Sentencia Penal 251/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10561/2025 de 26 de marzo del 2026

PRIMERO.-Primer motivo, por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849.2º LECrim.

1.Viene manteniendo esta Sala que el recurso casación por error en la valoración de la prueba, queda sujeto a los precisos cauces que la jurisprudencia ha ido señalando al abordar el motivo por error facti,del art. 849.2º LECrim. , conforme a los cuales, tal como se desarrolla por el recurrente ese cuestionamiento de tal valoración, está abocado al fracaso.

En efecto, decimos que está abocado al fracaso, porque no respeta los estrechos y precisos cauces que han de ser observados en casación, ya que, de conformidad al texto del art. 849.2º LECrim. , cabrá corregir errores fácticos, no jurídicos, de la sentencia de instancia, que resulte de un documento susceptible de dar lugar a la alteración del hecho probado con relevancia para el pronunciamiento final del juicio, pero siempre teniendo en cuenta que, en nuestro proceso penal, como resulta del inciso «sin resultar contradichos por otros elementos probatorios», no se reconoce preferencia alguna a la prueba documental sobre ninguna otra, ni testifical, ni pericial, ni otra prueba documental, a la vez que no cabe acudir a otro motivo, como suele ocurrir cuando se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia, para desbordar éste.

Sucede, además, que no se menciona ningún documento que tenga la cualidad de literosuficiente, esto es, con capacidad, por sí solo, para una modificación en el factum, con incidencia determinante en el pronunciamiento final del fallo; es decir, para la estimación de este motivo, se exige que el documento por sí mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas. Error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis, esto es, por el propio y literosuficiente poder demostrativo del documento; o, dicho de otro modo, resulta indispensable que los documentos contengan particulares, circunstancias o datos, que por sí mismos y sin necesidad de complementación, interpretación o razonamientos colaterales, choquen frontalmente con lo declarado probado, acreditando así indubitadamente la desviación que en la apreciación de la prueba se denuncia.

Y, además, es necesario que el dato contradictorio, cuando sea así acreditado, sea relevante, en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues, si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los elementos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo; ha de ser trascendente o con valor causal para la subsunción, por lo que no cabe la estimación de un motivo orientado en este sentido si se refiere la mutación a extremos accesorios o irrelevantes.

2.Como documentos que evidencian el error judicial, señala el recurrente Informe de la Policía Local de Algeciras y el realizado por la experta Juliana, perito judicial en criminalística forense, y alega que, conforme a doctrina reiterada de esta Sala, el informe pericial puede ser equiparado a la prueba documental a los efectos del art. 849.2 LECrim. , y, así es, pero de manera excepcional, y concurriendo determinadas circunstancias, que en el caso no se dan, por ello que, antes de seguir avanzando, hagamos un repaso por nuestra jurisprudencia en apoyo de este anticipo.

Podemos comenzar recordando que los informes periciales, aunque se documenten por escrito, en principio no son documento a los efectos de un motivo de casación por error factidel art. 849.2º LECrim. , como es al que se acude, sino una prueba personal documentada, sujeta, como todas las demás, a la libre valoración del tribunal sentenciador, lo que limita considerablemente que entre en valoraciones de la misma este Tribunal de Casación, cuando, como en el caso ha sucedido, esa valoración del tribunal sentenciador ha sido verificada y convalidada por el tribunal de apelación.

Así lo decíamos en STS 180/2021 de 2 de marzo de 2021, en la que, con cita de otras que le preceden, se puede leer:

«[...] dichos informes no son en realidad documentos sino pruebas personales documentadas consistentes en la emisión de pareceres técnicos sobre determinadas materias o sobre determinados hechos por parte de quienes tienen sobre los mismos una preparación especial, con la finalidad de facilitar la labor del Tribunal en el momento de valorar la prueba.

No se trata de pruebas que aporten aspectos fácticos, sino criterios que auxilian al órgano jurisdiccional en la interpretación y valoración de los hechos, sin modificar las facultades que le corresponden en orden a la valoración de la prueba. Por otro lado, su carácter de prueba personal no debe perderse de vista cuando la prueba pericial ha sido ratificada, ampliada o aclarada en el acto del juicio oral ante el Tribunal, pues estos aspectos quedan entonces de alguna forma afectados por la percepción directa del órgano jurisdiccional a consecuencia de la inmediación ( SSTS. 5.6.2000, 5.11.2003). Por ello la Sala Segunda solo excepcionalmente ha admitido la virtualidad de la prueba pericial como fundamentación de la pretensión de modificación del apartado fáctico de una sentencia, impugnada en casación, en supuestos como:

a) existiendo un solo dictamen o varios absolutamente coincidentes y no disponiendo la Audiencia de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos, el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de forma que se altere relevantemente su sentido originario.

b) cuando contando solamente con dicho dictamen o dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal de instancia haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar las razones que lo justifiquen o sin una explicación razonable ( SSTS. 182/2000 de 8.2, 1224/2000 de 8.7, 1572/2000 de 17.10, 1729/2003 de 24.12, 299/2004 de 4.3, 417/2004 de 29.3)»

3.A la luz de la jurisprudencia citada, falla por su base que se mantenga en el recurso la condición de literosuficiente de cualquiera de los dos informes que cita el recurrente, porque, repasada la sentencia de instancia, observamos que en la parte de su fundamentación que dedica a la valoración de la prueba explica que la pericia del policía local y de la Sra Juliana se practicó de forma conjunta, con lo que estamos hablando de una prueba personal, que podía venir documentada, y, además, con pareceres no iguales en todos los aspectos sobre los que informaron los peritos, por lo tanto sometido a valoración sus opiniones; a lo que podemos añadir lo declarado por varios testigos que dieron información sobre el siniestro, entre cuyos testimonios encontramos el de una de las víctimas, de cuya declaración recoge la sentencia de instancia pasajes tan determinantes como «fue a por ellos, lo tiene claro»; o la del funcionario NUM008, «vieron al Z volando y el BMW estampado»; o la del NUM009, «el BMW pasó como un misil, fue un impacto brutal. Podía haber pasado, había doble sentido. No frenó, "para nada", el BMW, ni dio volantazo».

Y no solo eso, sino que el tribunal de apelación, que es a quien corresponde verificar la valoración de la prueba hecha por el tribunal sentenciador, en ese proceso, que, con extensión, realiza en el fundamento de derecho segundo de su sentencia, comienza diciendo que «de entrada, la prueba pericial de informe técnico sobre la dinámica y causas del siniestro practicada de modo conjunto en el juicio oral, depuesta por el policía local con número profesional NUM010 y la perito criminalista Sra. Juliana, lleva a esta Sala a coincidir con la de primera instancia en que el acusado no llegó a frenar, sino que se mantuvo circulando a gran velocidad y en esa tesitura impactó el BMW con el vehículo oficial», para, a continuación, pasar a un análisis comparado de las dos pericias e incidir en los mismos testimonios que la sentencia de instancia.

Se queja la defensa de que el tribunal sentenciador, y avalado por el de apelación, ha incorporado el contenido de la pericia realizada por la Sra. Juliana de modo fragmentario y en absoluta contradicción con las reglas de la lógica y la racionalidad, cuando en el desarrollo del motivo lo que pretende es que se anteponga, con olvido del resto de la prueba practicada, lo declarado por su perito y, además, con la interpretación que ella realiza, lo que es tanto pretender que este Tribunal de casación entre en una dinámica de pura valoración de la prueba que no es la suya en el marco de control casacional que le corresponde, y, además, a costa de desbordar los parámetros por los que ha de pasar un motivo por error facti,como es el elegido. Por ello, no podemos compartir el reproche que hace a los tribunales que nos han precedido, cuando alega que han incorporado el contenido de su pericia de modo fragmentario o en absoluta contradicción con las reglas de la lógica y la racionalidad, sino que se han valido de él dentro del contexto de una valoración conjunta de toda la prueba practicada, en el que, si ha prescindido de alguna información de lo declarado por la perito, ha sido porque no convencía, a la vista de la otra pericia, la de la Policía Local, y la prueba testifical, y dando las explicaciones oportunas en cada caso.

En resumen, ha habido diversa prueba en juicio, que ha aportado información sobre el siniestro, valorada por el tribunal ante cuya presencia se practicó, verificada con los criterios de racionalidad propios del juicio de revisión que corresponde al tribunal de apelación, por lo que no procede la modificación del factumde la sentencia de instancia, y no entramos, ahora, en las conclusiones a las que se llega en el motivo, cuando considera que la inferencia de la Sala "a quo", de que la colisión fue buscada con dolo eventual es ilógica y arbitraria, y que, en opinión de quien firma el recurso, de acuerdo con las reglas de la lógica, pudo actuarse con imprudencia grave, porque esta cuestión la abordaremos cuando demos respuesta al motivo por error iuris,en el fundamento tercero.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

SEGUNDO.-Segundo motivo, por infracción de preceptos constitucionales, a tenor del art. 5.4 LOPJ.

Se mantiene en el motivo que la sentencia de apelación, en la medida que se remite a los razonamientos de la de primera instancia, ha vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, e insiste, como hizo en el motivo anterior, en que el juicio de inferencia del tribunal de apelación es irrazonable, que existe un error en la valoración de la prueba, vuelve a detenerse en el informe pericial del Policía Local, y se refiere también a que la acusación particular, en su calificación, presentaba como alternativa que las lesiones fueran constitutivas de un delito de lesiones imprudentes del art. 152.1. 1º CP.

