Interés por mora en el pago del salario. Sentencia Social Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1315/2013 de 17 de Junio de 2014

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Junio de dos mil catorce.

Vistos los autos pendientes ante esta Sala en virtud de el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de CAIXA BANK, S.A. frente a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga, en fecha 7/marzo/2013 [recurso de Suplicación nº 1672/2012 ], que resolvió el formulado por D. Franco frente a la sentencia pronunciada en 13/Abril/2012 por el Juzgado de lo Social núm. 9 de Málaga [autos 961/11], sobre CANTIDAD.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernandez,

Antecedentes

PRIMERO.-Con fecha 13 de abril de 2012 el Juzgado de lo Social núm. 9 de Málaga dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: 'Que desestimando la demanda interpuesta por Franco , absuelvo a Monte de Piedad y Cala de Ahorros de San Fernando, Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol) y Banca Cívica SA,. de las pretensiones deducidas en su contra.-'.

SEGUNDO.-En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: 'Primero.- El demandante D. Franco , ha venido prestando servicios para la empresa demandada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando, Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol), dedicada a la actividad de banca, con una antigüedad de 29-3-99, con categoría profesional última de Grupo 1 Nivel V.- Segundo.- Que el actor inició la prestación de servicios para Monte de Piedad Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (el Monte), tras la fusión para Caja San Fernando, pasando a llamarse posteriormente Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando, Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol).- Tercero.- Que desde el 25-3-00 hasta el 20-1-lo ha ejercido funciones de director de oficina percibiendo una cantidad por cumplimiento de objetivos variable, incrementada anualmente, correspondiendo en 2010 de 10.775,04€.- Cuarto.- El demandante presentó solicitud de conciliación ante el C.MA.C. el 15-9-11, que se tuvo por intentada sin efecto el 4-10-11.- Quinto.- Que el actor en 2010 ha estado prestando servicios como director de oficina 262 deI 1-1-10 a 20-1-10, cumpliendo un objetivo del 98,298%.- Sexto.- Que el actor deI 20-1- 10 al 31-7-10 ha desempeñado funciones de administrativo de oficina con cumplimiento de objetivo del 83,354%.- Séptimo.- Que el actor fue nombrado gestor comercial el 1-8-10 zona Málaga con cumplimiento de objetivos de 83,354%.- Octavo.- Que la empresa ha abonado al actor la retribución variable por objetivos según las distintas funciones desarrolladas en 2010, director de oficina hasta el 20-1-10, como administrativo de oficina hasta el 31-7-10 y como gestor comercial desde el 1-8-10 a 31-12-10.- Noveno.- La empresa ha abonada al actor como retribución variable par objetivos en 2010 1417,24 €.- Décimo.- Que el 30-3-10 por Cajasol se comunicó al actor que con motivo de la nueva situación generada por el proceso de integración llevado a cabo en la Entidad, y su cese como director el 20-1-10, para dar cumplimiento al protocolo de integración/cierre de oficinas pasará a percibir un complemento absorbible y revisable denominado plus de integración de oficinas por importe de 480,01 € brutos que sustituye al plus de destino que venía percibiendo. Dado que este plus responde a la voluntad de la Entidad de garantizar el ofrecimiento de un puesto de responsabilidad en la misma se compromete al mantenimiento de este complemento salarial por período máximo de 12 meses.- Undécimo.- Que en el protocolo de integración/cierre de oficinas se fijan como garantías laborales, que en el supuesto de que con motivo de la integración dejen de desempeñarse las funciones que se venían realizando y existiendo la voluntad de la Entidad de garantizar el ofrecimiento de puesto de responsabilidad, se compromete al mantenimiento de los conceptos retributivos y pluses salariales que estén vinculados al puesto, durante un período máximo de 12 meses. Si durante ese período se ofreciese un puesto de responsabilidad y éste fuese denegado cesará en la percepción de dichos pluses.- Duodécimo.- Que el 23-5-11 se firmó por el actor y Cajasol Banca Cívica, acuerdo de suspensión de la relación laboral entre Cajasol y el actor, con efectos del 28-5-11 percibiendo una compensación del 20% del salario bruto fijo. Que dicho acuerdo se basa en resolución de 31-1-11 de la Dirección General de Trabajo por la que se autoriza expediente de regulación de empleo a Banca Cívica y las cajas que la integran.- Décimo Tercero.- Que el actor fue nombrado para puesto de responsabilidad como gestor comercial el 1-8-10.- Décimo Cuarto.- Que en el nombramiento como director de oficina el 25-3-00 se comunica al actor que el incentivo variable reconocido estará vinculado no a un periodo completo sino al desempeño del puesto como director y durante el desempeño del puesto se acreditará el mismo en función de los objetivos conseguidos.- Décimo Quinto.- Que resulta de aplicación el Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro'.

