Sentencia Administrativo Nº 1254/2014, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 583/2010 de 05 de Mayo de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

RECURSO NÚMERO 583/2010

SENTENCIA NÚM. 1254 DE 2014

Iltmo. Sr. Presidente:

D. Rafael Toledano Cantero

Iltm/a. Sr/ra. Magistrado/a

Dª Inmaculada Montalbán Huertas

D. Jesús Rivera Fernández

_________________________________________

En la ciudad de Granada, a cinco de mayo de dos mil catorce.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sección Cuarta, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso contencioso-administrativo número 583/2010,interpuesto por D. Jose Manuel , funcionario de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística en Almería.

Es parte demandada la MINISTRIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, representada y dirigida por el Abogado del Estado.

La cuantía del recurso es indeterminada.

Antecedentes

PRIMERO.- El funcionario demandante interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo el 28 de abril de 2009, contra la resolución de fecha 22 de octubre de 2008 - dictada por la Secretaría General Técnica de la División del Recursos, por delegación del Secretaría del Estado para las Administraciones Públicas - que inadmite el recurso de alzada, interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de la petición de integración definitiva en el nuevo Grupo B del art. 76.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y que se le abonen con efectos de 1 de enero de 2008 las retribuciones asignadas a dicho Grupo por la Ley de Presupuestos Generales para 2008 .

Por Auto de 6 de abril de 2010 este Tribunal Superior de Justicia aceptó la competencia para conocer del recurso contencioso que le fue remitido por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo núm.7

SEGUNDO.-Recibido el expediente administrativo, la parte demandante presentó demanda, el 7 de junio de 2010. En ella, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que seguidamente se analizarán, terminó suplicando Sentencia en la que estimando la pretensión que se deduce se declare la nulidad de la resolución recurrida con reconocimiento del derecho del demandante integración definitiva en el nuevo Grupo B del Art. 76.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y que se le abonen con efectos de 1 de enero de 2008 las retribuciones asignadas a dicho Grupo por la Ley de Presupuestos Generales para 2008

TERCERO.-Dado traslado al Abogado del Estado para contestación de la demanda, se presentó escrito el día 10 de diciembre de 2010. Tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, terminaba suplicando que se dicte en su día Sentencia por la que se inadmita el recurso interpuesto; y subsidiariamente, que se confirme la resolución impugnada por ser conforme a derecho.

CUARTO.- No solicitado el recibimiento a prueba, ni vista o conclusiones, se señaló para deliberación, votación y fallo.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada D.ª Inmaculada Montalbán Huertas, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso contencioso administrativo.

A través del presente proceso impugna la parte actora, funcionario del Cuerpo Administrativo de la Administración General del Estado, la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la petición formulada ante la Dirección General de la Función Pública por la cual interesaba su integración en el Grupo B de los previstos en el artículo 76 Estatuto Básico del Empleado Público; impugnación que extiende también a la desestimación, igualmente presunta, del recurso de alzada en su día presentado frente a la anterior y, finalmente, a la Resolución dictada con fecha 22 de octubre de 2008 por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas, actuando por delegación del Secretario de Estado para la Administración Pública, que declaró inadmisible el mencionado recurso de alzada.

Los argumentos en los que sustenta su reclamación pueden sintetizarse del siguiente modo:

1.- Eficacia positiva del silencio de acuerdo con lo prevenido en el artículo 43.2 en relación con el artículo 115.2, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , recordando que su petición inicial hubo de entenderla desestimada ante la falta de resolución expresa, siendo así que el recurso de alzada deducido contra este acto presunto tampoco mereció una decisión explícita de la Administración; y advirtiendo que la Resolución recurrida no podría en ningún caso modificar la situación creada ya por el silencio, de conformidad con lo prevenido en el apartado 4.a) del citado artículo 43.

2.- Nulidad de la Resolución que inadmitió el recurso de alzada al carecer de la necesaria motivación que exige el artículo 54.1.a ) y f) de la Ley 30/1992 , que habría además generado su indefensión y por lo tanto incurrido en vicio de nulidad de los previstos en el artículo 62 de la misma Ley .

