Sentencia Administrativo Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 471/2012 de 03 de Diciembre de 2014

Encabezamiento

SENTENCIA

Madrid, a tres de diciembre de dos mil catorce.

VISTOpor la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativode la Audiencia Nacional el recurso contencioso- administrativo número administrativo número 471/212, promovido por la Procuradora de los Tribunales, Doña María Jesús Pintado de Oyagüe, en nombre y representación de Don Ildefonso , contra la Resolución del Secretario de Seguridad, del Ministerio del Interior, de fecha 26 de septiembre de 2012, que declara la responsabilidad de daños y perjuicios, entre otros, del recurrente, arquitecto redactor del proyecto y director de la obra ejecutada, por las deficiencias y anomalías acaecidas en la fachada de la casa cuartel de la Guardia Civil de Baracaldo (Vizcaya), por un importe de 318.452,98 euros. Habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada por la Abogada del Estado, y como codemandada la entidad mercantil 'Bruesa Construcción, S.A.', representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Yolanda Ortiz Alfonso; cuantía 318.452,98 euros.

Antecedentes

PRIMERO.- Por Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de 29 de julio de 2002, se acordó adjudicar a la empresa Construcciones Bruesa, S.A. en UTE con la empresa Fernández Constructor, S.A., la construcción de la casa cuartel de la Guardia Civil de Baracaldo (Vizcaya), formalizando el correspondiente contrato de consultoría y asistencia con el arquitecto recurrente y con el arquitecto técnico Don Olegario .

En fecha 18 de agosto de 2004 tuvo lugar la recepción de las obras de ejecución de la fachada del precitado cuartel.

Mediante informes técnicos del Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil de fechas 6 de junio y 13 de julio de 2011, se ponen de manifiesto una serie de desperfectos y anomalías producidas en la fachada de la citada casa cuartel, las que han dado lugar a un deterioro grave del revestimiento de la piedra de pizarra de la fachada, apareciendo como única solución viable, la retirada y cambio de este material por otro que garantice la durabilidad de la hoja externa de la fachada.

Tramitado el correspondiente procedimiento administrativo, con audiencia de la empresa contratista y el arquitecto y arquitecto técnico, por Resolución del Secretario de Estado de Seguridad, de fecha 26 de septiembre de 2012, se acuerda declarar la responsabilidad de daños y perjuicios de la empresa Construcciones Fernández, S.A., en UTE con la empresa Construcciones Bruesa, S.A., del arquitecto redactor del proyecto y director de la obra Don Ildefonso y del arquitecto técnico Don Olegario , director de la ejecución de la obra, por importe de 318.452,98 euros en concepto de proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, obras de reposición de fachada, montaje y desmontaje de andamios por las deficiencias y anomalías acaecidas en la fachada de la casa cuartel de la Guardia Civil de Baracaldo (Vizcaya).

El recurrente disconforme con esta resolución acude a la vía jurisdiccional.

SEGUNDO.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo y turnado a esta Sección, fue admitido a trámite, reclamándose el expediente, para, una vez recibido, emplazar a la parte actora a fin de que formalizara la demanda, lo que cumplimentó en un escrito en el que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando se dicte sentencia: '1.- Declarando la nulidad o anulando y dejando sin valor ni efecto alguno el acto recurrido y reconociendo que mi mandante carece de responsabilidad alguna en los desperfectos advertidos en la casa cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Barakaldo. 2.- Condenando al Ministerio del Interior al pago de las costas procesales'.

Dado traslado al Abogado del Estado para que contestara la demanda, así lo hizo en un escrito en el que, tras consignar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó suplicando una sentencia '... que se desestime el presente recurso, confirmando íntegramente la resolución impugnada por ser conforme a Derecho'.

Por la parte codemandada se contestó a la demanda y tras consignar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó suplicando una sentencia: '... por la que se desestime la misma en su totalidad para con mi representada, y con la imposición a la parte demandante de las costas que se causen'.

Recibido el proceso a prueba, y practicada la que propuesta fue admitida, con el resultado que obra en autos, evacuado el trámite de conclusiones y concluso el procedimiento, se señaló para votación y fallo el día 2 de diciembre del presente año, en que así tuvo lugar.