TERCERO.-La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la representación de D. Franco , ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga, la cual dictó sentencia en fecha 7 de marzo de 2013 , en la que dejando inalterada la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, consta la siguiente parte dispositiva: 'Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por DON Franco contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Nueve de Málaga con fecha 13 de abril de 2012 en autos 961-11 sobre CANTIDAD, seguidos a instancias de dicho recurrente contra MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE SAN FERNANDO, GUADALAJARA, HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (CAJASOL) y BANCA CIVICA, SA., revocamos la sentencia recurrida y, en su lugar, estimamos la demanda formulada por Don Franco frente a Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando, Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol) y Banca Cívica SA., y condenamos a las demandadas a abonar solidariamente al demandante, en concepto de diferencias en la retribución variable del año 2010, la cantidad de 6.809,97 euros, más el interés anual del 10% en concepto de mora desde el 1 de abril de 2011 hasta la fecha de esta sentencia, La cantidad global, compuesta por la suma de principal e intereses, devengará, desde el día siguiente al de la presente sentencia hasta su pago, los intereses previstos en el articulo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil '.

CUARTO.-Por la representación procesal de CAIXA BANK, S.A. se formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga, de fecha 7 de marzo de 2013 (R. 1672/2012 ).

QUINTO.-Por providencia de esta Sala, se procedió admitir a trámite el citado recurso, y habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de considerar procedente el recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 11 de junio de 2.014, en el que tuvo lugar.

Fundamentos

PRIMERO.-Los hechos y la pretensión objeto de litis.-

1.- Situemos los hechos que constituyen objeto de debate en el presente recurso de casación: a) el actor ha prestado servicios como Director de oficina en el periodo 25/03/00 a 20/01/10, como Administrativo entre el 20/01/10 y el 31/07/10 y como Gestor Comercial desde el 01/08/10; b) la empresa demandada -hoy «Caixabank, SA»- ha abonado al demandante la retribución variable por objetivos, según las distintas funciones desarrolladas y periodos trabajados en el curso del año 2010; y c) que el Protocolo de Integración-Cierre de Oficinas se compromete al mantenimiento de conceptos retributivos y pluses vinculados al puesto durante un periodo de doce meses.

2.- La STSJ Andalucía/Málaga 07/03/2013 [rec. 1672/12 ], revocó la desestimatoria que con fecha 13/04/12 había dictado el J/S nº 9 de los de Málaga [autos 961/11] y declaró el derecho del actor a percibir 6.809,97 € por diferencias en la retribución variable del año 2010, «más el interés anual del 10% en concepto de mora desde el 1 de Abril de 2011 hasta la fecha de esta sentencia».

SEGUNDO.-Los motivos del recurso.-

1.- Recurre la entidad bancaria con un primer motivo de casación en el que se combate el reconocimiento de las diferencias, con denuncia de haberse infringido el art. 26.3 ET y señalando como referencial la STSJ Madrid 30/01/2001[rec. 3987/2000].

