Sentencia Administrativo Nº 13/2015, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 148/2013 de 16 de Enero de 2015

Encabezamiento

RECURSO Nº 148/13

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

S E N T E N C I A Nº 13/2015

Presidente

D. José Martínez Arenas Santos

Magistrados

D. Miguel Ángel Olarte Madero

Doña Amalia Basanta Rodríguez

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En Valencia a dieciséis de enero de dos mil quince.

Visto el recurso interpuesto por la entidad MATRICARIA SL, representada por el Procurador D. Enrique Miñana Sendra, y asistida por Letrado, contra las Resoluciones del Jurado de Expropiación Forzosa de Valencia de fecha 29-1-13 (exps. 191 a 194/11) por las que se fija el justiprecio de las fincas nº59 (Pº. 39 PARCELA 12, TM Ribarroja del Túria), nº60 (Pº. 39 PARCELA 80, TM Ribarroja del Túria), nº58 (Pº. 39 PARCELA 14, TM Ribarroja del Túria) y nº56 Agr. 1 (Pº. 39 PARCELA 11, TM Ribarroja del Túria) del Proyecto: 51-V-1965.- Vía Parque del Túria. Manises-Ribarroja (CV 370), y contra otra de 7-5-13 que desestima la Reposición entablada en el primer expediente, declarada urgente por D. A 2ª de la L. 16/2007 de 22-12 de la GV, habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, asistida y representada por el Sr. Abogado del Estado; y la Diputación P. de Valencia, asistida y representada por Letrado de sus servicios jurídicos.

Ha sido Ponente la Magistrada Doña Amalia Basanta Rodríguez.

Antecedentes

PRIMERO.-Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que suplicó se dictara Sentencia anulando el acto impugnado y reconociendo el derecho a la indemnización peticionada.

SEGUNDO.-La Administración demandada contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitó se desestimara la misma por ser el acto impugnado dictado conforme a derecho.

TERCERO.-Se recibió el proceso a prueba, y, evacuado el trámite de conclusiones, quedaron los autos pendientes de votación y fallo.

CUARTO.-Se señaló para la votación y fallo del recurso el día 14-1-2014, teniendo lugar la misma el citado día.

QUINTO.-En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-Se impugnan en el caso presente las Resoluciones del Jurado de Expropiación Forzosa de Valencia de fecha 29-1-13 (exps. 191 a 194/11) por las que se fija el justiprecio de las fincas nº59 (Pº. 39 PARCELA 12, TM Ribarroja del Túria), nº60 (Pº. 39 PARCELA 80, TM Ribarroja del Túria), nº58 (Pº. 39 PARCELA 14, TM Ribarroja del Túria) y nº56 Agr. 1 (Pº. 39 PARCELA 11, TM Ribarroja del Túria) del Proyecto: 51-V-1965.- Vía Parque del Túria. Manises-Ribarroja (CV 370), y contra otra de 7-5-13 que desestima la Reposición en tablada en el primer expediente.

El Jurado de Expropiación, en las resoluciones que constituyen el objeto del presente recurso, deja sentado que la valoración ha de referirse a 2-7-2010 y que se trata de suelo no Urbanizable, usos/cultivo real o potencial: olivos, naranjos.

A continuación se remite alos criterios de valoración para el SUELO RURAL, con cita del art. 23.1 del R. Dec. Legislativo 2/08 de 2-6 por el que se aprueba el TR de la LS , según el cual el suelo se valorará por el método de Capitalización de la Renta Anual Real o Potencial, la que sea superior, de la explotación, según el estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración.

Especifica que la renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos, conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción, incluyendo en su caso como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo, y se descontarán los costes necesarios para su explotación.

Para el cálculo de la capitalización de la renta agraria real o potencial, y, en consecuencia, para la determinación de los rendimientos unitarios, precios percibidos por el agricultor y costes unitarios de cultivo, se han tomado en cuenta las siguientes consideraciones:

a) el conocimiento directo y específico sobre las parcelas. b) los datos estadísticos y especializados de la GV, publicados en el DOCV, referentes a las diferentes orientaciones productivas y al potencial productivo de las mismas.

c) los precios agrarios publicados por la GV, con diferentes periodicidades (semanal, trimestral, anual).

d) los precios y producciones aplicados a efectos de indemnizaciones en las diferentes líneas de seguros agrarios establecidos con carácter anual.