Comenzando por esto último, decir que el hecho de que presentase unas conclusiones alternativas, no debe condicionar el definitivo juicio de subsunción que corresponde hacer en sentencia al tribunal de enjuiciamiento, una vez practicada y valorada la prueba; y no deja de ser una muestra de prudencia y celo profesional que, por razones de falta de homogeneidad entre pretensiones acusatorias diferentes, las acusaciones formulen distintas alternativas.

1.Como decimos, en este segundo motivo de recurso, si bien, en esta ocasión, con invocación de vulneración de derechos fundamentales, vuelve el recurrente a desarrollar su discurso cuestionando la valoración de la prueba realizada por el tribunal sentenciador y su convalidación por parte el tribunal de apelación, convalidación que nos parece razonable, porque, cuando la defensa del condenado plantea ante él cuestiones relativas a aspectos probatorios, bien sea por error en la valoración de la prueba, bien por vulneración del derecho fundamental a la presunción, conviene recordar que no le corresponde a él entrar en una valoración directa de una prueba que no ha sido practicada a su presencia, sino el juicio de revisión sobre la valoración realizada por el tribunal ante el que se practicó, por ser él el que gozó de los principios de inmediación y contradicción, fundamentales en el proceso valorativo.

Por otra parte, ya sea cuando se invoca error en la valoración de la prueba ya vulneración del derecho a la presunción de inocencia, en la medida que en ambos casos se cuestiona el proceso valorativo del tribunal sentenciador, hay que decir que el control que corresponde al Tribunal Supremo, en estos casos, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda respecto del alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del tribunal de instancia, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 150/2023, 3 de marzo; 821/2022, 17 de octubre; 678/2020, 11 de diciembre; 418/2020, 21 de julio; 97/2020, 5 de marzo; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero, con cita de la STS 390/2009, 21 de abril), de manera que, constatada la calidad constitucional y de legalidad de la prueba practicada, avanzamos que, en lo que al juicio de racionalidad que corresponde al tribunal de apelación en la verificación de la valoración de la prueba realizada por el tribunal sentenciador, como iremos viendo, no cabe reproche alguno, y es que, cumplida esa doble instancia, cuando se cuestiona dicho derecho fundamental, en lo que concierne al control casacional, nuestro juicio de revisión se ha de centrar en el examen de racionalidad sobre la motivación de la sentencia de apelación, relativo a la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba.

En efecto, habiendo mediado recurso de apelación previo al de casación, ha sido el tribunal de segunda instancia el que ha hecho revisión y verificado la estructura racional del discurso valorativo realizado por el tribunal sentenciador, y que, al haber constatado que se han observado las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos, exime a este Tribunal de Casación de tal función, en la medida que la nuestra se reconduce al examen de la racionalidad de la motivación de la sentencia de apelación, porque lo que, en ningún caso, nos corresponde, como se pretende en el recurso, es suplantar aquella valoración que viene de la instancia hecha por el tribunal ante cuya presencia se practicó la prueba, superado el filtro del tribunal de apelación, y menos si es pasando por la que proponga el parcial e interesado criterio del recurrente.

Suele suceder que en el marco de valoración de la prueba la defensa mantenga otras conclusiones distintas a las plasmadas en sentencia; sin embargo, hay una diferencia notable, como es que la que proponga ésta será desde ese parcial e interesado punto de vista de sus intereses de parte, mientras que la que hace el tribunal sentenciador y convalida el de apelación pasan por el criterio objetivo de quien no es parte.

Nuestro control casacional no está en entrar en el debate sobre si existen otras alternativas valorativas sobre el resultado de la prueba practicada, sino en la racionalidad del juicio de revisión realizado por el tribunal de apelación, que es quien ha dado cumplimiento a las exigencias de control sobre el pronunciamiento de condena de la sentencia de instancia. No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar, de un lado, la regularidad de la prueba utilizada, es decir, su ajuste a la Constitución y a la ley, y, de otro lado, la racionalidad del proceso argumentativo. Esta forma de proceder en el control de la racionalidad del proceso valorativo no implica que el Tribunal que resuelve el recurso pueda realizar una nueva valoración de las pruebas cuya práctica no ha presenciado, especialmente las de carácter personal. Se trata, solamente, de comprobar que el Tribunal de instancia se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de experiencia y no ha ignorado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente.

Valga en este sentido la doctrina que encontramos en la STC 300/2005, de 21 de noviembre, en la que se puede leer: «[...] de conformidad con una consolidada doctrina constitucional, de un lado, nuestra jurisdicción se ciñe a efectuar un control externo, de modo que "el juicio de amparo constitucional versa acerca de la razonabilidad del nexo establecido por la jurisdicción ordinaria, sin que podamos entrar a examinar otras posibles inferencias propuestas por quien solicitada el amparo" y, de otro, "entre diversas alternativas igualmente lógicas, nuestro control no puede alcanzar la sustitución de la valoración efectuada por los órganos judiciales, ni siquiera afirmar que fuera significativamente más probable un acaecimiento alternativo de los hechos"».

2.El desarrollo del motivo es reiteración de alegaciones y argumentos hechos en el recurso de apelación, deteniéndose en aquellos pasajes del testimonio del perito de la Policía Local prestado en juicio que le interesa e interpreta desde su punto de vista la defensa, que dice que fueron orilladas por la Sala de Apelación y que considera que pueden ser valoradas por este Tribunal, a los que añade pasajes de lo declarado por otros testigos.

Sin embargo, como venimos diciendo, además de que no es cometido nuestro, como Tribunal de casación, entrar en una valoración directa de una prueba no practicada a nuestra presencia, no procedería que lo hiciéramos porque, precisamente por ello, carecemos de principios tan fundamentales en la materia como el de inmediación y contradicción. Esto corresponde al tribunal ante el que se practica, y hemos de partir de que, a la hora de valorar la totalidad de prueba personal, escuchó los pasajes en que se detiene el recurrente y, sin embargo, llegó a unas conclusiones probatorias distintas a las que éste defiende, porque ese fue el resultado del proceso de valoración conjunto de todo el acervo probatorio. Así lo explica en su discurso valorativo, que ha sido convalidado por el tribunal de apelación, en particular en el fundamento segundo de su sentencia, al que volvemos a remitirnos, y lo hace mediante una motivación que consideramos racional, que no deja de serlo porque discrepe de ella la defensa.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

TERCERO.-Tercer motivo, al amparo del art. 849.1º LECrim, se denuncia aplicación indebida del art. 138 CP.

El sexto motivo, también al amparo del art 849.1º LECrim, vuelve a denunciar aplicación indebida del art. 138 CP, con la pretensión de que la condena sea por un delito de lesiones por imprudencia grave, del art. 152,1. 1º CP.

Los abordaremos conjuntamente.

1.Formulado el motivo por error iuris,del art. 849.1º LECrim. , conviene recordar que estamos ante un puro motivo sustantivo penal, que obliga a centrarse en el juicio de tipicidad de los hechos que se han declarado probados, sin introducción de matices que puedan hacer alterar su sentido, siendo ajeno a él cuantas cuestiones afectan a aspectos probatorios, propias del motivo por error factidel art. 849.2º LECrim. , o por infracción de precepto constitucional del art. 852 LECrim.

En este sentido, tomando como referencia lo que decíamos en STS 446/2022, de 5 de mayo de 2022, con cita de otras que la preceden, recordábamos «[...] que el recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim, ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruentes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, -y correspondientemente su desestimación- conforme lo previsto en el art. 884.3 LECr ( STS 421/2018, de 20 de septiembre)».

2.Dice el recurrente que, respetando los hechos probados, se centrará en la tipicidad subjetiva, esto es, en el ánimo homicida, en concreto, en la existencia de un dolo eventual, que no ha quedado debidamente acreditado; por lo tanto, en sintonía con la doctrina de la sentencia que acabamos de transcribir, dejaremos al margen toda cuestión probatoria y nos fijaremos en los hechos probados, que, sin perjuicio de remitirnos a los transcritos en los antecedentes de la presente sentencia, los reproducimos para facilitar el razonamiento que realizaremos a continuación.

Como una primera aproximación, no parece razonable concluir que un siniestro de tal envergadura, como el que se describe en los hechos probados, lo provoque quien conduce el vehículo con la sola finalidad de ocasionar unas lesiones, porque, aunque así pretenda justificar de alguna manera la gravedad de los resultados lesivos, es evidente que la conducción la llevó a cabo de manera consciente y voluntaria, elementos con los que se define el dolo del autor, y que lo previsible es que, producto del brutal impacto, sea un resultado de muerte.

Sin perjuicio de remitirnos a los hechos probados, trasladamos, a continuación, el pasaje más significativo de ellos en lo que ahora interesa:

«Al percibirse los agentes de que el vehículo BMW iba a impactar, sin variar la dirección, con intención de embestirlo con el objeto de inutilizar el vehículo policial para la posterior persecución; con conocimiento por parte del conductor de la capacidad homicida del vehículo y previendo la posibilidad de acabar con la vida de los agentes, éstos intentaron salir del vehículo, si bien el BMW impactó brutalmente contra la parte delantera, en particular el lado izquierdo -conductor- cuando el agente se encontraba aun apeándose del mismo, siendo su cuerpo desplazado a varios metros del vehículo policial. El agente en prácticas NUM003 también sufrió lesiones al lanzarse del vehículo en el momento de la colisión».