Esta sentencia referencial contempla la situación de un Director de sucursal de Compañía Aseguradora, que tenía una retribución «por objetivos» cuya naturaleza como tal no se cuestionaba y que consta acreditado que al trabajador se le había enviado comunicación en la que se le advertía -para el periodo que posteriormente reclamaría- que «como consecuencia de la política ... en materia de retribución variable para el ejercicio 1999 no le han sido fijados objetivos. En consecuencia, la no fijación de objetivos ha de implicar, necesariamente, la eliminación de la retribución variable que, para el caso de su consecución, venía establecida en el ejercicio anterior». Naturaleza aquélla y comunicación ésta que sirven de base a la sentencia de contraste para desestimar la demanda.

Como es fácil observar, esta última circunstancia nos pone en presencia de un claro concepto salarial no consolidado, sino determinado por una condición específica, y que la misma fue expresamente excluida en el periodo objeto de reclamación. Supuesto que en manera alguna guarda sustancial identidad con el de autos, en el que lo que se discute es si la retribución por objetivos está vinculada o no al concreto puesto de trabajo y le alcanza la previsión del ya referido Protocolo sobre su mantenimiento durante el año siguiente al cese, como con todo acierto sostiene el Ministerio Fiscal. Con lo que se excluye el ineludible presupuesto que -para la viabilidad del RCUD- exige el art. 219LRJS , requiriendo pronunciamientos diversos respecto de hechos y pretensiones sustancialmente iguales.

2.- En su segundo -subsidiario- motivo, tras denunciar la infracción del art. 29.3 ET , el recurso propone como decisión de contraste la STS 15/03/2005[rec. 4460/2003], que referida al cuestionado recargo por mora en el abono del salario mantiene que sólo será procedente cuando la realidad y cuantía de los salarios dejados de percibir consten de un modo pacífico e incontrovertido, sin que la procedencia o improcedencia de su abono se discuta por los contratantes». Con lo que ha de apreciarse la existencia de contradicción, porque en ambos casos se trata de reclamación de deudas salariales discutidas -prueba de ello es que en el supuesto de autos la sentencia de instancia desestima la demanda-, pero pese a esa identidad la conclusión a la que llegan en orden a la cuestión ahora tratada es opuesta, pues mientras la decisión recurrida condena al abono de los intereses por mora, la referencial los excluye. Lo que por fuerza nos lleva a resolver la cuestión planteada por el motivo, lo que haremos en el siguiente fundamento.

TERCERO.- La doctrina tradicional de la Sala en torno al art. 29.2 ET.-

El criterio que tradicionalmente ha mantenido de la Sala IV, conjugando lo que disponen los arts. 1100 , 1101 y 1108CC , siempre ha sido -efectivamente- que el recargo por mora al que se refiere el art. 29.3 ET únicamente cabe imponerlo cuando la realidad e importe de la retribución no satisfecha fuesen pacíficamente admitidos por las partes, esto es, cuando se trate de cantidades exigibles, vencidas y líquidas, sin que la procedencia o improcedencia de un abono se discuta por los litigantes, pues «cuando lo reclamado como principal es problemático y controvertido, queda excluida la mora en que podrían encontrar causa dichos intereses» [así, entre las que más recientemente habían tratado el tema, las SSTS 07/05/04 Ar. 4506 ; 27/09/04 Ar. 6329 ; 15/03/05 -rec. 4460/03 -; y 17/11/05 -rec. 290/05 -), por lo que ha de reconocerse sólo si la sentencia estima totalmente la reclamación salarial, pero no cuando -contrariamente- la estimación de la demanda es tan sólo parcial (así, STS 01/04/96 Ar. 2974; y ATS 10/06/02 Ar. 7801).