Renta agraria x 100

Capitalización = -------------------------------------

Rendimiento deuda pública del Estado

(DA 7ª R. Dec. Legis. 2/2008)

Siendo:

* Exp. 191/11 (Pº 39 Parcela 12) :

Renta agraria = Producción vendible - gastos de explotación

Producción vendible = kg. por Ha. X precio/kg. al agricultor =

**Cultivo naranjos: 30.000 x 0,3 = 9.000 E/Ha. = 0,9 E/m2.

**Cultivo olivos: 4.000 x 0,5 = 2.000 E/Ha. = 0,2 E/m2.

Los gastos de explotación, por las características del arbolado, son:

**el 50% de la producción vendible para el cultivo naranjos, o sea 0,45 E/m2.

**el 40% de la producción vendible para el cultivo olivos, o sea 0,08 E/m2.

De tales valores se extrae la siguiente capitalización:

-cultivo naranjos: (0,9 -0,45) x 100

------------------- = 16,43 E/m2

2,739

-cultivo olivos: (0,2 - 0,08) x 100

--------------------- = 4,38 E/m2

2,739

Añadía que de conformidad con lo dispuesto en el art. 23. 1 a) de la LS, el valor del suelo rural puede ser corregido al alza, hasta un máximo del doble, en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o centros de actividad económica o la ubicación de entornos de singular valor ambiental o paisajístico, y que dadas las características de este suelo, por la proximidad a núcleo de población y por entorno singular agrícola, procede aplicar el coeficiente de corrección 1,3.

Concluía, así, un valor unitario de suelo de 21,36 E/m2 suelo naranjos (16,43 E/m2 x 1,3), y de 5,76 E/m2 suelo olivos (5,70 E/m2 x 1,3).

Las instalaciones existentes en la parcela (riego por goteo), por avenencia de las partes, las valora a razón de 0,35 E/m2.

En concepto de indemnización por rápida ocupación, al existir cosecha pendiente, fija el valor unitario 1 E/m2 -naranjos- y de 0,25 E/m2 -olivos-.

Por expropiación parcial y reducción de superficie de la finca quedando un resto de 5.332 m2 (de un total de 15.512 m2 se expropiaron 10.180 m2), concluye que procede indemnizar el demérito que fija en el 33% del valor del suelo, que aplica sobre el resto no expropiado.

Concluye el siguiente justiprecio:

-Suelo (naranjos): 9.599 m2 x 21,36 E/m2..... 205.034,64 E.

-Suelo (olivos): 581 m2 x 5,76 E/m2............ 3.346,56 E.

-Riego por goteo: 9.599 m2 x 0,35 E/m2......... 3.359,65 E.

-5% premio de afección........................ 10.587,04 E.

-IRO (naranjos): 9.599 m2 x 1.................. 9.599 E.

-IRO (olivos): 9.599 m2 x 0,25 E/m2.............. 145,25 E.

-Demérito reducción de superficie:

5.332 m2 x 0,33 x 21,36 E/m2................. 37.584,20 E.

Total..................... 269.656,34 E.

* Exp. 192/11 (Pº 39 Parcela 80) :

Renta agraria = Producción vendible - gastos de explotación

Producción vendible = kg. por Ha. X precio/kg. al agricultor = 30.000 x 0,3 = 9.000 E/Ha. = 0,9 E/m2.

Los gastos de explotación, por las características del arbolado, son el 50% de la producción vendible, o sea 0,45 E/m2.