3.Como puede observarse, el hecho probado describe una acción, en sí misma, homicida, lo que sería suficiente para subsumir el hecho en el art. 138 CP, sin necesidad de añadir más. De hecho, si se lee este artículo, simplemente castiga a «el que matare a otro», sin ningún añadido más.

Son varias las teorías las que se han manejado para distinguir el dolo eventual de la imprudencia. En el caso, tal como se describen los hechos, no se introduce elemento alguno para derivarlos al art. 152 CP, donde se define la imprudencia, y resulta claro, al menos, un caso de dolo eventual.

Entre esas teorías se encuentran las de la probabilidad y la de la representación y no hay más que acudir a lo que nos muestra la realidad de los siniestros que tienen lugar ocasión de la circulación de vehículos de motor, que un impacto de la brutalidad del que se describe en los hechos probado tiene unas altas probabilidades de ser causante de la muerte de los ocupantes que ocupan el vehículo que recibe el impacto; si ese tipo de siniestro es provocado de manera consciente y voluntaria por quien conduce el vehículo que lo provoca no se puede ignorar que no fuera consciente también de tal probabilidad.

Por lo tanto, los hechos probados ofrecen el presupuesto fáctico con que definir un caso claro de dolo eventual, y lo podemos hacer acudiendo a la teoría de probabilidad, pues no cabe duda de que el condenado se tuvo que representar como muy probable que un impacto de tal envergadura, provocado con un coche que conducía de manera consciente y voluntaria y que de manera consciente y voluntaria dirigió a muy elevada velocidad a otro vehículo ocupado por dos personas, tuviera un resultado de muerte, pese a lo cual actuó, porque le era indiferente que se produjera, o no, habiendo, como había, una alta probabilidad de que pudiera causar ese resultado. De hecho, por acudir a precedentes en esta Sala con los que encontrar un parangón al que se puede asimilar el caso que nos ocupe, tenemos los casos de los conocidos como «conductor suicida», en que se ha considerado que concurre dolo eventual.

Procede, pues, la desestimación de los motivos tercero y sexto.

CUARTO.-Cuarto motivo, al amparo del art. 849.1º LECrim. , por aplicación indebida de los art. 550 y 551 CP.

Se reprocha a la sentencia recurrida que ratifique la condena por el delito de atentado, porque no se recoge en los hechos probados que la intención del condenado fuera la de menoscabar el principio de autoridad.

Hemos de volver a los hechos probados y en ellos se describe que el condenado era perseguido por un coche Z patrulla con las luces puestas, o que el impacto lo hizo con el objeto de inutilizar el vehículo policial, lo que poco comentario más precisa para concluir que, si dentro iban dos ocupantes, solo podría ser porque eran agentes de la autoridad, y si esto se hizo de manera consciente y voluntaria, ningún requisito más es preciso para colmar el dolo del autor, suficiente a los efectos de la tipicidad del delito de atentado del art. 550 CP.

Como responde el M.F. en oposición al motivo, «centrándonos en el elemento subjetivo, el dolo no requiere un ánimo específico de dañar o vituperar, sino que basta el conocimiento del carácter de autoridad o agente de la misma que ostenta el sujeto pasivo y la consciencia de que se le está acometiendo o intimidando».

Valga, en este sentido, la Sentencia de esta Sala 485/2015 de 16 de julio de 2015, en la que con cita de la 466/2013, de 4 de julio se puede leer:

«[...]el propósito de atentar contra la autoridad no requiere una especial decisión del autor de atentar contra la autoridad, diferente a la decisión de realizar la acción. Es decir, no es un elemento volitivo especial, sino un elemento cognitivo, que se da con el conocimiento del carácter de autoridad de la persona intimidada o acometida. El que sabe que intimida o acomete a una persona que ejerce como autoridad tiene, por lo tanto el propósito de atentar contra la misma. Por lo tanto, es erróneo considerar a dicho propósito como un elemento diferente del elemento cognitivo del dolo.

De modo que aunque medie el móvil de huir, el pleno conocimiento concurrente del acometimiento realizado, cumplimenta el dolo requerido en el delito de atentado. La STS núm. 364/2013, de 25 de abril , precisa con cita de la STS núm. 1125/2011, de 2 de noviembre , que este elemento subjetivo del injusto va ínsito en los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que permitan inferior o motivación ajena a las funciones públicas del ofendido, entendiendo que quien arremete conociendo la condición de sujeto pasivo acepta la ofensa de dicho principio como consecuencia necesaria cubierta por dolo directo de segundo grado, matizándose que la presencia de un ánimo o dolo específico....puede manifestarse de forma directa, respecto de perseguir el sujeto con su acción la ofensa o menoscabo en la función pública, o merced al dolo de segundo grado, también llamado de consecuencias necesarias, cuando, aun persiguiendo aquél otras finalidades, le conste la condición de funcionario del sujeto pasivo y acepte».

Procede, pues, la desestimación del motivo.

QUINTO.-Quinto motivo, por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim. , y lo que se denuncia es transgresión, por aplicación indebida del art. 138 CP, en relación con el 550 y 551 CP y en su relación concursal con el art. 77 y art. 66 CP.

El motivo, en su desarrollo, incurre en graves imprecisiones, que, de pasar por ellas podrían llevar a imponer penas más graves que las que fueron impuestas en la sentencia recurrida, pero que obviaremos porque lo impide una reformatio in peius,y solo podemos reiterar los argumentos que se recogen en el fundamento sexto de la sentencia recurrida.

La pena que impone la sentencia recurrida no lo es como consecuencia de aplicar relación concursal alguna, sino producto de criterios de pura individualización de la pena prevista en el art. 138. 2 b) CP, que contempla para los casos de homicidio agravado, esto es, «cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550», la pena superior en grado a la de 10 a 15 años de prisión del homicidio básico; por lo tanto, una pena, en toda su extensión, de 15 años y 1 día a 22 años y 6 meses, que, al ser reducida en un grado, por haber quedado los homicidios en grado de tentativa, queda un arco de 7 años y 6 meses a 15 años menos 1 día, por lo que, si ha fijado cada pena en 8 años de prisión, es una pena razonable, que absorbe la que correspondería al delito de atentado de atender a la que, por separado, correspondería a éste, porque de lo contrario se incurriría en un bis in idem.

Procede, por lo tanto, la desestimación del motivo.

SEXTO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 901 LECrim. , procede condenar al recurrente al pago de las costas ocasionadas con su recurso, incluidas las de la acusación particular.

PRIMERO.-Primer motivo, por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849.2º LECrim.

1.Viene manteniendo esta Sala que el recurso casación por error en la valoración de la prueba, queda sujeto a los precisos cauces que la jurisprudencia ha ido señalando al abordar el motivo por error facti,del art. 849.2º LECrim. , conforme a los cuales, tal como se desarrolla por el recurrente ese cuestionamiento de tal valoración, está abocado al fracaso.

En efecto, decimos que está abocado al fracaso, porque no respeta los estrechos y precisos cauces que han de ser observados en casación, ya que, de conformidad al texto del art. 849.2º LECrim. , cabrá corregir errores fácticos, no jurídicos, de la sentencia de instancia, que resulte de un documento susceptible de dar lugar a la alteración del hecho probado con relevancia para el pronunciamiento final del juicio, pero siempre teniendo en cuenta que, en nuestro proceso penal, como resulta del inciso «sin resultar contradichos por otros elementos probatorios», no se reconoce preferencia alguna a la prueba documental sobre ninguna otra, ni testifical, ni pericial, ni otra prueba documental, a la vez que no cabe acudir a otro motivo, como suele ocurrir cuando se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia, para desbordar éste.

Sucede, además, que no se menciona ningún documento que tenga la cualidad de literosuficiente, esto es, con capacidad, por sí solo, para una modificación en el factum, con incidencia determinante en el pronunciamiento final del fallo; es decir, para la estimación de este motivo, se exige que el documento por sí mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas. Error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis, esto es, por el propio y literosuficiente poder demostrativo del documento; o, dicho de otro modo, resulta indispensable que los documentos contengan particulares, circunstancias o datos, que por sí mismos y sin necesidad de complementación, interpretación o razonamientos colaterales, choquen frontalmente con lo declarado probado, acreditando así indubitadamente la desviación que en la apreciación de la prueba se denuncia.

Y, además, es necesario que el dato contradictorio, cuando sea así acreditado, sea relevante, en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues, si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los elementos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo; ha de ser trascendente o con valor causal para la subsunción, por lo que no cabe la estimación de un motivo orientado en este sentido si se refiere la mutación a extremos accesorios o irrelevantes.

2.Como documentos que evidencian el error judicial, señala el recurrente Informe de la Policía Local de Algeciras y el realizado por la experta Juliana, perito judicial en criminalística forense, y alega que, conforme a doctrina reiterada de esta Sala, el informe pericial puede ser equiparado a la prueba documental a los efectos del art. 849.2 LECrim. , y, así es, pero de manera excepcional, y concurriendo determinadas circunstancias, que en el caso no se dan, por ello que, antes de seguir avanzando, hagamos un repaso por nuestra jurisprudencia en apoyo de este anticipo.

Podemos comenzar recordando que los informes periciales, aunque se documenten por escrito, en principio no son documento a los efectos de un motivo de casación por error factidel art. 849.2º LECrim. , como es al que se acude, sino una prueba personal documentada, sujeta, como todas las demás, a la libre valoración del tribunal sentenciador, lo que limita considerablemente que entre en valoraciones de la misma este Tribunal de Casación, cuando, como en el caso ha sucedido, esa valoración del tribunal sentenciador ha sido verificada y convalidada por el tribunal de apelación.