3.- Derecho de la funcionaria demandante a ser integrada en el subgrupo B de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , por la que se aprobó el estatuto Básico del Empleado Público, teniendo en cuenta la titulación que le fue requerida para ingresar en su Cuerpo de pertenencia, la equivalencia de dicha titulación y lo previsto en el mismo artículo 76.

SEGUNDO.- Opone en primer lugar el Abogado del Estado la inadmisibilidad del recurso por entender que éste se dirige en realidad frente a una mera nota informativa cursada por la Dirección General de la Función Pública como respuesta a la multitud de peticiones presentadas por funcionarios pertenecientes a diferentes Cuerpos de la Administración que instaban su reclasificación en un grupo superior.

Se trataría entonces de un acto no susceptible de impugnación deviniendo por ello el recurso inadmisible de acuerdo con lo previsto en el artículo 69.c) en relación con el artículo 25.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

No es ésta, sin embargo, la conclusión que se desprende de la sucesión de actuaciones que refleja el expediente.

La petición inicial reclamaba la integración en el Grupo B de los previstos en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público.

La Administración no resolvió dicha petición mediante un acto declarativo de voluntad que significase su denegación, y desde luego no tenían ese carácter las comunicaciones remitidas a los interesados ni las publicaciones en la página del Ministerio de Administraciones Públicas.

Por ello debe entenderse que la petición no fue resuelta en plazo en sentido estricto, y no generó un acto administrativo expreso susceptible de ser recurrido.

El recurso de alzada se dirigía en realidad frente a un acto presunto, la desestimación por silencio de la solicitud de reclasificación, y esa denegación por la vía del silencio sí podía ser objeto de recurso.

Como también lo es, evidentemente, la Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, objeto de específica impugnación en este proceso, que en su párrafo final indicaba además que contra la misma 'podrá interponerse recurso contencioso-administrativo', lo que excluye la posibilidad de inadmitir el recurso por el motivo aducido por el Abogado del Estado.

TERCERO.- Por lo que se refiere al primero de los argumentos esgrimidos en la demanda, y respecto de la pretendida eficacia positiva del silencio, ha de comenzarse señalando que el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , establecía, en su redacción anterior a la reforma operada por el artículo 2.2. de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre , de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y aplicable en este supuesto atendida la fecha de la primera reclamación presentada en vía administrativa, que '1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este artículo. 2. Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario. Quedan exceptuados de esta previsión los procedimientos de ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el art. 29 de la Constitución , aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo. 3. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizado del procedimiento'.Advierte la actora con base en este precepto que el recurso de alzada se dirigió precisamente contra la desestimación presunta de la reclamación de integración presentada en fecha 25 de marzo de 2008, y que dicho recurso no fue resuelto de manera expresa, por lo que no cabría otra interpretación que la de entenderlo estimado por silencio.

La interpretación del artículo 43.2 de la Ley 30/1992 ha sido matizada por el Tribunal Supremo en dos importantes Sentencias de fechas 28 de febrero de 2007 -dictada por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo - y de 27 de abril de 2007 , fijando de este modo la doctrina que ha de seguirse en la exégesis del silencio positivo.