De tales valores se extrae la siguiente capitalización (cultivo naranjos):

(0,9 -0,45) x 100

------------------- = 16,43 E/m2

2,739

Añadía que de conformidad con lo dispuesto en el art. 23. 1 a) de la LS, el valor del suelo rural puede ser corregido al alza, hasta un máximo del doble, en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o centros de actividad económica o la ubicación de entornos de singular valor ambiental o paisajístico, y que dadas las características de este suelo, por la proximidad a núcleo de población y por entorno singular agrícola, procede aplicar el coeficiente de corrección 1,3.

Concluía, así, un valor unitario de suelo de 21,36 E/m2 (16,43 E/m2 x 1,3).

Las instalaciones existentes en la parcela (riego por goteo), por avenencia de las partes, las valora a razón de 0,35 E/m2.

En concepto de indemnización por rápida ocupación, al existir cosecha pendiente, fija el valor unitario 1 E/m2.

Por expropiación parcial y reducción de superficie de la finca quedando un resto de 4.777 m2 (de un total de 7.374 m2 se expropiaron 2.597 m2), concluye que procede indemnizar el demérito que fija en el 18% del valor del suelo, que aplica sobre el resto no expropiado.

Concluye el siguiente justiprecio:

-Suelo: 2.597 m2 x 21,36 E/m2............ 55.471,92 E.

-Riego por goteo: 2.597 m2 x 0,35 E/m2...... 908,95 E.

-5% premio de afección.................... 2.819,04 E.

-IRO: 2.597 m2 x 1,00 E/m2................ 2.597 E.

-Demérito reducción de superficie:

4.777 m2 x 0,18 x 21,36 E/m2............ 18.366,61 E.

Total...................... 80.163,52 E.

* Exp. 193/11(Pº 39 Parcela 14) :

Renta agraria = Producción vendible - gastos de explotación

Producción vendible = kg. por Ha. X precio/kg. al agricultor = 4.000 x 0,5 = 2.000 E/Ha. = 0,2 E/m2.

Los gastos de explotación, por las características del arbolado, son el 40% de la producción vendible, o sea 0,08 E/m2.

De tales valores se extrae la siguiente capitalización (cultivo olivos): (0,2 -0,08) x 100

------------------- = 4,38 E/m2

2,739

Añadía que de conformidad con lo dispuesto en el art. 23. 1 a) de la LS, el valor del suelo rural puede ser corregido al alza, hasta un máximo del doble, en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o centros de actividad económica o la ubicación de entornos de singular valor ambiental o paisajístico, y que dadas las características de este suelo, por la proximidad a núcleo de población y por entorno singular agrícola, procede aplicar el coeficiente de corrección 1,3.

Concluía, así, un valor unitario de suelo de 5,76 E/m2 (5,70 E/m2 x 1,3).

En concepto de indemnización por rápida ocupación, al existir cosecha pendiente, fija el valor unitario 0,25 E/m2.

Concluye el siguiente justiprecio:

-Suelo: 763 m2 x 5,76 E/m2.............. 4.394,88 E.

-5% premio de afección.................... 219,74 E.

-IRO: 763 m2 x 0,25 E/m2.................. 290,75 E.

Total..................... 4.805,37 E.

* Exp. 194/11 (Pº 39 Parcela 11) :

Renta agraria = Producción vendible - gastos de explotación

Producción vendible = kg. por Ha. X precio/kg. al agricultor = 30.000 x 0,3 = 9.000 E/Ha. = 0,9 E/m2.

Los gastos de explotación, por las características del arbolado, son el 50% de la producción vendible, o sea 0,45 E/m2.

De tales valores se extrae la siguiente capitalización (cultivo naranjos): (0,9 -0,45) x 100

------------------- = 16,43 E/m2

2,739

Añadía que de conformidad con lo dispuesto en el art. 23. 1 a) de la LS, el valor del suelo rural puede ser corregido al alza, hasta un máximo del doble, en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o centros de actividad económica o la ubicación de entornos de singular valor ambiental o paisajístico, y que dadas las características de este suelo, por la proximidad a núcleo de población y por entorno singular agrícola, procede aplicar el coeficiente de corrección 1,3.

Concluía, así, un valor unitario de suelo de 21,36 E/m2 (16,43 E/m2 x 1,3).