Así lo decíamos en STS 180/2021 de 2 de marzo de 2021, en la que, con cita de otras que le preceden, se puede leer:

«[...] dichos informes no son en realidad documentos sino pruebas personales documentadas consistentes en la emisión de pareceres técnicos sobre determinadas materias o sobre determinados hechos por parte de quienes tienen sobre los mismos una preparación especial, con la finalidad de facilitar la labor del Tribunal en el momento de valorar la prueba.

No se trata de pruebas que aporten aspectos fácticos, sino criterios que auxilian al órgano jurisdiccional en la interpretación y valoración de los hechos, sin modificar las facultades que le corresponden en orden a la valoración de la prueba. Por otro lado, su carácter de prueba personal no debe perderse de vista cuando la prueba pericial ha sido ratificada, ampliada o aclarada en el acto del juicio oral ante el Tribunal, pues estos aspectos quedan entonces de alguna forma afectados por la percepción directa del órgano jurisdiccional a consecuencia de la inmediación ( SSTS. 5.6.2000, 5.11.2003). Por ello la Sala Segunda solo excepcionalmente ha admitido la virtualidad de la prueba pericial como fundamentación de la pretensión de modificación del apartado fáctico de una sentencia, impugnada en casación, en supuestos como:

a) existiendo un solo dictamen o varios absolutamente coincidentes y no disponiendo la Audiencia de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos, el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de forma que se altere relevantemente su sentido originario.

b) cuando contando solamente con dicho dictamen o dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal de instancia haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar las razones que lo justifiquen o sin una explicación razonable ( SSTS. 182/2000 de 8.2, 1224/2000 de 8.7, 1572/2000 de 17.10, 1729/2003 de 24.12, 299/2004 de 4.3, 417/2004 de 29.3)»

3.A la luz de la jurisprudencia citada, falla por su base que se mantenga en el recurso la condición de literosuficiente de cualquiera de los dos informes que cita el recurrente, porque, repasada la sentencia de instancia, observamos que en la parte de su fundamentación que dedica a la valoración de la prueba explica que la pericia del policía local y de la Sra Juliana se practicó de forma conjunta, con lo que estamos hablando de una prueba personal, que podía venir documentada, y, además, con pareceres no iguales en todos los aspectos sobre los que informaron los peritos, por lo tanto sometido a valoración sus opiniones; a lo que podemos añadir lo declarado por varios testigos que dieron información sobre el siniestro, entre cuyos testimonios encontramos el de una de las víctimas, de cuya declaración recoge la sentencia de instancia pasajes tan determinantes como «fue a por ellos, lo tiene claro»; o la del funcionario NUM008, «vieron al Z volando y el BMW estampado»; o la del NUM009, «el BMW pasó como un misil, fue un impacto brutal. Podía haber pasado, había doble sentido. No frenó, "para nada", el BMW, ni dio volantazo».

Y no solo eso, sino que el tribunal de apelación, que es a quien corresponde verificar la valoración de la prueba hecha por el tribunal sentenciador, en ese proceso, que, con extensión, realiza en el fundamento de derecho segundo de su sentencia, comienza diciendo que «de entrada, la prueba pericial de informe técnico sobre la dinámica y causas del siniestro practicada de modo conjunto en el juicio oral, depuesta por el policía local con número profesional NUM010 y la perito criminalista Sra. Juliana, lleva a esta Sala a coincidir con la de primera instancia en que el acusado no llegó a frenar, sino que se mantuvo circulando a gran velocidad y en esa tesitura impactó el BMW con el vehículo oficial», para, a continuación, pasar a un análisis comparado de las dos pericias e incidir en los mismos testimonios que la sentencia de instancia.

Se queja la defensa de que el tribunal sentenciador, y avalado por el de apelación, ha incorporado el contenido de la pericia realizada por la Sra. Juliana de modo fragmentario y en absoluta contradicción con las reglas de la lógica y la racionalidad, cuando en el desarrollo del motivo lo que pretende es que se anteponga, con olvido del resto de la prueba practicada, lo declarado por su perito y, además, con la interpretación que ella realiza, lo que es tanto pretender que este Tribunal de casación entre en una dinámica de pura valoración de la prueba que no es la suya en el marco de control casacional que le corresponde, y, además, a costa de desbordar los parámetros por los que ha de pasar un motivo por error facti,como es el elegido. Por ello, no podemos compartir el reproche que hace a los tribunales que nos han precedido, cuando alega que han incorporado el contenido de su pericia de modo fragmentario o en absoluta contradicción con las reglas de la lógica y la racionalidad, sino que se han valido de él dentro del contexto de una valoración conjunta de toda la prueba practicada, en el que, si ha prescindido de alguna información de lo declarado por la perito, ha sido porque no convencía, a la vista de la otra pericia, la de la Policía Local, y la prueba testifical, y dando las explicaciones oportunas en cada caso.

En resumen, ha habido diversa prueba en juicio, que ha aportado información sobre el siniestro, valorada por el tribunal ante cuya presencia se practicó, verificada con los criterios de racionalidad propios del juicio de revisión que corresponde al tribunal de apelación, por lo que no procede la modificación del factumde la sentencia de instancia, y no entramos, ahora, en las conclusiones a las que se llega en el motivo, cuando considera que la inferencia de la Sala "a quo", de que la colisión fue buscada con dolo eventual es ilógica y arbitraria, y que, en opinión de quien firma el recurso, de acuerdo con las reglas de la lógica, pudo actuarse con imprudencia grave, porque esta cuestión la abordaremos cuando demos respuesta al motivo por error iuris,en el fundamento tercero.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

SEGUNDO.-Segundo motivo, por infracción de preceptos constitucionales, a tenor del art. 5.4 LOPJ.

Se mantiene en el motivo que la sentencia de apelación, en la medida que se remite a los razonamientos de la de primera instancia, ha vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, e insiste, como hizo en el motivo anterior, en que el juicio de inferencia del tribunal de apelación es irrazonable, que existe un error en la valoración de la prueba, vuelve a detenerse en el informe pericial del Policía Local, y se refiere también a que la acusación particular, en su calificación, presentaba como alternativa que las lesiones fueran constitutivas de un delito de lesiones imprudentes del art. 152.1. 1º CP.

Comenzando por esto último, decir que el hecho de que presentase unas conclusiones alternativas, no debe condicionar el definitivo juicio de subsunción que corresponde hacer en sentencia al tribunal de enjuiciamiento, una vez practicada y valorada la prueba; y no deja de ser una muestra de prudencia y celo profesional que, por razones de falta de homogeneidad entre pretensiones acusatorias diferentes, las acusaciones formulen distintas alternativas.

1.Como decimos, en este segundo motivo de recurso, si bien, en esta ocasión, con invocación de vulneración de derechos fundamentales, vuelve el recurrente a desarrollar su discurso cuestionando la valoración de la prueba realizada por el tribunal sentenciador y su convalidación por parte el tribunal de apelación, convalidación que nos parece razonable, porque, cuando la defensa del condenado plantea ante él cuestiones relativas a aspectos probatorios, bien sea por error en la valoración de la prueba, bien por vulneración del derecho fundamental a la presunción, conviene recordar que no le corresponde a él entrar en una valoración directa de una prueba que no ha sido practicada a su presencia, sino el juicio de revisión sobre la valoración realizada por el tribunal ante el que se practicó, por ser él el que gozó de los principios de inmediación y contradicción, fundamentales en el proceso valorativo.

Por otra parte, ya sea cuando se invoca error en la valoración de la prueba ya vulneración del derecho a la presunción de inocencia, en la medida que en ambos casos se cuestiona el proceso valorativo del tribunal sentenciador, hay que decir que el control que corresponde al Tribunal Supremo, en estos casos, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda respecto del alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del tribunal de instancia, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 150/2023, 3 de marzo; 821/2022, 17 de octubre; 678/2020, 11 de diciembre; 418/2020, 21 de julio; 97/2020, 5 de marzo; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero, con cita de la STS 390/2009, 21 de abril), de manera que, constatada la calidad constitucional y de legalidad de la prueba practicada, avanzamos que, en lo que al juicio de racionalidad que corresponde al tribunal de apelación en la verificación de la valoración de la prueba realizada por el tribunal sentenciador, como iremos viendo, no cabe reproche alguno, y es que, cumplida esa doble instancia, cuando se cuestiona dicho derecho fundamental, en lo que concierne al control casacional, nuestro juicio de revisión se ha de centrar en el examen de racionalidad sobre la motivación de la sentencia de apelación, relativo a la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba.

En efecto, habiendo mediado recurso de apelación previo al de casación, ha sido el tribunal de segunda instancia el que ha hecho revisión y verificado la estructura racional del discurso valorativo realizado por el tribunal sentenciador, y que, al haber constatado que se han observado las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos, exime a este Tribunal de Casación de tal función, en la medida que la nuestra se reconduce al examen de la racionalidad de la motivación de la sentencia de apelación, porque lo que, en ningún caso, nos corresponde, como se pretende en el recurso, es suplantar aquella valoración que viene de la instancia hecha por el tribunal ante cuya presencia se practicó la prueba, superado el filtro del tribunal de apelación, y menos si es pasando por la que proponga el parcial e interesado criterio del recurrente.

Suele suceder que en el marco de valoración de la prueba la defensa mantenga otras conclusiones distintas a las plasmadas en sentencia; sin embargo, hay una diferencia notable, como es que la que proponga ésta será desde ese parcial e interesado punto de vista de sus intereses de parte, mientras que la que hace el tribunal sentenciador y convalida el de apelación pasan por el criterio objetivo de quien no es parte.

Nuestro control casacional no está en entrar en el debate sobre si existen otras alternativas valorativas sobre el resultado de la prueba practicada, sino en la racionalidad del juicio de revisión realizado por el tribunal de apelación, que es quien ha dado cumplimiento a las exigencias de control sobre el pronunciamiento de condena de la sentencia de instancia. No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar, de un lado, la regularidad de la prueba utilizada, es decir, su ajuste a la Constitución y a la ley, y, de otro lado, la racionalidad del proceso argumentativo. Esta forma de proceder en el control de la racionalidad del proceso valorativo no implica que el Tribunal que resuelve el recurso pueda realizar una nueva valoración de las pruebas cuya práctica no ha presenciado, especialmente las de carácter personal. Se trata, solamente, de comprobar que el Tribunal de instancia se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de experiencia y no ha ignorado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente.

Valga en este sentido la doctrina que encontramos en la STC 300/2005, de 21 de noviembre, en la que se puede leer: «[...] de conformidad con una consolidada doctrina constitucional, de un lado, nuestra jurisdicción se ciñe a efectuar un control externo, de modo que "el juicio de amparo constitucional versa acerca de la razonabilidad del nexo establecido por la jurisdicción ordinaria, sin que podamos entrar a examinar otras posibles inferencias propuestas por quien solicitada el amparo" y, de otro, "entre diversas alternativas igualmente lógicas, nuestro control no puede alcanzar la sustitución de la valoración efectuada por los órganos judiciales, ni siquiera afirmar que fuera significativamente más probable un acaecimiento alternativo de los hechos"».

2.El desarrollo del motivo es reiteración de alegaciones y argumentos hechos en el recurso de apelación, deteniéndose en aquellos pasajes del testimonio del perito de la Policía Local prestado en juicio que le interesa e interpreta desde su punto de vista la defensa, que dice que fueron orilladas por la Sala de Apelación y que considera que pueden ser valoradas por este Tribunal, a los que añade pasajes de lo declarado por otros testigos.

Sin embargo, como venimos diciendo, además de que no es cometido nuestro, como Tribunal de casación, entrar en una valoración directa de una prueba no practicada a nuestra presencia, no procedería que lo hiciéramos porque, precisamente por ello, carecemos de principios tan fundamentales en la materia como el de inmediación y contradicción. Esto corresponde al tribunal ante el que se practica, y hemos de partir de que, a la hora de valorar la totalidad de prueba personal, escuchó los pasajes en que se detiene el recurrente y, sin embargo, llegó a unas conclusiones probatorias distintas a las que éste defiende, porque ese fue el resultado del proceso de valoración conjunto de todo el acervo probatorio. Así lo explica en su discurso valorativo, que ha sido convalidado por el tribunal de apelación, en particular en el fundamento segundo de su sentencia, al que volvemos a remitirnos, y lo hace mediante una motivación que consideramos racional, que no deja de serlo porque discrepe de ella la defensa.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

TERCERO.-Tercer motivo, al amparo del art. 849.1º LECrim, se denuncia aplicación indebida del art. 138 CP.

El sexto motivo, también al amparo del art 849.1º LECrim, vuelve a denunciar aplicación indebida del art. 138 CP, con la pretensión de que la condena sea por un delito de lesiones por imprudencia grave, del art. 152,1. 1º CP.

Los abordaremos conjuntamente.

1.Formulado el motivo por error iuris,del art. 849.1º LECrim. , conviene recordar que estamos ante un puro motivo sustantivo penal, que obliga a centrarse en el juicio de tipicidad de los hechos que se han declarado probados, sin introducción de matices que puedan hacer alterar su sentido, siendo ajeno a él cuantas cuestiones afectan a aspectos probatorios, propias del motivo por error factidel art. 849.2º LECrim. , o por infracción de precepto constitucional del art. 852 LECrim.

En este sentido, tomando como referencia lo que decíamos en STS 446/2022, de 5 de mayo de 2022, con cita de otras que la preceden, recordábamos «[...] que el recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim, ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruentes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, -y correspondientemente su desestimación- conforme lo previsto en el art. 884.3 LECr ( STS 421/2018, de 20 de septiembre)».

2.Dice el recurrente que, respetando los hechos probados, se centrará en la tipicidad subjetiva, esto es, en el ánimo homicida, en concreto, en la existencia de un dolo eventual, que no ha quedado debidamente acreditado; por lo tanto, en sintonía con la doctrina de la sentencia que acabamos de transcribir, dejaremos al margen toda cuestión probatoria y nos fijaremos en los hechos probados, que, sin perjuicio de remitirnos a los transcritos en los antecedentes de la presente sentencia, los reproducimos para facilitar el razonamiento que realizaremos a continuación.

Como una primera aproximación, no parece razonable concluir que un siniestro de tal envergadura, como el que se describe en los hechos probados, lo provoque quien conduce el vehículo con la sola finalidad de ocasionar unas lesiones, porque, aunque así pretenda justificar de alguna manera la gravedad de los resultados lesivos, es evidente que la conducción la llevó a cabo de manera consciente y voluntaria, elementos con los que se define el dolo del autor, y que lo previsible es que, producto del brutal impacto, sea un resultado de muerte.

Sin perjuicio de remitirnos a los hechos probados, trasladamos, a continuación, el pasaje más significativo de ellos en lo que ahora interesa:

«Al percibirse los agentes de que el vehículo BMW iba a impactar, sin variar la dirección, con intención de embestirlo con el objeto de inutilizar el vehículo policial para la posterior persecución; con conocimiento por parte del conductor de la capacidad homicida del vehículo y previendo la posibilidad de acabar con la vida de los agentes, éstos intentaron salir del vehículo, si bien el BMW impactó brutalmente contra la parte delantera, en particular el lado izquierdo -conductor- cuando el agente se encontraba aun apeándose del mismo, siendo su cuerpo desplazado a varios metros del vehículo policial. El agente en prácticas NUM003 también sufrió lesiones al lanzarse del vehículo en el momento de la colisión».

3.Como puede observarse, el hecho probado describe una acción, en sí misma, homicida, lo que sería suficiente para subsumir el hecho en el art. 138 CP, sin necesidad de añadir más. De hecho, si se lee este artículo, simplemente castiga a «el que matare a otro», sin ningún añadido más.

Son varias las teorías las que se han manejado para distinguir el dolo eventual de la imprudencia. En el caso, tal como se describen los hechos, no se introduce elemento alguno para derivarlos al art. 152 CP, donde se define la imprudencia, y resulta claro, al menos, un caso de dolo eventual.

Entre esas teorías se encuentran las de la probabilidad y la de la representación y no hay más que acudir a lo que nos muestra la realidad de los siniestros que tienen lugar ocasión de la circulación de vehículos de motor, que un impacto de la brutalidad del que se describe en los hechos probado tiene unas altas probabilidades de ser causante de la muerte de los ocupantes que ocupan el vehículo que recibe el impacto; si ese tipo de siniestro es provocado de manera consciente y voluntaria por quien conduce el vehículo que lo provoca no se puede ignorar que no fuera consciente también de tal probabilidad.

Por lo tanto, los hechos probados ofrecen el presupuesto fáctico con que definir un caso claro de dolo eventual, y lo podemos hacer acudiendo a la teoría de probabilidad, pues no cabe duda de que el condenado se tuvo que representar como muy probable que un impacto de tal envergadura, provocado con un coche que conducía de manera consciente y voluntaria y que de manera consciente y voluntaria dirigió a muy elevada velocidad a otro vehículo ocupado por dos personas, tuviera un resultado de muerte, pese a lo cual actuó, porque le era indiferente que se produjera, o no, habiendo, como había, una alta probabilidad de que pudiera causar ese resultado. De hecho, por acudir a precedentes en esta Sala con los que encontrar un parangón al que se puede asimilar el caso que nos ocupe, tenemos los casos de los conocidos como «conductor suicida», en que se ha considerado que concurre dolo eventual.

Procede, pues, la desestimación de los motivos tercero y sexto.

CUARTO.-Cuarto motivo, al amparo del art. 849.1º LECrim. , por aplicación indebida de los art. 550 y 551 CP.

Se reprocha a la sentencia recurrida que ratifique la condena por el delito de atentado, porque no se recoge en los hechos probados que la intención del condenado fuera la de menoscabar el principio de autoridad.

Hemos de volver a los hechos probados y en ellos se describe que el condenado era perseguido por un coche Z patrulla con las luces puestas, o que el impacto lo hizo con el objeto de inutilizar el vehículo policial, lo que poco comentario más precisa para concluir que, si dentro iban dos ocupantes, solo podría ser porque eran agentes de la autoridad, y si esto se hizo de manera consciente y voluntaria, ningún requisito más es preciso para colmar el dolo del autor, suficiente a los efectos de la tipicidad del delito de atentado del art. 550 CP.

Como responde el M.F. en oposición al motivo, «centrándonos en el elemento subjetivo, el dolo no requiere un ánimo específico de dañar o vituperar, sino que basta el conocimiento del carácter de autoridad o agente de la misma que ostenta el sujeto pasivo y la consciencia de que se le está acometiendo o intimidando».