CUARTO.- Moderna postura en torno a los intereses de mora.-

1.- Pero esta doctrina, expresamente basada en criterios igualmente tradicionales de la Sala Primera en interpretación de los referidos preceptos del Código Civil, muy recientemente ha sido influenciada por planteamientos innovadores de la misma jurisprudencia civil, expresiva de que si «se pretende conceder al acreedor a quien se debe una cantidad una protección judicial completa de sus derechos, no basta con entregar aquello que, en su día, se le adeudaba, sino también lo que, en el momento en que se le entrega ..., porque si las cosas, incluso fungibles y dinerarias, son susceptibles de producir frutos -léase frutos civiles o intereses- no parece justo que los produzcan en favor de quien debió entregarlas ya con anterioridad a su verdadero dueño, es decir, al acreedor», y ésta es una conclusión apoyada por la «existencia de diversidad de grados de indeterminación de las deudas» y «la comprobación empírica de que los ... criterios tradicionales dejaban la aplicación de la sanción en manos del propio deudor, al que le bastaba con negar la deuda o discutir la cantidad reclamada para hacerla indeterminada», pero sobre todo por la consideración [ STS I 19/02/04 -rec. 941/98 -] de que «la sentencia no opera la creación de un derecho con carácter constitutivo, sino que lo tiene meramente declarativo, pues a través de la misma lo que se hace es declarar un derecho a la obtención de una cosa o cantidad que, con anterioridad a la resolución judicial, ya pertenecía y debía haberle sido atribuida al acreedor, y así, la completa satisfacción de los derechos del acreedor exige que se le abonen los intereses de tal suma, aún cuando fuese menor de la por él reclamada, desde el momento en que se procedió a su exigencia judicial» (así, la STS I 09/02/07 -rec. 4820/99 -, en línea con sus precedentes de 31/05/06 Ar. 3323 , 20/12/05 Ar. 286 , 30/11/05 Ar. 200679 , 03/06/05 - rec. 4719/98-, 15/04/05 Ar. 3242 y 05/04/05 -rec. 4206/98-, que rechazan todo automatismo en la aplicación del brocardo «in illiquidis non fit mora».

2.- Tal moderno planteamiento de la Sala Primera ha sido también acogido por esta Sala IV, en diversas resoluciones. Así, en materia de daños y perjuicios derivados de AT, y refiriéndose al art. 1108 CC [ STS 30/01/2008-rcud 414/2007- FJ 7.1]; también en el caso de mejora voluntaria de IT y con idéntica aplicación del interés previsto en el art. 1108 CC [ STS 10/11/2010-rcud 3693/2009- FJ 4.2]; e igualmente en el supuesto de indemnización por despido, con idéntica limitación a los intereses del art. 1108CC [ STS 23/01/2013-rcud 1119/2012- FJ 2]. Y en justificación ello afirmábamos en estas últimas decisiones que «... esta flexibilidad aplicativa de la máxima tradicional, todavía con mayor rotundidad ha de tenerse en cuenta en el campo del Derecho del Trabajo, terreno en el que los principios sociales han de imperar todavía con más fuerza que en el Derecho Civil [lo que justificaría interpretaciones «matizadas» respecto de las que hubiera llevado a cabo la propia jurisdicción civil, aun a pesar de ser ésta la genuina intérprete de las disposiciones del Código], sino que los intereses en juego -afectantes a valores de singular trascendencia- imponen una interpretación pro operario, contraria al tradicional favor debitoris que informa la práctica civil. Y estas singularidades de nuestro Ordenamiento laboral justifican plenamente que en el ámbito de esta jurisdicción social, la interpretación de los arts. 1101 y 1108CC atienda -incluso- a un mayor automatismo que el orden civil, de manera que la regla general en la materia ha de ser - supuestos exorbitantes aparte- la de que las deudas en favor del trabajador generan intereses a favor de éstos desde la interpelación judicial». Y con mayor motivo cuando con el interés de demora «no trata de conservar el valor nominal consignado en la resolución judicial [ STC 114/1992, de 14/septiembre ], sino de indemnizar al acreedor impagado el lucro cesante, dándole lo que hubiera podido obtener en circunstancias normales de la cantidad líquida que se le adeuda» [ STC 206/1993, de 22/junio ]' (citada STS SG 30/01/08 -rcud 414/07 - FJ 7.1).