Las instalaciones existentes en la parcela (riego por goteo), por avenencia de las partes, las valora a razón de 0,35 E/m2.

En concepto de indemnización por rápida ocupación, al existir cosecha pendiente, fija el valor unitario 1 E/m2.

Concluye el siguiente justiprecio:

-Suelo: 2.387 m2 x 21,36 E/m2............ 50.986,32 E.

-Riego por goteo: 2.387 m2 x 0,35 E/m2...... 835,45 E.

-5% premio de afección.................... 2.591,09 E.

-IRO: 2.387 m2 x 1,00 E/m2................ 2.387 E.

Total...................... 56.799,86 E.

La actora muestra disconformidad con dicha valoración, remitiéndose a sus hojas de aprecio y a la valoración que se resulte de la prueba pericial que interesa; y sostiene que el coeficiente de corrección aplicable sería el 2, pero al haber solicitado en vía administrativa el 1,33 está a dicho límite; y por último, que el demérito por división de fincas se ha calculado a la baja.

La demandada sostiene la conformidad a derecho de la Resolución del Jurado.

SEGUNDO.-Como esta Sala viene declarando, de conformidad con la doctrina del TS, los acuerdos de los Jurados Provinciales de Expropiación, conforme a una muy reiterada Jurisprudencia, gozan de una presunción de veracidad y acierto, derivada de su doble composición técnico-jurídica y de su permanencia y estabilidad para la determinación del justo precio, presunción que por su naturaleza 'iuris tantum' puede ser combatida y revisada en vía jurisdiccionaltanto en supuestos de notorio error material, o infracción de preceptos legales, como en aquéllos que se acredite una desajustada apreciación de los datos materiales, o cuando la valoración no esté en consonancia con la resultancia fáctica del expediente, siendo un medio idóneo al efecto, pero no el único, el informe pericial emitido en el proceso jurisdiccionalcon las garantías establecidas en los artículos 610 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por tener similares características de objetividad e imparcialidad que el acuerdo del Jurado, por lo que en caso de discordancia entre ambos, los Tribunales pueden fijar el justiprecio siguiendo el dictamen emitido en autos valorado conforme a las reglas de la sana crítica, cual ordena hacer el art. 632 de la Leyanteriormente citada.

Y ha declarado también -en relación a la prueba pericial- que"dicha presunción de carácter 'iuris tantum', puede ser desvirtuada en base a la prueba practicada en sede jurisdiccional, especialmente a través de la prueba pericial, que reúna los razonamientos necesarios para llevar a la Sala, a la hora de valorarla conforme a las reglas de la sana crítica, a la convicción de que por su objetividad y fundamentación es suficiente para demostrar el error de los informes emitidos por los técnicos de la Administración al efectuar su valoración. Con relación a los informes periciales acompañados a las hojas de aprecio, su condición de prueba de parte, no les priva de capacidad de convicciónsino que ello derivará en gran medida del análisis crítico a que lo someta el Tribunal sentenciador. En estos términos se pronuncia la sentencia del T.S. de 8-5-2012, 3457/2012, recurso 2090/2009 , que enseña lo siguiente:

'Ya expresamos más arriba que la prueba pericial judicial es medio apto e idóneo para desvirtuar la presunción de legalidad y acierto de los acuerdos del Jurado, pero que no constituye el único medio para conseguirlo, con la puntualización de que la valoración del material probatorio debe realizarse de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en su conjunto.

Por ello disentimos de la argumentación de la parte recurrente en los términos de generalidad empleados para negar capacidad desvirtuadora a otras pruebas que no sean la pericial judicial. En este sentido, baste recordar que la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil no exige para la validez y eficacia probatoria del dictamen pericial de parte su ratificación ante el Juez, lo que permite constatar que se trata de una prueba con incuestionable valor probatorio.

Sometida la valoración de la expresada prueba, al igual que la pericial judicial, a la regla de la sana crítica, no se observa razón alguna para rechazar a priori, como en definitiva pretende la recurrente, el dictamen pericial aportado con la hoja de aprecio y obrante en el expediente administrativo, cuyo examen resulta obligado por el órgano judicial y excusa su proposición como prueba documental, tal y como declara el Tribunal a quo en su Auto de 4 de septiembre de 2007sobre recibimiento del pleito a prueba.

La Ley de 2000 introduce, conforme se afirma en su exposición de motivos, '... los dictámenes de peritos designados por las partes y se reserva la designación por el Tribunal de peritopara los casos en que así le sea solicitado por las partes o resulte estrictamente necesario'. Así resulta del artículo 339. A diferencia de la regulación que de la prueba pericial ofrecía el Código Civil ( artículos 1242 y 1243), cuya práctica debía ajustarse a lo previsto en los artículo 610 , 618 y 626 , 632 de la Ley de Enjuiciamiento de 1881, esto es, se limitaba a reconocer la pericial judicial, negando en consecuencia la Jurisprudencia a los dictámenes técnicos de parte la naturaleza de prueba pericial, debe quedar fuera de toda duda que con la Ley Procesal vigente los dictámenes técnicos de parte tienen el carácter de prueba pericial y que como tales deben ser valorados sin posicionamientos apriorísticos negativos, sin duda contrarios a la regla general que rige la valoración de la prueba pericial, a saber, la de la sana crítica.

Trasladando las precedentes consideraciones al tema que nos ocupa, concretamente, a si la prueba pericial de parte practicada con las garantías que ofrece la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene virtualidad suficiente para desvirtuar la presunción de acierto de los acuerdos valorativos de los Jurados de Expropiación, ha de reconocerse, y a ello ya nos referíamos, en la sentencia citada de 21 de septiembre de 2011 , que no puede limitarse la virtualidad de mención a la prueba pericial judicial.

Si el informepericial de parte cumple con rigurosidad las máximas de experiencia o técnicas propias de la pericia, facilitando argumentos y explicaciones científicas que originan la convicción del juzgador, mal puede rechazarse con el solo apoyo en que no ofrece las garantías de objetividad que revisten la designación del peritopor el Juez. Si así fuera, en el ámbito expropiatorio habría que calificar de inútil toda pericial de parte que discrepe de los criterios, métodos y resultados valorativos del Jurado.

Habrá que estar al mayor o menor rigor del dictamen pericial de parte, junto con el resto de las pruebas practicadas, y ello en comparación con la fundamentación que preside la solución del Jurado, para decidir si la presunción de acierto debe prevalecer'.

En esta línea, en Ss. de 23-7-12 y 8-11-11 recalca:

"Esta Sala ha negado... que sólo sea eficaz para destruir la presunción de acierto de la valoración del Jurado el dictamen del perito de designación judicial, admitiendo que puede lograr dicho resultado cualquier medio de prueba admitido en derecho:

'No obstante, a mayor abundamiento, cabe hacer otras dos observaciones conducentes a idéntica conclusión. Por un lado, si bien es cierto que una antigua corriente jurisprudencial exigía dictamen de perito designado mediante insaculación para que, de resultar aquél convincente, pudiera destruirse la presunción de acierto del acuerdo del Jurado, hace ya tiempo que la jurisprudencia de esta Sala no se orienta en ese sentido. Como es sabido, de conformidad con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, la prueba pericial consiste normalmente en informepericial de parte; y dado que en el proceso contencioso-administrativo, según dispone el art. 60.4 LJCA , 'la prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil', a lo dispuesto por el art. 360 LEC sobre el informeparcial de parte como modo normal de la prueba pericial ha de estarse. Si a ello se añade que la ley no impone ninguna clase de prueba tasada para destruir la presunción de acierto de los acuerdos del Jurado, sólo cabe concluir que ese resultado puede lograrse mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. Cuestión distinta, por supuesto, es la valoración que el órgano judicial haga del material probatorio, que en todo caso habrá de ser motivada y razonable. Véanse en este sentido, entre otras muchas, las sentencias de esta Sala de 21 de septiembre de 2001 y 18 de octubre de 2011 .'