Valga, en este sentido, la Sentencia de esta Sala 485/2015 de 16 de julio de 2015, en la que con cita de la 466/2013, de 4 de julio se puede leer:

«[...]el propósito de atentar contra la autoridad no requiere una especial decisión del autor de atentar contra la autoridad, diferente a la decisión de realizar la acción. Es decir, no es un elemento volitivo especial, sino un elemento cognitivo, que se da con el conocimiento del carácter de autoridad de la persona intimidada o acometida. El que sabe que intimida o acomete a una persona que ejerce como autoridad tiene, por lo tanto el propósito de atentar contra la misma. Por lo tanto, es erróneo considerar a dicho propósito como un elemento diferente del elemento cognitivo del dolo.

De modo que aunque medie el móvil de huir, el pleno conocimiento concurrente del acometimiento realizado, cumplimenta el dolo requerido en el delito de atentado. La STS núm. 364/2013, de 25 de abril , precisa con cita de la STS núm. 1125/2011, de 2 de noviembre , que este elemento subjetivo del injusto va ínsito en los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que permitan inferior o motivación ajena a las funciones públicas del ofendido, entendiendo que quien arremete conociendo la condición de sujeto pasivo acepta la ofensa de dicho principio como consecuencia necesaria cubierta por dolo directo de segundo grado, matizándose que la presencia de un ánimo o dolo específico....puede manifestarse de forma directa, respecto de perseguir el sujeto con su acción la ofensa o menoscabo en la función pública, o merced al dolo de segundo grado, también llamado de consecuencias necesarias, cuando, aun persiguiendo aquél otras finalidades, le conste la condición de funcionario del sujeto pasivo y acepte».

Procede, pues, la desestimación del motivo.

QUINTO.-Quinto motivo, por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim. , y lo que se denuncia es transgresión, por aplicación indebida del art. 138 CP, en relación con el 550 y 551 CP y en su relación concursal con el art. 77 y art. 66 CP.

El motivo, en su desarrollo, incurre en graves imprecisiones, que, de pasar por ellas podrían llevar a imponer penas más graves que las que fueron impuestas en la sentencia recurrida, pero que obviaremos porque lo impide una reformatio in peius,y solo podemos reiterar los argumentos que se recogen en el fundamento sexto de la sentencia recurrida.

La pena que impone la sentencia recurrida no lo es como consecuencia de aplicar relación concursal alguna, sino producto de criterios de pura individualización de la pena prevista en el art. 138. 2 b) CP, que contempla para los casos de homicidio agravado, esto es, «cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550», la pena superior en grado a la de 10 a 15 años de prisión del homicidio básico; por lo tanto, una pena, en toda su extensión, de 15 años y 1 día a 22 años y 6 meses, que, al ser reducida en un grado, por haber quedado los homicidios en grado de tentativa, queda un arco de 7 años y 6 meses a 15 años menos 1 día, por lo que, si ha fijado cada pena en 8 años de prisión, es una pena razonable, que absorbe la que correspondería al delito de atentado de atender a la que, por separado, correspondería a éste, porque de lo contrario se incurriría en un bis in idem.

Procede, por lo tanto, la desestimación del motivo.

SEXTO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 901 LECrim. , procede condenar al recurrente al pago de las costas ocasionadas con su recurso, incluidas las de la acusación particular.

PRIMERO.-Primer motivo, por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849.2º LECrim.

1.Viene manteniendo esta Sala que el recurso casación por error en la valoración de la prueba, queda sujeto a los precisos cauces que la jurisprudencia ha ido señalando al abordar el motivo por error facti,del art. 849.2º LECrim. , conforme a los cuales, tal como se desarrolla por el recurrente ese cuestionamiento de tal valoración, está abocado al fracaso.

En efecto, decimos que está abocado al fracaso, porque no respeta los estrechos y precisos cauces que han de ser observados en casación, ya que, de conformidad al texto del art. 849.2º LECrim. , cabrá corregir errores fácticos, no jurídicos, de la sentencia de instancia, que resulte de un documento susceptible de dar lugar a la alteración del hecho probado con relevancia para el pronunciamiento final del juicio, pero siempre teniendo en cuenta que, en nuestro proceso penal, como resulta del inciso «sin resultar contradichos por otros elementos probatorios», no se reconoce preferencia alguna a la prueba documental sobre ninguna otra, ni testifical, ni pericial, ni otra prueba documental, a la vez que no cabe acudir a otro motivo, como suele ocurrir cuando se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia, para desbordar éste.

Sucede, además, que no se menciona ningún documento que tenga la cualidad de literosuficiente, esto es, con capacidad, por sí solo, para una modificación en el factum, con incidencia determinante en el pronunciamiento final del fallo; es decir, para la estimación de este motivo, se exige que el documento por sí mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas. Error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis, esto es, por el propio y literosuficiente poder demostrativo del documento; o, dicho de otro modo, resulta indispensable que los documentos contengan particulares, circunstancias o datos, que por sí mismos y sin necesidad de complementación, interpretación o razonamientos colaterales, choquen frontalmente con lo declarado probado, acreditando así indubitadamente la desviación que en la apreciación de la prueba se denuncia.

Y, además, es necesario que el dato contradictorio, cuando sea así acreditado, sea relevante, en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues, si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los elementos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo; ha de ser trascendente o con valor causal para la subsunción, por lo que no cabe la estimación de un motivo orientado en este sentido si se refiere la mutación a extremos accesorios o irrelevantes.

2.Como documentos que evidencian el error judicial, señala el recurrente Informe de la Policía Local de Algeciras y el realizado por la experta Juliana, perito judicial en criminalística forense, y alega que, conforme a doctrina reiterada de esta Sala, el informe pericial puede ser equiparado a la prueba documental a los efectos del art. 849.2 LECrim. , y, así es, pero de manera excepcional, y concurriendo determinadas circunstancias, que en el caso no se dan, por ello que, antes de seguir avanzando, hagamos un repaso por nuestra jurisprudencia en apoyo de este anticipo.

Podemos comenzar recordando que los informes periciales, aunque se documenten por escrito, en principio no son documento a los efectos de un motivo de casación por error factidel art. 849.2º LECrim. , como es al que se acude, sino una prueba personal documentada, sujeta, como todas las demás, a la libre valoración del tribunal sentenciador, lo que limita considerablemente que entre en valoraciones de la misma este Tribunal de Casación, cuando, como en el caso ha sucedido, esa valoración del tribunal sentenciador ha sido verificada y convalidada por el tribunal de apelación.

Así lo decíamos en STS 180/2021 de 2 de marzo de 2021, en la que, con cita de otras que le preceden, se puede leer:

«[...] dichos informes no son en realidad documentos sino pruebas personales documentadas consistentes en la emisión de pareceres técnicos sobre determinadas materias o sobre determinados hechos por parte de quienes tienen sobre los mismos una preparación especial, con la finalidad de facilitar la labor del Tribunal en el momento de valorar la prueba.

No se trata de pruebas que aporten aspectos fácticos, sino criterios que auxilian al órgano jurisdiccional en la interpretación y valoración de los hechos, sin modificar las facultades que le corresponden en orden a la valoración de la prueba. Por otro lado, su carácter de prueba personal no debe perderse de vista cuando la prueba pericial ha sido ratificada, ampliada o aclarada en el acto del juicio oral ante el Tribunal, pues estos aspectos quedan entonces de alguna forma afectados por la percepción directa del órgano jurisdiccional a consecuencia de la inmediación ( SSTS. 5.6.2000, 5.11.2003). Por ello la Sala Segunda solo excepcionalmente ha admitido la virtualidad de la prueba pericial como fundamentación de la pretensión de modificación del apartado fáctico de una sentencia, impugnada en casación, en supuestos como:

a) existiendo un solo dictamen o varios absolutamente coincidentes y no disponiendo la Audiencia de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos, el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de forma que se altere relevantemente su sentido originario.

b) cuando contando solamente con dicho dictamen o dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal de instancia haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar las razones que lo justifiquen o sin una explicación razonable ( SSTS. 182/2000 de 8.2, 1224/2000 de 8.7, 1572/2000 de 17.10, 1729/2003 de 24.12, 299/2004 de 4.3, 417/2004 de 29.3)»

3.A la luz de la jurisprudencia citada, falla por su base que se mantenga en el recurso la condición de literosuficiente de cualquiera de los dos informes que cita el recurrente, porque, repasada la sentencia de instancia, observamos que en la parte de su fundamentación que dedica a la valoración de la prueba explica que la pericia del policía local y de la Sra Juliana se practicó de forma conjunta, con lo que estamos hablando de una prueba personal, que podía venir documentada, y, además, con pareceres no iguales en todos los aspectos sobre los que informaron los peritos, por lo tanto sometido a valoración sus opiniones; a lo que podemos añadir lo declarado por varios testigos que dieron información sobre el siniestro, entre cuyos testimonios encontramos el de una de las víctimas, de cuya declaración recoge la sentencia de instancia pasajes tan determinantes como «fue a por ellos, lo tiene claro»; o la del funcionario NUM008, «vieron al Z volando y el BMW estampado»; o la del NUM009, «el BMW pasó como un misil, fue un impacto brutal. Podía haber pasado, había doble sentido. No frenó, "para nada", el BMW, ni dio volantazo».