La última de la Sentencias citadas señala en su Fundamento de Derecho Cuarto lo siguiente: 'En la legislación vigente sobre procedimiento administrativo, el silencio positivo da lugar a un verdadero acto administrativo estimatorio. Así se resalta en la Exposición de Motivos de la propia Ley 4/1999, donde leemos que 'el silencio administrativo positivo producirá un verdadero acto administrativo eficaz que la Administración Pública sólo podrá revisar de acuerdo con los procedimientos de revisión establecidos por la Ley', y así lo hemos dicho en SSTS de 28 de diciembre de 2005 (RC 9717/2003) EDJ2005/292276 y 27 de enero de 2006 (RC 66/2004 ) EDJ2006/6458 , dictadas precisamente en pleitos en los que estaba en juego la aplicación de la técnica del silencio a asuntos referidos a la materia de extranjería. No obstante, aun partiendo de esta caracterización del silencio positivo como auténtico acto administrativo, la misma Ley ha querido poner remedio a las consecuencias potencialmente lesivas para el principio de legalidad a que conduce esta caracterización jurídica del silencio, y por eso su artículo 62.1. f) establece que los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho cuando se trate de 'actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición'. Ahora bien, este precepto que acabamos de transcribir no puede ser interpretado y aplicado prescindiendo de lo dispuesto por el artículo 43.4.a) de la misma Ley, reformado por la Ley 4/1999 , donde se establece que 'en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo'. Esta específica previsión legal, coherente con la naturaleza del silencio positivo como acto administrativo declarativo de derechos, implica que si la Administración considera que el acto administrativo así adquirido es nulo, por aplicación del propio artículo 62.1. f) (esto es, por carecer el adquirente del derecho de los requisitos esenciales para su adquisición), no podrá dictar una resolución expresa tardía denegatoria del derecho, posibilidad vedada por el artículo 43.4. a), sino que habrá de acudir al procedimiento de revisión de oficio contemplado en el art. 102.1, de la tan citada Ley 30/1992 EDL1992/17271. La interpretación contraria, es decir, la consistente en que el acto adquirido por silencio positivo puede ser directamente desplazado por un acto expreso posterior en los casos del artículo 62.1. f), es no solo contraria a la naturaleza del silencio positivo plasmada en la misma Ley , sino también a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que la propia Ley también recoge, sin olvidar que siempre queda en manos de la Administración evitar los efectos distorsionadores de la adquisición de derechos cuando no se cumplen las condiciones para ello, mediante el simple expediente de resolver los procedimientos en plazo'.

