Sentencia Civil 1594/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 1710/2020 de 17 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

Se plantea como cuestión de fondo la valoración de la condición de consumidor del deudor-hipotecante que solicita un préstamo con garantía hipotecaria (la hipoteca se constituye sobre un inmueble de su propiedad) con la finalidad de financiar circulante de la sociedad mercantil de su hija, titular de un negocio de hostelería.

Son antecedentes necesarios los siguientes.

1. El demandante, Luis Carlos como prestatario (deudor-hipotecante) suscribió con la demandada BANTIERRA (antes Caja Rural de Aragón, SCC), un préstamo hipotecario por un principal de 138.000 euros, formalizado mediante escritura de 16 de mayo de 2006, que tenía por finalidad la " financiación de circulante" (aparece resaltado en letra negrita en la redacción original), en la cláusula financiera primera. Este préstamo está personalmente afianzado de forma solidaria por la hija del prestatario ( María Rosario) y la pareja de esta ( Argimiro), con renuncia expresa a los beneficios de división, excusión y orden (cláusula financiera decimonovena). En la escritura de préstamo se establece un interés variable y además se incluye una denominada "cláusulas suelo o de tipo de interés mínimo" por la que se establecen límites a la variabilidad del tipo de interés, fijando el interés mínimo en el 3,50% nominal anual y el tipo de interés máximo en el 15% nominal anual.

2. En su demanda, Luis Carlos alegó que suscribió el préstamo como consumidor, que la cláusula suelo no fue negociada y no era transparente, pues no se le informó previamente ni se hizo una simulación que le permitiera conocer su alcance real, además de ser oscura e incomprensible. En síntesis, solicitaba la declaración de nulidad de la cláusula y la restitución de las cantidades abonadas de más en su aplicación con intereses.

3. La entidad demandada se opuso alegando que el demandante no actuó como consumidor, que la finalidad del préstamo fue realizar inversiones en un negocio de hostelería; que el préstamo original fue ampliado en dos ocasiones, y así se formalizó mediante escrituras de 22 de junio de 2006 y 26 de junio de 2012, y que el dinero fue traspasado de la cuenta del prestatario a la cuenta de la sociedad limitada NASIORC S.L., de la que María Rosario, hija del prestatario- demandante, es administradora única y propietaria del 100% del capital social. Añadió que la cláusula supera el control de incorporación, único aplicable a los contratos con condiciones generales en los que la contraparte no actúa como un consumidor.

4. El juzgado estimó íntegramente la demanda y la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de la demandada. La Audiencia considera probado que el destino del préstamo original y de sus dos ampliaciones fue la financiación del negocio de hostelería de la hija del prestatario-demandante, pero confirma la sentencia de primera instancia al considerar que el demandante es consumidor, pues no consta que fuera socio ni administrador de la empresa, ya que aparece como trabajador por cuenta ajena. De esta forma rechaza la tesis de la demanda apelante acerca de que lo relevante es el destino profesional de la financiación.

SEGUNDO.- Recurso de casación. Planteamiento y decisión de la sala. Estimación del recurso. Asunción de la instancia. Desestimación de la demanda

1. Planteamiento de primer motivo del recurso. En el primer motivo se denuncia la infracción de los artículos 3 y 4 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante, TRLGCU) y de la jurisprudencia que los interpreta y aplica.

En el desarrollo del motivo se argumenta, resumidamente, que el único objetivo del préstamo fue financiar una actividad profesional o empresarial (el negocio de hostelería de su hija) y no la satisfacción de necesidades de consumo privadas del prestatario, por lo que no procede considerar al prestatario como consumidor.

2. Decisión de la Sala. Estimación del primer motivo del recurso.

2.1. La Ley de Consumidores de 1984 consideraba como tales a quienes actuaban como destinatarios finales de los productos o servicios, sin la finalidad de integrarlos en una actividad empresarial o profesional. Posteriormente, el art. 3 TRLCU (vigente en la fecha en que se suscribió el contrato de préstamo) matizó tal concepto, al afirmar que tenían la condición legal de consumidores las personas físicas o jurídicas que actuaban en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.

Ambas definiciones, que no son excluyentes puesto que giran alrededor del criterio negativo de la actividad profesional o empresarial ( sentencias 232/2021, de 29 de abril, y 693/2021, de 11 de octubre), deben ser interpretadas a la luz de la Directiva 93/13/CE, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, y su aplicación por el TJUE. Como hemos declarado en las sentencias 533/2019, de 10 de octubre, 12/2020, de 15 de enero, y 808/2021, de 23 de noviembre, los criterios de Derecho comunitario para calificar a una persona como consumidora han sido resumidos por la STJUE de 14 de febrero de 2019, C-630/17 (asunto Anica Milivojevic v. Raiffeisenbank St. Stefan- Jagerberg-Wolfsberg eGen), al decir:

"El concepto de "consumidor" [...] debe interpretarse de forma restrictiva, en relación con la posición de esta persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de este, y no con la situación subjetiva de dicha persona, dado que una misma persona puede ser considerada consumidor respecto de ciertas operaciones y operador económico respecto de otras (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, apartado 29 y jurisprudencia citada).

"Por consiguiente, solo a los contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional, con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo, les es de aplicación el régimen específico establecido [...] para la protección del consumidor como parte considerada más débil, mientras que esta protección no se justifica en el caso de contratos cuyo objeto consiste en una actividad profesional ( sentencia de 25 de enero de 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, apartado 30 y jurisprudencia citada).

"Esta protección particular tampoco se justifica en el caso de contratos cuyo objeto es una actividad profesional, aunque esta se prevea para un momento posterior, dado que el carácter futuro de una actividad no afecta en nada a su naturaleza profesional ( sentencia de 3 de julio de 1997, Benincasa, C- 269/95, apartado 17)".

En el mismo sentido, la STJUE de 3 de septiembre de 2015, asunto C-110/14 (caso Costea) objetiva el concepto de consumidor, al poner el foco en el ámbito no profesional de la operación. Posición reiterada en los autos de 19 de noviembre de 2015 (asunto C-74/15, Tarcãu), 14 de septiembre de 2016 (asunto C-534/15, Dimitras) y 27 de abril de 2017 (asunto C-535/16, Bachman).

Este mismo concepto de consumidor que utiliza el TJUE, referido al ámbito objetivo de la operación y no a la personalidad del contratante, es también el que ha tomado en consideración esta sala en sus sentencias 149/2014, de 10 de marzo; 166/2014, de 7 de abril; 688/2015, de 15 de diciembre; 367/2016, de 3 de junio; 16/2017, de 16 de enero; 224/2017, de 5 de abril; 594/2017, de 7 de noviembre; 8/2018, de 10 de enero, entre otras.

2.2. En el caso que juzgamos, ha quedado acreditado en la instancia que quien contrató el préstamo fue una persona física para financiar una actividad empresarial de hostelería. Por tanto, atendiendo al criterio objetivo de la operación, de acuerdo con la jurisprudencia, no podemos concluir que el prestatario actuara como un consumidor, pues el propósito del préstamo no era financiar su necesidad privada como consumidor, sino una actividad empresarial. Es irrelevante tanto que el prestatario no fuera socio o administrador de la sociedad titular del negocio, como que fuera trabajador por cuenta ajena, pues lo relevante es la finalidad de la operación que concertó como prestatario, que no es incompatible con el desarrollo de una actividad laboral por cuenta ajena. Al no entenderlo así la sentencia recurrida es incorrecta y el primer motivo del recurso de casación debe ser estimado.

3. Planteamiento del segundo motivo del recurso. En el segundo motivo se denuncia la infracción de los artículos 5.5 y 7.b) de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, en relación con el artículo 8.2 de la misma Ley, y de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que establece la exclusión del control por parte de los tribunales del contenido de las condiciones generales reguladoras de los elementos esenciales del contrato y la prohibición de que sean sometidas, directa o indirectamente, a un control de abusividad las condiciones generales de los contratos suscritos con no consumidores.

En el desarrollo del motivo, argumenta la parte recurrente, de manera resumida, que el control de transparencia no es procedente en un contrato en que el adherente es profesional.

4. Decisión de la sala. Estimación del segundo motivo del recurso.

El motivo segundo se estima porque la exclusión de la cualidad de consumidor en el demandante hace improcedente la realización de los controles de transparencia y abusividad pretendidos en la demanda, según reiterada y uniforme jurisprudencia de esta sala (sentencias 367/2016, de 3 de junio; 30/2017, de 18 de enero; 41/2017, de 20 de enero; 57/2017, de 30 de enero; 587/2017, de 2 de noviembre; 639/2017, de 23 de noviembre; 414/2018, de 3 de julio; 230/2019, de 11 de abril; y 533/2019, de 1o de octubre, entre otras).

En consecuencia, el segundo motivo del recurso de casación también debe ser estimado.

5. Consecuencias de la estimación del recurso de casación. Asunción de la instancia. Estimación del recurso de apelación y desestimación de la demanda

La estimación del recurso de casación conlleva que este tribunal deba asumir la instancia. Al asumir la instancia estimamos el recurso de apelación, revocamos la sentencia de primera instancia y desestimamos la demanda. No procede realizar un control de transparencia ni de abusividad respecto de una condición general de la contratación inserta en un contrato en que el adherente no es un consumidor y, en el caso, la cláusula litigiosa es clara, y comprensible, no es ambigua ni ilegible, y quedó incorporada al contrato.

TERCERO. Costas

1. La estimación del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas causadas por él, a tenor del art. 398.2 LEC.

2. La estimación del recurso de apelación implica que no proceda hacer expresa imposición de las costas causadas por él, a tenor del art. 398.2 LEC.

3. Procede imponer a la parte demandante las costas de la primera instancia, dada su desestimación ( art. 394 LEC) .