3.- También hemos de señalar que en un concreto supuesto ya se extendió la doctrina -aplicación objetiva- de los intereses previstos en art. 1108 CC a los de demora contemplados en el art. 29.3 ET , tratándose -como es lógico- de estricta deuda salarial [ STS 29/06/12 -rcud 3739/11 - FJ 3.2]; y que con posterioridad, también en materia retributiva, se recordó nuevamente la moderna y flexible orientación ofrecida por la Sala Primera sobre la regla «in illiquidis», siquiera en el caso se justificó finalmente el abono del interés estatutario por considerar que no había sido razonable de la oposición del empresario, admitiendo la deuda pero alegando la prescripción -judicialmente rechazada- ( STS 08/02/10 -rcud 4353/08 -). Pero a la par hemos de reconocer que se excluyen los intereses estatutarios por la vía -más bien tradicional- de argumentar el «tortuoso» camino -conflicto colectivo- que llevó al reconocimiento del plus [ STS 29/04/13 -rcud 2554/12 -, FJ 3]; y a la misma solución se llegó igualmente en materia de horas extraordinarias en el sector de seguridad, por la «enorme litigiosidad» producida en cuestión tan «esencialmente controvertida» y determinante de dos sucesivos Conflictos Colectivos ( STS 18/06/13 -rcud 2741/12 -).

QUINTO.-Clarificación de la actual posición de la Sala.-

A la vista de todo ello, singularmente las divergencias -más aparentes que reales- entre las sentencias que se han citado más arriba-, parece imprescindible aclarar la no tan rectilínea doctrina de la Sala. En el sentido de que:

a).- No cabe duda que el interés referido por el art. 1108CC tiene una naturaleza claramente indemnizatoria, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que su importe se limite al legal del dinero, garantizando así la cuando menos legal -ya que no real- «actualización» del débito que haya de satisfacerse, fuese o no discutible su posible devengo.

Por el contrario, aparentemente, en el contexto económico actual -escasamente inflacionario y próximo a la deflación-, el interés fijado por el art. 29.3 ET [diez por ciento de lo adeudado] parece que apunta más directamente -o de forma complementaria- a una finalidad sancionadora para el empresario incumplidor. Pero lo cierto es que a la fecha en que el primitivo Estatuto de los Trabajadores fue promulgado, con el mismo texto que el vigente a fecha de hoy, los datos oficiales proclamaron una inflación considerablemente más alta [15,592 para 1979; y 15,213 % para 1980], aunque el interés legal del dinero fuese en las mismas fechas bastante menor [4%], lo que excluye que en el ánimo del legislador pudiera haber influido aquella intención «sancionadora», sino más bien ofrecer una cierta seguridad jurídica y una compensación por demora que superase la civil.

Es más, a esta interpretación llevan los trabajos parlamentarios, pues si bien el Proyecto de Ley era una simple remisión al régimen del Código Civil [«El interés por mora en el pago del salario será el exigible en las obligaciones civiles»], el texto ofrecido por el dictamen de la Comisión -con mejora de los derechos de los trabajadores, al decir de la enmienda 21 de CD- ya hacía referencia a que en caso de mora en el pago del salario «el empresario deberá indemnizar al trabajador» en la cantidad que se fijase en convenio colectivo o en su caso la jurisdicción competente, «que tendrá en cuenta el importe de la remuneración, cargas familiares y causas que hubieran motivado el retraso». Pero lo cierto es que el texto definitivamente aprobado -tras la enmienda 509 del PCE- fue la de establecer la cantidad fija del diez por ciento de lo adeudado, que es la consecuencia que en la actualidad sigue vigente.

