Auto Social Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4412/2017 de 22 de noviembre del 2018

PRIMERO.-1.- El recurrente alega que no es aplicable el artículo 20.2 y 450.1 de la LEC, y 225.5 de la LRJS, ya que el precepto aplicable es el 235.1 de la LRJS, que dispone que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita, beneficio del que goza la recurrente ya que es trabajadora, empleada a tiempo parcial del Ayuntamiento de Chiva. Continúa razonando que únicamente cabría la imposición de costas en el supuesto de que la Sala apreciara temeridad o mala fe, circunstancias que no han sido apreciadas.

SEGUNDO.- El artículo 235.1 de la LRJS dispone: "La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita...." Por su parte el apartado 3 del precepto establece: "La Sala que resuelva el recurso de suplicación o casación o declare su inadmisibilidad podrá imponer a la parte recurrente que haya obrado con mala fe o temeridad la multa...Igualmente en tales casos impondrá a dicho litigante, excepto cuando sea trabajador...los honorarios de los abogados y, en su caso, de los graduados sociales colegiados, actuantes en el recurso..."

El artículo 2 de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita establece: "En los términos y con el alcance previstos en esta ley y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia en los que España sea parte, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita....d) en el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo."

La recurrente DOÑA Coro es trabajadora, tal y como resulta del hecho probado primero de la sentencia de instancia, presta sus servicios como limpiadora, a tiempo parcial, para el Ayuntamiento de Chiva, por lo que goza del derecho de asistencia jurídica gratuita, a tenor del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero y, en consecuencia, no procede la imposición de costas, a tenor de lo establecido en el artículo 235.1 de la LRJS.

Por todo lo razonado procede estimar el recurso de revisión interpuesto frente al Decreto de 16 de mayo de 2018, revocando el mismo en el extremo relativo a la condena en costas a la recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.