Por otra parte, la Sentencia de 28 de febrero de 2007 reduce el ámbito del silencio positivo en relación a las peticiones que pueden generarlo, es decir, desde el punto de vista del acto iniciador del procedimiento, señalando lo siguiente: 'La tesis de la sentencia de instancia parte de una apreciación que esta Sala considera equivocada, la de considerar que cualquier petición del administrado da lugar o debe dar lugar, a ' un procedimiento iniciado a solicitud del interesado', de modo que si no se contesta por la Administración en el plazo máximo establecido por resolver, debe considerarse estimada por silencio , en aplicación del artículo 43.2 de la Ley 30/1992 EDL1992/17271 (LPAC). La LPAC llevó a cabo una diferencia sustancial en la regulación del sentido del silencio que contenía la Ley de Procedimiento Administrativo EDL1992/17271 de 17-VII-1958 (LPA), de cuyo examen procede sin embargo comenzar para alcanzar una recta interpretación del artículo 43 LPAC . Porque el supuesto del artículo 94 LPA EDL1992/17271 , que es el que regulaba el silencio administrativo negativo era el de que 'se formulara alguna petición ante la Administración y ésta no notificara su decisión en el plazo de tres meses'. La LPA se refería a la falta de respuesta a cualquier petición, cualquiera que ésta fuera, para dar a ese comportamiento de la Administración, tras la denuncia ante ésta de la mora, el valor de un acto desestimatorio, si así lo decidiera el administrado. Sin embargo, cuando el artículo 95 LPA EDL1992/17271 se refiere al silencio positivo se limitan los supuestos en que ello puede suceder; cuando se establezca por disposición expresa o cuando se trate de aprobaciones y fiscalizaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela de los órganos superiores sobre los inferiores. El artículo 43 LPAC , en cambio, no se refiere a solicitudes sino a procedimientos. Es verdad que su párrafo 2 dice que los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes, pero se trata de solicitudes insertadas en determinados procedimientos. Procedimientos que resultan de la aplicación de las correspondientes normas legales a las solicitudes presentadas por los interesados. Y esto que cabía mantenerlo en la redacción de la LPAC anterior a la modificación aprobada por la Ley 4/1999 de 13-I , es aun más patente después de esta Ley. Antes de la Ley 4/1999 , porque el artículo 43 contenía tres supuestos de silencio positivo que remitían a procedimientos mas o menos formalizados; los dos primeros sin duda alguna (concesión de licencias o autorización de instalación, traslado o ampliación de empresas y centros de trabajo y solicitudes que habilitaran al solicitante para el ejercicio de derechos preexistentes), pero también el tercero, 'solicitudes en cuya normativa de aplicación no se establezca que quedaran desestimadas si no recae resolución expresa', porque esa normativa de aplicación no podía ser otra sino la normativa reguladora del específico procedimiento en cuestión. Claramente se ve que en la mente del legislador estaba el aplicar el régimen de silencio positivo no a cualquier pretensión, por descabellada que fuera, sino a una petición que tuviera entidad suficiente para ser considerada integrante de un determinado procedimiento administrativo. Y así resulta de la Disposición Adicional 3ª LPAC que manda adecuar los procedimientos existentes a la nueva regulación de la LPAC, y tras esa previsión se publican varios R.R.DD de adecuación, hasta llegar a la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 20-III-96 que publica la relación de procedimientos de la Administración General del Estado. Esta resolución se publica en el BOE de 10-IV-96 y en dos suplementos de 190 páginas que en total contienen los procedimientos existentes en el ámbito de la Administración General del Estado, indicando, entre otras cosas, el plazo para su resolución y los efectos del silencio. Y esta es la situación con que se encontró el legislador en la reforma de la LPAC de 1999. La Exposición de Motivos de la Ley 4/1999 parte de esa relación de procedimientos, porque se refiere a los aproximadamente 2000 procedimientos existentes en la actualidad. El escenario que contempla el legislador para regular el sentido del silencio no es un escenario de peticiones indiscriminadas a la Administración sino de peticiones que pueden reconducirse a alguno de los procedimientos detectados e individualizados. La Exposición de Motivos habla de la necesidad de simplificación de ese conjunto de procedimientos, lo que se plasma en la Disposición Adicional 1ª 1 de la Ley. Asimismo en la Disposición Adicional 1ª 2 se ordena al Gobierno la adaptación de los procedimientos existente al sentido del silencio establecido en la Ley. Y la Disposición Adicional 29 de la Ley 14/2000, de 29-XII de Medidas Fiscales , y de Orden Social, en su Anexo II contiene una relación de procedimientos en los que el silenció opera en sentido desestimatorio. Para el legislador de 1999, como también para el de 1992, sólo cabe aplicar la ficción del silencio que establece la LPAC para los procedimientos regulados como tales por una norma jurídica. A diferencia de la LPA que aplicaba el silencio negativo a las peticiones, cualesquiera que estas fueren. La LPAC establece como regla el silencio positivo, pero parte de que esa ficción legal se aplica a procedimientos predeterminados, como resulta de lo más atrás expuesto y también del art. 42.2 que, cuando habla de la obligación de resolver, advierte que ha de resolverse en el plazo 'fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento', ha de haber un procedimiento derivado específicamente de una norma fija, y del 42.5, que manda a las Administraciones Publicas que publiquen y mantengan actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. El silencio regulado en los artículos 43 y 44 sólo opera en el marco de alguno de los procedimientos reconocidos como tales en el ordenamiento jurídico, estén o no estén recogidos como tales en las normas reglamentarias de delimitación de procedimiento'.

En el caso de autos la anterior doctrina evidencia que la petición de reclasificación no podía generar un acto presunto de concesión por la vía del silencio positivo porque dicha petición no se formuló en un procedimiento reconocido como tal, sino que constituía tan solo una mera solicitud inicial que no produjo la incoación de procedimiento alguno.

Es por ello obligado rechazar la pretendida concesión del derecho a integrarse en el grupo B por la vía del silencio, reconduciendo la cuestión al análisis de la pretensión de fondo, es decir, a determinar si la actora ostenta, con arreglo a los argumentos que expone en su demanda, el derecho a incorporarse al grupo B de los previstos en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público o, por contra, y como ha entendido la Administración, es precisamente la estricta aplicación de esta norma la que obliga a mantener la clasificación cuestionada.

