asegurando la presencia del imputado y preservando los elementos de prueba que puedan servir en el mismo), como la efectividad del cumplimiento de la sentencia condenatoria que pudiera recaer, esto es, el proceso de ejecución. Esta característica determina necesariamente la extinción de las medidas cautelares personales cuando finalice el proceso penal en el marco del que fueron adoptadas ( art. 502.4 LECrim.). En este sentido, hemos de destacar la estrecha relación que, según la jurisprudencia del TC, 'existe entre el derecho fundamental a obtener una tutela judicial efectiva y la actividad cautelar que pueden desarrollar jueces y tribunales', subrayando la frecuencia en que la efectividad de esa tutela 'depende enteramente de la adopción de ciertas medidas que resultan imprescindibles para asegurar la ejecución de los pronunciamientos que puede llegar a contener la sentencia sobre el fondo'.

D) Provisionalidad. Esta característica hace referencia al hecho de que las medidas cautelares no tienen vocación de convertirse en definitivas, por lo que quedan sin efecto cuando finaliza el proceso principal o cuando dejan de ser necesarias en éste. Por su carácter provisional las medidas cautelares sólo se mantienen en tanto en cuanto subsistan las circunstancias que motivaron su adopción, las cuales pueden sufrir alguna variación en el curso del tiempo. En consecuencia, la medida cautelar puede ser alzada o modificada o sustituida por otra cuando se altera la situación de hecho que justificó su adopción. Este es el sentido del art. 504 LECrim. La propia jurisprudencia del TEDH ha señalado que el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad durante el procedimiento que garantiza el art. 5,3 CEDH EDL1979/3822 obliga a la revisión periódica de la medida cautelar adoptada para valorar si persisten los indicios racionales de que el imputado cometió el hecho delictivo y los motivos suficientes que justificaron la adopción de la medida correspondiente (así, sentencias de 28-3-1990, caso B. C. Austria EDJ 1990/12358 ; 21-2-1996, caso Singh c. Reino Unido EDJ 1996/12045 ; 1-8-2000, caso P.B. c. Francia EDJ 2000/18761 ; 26-10-2000, caso Kudla c. Polonia EDJ 2000/29336 ; 2-2-2006, caso Vasilev c. Bulgaria EDJ 2006/1508 ; 24-11- 2009, caso Zurawski c. Polonia EDJ2009/258034 ; y 28-9-2010, caso Mangouras c. España EDJ2010/189842 ).

E) Temporalidad. La duración de las medidas cautelares es limitada, ya que -como consecuencia de su carácter provisional- se extinguen al concluir el procedimiento principal o al desaparecer las causas que las motivaron. Además, en el caso de medidas cautelares que afectan intensamente a derechos fundamentales no es infrecuente que los ordenamientos procesales establezcan un límite temporal máximo fijado por la ley y que debe ser respetado ineludiblemente, incluso aunque subsistieran los presupuestos para su mantenimiento.

Este es el criterio que sigue de forma genérica el citado art. 504 LECrim.

Medidas cautelares personales que, en fin, la Ley de Enjuiciamiento Criminal clasifica en tres grandes categorías, a saber, la detención, la libertad provisional y la prisión provisional.

Tercero.- Pues bien, en el presente caso es claro que se cumplen los requisitos antes vistos, exigidos para el caso de menores por el artículo 28 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Según el cual: '1. El Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal, cuando existan indicios racionales de la comisión de un delito y el riesgo de eludir u obstruir la acción de la justicia por parte del menor o de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima, podrá solicitar del Juez de Menores, en cualquier momento, la adopción de medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado o para la debida protección de la víctima. Dichas medidas podrán consistir en internamiento en centro en el régimen adecuado, libertad vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez, o convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. El Juez, oído el letrado del menor, así como el equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores, que informarán especialmente sobre la naturaleza de la medida cautelar, resolverá sobre lo propuesto tomando en especial consideración el interés del menor. La medida cautelar adoptada podrá mantenerse hasta que recaiga sentencia firme.

2. Para la adopción de la medida cautelar de internamiento se atenderá a la gravedad de los hechos, valorando también las circunstancias personales y sociales del menor, la existencia de un peligro cierto de fuga, y, especialmente, el que el menor hubiera cometido o no con anterioridad otros hechos graves de la misma naturaleza. El Juez de Menores resolverá, a instancia del Ministerio Fiscal o de la acusación particular, en una comparecencia a la que asistirán también el letrado del menor, las demás partes personadas, el representante del equipo técnico y el de la entidad pública de protección o reforma de menores, los cuales informarán al Juez sobre la conveniencia de la adopción de la medida solicitada en función de los criterios consignados en este artículo. En dicha comparecencia el Ministerio Fiscal y las partes personadas podrán proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes.

3. El tiempo máximo de la medida cautelar de internamiento será de seis meses, y podrá prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal, previa audiencia del letrado del menor y mediante auto motivado, por otros tres meses como máximo.

4. Las medidas cautelares se documentarán en el Juzgado de Menores en pieza separada del expediente.

5. El tiempo de cumplimiento de las medidas cautelares se abonará en su integridad para el cumplimiento de las medidas que se puedan imponer en la misma causa o, en su defecto, en otras causas que hayan tenido por objeto hechos anteriores a la adopción de aquéllas. El Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal y oídos el letrado del menor y el equipo técnico que informó la medida cautelar, ordenará que se tenga por ejecutada la medida impuesta en aquella parte que estime razonablemente compensada por la medida cautelar.' Y en efecto, en el presente caso hay indicios de la participación del menor en los hechos objeto de instrucción, de acuerdo con las declaraciones e identificaciones efectuadas en fiscalía, pues el perjudicado ha reconocido al menor como implicado en los hechos. Los cuales además revisten la suficiente gravedad exigida por la citada ley para la adopción de una tal medida como la ahora impugnada, ya que el menor según el atestado policial estaba en posesión de una navaja que fue exhibida para conseguir el objetivo, un robo, por lo que nos hallamos ante un presunto delito de robo con intimidación con exhibición de arma blanca. Sin olvidar que según el equipo técnico el meno se encuentra en situación de gran inestabilidad y presenta una situación de riesgo social con un comportamiento desajustado, no asume las normas, tiene problemas de consumo de tóxicos, frialdad emocional, nula empatía y normalización de conductas infractoras. Por lo que hay riesgo claro de reiteración delictiva si tenemos en cuenta su edad y la nula supervisión existente, así como ausencia de vínculo con esta ciudad.

En consecuencia, la medida adoptada se revela por el el momento como una medida necesaria para la adecuada protección del menor y de las víctimas, y también proporcionada a la importante gravedad de los hechos.

Procede, pues, desestimar el presente recurso de apelación.

Cuarto.- Por aplicación de los artículos 239 y 240 LECr, no se hace imposición de las costas de este recurso a ninguna de las partes.

Fallo

LA SALA ACUERDA: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Juan Antonio y confirmar el Auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Salamanca (en funciones de guardia), con fecha 14 de junio de 2.018, sin imposición de costas a ninguna de las partes.

Notifíquese y remítanse las actuaciones al Juzgado de procedencia con testimonio de la presente resolución, verificado archívese el presente rollo.

Así por este nuestro auto lo acordamos, mandamos y firmamos. Doy fe.

EL/LA PRESIDENTE/A LOS MAGISTRADOS EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA