Sentencia Administrativo Nº 116/2013, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Barcelona, Sección 9, Rec 188/2011 de 29 de Mayo de 2013

Encabezamiento

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 9 DE BARCELONA

Procedimiento abreviado número 188/2011-E

Partes: Mariano Y María Dolores , representaos por Procurador y defendidos por letrado, contra el Ayuntamiento de San Pere de Ribes..

Sentencia Nº. 116/2013

En la ciudad de Barcelona, a 29 de Mayo de dos mil trece.

Angel Mateo Goizueta, Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona y provincia, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que le confieren la Constitución y las leyes, pronuncia en nombre de Su Majestad El Rey la presente sentencia en los autos del recurso contencioso administrativo número 188/2011-E La actuación administrativa impugnada consiste en la desestimación por resolución acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 1 de febrero de 2011 del Ayuntamiento de San Pere de Ribes por la que se desestima ante la reclamación por daños y perjuicios formulada por la parte actora.

Antecedentes

PRIMERO.Por la representación procesal de la actora se interpone el presente recurso contencioso administrativo, presentado en fecha 14 de abril de 2011 y registrado en este Juzgado con el número 188/2011-E, contra la desestimación por resolución consistente en el acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 1 de febrero de 2011 del Ayuntamiento de San Pere de Ribes por la que se desestima ante la reclamación por daños y perjuicios formulada por parte de la actora.

Se tramitan los presentes autos conforme a lo dispuesto para el procedimiento abreviado en la vigente Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

SEGUNDO.El día 16 de mayo de 2013 tiene lugar el acto de juicio oral. Tras la práctica de las pruebas propuestas y admitidas, con el resultado que es de ver en autos, y la exposición por las defensas letradas de las partes de sus conclusiones, los autos se declaran conclusos y vistos para sentencia.

TERCERO.El importe de la cuantía del presente procedimiento es de 976,72 euros.

CUARTO.En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.Constituye el objeto de los presentes autos la desestimación por resolución acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 1 de febrero de 2011 del Ayuntamiento de San Pere de Ribes por la que se desestima ante la reclamación por daños y perjuicios formulada

En su demanda los actores alegan que el día 4 de junio de 2009 por una empresa contratada por el Ayuntamiento se efectuaban trabajos de cortafuegos en las inmediaciones de la propiedad de lo actores situada en la CALLE000 NUM000 de la URBANIZACIÓN000 de San Pere de Ribes. Que esos trabajos consistían en la tala de arbolado. Que diversos árboles cayeron sobre la finca de los actores provocando daños en el vallado perimetral de la citada finca. Que ello fue debido a que no se adoptaron medidas de seguridad en la ejecución de la tala, lo que provocó la caída de árboles obre el vallado causando los daños en cuestión

Por el Ayuntamiento demandado se opone a lo solicitado, ratificando el informe que se hizo en su momento en base a los hechos y fundamentos que en ella se expone. Se aportaron fotografías de una valla y dicen que es de la casa de los actores. Alegan que en el informe pericial no se dice nada.

En el informe de la empresa dice que no ha habido ningún incidente, ni daño en la valla. El informe de la policía local dice que no hay aviso alguno. Que el informe del técnico de miedia ambiente ratifica el informe de la obra.

Solicitan se desestime la demanda. Alegan que el actor no demestra la causa efecto del daño y la responsabilidad patrimonial. Dicen que no hay factura de que el daño ha sido abonado por ellos y que no hay prueba de pago efectivo.

Para el caso de que se estime la demanda solicitan que se condene a las empresas intervinientes en esas obras.

La aseguradora y la empresa de las obras no se personan.

SEGUNDO.Para la adecuada resolución de las pretensiones cruzadas por las partes en la presente proceso se hace preciso en primer lugar centrar la atención en el marco normativo regulador del vigente sistema de responsabilidad patrimonial extracontractual establecido por nuestro Ordenamiento Jurídico en relación con las Administraciones Públicas. Y en segundo lugar, determinar la concurrencia o no en el caso ahora examinado de los requisitos o presupuestos exigidos por nuestro Derecho para dar lugar a la declaración de la expresa responsabilidad patrimonial a la vista de los hechos dimanantes de las actuaciones.

En este sentido, ya de entrada debe significarse que a partir del principio de responsabilidad de los poderes públicos constitucionalmente reconocido (por mandato expreso del artículo 9.3, como elemento expresivo de los valores superiores del Ordenamiento Jurídico propugnados por el Estado social y democrático de Derecho exartículo 1.1), el particular sistema de responsabilidad patrimonial referido a las Administraciones Públicas tiene hoy su fundamento constitucional expreso en el artículo 106.2, que reza: ' Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos'.

Sobre esa base constitucional, y en el ejercicio de las competencias normativas plenas reservadas al Estado por el artículo 149.1.18º de la Constitución española respecto del sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas (atendido el carácter unitario, además de objetivo y directo, que actualmente define la configuración legal de dicho sistema de responsabilidad extracontractual administrativa), la ordenación legal de la institución de la responsabilidad administrativa patrimonial viene hoy dispuesta por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , y en el plano procedimental por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Y por lo que se refiere a las entidades que integran la Administración Local, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , de Bases de Régimen Local, dispone que ' Las Entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa'.

De acuerdo con el sistema normativo expuesto, y conforme viene estableciendo una reiterada y constante doctrina jurisprudencial en este orden jurisdiccional contencioso administrativo (desde la positivización en nuestro Ordenamiento jurídico administrativo del sistema de responsabilidad administrativa extracontractual a través de los artículos 121 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y de los artículos 40 y concordantes de la posterior Ley de Régimen Jurídico de las Administración del Estado de 1957 ), son tres los requisitos o presupuestos que deben necesariamente concurrir simultáneamente en el caso para el nacimiento efectivo del derecho a la indemnización resarcitoria por razón de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, requisitos que seguidamente se enumeran y exponen.

1. La existencia y realidad de un daño, el cual para transformarse de un simple daño o perjuicio en una auténtica lesión indemnizable requiere, a su vez, de: A) la concurrencia simultánea de tres circunstancias o requisitos fácticos: a) certeza o efectividad; b) individualización con relación a una persona o grupo de personas; y c) evaluabilidad económica; B) amén de una circunstancia o requisito de orden jurídico: la antijuridicidad del daño, esto es, que el particular no tenga el deber jurídico de soportarlo.

2. La lesión antijurídica ha de ser imputable al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, entendidos éstos en la acepción amplia que abarca a la entera situación administrativa y bajo cualquiera de las poliédricas formas de la actividad administrativa previstas por nuestro Ordenamiento jurídico, lo que incluye desde el punto de vista de su formalización tanto la eventual responsabilidad por hechos como por actos, lícitos o ilícitos, así como por acción o inactividad administrativa.

3. La relación de causalidad entre los dos elementos anteriores (lesión en sentido técnico y título de imputación), esto es, el necesario nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño o lesión producidos que presente a éste como consecuencia de aquél, sin que aparezca roto por las causas de exoneración de la responsabilidad administrativa conocidas como la falta o culpa de la propia víctima o sujeto dañado, los hechos o conducta de terceras personas o la fuerza mayor.

Como quiera que en el caso de autos es este segundo y tercer elemento, el nexo causal, el que con carácter principal centra el debate procesal entre las partes.

TERCERO.A la vista de las consideraciones jurídicas expuestas en el anterior Fundamento de Derecho Segundo y en atención a las concretas circunstancias fácticas del caso de autos que resultan del examen de todas las actuaciones documentadas en el expediente remitido al Juzgado por el Ayuntamiento, así como de la valoración conjunta de la prueba practicada en el proceso jurisdiccional, especialmente la pericial aportada por la actora realizada por el perito Pedro Francisco , se alcanza la conclusión de que no ha resultado acreditada la concurrencia efectiva de todos los requisitos normativamente exigidos para determinar el nacimiento de la responsabilidad patrimonial reclamada, en particular no ya solo el referido como necesario concurrencia del nexo causal, si no ya el funcionamiento del servicio público concernido, en los términos que seguidamente se indican.

De entrada, en cuanto a los hechos aquí enjuiciados es preciso aludir a la carga de la prueba. Al respecto, es pacífica la consideración de que cada parte soporta la carga de probar los datos que no siendo notorios ni negativos constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor. Concretamente, en los casos como el presente, es a la parte actora a quien corresponde en principio la carga de la prueba de la realidad de los hechos descritos según su versión, en tanto que a la Administración demandada compete probar el cumplimiento de los estándares de funcionamiento del servicio y la incidencia que en dicho accidente pudiera tener bien la propia actuación del demandante, de tercero o bien la existencia de fuerza mayor.