Igual suerte desestimatoria ha de seguir la alegación de ausencia de motivación y causación de indefensión de la Resolución que inadmitió el recurso de alzada. En contra de lo afirmado en la demanda, la resolución contiene la necesaria motivación que exige el artículo 54.1.a ) y f) de la Ley 30/1992 , y en modo alguno le ha provocado indefensión , por lo cual no ha incurrido en vicio de nulidad de los previstos en el artículo 62 de la misma Ley .

CUARTO.- El artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , establece literalmente lo siguiente: 'Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2. Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.

C1: título de bachiller o técnico.

C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria'.

Parte la actora en su razonamiento de que para ingresar en el Cuerpo General Administrativo le fue exigido el título de Bachiller, Formación profesional de Segundo Grado o equivalente. Este título sería en la actualidad equivalente, a efectos profesionales, al título de Técnico Superior, teniendo en cuenta lo establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Disposición Adicional Trigésimoprimera.

De todo ello concluye que de mantenerse la actual clasificación en el Subgrupo C1 se estaría actuando de forma contraria a la establecida en los preceptos citados, además de que para acceder al Subgrupo B habría de invocar una titulación, conocimientos y experiencia que ya tiene acreditados, constituyendo en realidad su mantenimiento en el subgrupo C1 una verdadera degradación.

Este planteamiento ignora, no obstante, el tenor literal e la Disposición Transitoria Tercera de la propia Ley 7/2007, de 12 de abril , que establece lo siguiente: '2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del presente Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el art. 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:

- Grupo A: Subgrupo A1

- Grupo B: Subgrupo A2

- Grupo C: Subgrupo C1

- Grupo D: Subgrupo C2

- Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional séptima'.

La norma es tan clara que no requiere de interpretación alguna, y supone que la integración automática de la actora en el Subgrupo B no es sino lineal aplicación de una norma con rango de Ley contenida además en la propia disposición que se invoca como fundamento de la pretensión, es decir, la Ley 7/2007, de 12 de abril.

La estimación del recurso por aplicación del artículo 76 implicaría anticipar su entrada en vigor cuando la propia Ley la ha querido diferir en materia de clasificación profesional.

Por lo demás, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2008 y 2009 mantienen las equivalencias fijadas en la Disposición Transitoria Tercera a efectos retributivos.

En efecto, establece el artículo 22 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 , en su apartado Siete, que 'A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los grupos y subgrupos de titulación previstos en el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública , pasan a estar referenciadas a los grupos de clasificación profesional establecidos en el art. 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril , por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de los incrementos previstos en esta Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 Ley 7/2007.

Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 Ley 7/2007.

Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 Ley 7/2007.

Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 Ley 7/2007.

Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales Ley 7/2007'.

Precepto que reproduce el mismo artículo 22.7 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 , de tal suerte que la eventual estimación del recurso determinaría asimismo una clara infracción de tales normas y el reconocimiento de derechos retributivos carentes de respaldo presupuestario.

Todo lo cual obliga a desestimar el recurso y a confirmar, por resultar ajustadas a Derecho, las Resoluciones contra las que se dirige.

QUINTO.- Sobre las costas procesales.

No concurren circunstancias de mala fe o temeridad que determinen la imposición de costas a ninguna de las partes, conforme al artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción , vigente al tiempo de la interposición del recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso presente,

Fallo

DESESTIMAMOSel recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Jose Manuel , funcionario de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística en Almería, contra la resolución de fecha 22 de octubre de 2008 - dictada por la Secretaría General Técnica de la División del Recursos, por delegación del Secretaría del Estado para las Administraciones Públicas - que se declara conforme a derecho. Sin declaración sobre las costas causadas en este recurso

Líbrese testimonio de esta sentencia para su unión a los autos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con las prevenciones del artículo 248.4 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , haciéndoles saber que, contra la misma, no cabe recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.