b).- Por ello, de igual modo nuestra más reciente doctrina se inclina por la aplicación flexible del interés «indemnizatorio» del Código Civil como regla general en toda clase de deudas laborales, de manera tal que el mismo se devengue siempre desde la reclamación del débito, cualquiera que éste sea y siempre que haya prosperado [bien en todo o bien en parte], en la misma forma la convicción actual de la Sala es que tratándose de concretas deudas salariales la solución ofrecida por el legislador -ex art. 29.3 ET - ha de operar también de forma objetiva, sin tener en cuenta ni la posible razonabilidad de la oposición empresarial a su pago, ni que en los concretos periodos económicos esa cifra -diez por ciento- sea superior o inferior a la inflación. Y ello es así -consideramos-, tanto porque el mandato legal se expresa de forma imperativa y sin condicionamiento alguno [«El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado»]; cuanto por el importante elemento interpretativo -ya aludido- que significan los trabajos parlamentarios previos «para desentrañar el alcance y sentido de las normas» [SSTC 108/1986, de 29/Julio, FJ 13 ; 109/1998, de 29/Mayo, FJ 2 ; 15/2000, de 20/Enero, FJ 7 ; y 90/2009, de 20/Abril , FJ 6], en los que claramente se pone de manifiesto -en este sentido, la Enmienda 21, de CD- la intención de mejorar para los trabajadores el régimen civil común de la mora en el incumplimiento de las obligaciones, que contemplaba un interés legal más bajo que la inflación y que además se aplicaba con todas las limitaciones que ofrecía la interpretación tradicional de la regla «in iliiquidis»; y muy probablemente se hizo así por atender a los valores en juego -la relevancia vital que el salario tiene para el trabajador- y por considerar que no sólo era aconsejable ofrecer seguridad jurídica, sino de alguna manera limitar controversias que pudieran comprometer el sustento del empleado.

SEXTO.- Consiguiente rechazo del recurso.-

Las precedentes consideraciones nos llevan a afirmar -oído el Ministerio Fiscal- que la doctrina ajustada a Derecho es la mantenida por la sentencia de recurrida y que -en consecuencia- la misma ha de ser confirmada, por ajustarse su decisión a nuestro vigente criterio de objetiva y automática aplicación de los intereses para toda clase de deudas laborales, y que concretamente, en el supuesto de que no ostenten naturaleza salarial han de indemnizarse en el porcentaje previsto en el art. 1108CC [como ya se viene manteniendo desde la 30/01/2008-rcud 414/07-], y que tratándose de créditos estrictamente salariales han de ser compensados con el interés referido en el art. 29.3 ET [como expresamente declaró la STS 29/06/2012-rcud 3739/2011-], se presente o no «comprensible» la oposición de la empresa a la deuda. Doctrina de la que ciertamente se ha apartado la Sala en dos supuestos, pero que ofrecían la excepcional singularidad de que la complejidad del tema había requerido previos conflictos colectivos interpretativos, con un azar procesal que incluso se llega a calificar de «tortuoso», de manera que sus decisiones más que romper con la doctrina general lo que hicieron fue representar una excepción confirmatoria de la propia regla.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

Fallo

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de «CAIXABANK, S.A.» y confirmamos la sentencia dictada por el TSJ Andalucía/Málaga en fecha 07/Marzo/2013 [recurso de Suplicación nº 1672/12], que a su vez había revocado la resolución -desestimatoria de la demanda- que en 13/Abril/2013 pronunciara el Juzgado de lo Social núm. Nueve de los de Málaga [autos 961/11], a instancia de Don Franco .

Se acuerda la pérdida del depósito constituido y el destino legal para la consignación o aseguramiento, así como la imposición de costas a la recurrente.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social de procedencia ,con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Luis Fernando de Castro Fernandez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.