VISTOSlos artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE MARIA GIL SAEZ, Magistrado de la Sección.

Fundamentos

PRIMERO.- El acto impugnado es la Resolución del Secretario de Seguridad, del Ministerio del Interior, de fecha 26 de septiembre de 2012, que declara la responsabilidad de daños y perjuicios, entre otros, del recurrente, arquitecto redactor del proyecto y director de la obra ejecutada, por las deficiencias y anomalías acaecidas en la fachada de la casa cuartel de la Guardia Civil de Baracaldo (Vizcaya), por un importe de 318.452,98 euros.

La parte actora en apoyo de su pretensión procesal alega que como redactor del proyecto y director de la obra su actuación fue plenamente correcta, habiéndose emitido la correspondientes instrucciones con la piedra de pizarra a colocar en la fachada del edificio, y estima que la deficiencias y anomalías detectadas tiene su origen en el defectuoso control del material por el aparejador de la obra y en la defectuosa realización de la labor material de anclaje de las placas de pizarra a la fachada, como dimana del informe pericial aportado con la demanda y emitido por el arquitecto Sr. Carlos Miguel , sin que exista responsabilidad alguna por su parte, correspondiendo en mayor o menor medida al resto de los agentes intervinientes en el proceso constructivo; alega la inexistencia de responsabilidad solidaria conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación , la prescripción de la acción, al haber trascurrido mas de tres años, de conformidad con el artículo 17 de la LOE , la falta de acción por cuanto el artículo 147 de la LCAP se refiere a la responsabilidad del contratista, sin hacer referencia a los demás agentes intervinientes en la construcción y la aplicación al supuesto de autos del artículo 128 del mismo texto legal .

Por la Abogacía del Estado se opone a la pretensión procesal al estimar la conformidad a Derecho del acto administrativo impugnado, de conformidad con el artículo 148 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas , al encontrarnos ante un supuesto de la ruina funcional del edificio por vicios ocultos, sin que haya transcurrido el plazo de quince años que determina el precepto legal, tal y como se pone de manifiesto de los informes de 6 de junio y 13 de julio de 2011 emitido por los arquitectos de la Guardia Civil, con incumplimiento del contratista y del arquitecto de conformidad con el contrato de consultoría y asistencia suscrito por el actor con la Administración, al haber incumplido sus obligaciones como director de obra, al constar la ausencia de ensayos sobre la pizarra que fue instalada, y su inadecuación para configurarse como material de revestimiento, existiendo una concurrencia de culpas de los distintos agentes intervinientes en la construcción, que determina la proyección del principio de solidaridad que contempla el artículo 17.3 de la LOE .

Por la parte codemandada, después de exponer la ausencia de responsabilidad alguna de la empresa constructora en las deficiencias objeto del litigio, al haberse limitado al cumplimiento estricto de las ordenes emanadas de la Dirección Facultativa de la obra, estima que el daño generado deriva de un diseño inadecuado del material -pizarra- elegido, la falta de realización de ensayos o pruebas precisas, como se recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

SEGUNDO.- Tal y como ha quedado planteada la cuestión litigiosa, se ha de partir que por ninguna de las partes se cuestiona la real existencia de las deficiencias y anomalías en la fachada revestida de pizarra que presenta la casa cuartel de la Guardia Civil de Baracaldo, que constituyen el sustrato fáctico en el que se asienta la resolución administrativa, ahora sujeta revisión jurisdiccional, si bien, como hemos hecho constar más arriba, la parte actora, estima que tales desperfectos derivan de la acción u omisión en el cumplimiento de sus obligaciones por los otros agentes intervinientes en la construcción de la edificación, sin que por el recurrente, como arquitecto superior y, por ello, encargado del proyecto y dirección de la obra, se hayan infringido las normas reguladoras de su actuación profesional.

Esta primera conclusión proyecta las consecuencias jurídicas que dimanan del artículo 148 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, norma jurídica aplicable al contrato administrativo de autos por razones de orden temporal, en cuanto establece, al regular, la ' Responsabilidad por vicios ocultos': ' Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción'.