Y no solo eso, sino que el tribunal de apelación, que es a quien corresponde verificar la valoración de la prueba hecha por el tribunal sentenciador, en ese proceso, que, con extensión, realiza en el fundamento de derecho segundo de su sentencia, comienza diciendo que «de entrada, la prueba pericial de informe técnico sobre la dinámica y causas del siniestro practicada de modo conjunto en el juicio oral, depuesta por el policía local con número profesional NUM010 y la perito criminalista Sra. Juliana, lleva a esta Sala a coincidir con la de primera instancia en que el acusado no llegó a frenar, sino que se mantuvo circulando a gran velocidad y en esa tesitura impactó el BMW con el vehículo oficial», para, a continuación, pasar a un análisis comparado de las dos pericias e incidir en los mismos testimonios que la sentencia de instancia.

Se queja la defensa de que el tribunal sentenciador, y avalado por el de apelación, ha incorporado el contenido de la pericia realizada por la Sra. Juliana de modo fragmentario y en absoluta contradicción con las reglas de la lógica y la racionalidad, cuando en el desarrollo del motivo lo que pretende es que se anteponga, con olvido del resto de la prueba practicada, lo declarado por su perito y, además, con la interpretación que ella realiza, lo que es tanto pretender que este Tribunal de casación entre en una dinámica de pura valoración de la prueba que no es la suya en el marco de control casacional que le corresponde, y, además, a costa de desbordar los parámetros por los que ha de pasar un motivo por error facti,como es el elegido. Por ello, no podemos compartir el reproche que hace a los tribunales que nos han precedido, cuando alega que han incorporado el contenido de su pericia de modo fragmentario o en absoluta contradicción con las reglas de la lógica y la racionalidad, sino que se han valido de él dentro del contexto de una valoración conjunta de toda la prueba practicada, en el que, si ha prescindido de alguna información de lo declarado por la perito, ha sido porque no convencía, a la vista de la otra pericia, la de la Policía Local, y la prueba testifical, y dando las explicaciones oportunas en cada caso.

En resumen, ha habido diversa prueba en juicio, que ha aportado información sobre el siniestro, valorada por el tribunal ante cuya presencia se practicó, verificada con los criterios de racionalidad propios del juicio de revisión que corresponde al tribunal de apelación, por lo que no procede la modificación del factumde la sentencia de instancia, y no entramos, ahora, en las conclusiones a las que se llega en el motivo, cuando considera que la inferencia de la Sala "a quo", de que la colisión fue buscada con dolo eventual es ilógica y arbitraria, y que, en opinión de quien firma el recurso, de acuerdo con las reglas de la lógica, pudo actuarse con imprudencia grave, porque esta cuestión la abordaremos cuando demos respuesta al motivo por error iuris,en el fundamento tercero.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

SEGUNDO.-Segundo motivo, por infracción de preceptos constitucionales, a tenor del art. 5.4 LOPJ.

Se mantiene en el motivo que la sentencia de apelación, en la medida que se remite a los razonamientos de la de primera instancia, ha vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, e insiste, como hizo en el motivo anterior, en que el juicio de inferencia del tribunal de apelación es irrazonable, que existe un error en la valoración de la prueba, vuelve a detenerse en el informe pericial del Policía Local, y se refiere también a que la acusación particular, en su calificación, presentaba como alternativa que las lesiones fueran constitutivas de un delito de lesiones imprudentes del art. 152.1. 1º CP.

Comenzando por esto último, decir que el hecho de que presentase unas conclusiones alternativas, no debe condicionar el definitivo juicio de subsunción que corresponde hacer en sentencia al tribunal de enjuiciamiento, una vez practicada y valorada la prueba; y no deja de ser una muestra de prudencia y celo profesional que, por razones de falta de homogeneidad entre pretensiones acusatorias diferentes, las acusaciones formulen distintas alternativas.

1.Como decimos, en este segundo motivo de recurso, si bien, en esta ocasión, con invocación de vulneración de derechos fundamentales, vuelve el recurrente a desarrollar su discurso cuestionando la valoración de la prueba realizada por el tribunal sentenciador y su convalidación por parte el tribunal de apelación, convalidación que nos parece razonable, porque, cuando la defensa del condenado plantea ante él cuestiones relativas a aspectos probatorios, bien sea por error en la valoración de la prueba, bien por vulneración del derecho fundamental a la presunción, conviene recordar que no le corresponde a él entrar en una valoración directa de una prueba que no ha sido practicada a su presencia, sino el juicio de revisión sobre la valoración realizada por el tribunal ante el que se practicó, por ser él el que gozó de los principios de inmediación y contradicción, fundamentales en el proceso valorativo.

Por otra parte, ya sea cuando se invoca error en la valoración de la prueba ya vulneración del derecho a la presunción de inocencia, en la medida que en ambos casos se cuestiona el proceso valorativo del tribunal sentenciador, hay que decir que el control que corresponde al Tribunal Supremo, en estos casos, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda respecto del alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del tribunal de instancia, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 150/2023, 3 de marzo; 821/2022, 17 de octubre; 678/2020, 11 de diciembre; 418/2020, 21 de julio; 97/2020, 5 de marzo; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero, con cita de la STS 390/2009, 21 de abril), de manera que, constatada la calidad constitucional y de legalidad de la prueba practicada, avanzamos que, en lo que al juicio de racionalidad que corresponde al tribunal de apelación en la verificación de la valoración de la prueba realizada por el tribunal sentenciador, como iremos viendo, no cabe reproche alguno, y es que, cumplida esa doble instancia, cuando se cuestiona dicho derecho fundamental, en lo que concierne al control casacional, nuestro juicio de revisión se ha de centrar en el examen de racionalidad sobre la motivación de la sentencia de apelación, relativo a la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba.

En efecto, habiendo mediado recurso de apelación previo al de casación, ha sido el tribunal de segunda instancia el que ha hecho revisión y verificado la estructura racional del discurso valorativo realizado por el tribunal sentenciador, y que, al haber constatado que se han observado las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos, exime a este Tribunal de Casación de tal función, en la medida que la nuestra se reconduce al examen de la racionalidad de la motivación de la sentencia de apelación, porque lo que, en ningún caso, nos corresponde, como se pretende en el recurso, es suplantar aquella valoración que viene de la instancia hecha por el tribunal ante cuya presencia se practicó la prueba, superado el filtro del tribunal de apelación, y menos si es pasando por la que proponga el parcial e interesado criterio del recurrente.

Suele suceder que en el marco de valoración de la prueba la defensa mantenga otras conclusiones distintas a las plasmadas en sentencia; sin embargo, hay una diferencia notable, como es que la que proponga ésta será desde ese parcial e interesado punto de vista de sus intereses de parte, mientras que la que hace el tribunal sentenciador y convalida el de apelación pasan por el criterio objetivo de quien no es parte.

Nuestro control casacional no está en entrar en el debate sobre si existen otras alternativas valorativas sobre el resultado de la prueba practicada, sino en la racionalidad del juicio de revisión realizado por el tribunal de apelación, que es quien ha dado cumplimiento a las exigencias de control sobre el pronunciamiento de condena de la sentencia de instancia. No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar, de un lado, la regularidad de la prueba utilizada, es decir, su ajuste a la Constitución y a la ley, y, de otro lado, la racionalidad del proceso argumentativo. Esta forma de proceder en el control de la racionalidad del proceso valorativo no implica que el Tribunal que resuelve el recurso pueda realizar una nueva valoración de las pruebas cuya práctica no ha presenciado, especialmente las de carácter personal. Se trata, solamente, de comprobar que el Tribunal de instancia se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de experiencia y no ha ignorado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente.

Valga en este sentido la doctrina que encontramos en la STC 300/2005, de 21 de noviembre, en la que se puede leer: «[...] de conformidad con una consolidada doctrina constitucional, de un lado, nuestra jurisdicción se ciñe a efectuar un control externo, de modo que "el juicio de amparo constitucional versa acerca de la razonabilidad del nexo establecido por la jurisdicción ordinaria, sin que podamos entrar a examinar otras posibles inferencias propuestas por quien solicitada el amparo" y, de otro, "entre diversas alternativas igualmente lógicas, nuestro control no puede alcanzar la sustitución de la valoración efectuada por los órganos judiciales, ni siquiera afirmar que fuera significativamente más probable un acaecimiento alternativo de los hechos"».

2.El desarrollo del motivo es reiteración de alegaciones y argumentos hechos en el recurso de apelación, deteniéndose en aquellos pasajes del testimonio del perito de la Policía Local prestado en juicio que le interesa e interpreta desde su punto de vista la defensa, que dice que fueron orilladas por la Sala de Apelación y que considera que pueden ser valoradas por este Tribunal, a los que añade pasajes de lo declarado por otros testigos.

Sin embargo, como venimos diciendo, además de que no es cometido nuestro, como Tribunal de casación, entrar en una valoración directa de una prueba no practicada a nuestra presencia, no procedería que lo hiciéramos porque, precisamente por ello, carecemos de principios tan fundamentales en la materia como el de inmediación y contradicción. Esto corresponde al tribunal ante el que se practica, y hemos de partir de que, a la hora de valorar la totalidad de prueba personal, escuchó los pasajes en que se detiene el recurrente y, sin embargo, llegó a unas conclusiones probatorias distintas a las que éste defiende, porque ese fue el resultado del proceso de valoración conjunto de todo el acervo probatorio. Así lo explica en su discurso valorativo, que ha sido convalidado por el tribunal de apelación, en particular en el fundamento segundo de su sentencia, al que volvemos a remitirnos, y lo hace mediante una motivación que consideramos racional, que no deja de serlo porque discrepe de ella la defensa.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

TERCERO.-Tercer motivo, al amparo del art. 849.1º LECrim, se denuncia aplicación indebida del art. 138 CP.