En el presente caso, es a la actora a quien incumbe la carga de probar la certeza de la versión de los hechos por ella descrita, esto es, la realidad de los daños sufridos por la actora y que esos daños traen causa de una funcionamiento normal o anormal del servicio publico

Pues bien, las pruebas practicadas en autos y obrantes en el expediente administrativo, no se pone en duda de que se efectuaron trabajos de tala por parte de la empresa contratada por el ayuntamiento denominada TREBALLS FORESATAL MARTI toda vez no se ha discutido. También se considera acreditado por este órgano judicial dado el informe pericial presentado y las fotografías acompañadas al mismo que la valla perimetral de la finca de los actores tiene una serie de daños, no probando la demandada su alegación de que esa no es la finca o la valla de los actores y que podría ser una cualquiera, cuestión que por este órgano judicial no se pone en duda.

Ahora bien para este órgano judicial no queda acreditado en modo alguno que los daños que se aprecian en el vallado fuesen ocasionados por la empresa que realizaba la tala de árboles por cuenta del ayuntamiento, por caída de estos sobre el vallado y por no adoptar las medidas se seguridad adecuadas para ella. Estas afirmaciones o alegaciones vertidas por la actora no resultan acreditadas. Únicamente presenta un informe pericial que se limita a decir en el punto 4 que la causa son la realización de corta fuegos por el Ayuntamiento, mediante la tala de arbolado, que caen sobre la valla causando daño. Para llegar a esta conclusión por el perito, en ningún momento expone que criterios, materiales o medios ha empleado para alcanzarla. Además aporta su informe con unas fotografías de la valla, en donde se aprecian una serie de daños, pero estas constando que la fecha del informe es de 3 de julio de 2009, no consta la fecha en que se hicieron, y siendo que el siniestro acaeció el 4 de junio, no aparece en esa foto ningún árbol, rama o elemento derivado de esa tala que justifique esa actuación como causante de daño.

La actora no aporta prueba alguna relativa al día de los hechos, ni fotografía de árboles caídos o de personal realizando la tala sin medida de seguridad alguna. Tampoco acredita llamada alguna ni a la Policía Local, ni a ningún servicio del ayuntamiento ni en esos días, ni en días posteriores, como así se desprende del informe de la Policia Local de obrante al folio 45 del expediente, siendo que a fecha 14 de julio por la empresa de asistencia técnica al Ayuntamiento se hace visita como consta al folio 46 sin que se resalte daño alguno.

Por tanto el resultado que arroja la valoración de dicha prueba en relación al extremo controvertido es queno queda demostrado de la prueba practicada que los daños reclamados objeto del presente expediente sean consecuencia directa o indirecta del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Solo se tiene constancia de un daño en la valla y de la realización de trabajos de desforestación, pero no se ha demostrado el nexo causal entre la actuación de la administración en esa tala y el daño producido.

Al no concurrir el meritado nexo causal, no se genera responsabilidad patrimonial alguna de la Administración Pública, por lo que deviene intrascendente el análisis de los demás requisitos o presupuestos que configuran el nacimiento de aquella responsabilidad patrimonial. Por lo expuesto, procede la íntegra desestimación del recurso.

CUARTO.El artículo 139 de la LJCA , en la nueva redacción dada por el artículo 3.11 de la Ley 37/2011, de 10 octubre 2011 , de medidas de agilización procesal, establece que: ' 1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad'. En el presente caso, decidimos que no han de imponerse las costas a la actora, toda vez la fecha de interposición del recurso es 14 de abril de 2011, no apreciándose temeridad o mala fe en la actuación del actor, únicos supuestos que justificarían su imposición, ni tampoco que se hallan solicitado por la demandada.

Fallo

PRIMERO.Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Mariano Y María Dolores

SEGUNDO.No hacer pronunciamiento especial sobre costas procesales.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que esta sentencia es firme, por lo que no cabe interponer recurso ordinario alguno contra la misma.

Así, por esta sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos y se llevará el original al Libro correspondiente, lo pronuncia, manda y firma Angel Mateo Goizueta, juez, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona y provincia.

PUBLICACIÓN.El magistrado titular de este Juzgado ha leído y publicado la sentencia anterior en audiencia pública en la Sala de Vistas de este Juzgado Contencioso Administrativo en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario Judicial, doy fe .

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