El concepto jurisprudencial de 'ruina funcional' se integra en el ámbito de lo que la teoría general del derecho denomina 'Lesiones contractuales positivas', caracterizadas por el cumplimiento aparente y externo de la prestación a la que el deudor viene compelido, pero que dada su naturaleza intrínseca, el resultado obtenido adolece de tales fallos que imposibilitan dar o conseguir el fin perseguido que dimana de la propia naturaleza de la prestación, generándose una frustración de la finalidad económica del contrato, la ejecución de la prestación por los agentes intervinientes en el proceso constructivo adolece de tales defectos intrínsecos que dicha finalidad no se ha obtenido por el acreedor, en tal supuesto nos encontramos ante un efectivo y auténtico incumplimiento contractual.

Principio que es proyectable al supuesto de autos, en el que la fachada del edificio que ha sido revestida de pizarra presentan defectos y anomalías de tal intensidad que han frustrado el fin esencial que como tal revestimiento estaba llamado a cumplir, y que integraba una finalidad básica y esencial del contrato concertado.

TERCERO.- Apreciada la existencia de 'ruina funcional' de la casa cuartel de Baracaldo (Vizcaya), el acto administrativo objeto del presente proceso, en aplicación del artículo 17.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación , -de aplicación supletoria en el ámbito de la contratación administrativa, conforme con el artículo 1.3, de esta Ley en cuanto dispone: ' Cuando las Administraciones públicas y los organismos y entidades sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como agentes del proceso de la edificación se regirán por lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones públicas y en lo no contemplado en la misma por las disposiciones de esta Ley, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria'-, al estimar que en el supuesto de autos no es susceptible de individualizarse ni determinar el grado de la responsabilidad de cada uno de los intervinientes en el proceso constructivo, y apreciando una concurrencia de culpas, declara la responsabilidad solidaria de los agentes intervinientes en la edificación de la precitada casa cuartel de Baracaldo, integrados por el arquitecto superior, el arquitecto técnico y la empresa constructora.

El artículo 17.3 de la Ley de Ordenación de la Edificación dispone: ' No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción'.

La parte actora discrepa de esta conclusión y fundamenta su pretensión procesal en la exoneración de la responsabilidad del arquitecto superior, al estimar que las deficiencias y anomalías de la fachada dimanan del defectuoso material y la deficiente ejecución y anclaje de la pizarra a la fachada.

Lógicamente, en apoyo de esta pretensión procesal, y las subsiguientes oposiciones de la parte demandada y codemandada, se proyectan los dictámenes periciales que las partes procesales han aportado al proceso, así como el dictamen emitido por los órganos técnicos de la Administración que obran en el expediente administrativo, que ha constituido el apoyo técnico del acto administrativo impugnado.

A este fin, y con carácter de generalidad, el artículo 348 de la vigente Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil , establecen la valoración de los dictámenes periciales ' según las reglas de la sana crítica', lo que no significa otra cosa sino que las conclusiones de los peritos deben ser examinadas depurando sus razonamientos ( sentencia del Tribunal Supremo de 1 de Julio de 1.988 ), ponderándose atendiendo a su fuerza convincente ( sentencias del Tribunal Supremo de 2 de Noviembre de 1.989 , 3 de Octubre de 1.990 o 31 de Mayo y 5 de Junio de 1.991 , análoga de 30 de Junio de 1.994 ), y es que la prueba pericial no es una prueba tasada, sino de libre apreciación por el Tribunal según las reglas de la sana crítica ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 1.991 ).

El dictamen emitido por la Capitán Arquitecta del Cuerpo de Guardia Civil residencia la responsabilidad del actor en la deficiente elección del material, al no venir en el proyecto suficientemente definido el tipo de piedra y en el pliego de prescripciones constructivas, en el pliego de condiciones del proyecto de ejecución no aparece este material, y en sus conclusiones indica la existencia de '... una insuficiencia técnica en el proyecto al no haber incorporado en el proyecto las prescripciones relativas a la piedra de pizarra'.

El dictamen aportado por la parte actora, pone el acento de las deficiencias en 'el control de calidad que no ha funcionado adecuadamente, y no se han realizado los ensayos oportunos a las piezas' y hace referencia a una deficiente técnica en la montaje de la fachada, con el debido tratamiento de los anclajes que asientan la pizarra a la fachada.