Por tanto, la ausencia de una prueba pericial judicial no significa que no se pueda desvirtuar la presunción de acierto y legalidad del acuerdo del jurado mediante otro tipo de pruebas, debiendo en todo caso el órgano judicial valorar todo el material probatorio existente, que es en definitiva lo que hace la sentencia de instancia".

TERCERO.-En el caso que nos ocupa no ha de reconocerse la razón a la actora en cuanto sostiene que el valorar del suelo es superior al fijado por el JEF, pues no se ha evidenciado que los valores utilizados por el JEF para determinar el valor unitario de suelo, tanto en el destinado a cultivo de naranjos como el destinado a cultivo de olivos, sean arbitrarios, carentes de objetividad y ajenos a los valores reales procedentes.

Es más, el informe pericial emitido en fase probatoria por Ingeniero Agrónomo, concluye, incluso valores algo inferiores a los apreciados por el JEF sobre la ase de los datos objetivos que ambos relacionan.

Por lo que se refiere al factor de corrección que el JEF utilizara (1,3) ha de decirse que no está alejado del solicitado por la actora y, además, acorde a las características de las fincas a los datos a apreciar, cual la localización en un entorno paisajístico especial y su localización y facilidad de comunicaciones por proximidad a núcleos urbanos, en concreto a 4 o 5 Km. del TM de Ribarroja del Túria (aquí difieren los informes, el de perito procesal y el aportado por la Diputación P. de Valencia) y 6,5 del TM y 4 Km. del Pº Industrial de Manises.

Se accede a las fincas desde la Cra. CV-370 -Manases/Ribarroja del Túria- (que enlaza con la Autovía del Mediterráneo a una distancia de 3,5 Km.) y desde aquélla, por caminos rurales.

Así las cosas, es claro que procede aplicar un coeficiente corrector por la existencia de factores extra-agronómicos que inciden en el valor del suelo, incrementándose el valor a rústico o no urbanizable, cual entendió el JEF, y cuyo coeficiente de 1,3 entiende esta Sala que es acorde a las circunstancias antes descritas, pues las fincas, hallándose próximas a núcleo urbano, no tienen una proximidad 'total'; y estando bien comunicadas, desde la Cra. Se comunican por caminos rurales y la Cra., a su vez, se halla a una distancia de la Autovía de 3,5 Km.

La distancia al aeropuerto de Manises es de 7,1 Km.

Tampoco son inmediatas a centros de actividad industrial (Pº de Manises a 4 Km.).

No procede acoger en este punto la pretensión actora.

CUARTO.-Por lo que se refiere al demérito por división de finca, en concreto las parcelas 12, 80 y 11 del Pº 39 de Ribarroja del Túria, expedientes 191, 192 y 194) es de tener en cuenta que de la parcela 12 se expropiaron 10.180 m2 de un total de 15.512 m2, quedando un resto de 5.332 m2; de la 80 se expropiaron 2.597 m2 de un total de 7.374 m2, quedando un resto de 2.597 m2; y de la 11 se expropiaron 2.387 m2 de un total de 3.545 m2, quedando un resto de 1.158 m2.

El JEF determinó el demérito que dicha reducción de superficie causaba al resto no expropiado, en los porcentajes del 33%, 18% y ninguno, mientras el perito procesal entendió que los procedentes serían 49,19 %, 17,79% y 55,38 %.

Pues bien, habida cuenta que la indemnización por demérito guarda relación lapérdida de valor del resto no expropiado por resultar más costoso o dificultoso el uso o destino principal a que se destinaba la finca -en este caso cultivo de naranjos o de olivos-, y que son factores a valorar el aislamiento del resto, su tamaño que desde el punto de vista agrícola merma sus posibilidades de rentabilidad al ser más costosos los medios técnicos y mecánicos a utilizar para optimizar la producción, esta Sala considera que los coeficientes de depreciación establecidos por el perito procesal resulta más acordes al perjuicio que deriva para la explotación de los restos, habida cuenta que tanto en la finca 12 como en la 11, los restos no alcanzan ni la mitad de la superficie inicial.

