Sentencia Administrativo Nº 111/2006, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 519/2005 de 02 de Febrero de 2006

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.5

MADRID

SENTENCIA: 00111/2006

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE

MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

SENTENCIA 111

APELACIÓN NÚM.: 519-2005

LETRADO DÑA. CRISTINA GONZALEZ GONZALEZ

Ilmos. Sres.:

Presidente

D. José Alberto Gallego Laguna

Magistrados

D. J. Ignacio Parada Vázquez

Dña. María Antonia de la Peña Elías

D. Santos Gandarillas Martos

D. J. Ignacio Zarzalejos Burguillo

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En la Villa de Madrid a 2 de febrero de 2006

Visto por la Sala del margen el recurso de apelación núm.519-2005 interpuesto por DÑA. Begoña representado por la letrada DÑA. CRISTINA GONZALEZ GONZALEZ contra apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Madrid el 14 de junio de 2005, (P.A. 597-2004 ), en la que acordó desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por DÑA. Begoña contra la resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid , también ha sido interpuesto dicho recurso de apelación por el ABOGADO DEL ESTADO, habiendo sido parte apelada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.

Antecedentes

PRIMERO: Se presentó recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 13 de Madrid de fecha 14.6.2005 en el procedimiento abreviado 597-2004 , y una vez visto en este Tribunal tanto el recurso como los autos remitidos por el Juzgado, se registró, se formó el oportuno rollo, señalándose para votación y fallo , la audiencia del día 31.1.2006 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Alberto Gallego Laguna

Fundamentos

PRIMERO: Se impugna en este recurso de apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Madrid el 14 de junio de 2005 en la que desestima la excepción de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo planteada por el Abogado del Estado y entrando en el fondo, desestima la demanda de recurso contencioso administrativo interpuesta contra la resolución de 10 de diciembre de 2003 dictada por el Director General de la Policía, confirmatoria de la resolución de 11 de octubre de 2003 del Jefe de Servicio del Puesto Fronterizo de Madrid Barajas, denegando la entrada en España y su retorno al lugar de origen de Doña Begoña.

La indicada sentencia en su Fundamento de Derecho Segundo razona que se ha creado frente a los letrados una confianza legítima en la admisión y conclusión de los recursos presentados, confianza que no debe defraudarse sin haber requerimiento previo de subsanación, pues esta actuación podría suponer la vulneración del derecho a tutela judicial efectiva y otorgar en ese momento el trámite de subsanación supondría un mero trámite formal inoperante y contrario al principio de economía procesal.

SEGUNDO: Por el Abogado del Estado se interpone recurso de apelación contra la sentencia referida por estimar que incurre en infracción de los arts. 19, 23 y 69.b) de la L.J.C.A . así como de los arts. 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 32 de la Ley 30/1992 , ya que desestima la concurrencia de una causa de inadmisión de la demanda, y entra a conocer y a resolver el fondo del asunto, no impugnando en el recurso de apelación el fondo del asunto estimado en la sentencia, citando varias sentencias de las Secciones Primera, Octava, Novena y Tercera, solicitando la anulación de la sentencia, se inadmita la demanda inicial por falta de representación y legitimación activa del letrado firmante que no ha sido designado como representante en juicio por alguna de las vías admitidas en derecho, o subsidiariamente y anulando la sentencia recurrida devuelva las actuaciones al Juzgado de procedencia para que requiera de subsanación a la parte actora, dándole plazo para aportar poder notarial o para otorgar apoderamiento apud acta, bajo advertencia en otro caso de archivo.

La Letrada Doña Cristina González González interpone recurso de apelación solicitando que se revoque la sentencia objeto de impugnación acordando la estimación del recurso contencioso administrativo alegando, en resumen, como fundamento del recurso de apelación, que la demandante cumplía los requisitos de entrada, deseaba entrar por motivos turísticos, con dinero para su estancia, teniendo en España una prima que se llama Flor. Oponiéndose al recurso de apelación formulado por el Abogado del Estado por entender que la designación de Letrado abarca tanto la defensa como la representación, citando la Ley 1/96 , alegando el derecho a la tutela judicial efectiva, habiendo sido designado por el Turno de Oficio.

El Abogado del Estado formula oposición al recurso de apelación interpuesto por la contraparte alegando la inadmisibilidad por interponerse por persona no legitimada.

TERCERO: Es objeto del presente recurso de apelación valorar si fue ajustada a derecho la sentencia que entrando a conocer del fondo del litigio y desestimando la pretensión del recurrente contra el acto impugnado, no estimó la inadmisibilidad por la falta de postulación del recurrente.

En términos generales esta Sección, ha venido sosteniendo (sentencia dictada en el recurso de apelación número 301/2005, entre otras y reiterados Autos) que para la interposición del recurso contencioso administrativo, en único régimen jurídico aplicable hasta la fecha, es el recogido en la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 , que establece un régimen común o uniforme que no hace distinciones por la personas o el tipo de acto que se cuestione ante los tribunales.

Los preceptivos requisitos de postulación para la comparecencia en juicio los establece el art. 23.1 y 2. El primer apartado permite que la representación ante órganos unipersonales sea conferida a un abogado y será a este a quien se le notifiquen las actuaciones. Luego en principio, nada impide ante los Juzgados el que la representación sea conferida letrado al que se le haya confiado la dirección técnica.

Sin embargo, esta posibilidad ni significa que la representación conste debidamente conferida al letrado, de ahí que el órgano jurisdiccional debe exigir su constancia en el proceso, a través de las dos diferentes manera de otorgamiento: por poder notarial o por apoderamiento apud acta ante el Secretario judicial del órgano jurisdiccional que conozca del recurso contencioso administrativo. De no ser así, deberá requerir a la parte para su subsanación en el plazo de 10 días de conformidad con lo establecido en el art. 45.3 de la LJCA , con apercibimiento de archivo de las actuaciones; archivo que deberá materializarse si en el plazo conferido no se subsana el defecto de representación.

Si la representación no ha sido debidamente otorgada al letrado y así consta, deberá comparecer ante el Juzgado y por si mismo el interesado. En el presente caso y dado que el particular ya no se encontraba en España debió conferir la representación mediante poder al letrado a través de los medios previstos en los servicios de las oficinas diplomáticas y consulares, si su intención tras la expulsión era efectivamente la interposición del recurso contencioso administrativo.

En consecuencia, carecen de la debida representación procesal los recursos contenciosos que no sean debidamente firmados y ratificados por los propios litigantes, salvo que estos hayan atribuido su representación procesal a un procurador o al abogado mediante el correspondiente poder, o mediante la designación apud acta. El abogado no puede ejercer funciones de representación de los intereses de su cliente si no le ha sido conferido expresamente este poder. Lo que a la postre se está omitiendo es la autentica o fehaciente voluntad de particular, si admitimos que el letrado designado para la asistencia en dependencias policiales continué por su cuenta y riesgo el recurso contencioso administrativo.

CUARTO. En casos parecidos al aquí enjuiciado se ha detectado que en gran parte el origen de la controversia parte de la confusión de conceptos en torno a la representación en vía administrativa y judicial. La representación en vía administrativa puede otorgarse a un abogado o a cualquiera, como prevé el art. 31.1 de la Ley 30/1992 , entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del representado. Puede actuar como representante cualquier persona con capacidad de obrar, como puntualiza el apartado segundo de este artículo. Lo que no puede confundirse y prorrogarse es la válida representación del extranjero ejercitada por el abogado en sede administrativa, con la representación procesal necesaria y exigible para la interposición del recurso contencioso administrativo. Esta última tiene sus propias normas y propio régimen jurídico. Con ocasión de la interposición del recurso contencioso administrativo, la representación procesal debe constar expresamente atribuida (bien al procurador o al abogado ante órganos unipersonales, y no a cualquiera como se admite en sede administrativa, bien exclusivamente al procurador ante órganos colegiados), sin que resulte admisible presumir que el letrado, como actuó como representante del interesado ante la Administración, tiene esta misma condición en el recurso contencioso administrativo.

QUINTO. Por lo hasta aquí dicho, es evidente que esta Sección considera que concurre la falta de postulación, en todos aquellos recursos entablados ante los Juzgados, en los que no consta la presencia del interesado, o este no ha otorgado debidamente su representación al letrado director técnico del proceso. Sin embargo el Juzgador de instancia entra a resolver sobre el fondo del asunto sobre la base de una ausencia de otorgamiento de la posibilidad de subsanación. Esta Sección no puede compartir ese razonamiento por el peligro que conlleva el incumplimiento de las normas reguladoras del juicio contencioso administrativo, pues es precisamente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo el que debía de haber otorgado la posibilidad de subsanación, pues, de lo contrario, realmente asume que ha dictado una sentencia frente a una parte (Doña Begoña) que no ha sido parte en el proceso por no estar debidamente representado. Lo que puede parecer contrario al principio de economía procesal en este concreto caso, en realidad no lo es, pues no consta que el propio recurrente hubiese manifestado su voluntad de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

SEXTO: En consecuencia el recurso formulado por el Abogado del Estado debe ser estimado, concurriendo la ausencia de representación procesal del recurrente en los términos del art. 69.c) de la LJCA . No obstante por tratarse de un requisito procesal subsanable, y al no constar el traslado para subsanar en primera instancia como reconoce la sentencia, es preciso declarar la nulidad de la sentencia y de todo lo actuado hasta la interposición del recurso, confiriéndole al interesado la posibilidad de subsanación por el plazo de 10 días, de conformidad con lo establecido en el art. 45.3 de la LJCA , con apercibimiento de archivo de las actuaciones.

Por las razones expuestas debe desestimarse el recurso de apelación formulado por la Letrada Doña Cristina González González, pues, al declarar la nulidad de la sentencia por la causa de inadmisibilidad invocada por el Abogado del Estado en la interposición del recurso de apelación, no puede entrarse a valorar el contenido del pronunciamiento de fondo de dicha sentencia. De igual manera, por los mismos argumentos, debe desestimarse la alegación de inadmisibilidad formulada por el Abogado del Estado frente al recurso de apelación de la Letrada.

SEPTIMO: De conformidad con lo establecido en el art. 139.2 de la LJCA y por el contenido de la presente sentencia, existen fundados motivos para no proceder a la imposición de las costas.

Fallo

Que debemos estimar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Madrid el 14 de junio de 2005 , declarando la nulidad de la sentencia y de todo lo actuado hasta la interposición del recurso, confiriéndole al interesado la posibilidad de subsanar la falta de postulación en el plazo de 10 días de conformidad con lo establecido en el art. 45.3 de la LJCA , con apercibimiento de archivo de las actuaciones, desestimando el recurso de apelación formulado por la Letrada Doña Cristina González González, sin costas.

Por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

No cabe recurso ordinario alguno.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, hallándose celebrando audiencia pública

el dia en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que certifico.