El sexto motivo, también al amparo del art 849.1º LECrim, vuelve a denunciar aplicación indebida del art. 138 CP, con la pretensión de que la condena sea por un delito de lesiones por imprudencia grave, del art. 152,1. 1º CP.

Los abordaremos conjuntamente.

1.Formulado el motivo por error iuris,del art. 849.1º LECrim. , conviene recordar que estamos ante un puro motivo sustantivo penal, que obliga a centrarse en el juicio de tipicidad de los hechos que se han declarado probados, sin introducción de matices que puedan hacer alterar su sentido, siendo ajeno a él cuantas cuestiones afectan a aspectos probatorios, propias del motivo por error factidel art. 849.2º LECrim. , o por infracción de precepto constitucional del art. 852 LECrim.

En este sentido, tomando como referencia lo que decíamos en STS 446/2022, de 5 de mayo de 2022, con cita de otras que la preceden, recordábamos «[...] que el recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim, ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruentes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, -y correspondientemente su desestimación- conforme lo previsto en el art. 884.3 LECr ( STS 421/2018, de 20 de septiembre)».

2.Dice el recurrente que, respetando los hechos probados, se centrará en la tipicidad subjetiva, esto es, en el ánimo homicida, en concreto, en la existencia de un dolo eventual, que no ha quedado debidamente acreditado; por lo tanto, en sintonía con la doctrina de la sentencia que acabamos de transcribir, dejaremos al margen toda cuestión probatoria y nos fijaremos en los hechos probados, que, sin perjuicio de remitirnos a los transcritos en los antecedentes de la presente sentencia, los reproducimos para facilitar el razonamiento que realizaremos a continuación.

Como una primera aproximación, no parece razonable concluir que un siniestro de tal envergadura, como el que se describe en los hechos probados, lo provoque quien conduce el vehículo con la sola finalidad de ocasionar unas lesiones, porque, aunque así pretenda justificar de alguna manera la gravedad de los resultados lesivos, es evidente que la conducción la llevó a cabo de manera consciente y voluntaria, elementos con los que se define el dolo del autor, y que lo previsible es que, producto del brutal impacto, sea un resultado de muerte.

Sin perjuicio de remitirnos a los hechos probados, trasladamos, a continuación, el pasaje más significativo de ellos en lo que ahora interesa:

«Al percibirse los agentes de que el vehículo BMW iba a impactar, sin variar la dirección, con intención de embestirlo con el objeto de inutilizar el vehículo policial para la posterior persecución; con conocimiento por parte del conductor de la capacidad homicida del vehículo y previendo la posibilidad de acabar con la vida de los agentes, éstos intentaron salir del vehículo, si bien el BMW impactó brutalmente contra la parte delantera, en particular el lado izquierdo -conductor- cuando el agente se encontraba aun apeándose del mismo, siendo su cuerpo desplazado a varios metros del vehículo policial. El agente en prácticas NUM003 también sufrió lesiones al lanzarse del vehículo en el momento de la colisión».

3.Como puede observarse, el hecho probado describe una acción, en sí misma, homicida, lo que sería suficiente para subsumir el hecho en el art. 138 CP, sin necesidad de añadir más. De hecho, si se lee este artículo, simplemente castiga a «el que matare a otro», sin ningún añadido más.

Son varias las teorías las que se han manejado para distinguir el dolo eventual de la imprudencia. En el caso, tal como se describen los hechos, no se introduce elemento alguno para derivarlos al art. 152 CP, donde se define la imprudencia, y resulta claro, al menos, un caso de dolo eventual.

Entre esas teorías se encuentran las de la probabilidad y la de la representación y no hay más que acudir a lo que nos muestra la realidad de los siniestros que tienen lugar ocasión de la circulación de vehículos de motor, que un impacto de la brutalidad del que se describe en los hechos probado tiene unas altas probabilidades de ser causante de la muerte de los ocupantes que ocupan el vehículo que recibe el impacto; si ese tipo de siniestro es provocado de manera consciente y voluntaria por quien conduce el vehículo que lo provoca no se puede ignorar que no fuera consciente también de tal probabilidad.

Por lo tanto, los hechos probados ofrecen el presupuesto fáctico con que definir un caso claro de dolo eventual, y lo podemos hacer acudiendo a la teoría de probabilidad, pues no cabe duda de que el condenado se tuvo que representar como muy probable que un impacto de tal envergadura, provocado con un coche que conducía de manera consciente y voluntaria y que de manera consciente y voluntaria dirigió a muy elevada velocidad a otro vehículo ocupado por dos personas, tuviera un resultado de muerte, pese a lo cual actuó, porque le era indiferente que se produjera, o no, habiendo, como había, una alta probabilidad de que pudiera causar ese resultado. De hecho, por acudir a precedentes en esta Sala con los que encontrar un parangón al que se puede asimilar el caso que nos ocupe, tenemos los casos de los conocidos como «conductor suicida», en que se ha considerado que concurre dolo eventual.

Procede, pues, la desestimación de los motivos tercero y sexto.

CUARTO.-Cuarto motivo, al amparo del art. 849.1º LECrim. , por aplicación indebida de los art. 550 y 551 CP.

Se reprocha a la sentencia recurrida que ratifique la condena por el delito de atentado, porque no se recoge en los hechos probados que la intención del condenado fuera la de menoscabar el principio de autoridad.

Hemos de volver a los hechos probados y en ellos se describe que el condenado era perseguido por un coche Z patrulla con las luces puestas, o que el impacto lo hizo con el objeto de inutilizar el vehículo policial, lo que poco comentario más precisa para concluir que, si dentro iban dos ocupantes, solo podría ser porque eran agentes de la autoridad, y si esto se hizo de manera consciente y voluntaria, ningún requisito más es preciso para colmar el dolo del autor, suficiente a los efectos de la tipicidad del delito de atentado del art. 550 CP.

Como responde el M.F. en oposición al motivo, «centrándonos en el elemento subjetivo, el dolo no requiere un ánimo específico de dañar o vituperar, sino que basta el conocimiento del carácter de autoridad o agente de la misma que ostenta el sujeto pasivo y la consciencia de que se le está acometiendo o intimidando».

Valga, en este sentido, la Sentencia de esta Sala 485/2015 de 16 de julio de 2015, en la que con cita de la 466/2013, de 4 de julio se puede leer:

«[...]el propósito de atentar contra la autoridad no requiere una especial decisión del autor de atentar contra la autoridad, diferente a la decisión de realizar la acción. Es decir, no es un elemento volitivo especial, sino un elemento cognitivo, que se da con el conocimiento del carácter de autoridad de la persona intimidada o acometida. El que sabe que intimida o acomete a una persona que ejerce como autoridad tiene, por lo tanto el propósito de atentar contra la misma. Por lo tanto, es erróneo considerar a dicho propósito como un elemento diferente del elemento cognitivo del dolo.

De modo que aunque medie el móvil de huir, el pleno conocimiento concurrente del acometimiento realizado, cumplimenta el dolo requerido en el delito de atentado. La STS núm. 364/2013, de 25 de abril , precisa con cita de la STS núm. 1125/2011, de 2 de noviembre , que este elemento subjetivo del injusto va ínsito en los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que permitan inferior o motivación ajena a las funciones públicas del ofendido, entendiendo que quien arremete conociendo la condición de sujeto pasivo acepta la ofensa de dicho principio como consecuencia necesaria cubierta por dolo directo de segundo grado, matizándose que la presencia de un ánimo o dolo específico....puede manifestarse de forma directa, respecto de perseguir el sujeto con su acción la ofensa o menoscabo en la función pública, o merced al dolo de segundo grado, también llamado de consecuencias necesarias, cuando, aun persiguiendo aquél otras finalidades, le conste la condición de funcionario del sujeto pasivo y acepte».

Procede, pues, la desestimación del motivo.

QUINTO.-Quinto motivo, por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim. , y lo que se denuncia es transgresión, por aplicación indebida del art. 138 CP, en relación con el 550 y 551 CP y en su relación concursal con el art. 77 y art. 66 CP.

El motivo, en su desarrollo, incurre en graves imprecisiones, que, de pasar por ellas podrían llevar a imponer penas más graves que las que fueron impuestas en la sentencia recurrida, pero que obviaremos porque lo impide una reformatio in peius,y solo podemos reiterar los argumentos que se recogen en el fundamento sexto de la sentencia recurrida.

La pena que impone la sentencia recurrida no lo es como consecuencia de aplicar relación concursal alguna, sino producto de criterios de pura individualización de la pena prevista en el art. 138. 2 b) CP, que contempla para los casos de homicidio agravado, esto es, «cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550», la pena superior en grado a la de 10 a 15 años de prisión del homicidio básico; por lo tanto, una pena, en toda su extensión, de 15 años y 1 día a 22 años y 6 meses, que, al ser reducida en un grado, por haber quedado los homicidios en grado de tentativa, queda un arco de 7 años y 6 meses a 15 años menos 1 día, por lo que, si ha fijado cada pena en 8 años de prisión, es una pena razonable, que absorbe la que correspondería al delito de atentado de atender a la que, por separado, correspondería a éste, porque de lo contrario se incurriría en un bis in idem.

Procede, por lo tanto, la desestimación del motivo.

SEXTO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 901 LECrim. , procede condenar al recurrente al pago de las costas ocasionadas con su recurso, incluidas las de la acusación particular.