Por la Arquitecta Superior, Doña Sabina , en su dictamen pericial, aportado por la parte codemandada, concluye que la patología en la fachada reside '... en la combinación del sistema constructivo con el material elegido y la no realización de ensayos y pruebas precisas así como la comprobación de materiales', y en el acto de ratificación de dicho dictamen, residencia dicha patología en tres concausas que han contribuido a su generación: la deficiente elección del material de pizarra, dadas sus características intrínsecas, su estructura laminar y que se desgaja, con la combinación de los anclajes, que crea tensión sobre la propia pizarra instalada de forma perpendicular a los anclajes y hace que se parta en lajas, y todo ello agravado por el lugar en el que se encuentra ubicado el edificio, en zona lluviosa y al lado de la ría de Bilbao, lugar con alto grado de humedad.

A la luz del contenido de los dictámenes periciales y realizando su valoración conforme a las reglas de la sana critica, arriba expuestas, este Tribunal estima que no se ha acreditado, de manera clara y terminante la posibilidad exonerar de responsabilidad a la parte actora, como arquitecto redactor del proyecto y de ejecución del proceso constructivo, pues los dictámenes periciales de la Capitán Arquitecta de la Guardia Civil y de la perito de la codemandada, imputan un deficiente diseño de la utilización del material elegido, sin perjuicio de la concurrencia en la generación de las deficiencias y anomalías en la fachada de la conducta de los demás agentes intervinientes en el proceso constructivo, por ausencia de control de calidad del material aportado a la obra y la deficiente instalación de las placas de pizarra.

Consecuencia de ello, la plena aplicación al supuesto de autos del principio de solidaridad que predica el precitado artículo 17.3 de la Ley de Ordenación de la Edificación .

CUARTO.- Por la parte actora se alega la prescripción de la acción, en el plazo de tres años, que regula el articulo 17.1 b) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación , en cuanto establece: ' Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3'.

Tesis que no es admisible, pues dado el carácter supletorio de esta norma legal a la contratación administrativa, aparece la preeminencia de aplicación del artículo 148 de la LCAP , que determina el plazo de 15 años.

Así mismo procede rechazar la alegación de falta de acción de la Administración, el contrato de consultoría y asistencia técnica suscrito por el arquitecto superior se configura como contrato complementario al de obras y por ello sujeto al régimen jurídico del contrato de obras, en las obligaciones que en dicho ámbito haya de desarrollar el arquitecto, como uno de los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Y suerte pareja ha de correr la aplicación del artículo 128 de la LCAP , pues, como acertadamente alega la Sra. Abogada del Estado en el ámbito de la supervisión de proyectos que regula este precepto legal, no se integra la determinación del material elegido para el recubrimiento de la fachada.

Por último, la parte actora discrepa de la valoración del importe de la reparación de la fachada, que contempla la resolución administrativa impugnada, ahora bien este Tribunal valorando conforme a la reglas de sana critica los distintos dictámenes periciales aportados por la partes, estima que los mismos no gozan de razones suficientemente concluyentes para apreciar que la valoración que efectúa la Administración no se adecua a los parámetros justo y adecuados al precio que la reparación efectiva de la deficiencias y anomalías de la fachada pueda tener en el mercado.

QUINTO.- Por las razones expuestas procede la desestimación del recurso; con expresa imposición de las costas a la parte actora, al haber sido rechazadas sus pretensiones, de acuerdo con el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre.

POR TODO LO EXPUESTO

Fallo

DESESTIMAMOSel recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales, Doña María Jesús Pintado de Oyagüe, en nombre y representación de Don Ildefonso , contra la Resolución del Secretario de Seguridad, del Ministerio del Interior, de fecha 26 de septiembre de 2012, que declara la responsabilidad de daños y perjuicios, entre otros, del recurrente, arquitecto redactor del proyecto y director de la obra ejecutada, por las deficiencias y anomalías acaecidas en la fachada de la casa cuartel de la Guardia Civil de Baracaldo (Vizcaya), por un importe de 318.452,98 euros; por ser dicha resolución, en los extremos examinados, conforme a Derecho.

Con expresa imposición de costas a la parte actora.

Así por esta nuestra Sentencia, que es firme, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en la forma acostumbrada de todo lo cual yo, la Secretaria Judicial, doy fe.