En cuanto a la nº 80, se estará a la determinación del JEF, del 18%, ya que el perito concluye el inferior de 17,79%, escasamente inferior, pero rechazable, pues si no, incurriríamos en reformatio in pejus.

Procede, en consecuencia, estimar en tales términos la pretensión actora.

En consecuencia el justiprecio será, en relación a las dos referida fincas:

*Exp. 191/11 (Pº 39 Parcela 12):

-Suelo (naranjos): 9.599 m2 x 21,36 E/m2..... 205.034,64 E.

-Suelo (olivos): 581 m2 x 5,76 E/m2............ 3.346,56 E.

-Riego por goteo: 9.599 m2 x 0,35 E/m2......... 3.359,65 E.

-5% premio de afección........................ 10.587,04 E.

-IRO (naranjos): 9.599 m2 x 1.................. 9.599 E.

-IRO (olivos): 9.599 m2 x 0,25 E/m2.............. 145,25 E.

-Demérito reducción de superficie:

5.332 m2 x 49,19% x 21,36 E/m2............... 56.039,32 E.

Total..................... 288.111,46 E.

*Exp. 194/11 (Pº 39 Parcela 11):

-Suelo: 2.387 m2 x 21,36 E/m2............ 50.986,32 E.

-Riego por goteo: 2.387 m2 x 0,35 E/m2...... 835,45 E.

-5% premio de afección.................... 2.591,09 E.

-IRO: 2.387 m2 x 1,00 E/m2................ 2.387 E.

-Demérito reducción de superficie:

1.158 m2 x 55,38% x 21,36 E/m2.......... 13.699,14 E.

Total...................... 70.499 E.

QUINTO.-En cuanto a intereses legales, como esta Sala viene estableciendo, siguiendo la doctrina del T.S contenida en Ss. como la de 22-1-01, ha de distinguirse entre expropiaciones de carácter ordinario y en las declaradas de urgencia, pues la LEF contempla diferente régimen en uno y otro caso. Las primeras tienen su regulación legal, a estos efectos, en los arts. 56 y 57, en tanto que las segundas, lo son en la regla 8 ª del art. 52, debiendo de entenderse por demora, el retraso injustificado, en la determinación del justiprecio o en el pago de efectivamente establecido, superándose el lapso de tiempo que la Ley señala para ello.

En las expropiaciones ordinariasel cómputo de intereses por demora en la fijación del justiprecio viene establecido por la aplicación concordada de los artículos 2.1.1 , 22 y 56 de la Ley de Expropiación Forzosa que el artículo 71.1 de su Reglamento aclara al decir que 'a los efectos del artículo 56 de la Ley la situación de mora se entenderá iniciada después de transcurrir seis meses, contados desde la fecha en que sea firme el acuerdo de necesidad de ocupación. El 'dies ad quem' será aquel en que el justiprecio quede definitivamente fijado en vía administrativa, esto es, cuando el Jurado resuelve el recurso de reposición deducido, en su caso, contra el acuerdo originario o el de la fecha de éste cuando no haya sido objeto de recurso de reposición debiendo tenerse en cuenta, en todo caso, que, como dispone el artículo 73.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación forzosa , 'si la fijación del justo precio hubiera sido impugnada, los intereses se devengarán sobre la cantidad determinada en Sentencia firme, liquidándose con efecto retroactivo desde la fecha legal de iniciación de la mora, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71, hasta la determinación definitiva del justiprecio en vía administrativa'. Y por lo que se refiere a la demora en el pago del justiprecio fijado definitivamente en vía administrativa, debe tenerse en cuenta lo dispuesto concordantemente por los artículos 48.1 y 57 de la Ley de Expropiación Forzosa , de cuyo contenido se deduce que el 'dies a quo', a efectos del periodo de devengo de esta clase de intereses, será aquel en que se cumplan los seis meses desde que el justiprecio se haya fijado en vía administrativa, siendo el 'dies ad quem' aquel en que efectivamente se satisfaga el justiprecio por la Administración expropiante, o beneficiario, al interesado, o se necesite o consigne válidamente, cuando fuese procedente, debiendo computarse el plazo de seis meses de fecha a fecha como dijimos anteriormente, y, al igual que sucede en los intereses por demora en la fijación del justiprecio, si el justo precio se modifica por decisión jurisdiccional se debe por el mismo periodo sobre la cantidad determinada en Sentencia firme, liquidándose con efectos retroactivos por aplicación analógica del contenido del citado artículo 73.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa .

Por lo que se refiere a las expropiaciones urgentes, la regla octava del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa , contiene una norma específica para esta clase de expropiaciones, al establecer: 'En todo caso, sobre el justiprecio acordado definitivamente para los bienes objeto de este artículo, se girará la indemnización establecida en el art. 56 de esta Ley , con la especialidad de que será fecha inicial para el cómputo correspondiente, la siguiente a aquélla en que se hubiera producido la ocupación; de que se trata'.

Interpretando la misma el T.S ha declarado con reiteración que 'no obstante esta expresa disposición, ello no impide que en caso de que antes de realizarse la ocupación haya transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del expediente expropiatorio, la expropiante esté obligada a abonar al expropiado la indemnización del interés legal del justo precio, que se liquidará con efecto retroactivo, pues su fundamento es la mora en la fijación del justiprecio, y se deben desde que el retraso tiene lugar, pues de lo contrario el afectado por una expropiación de urgencia sería de peor condición que el expropiado por el procedimiento normal, pues mientras uno cobra intereses desde los seis meses siguientes a la iniciación del expediente expropiatorio, el otro no tendría respaldo legal, para percibir los procedentes durante el tiempo que medie entre la declaración de urgencia y la realización efectiva de la ocupación, pues no puede recaer en perjuicio del expropiado la demora con que proceda la Administración, dado que la regla 8ª del art. 52 de la Ley da por supuesto que la fijación del precio por los sumarios trámites que determina, ha de establecerse, en todo caso, dentro del plazo de los seis meses a que se refiere el art. 56 de la misma'.

Procede también precisar, con S. de 10-2-2010 (recurso 1278/06 ), que '...el dies a quo, a efectos del cómputo de los intereses por demora en la tramitación y pago del justiprecio en los procedimientos de urgente expropiación, es el siguiente a la fecha de la efectiva ocupación de los bienes o derechos - artículo 52.8 de la Ley de Expropiación Forzosa - hasta que el justiprecio determinado definitivamente en vía administrativa se paga, deposita o consigna eficazmente, sin que, por tanto, exista solución de continuidad entre los intereses del artículo 56 -demora en la fijación- y 57 -demora en el pago- de la Ley de Expropiación Forzosa , salvo que la ocupación tuviese lugar después de transcurridos seis meses de la declaración de urgencia, pues al entenderse cumplido con ella el trámite de declaración de necesidad de ocupación - artículo 52.1 de la Ley de Expropiación - el dies a quo será el siguiente a aquel en que se cumplan los seis meses de la declaración de urgencia, a menos que ésta no contuviese la relación de bienes o derechos expropiables'.

Es preciso, si bien, tener en cuenta que hay, además, un tipo de intereses previstos en la regla 4 del art. 52 de la LEF que son los generados, en favor del titular del bien, por el importe de la hoja del depósito previo a la ocupación desde que aquélla se formula hasta que ésta se produce, que son independientes de los establecidos en la regla 8ª del precitado artículo, que autoriza el percibo de la indemnización establecida en el art. 56. Ambos intereses no podrán ser coincidentes en el tiempo de su devengo, toda vez que los primeros juegan desde el momento de la constitución del depósito previo a la ocupación hasta el momento en que ésta es efectivamente realizada, y los segundos, son debidos desde el día en que la ocupación se efectúa, enlazándose ambos en el tiempo. Si se cumplen los plazos señalados por la Ley para la ocupación, el periodo de devengo de intereses, por el primer concepto, realmente será muy breve, dado que desde la constitución del depósito previo hasta la ocupación del bien, debe transcurrir un plazo máximo de quince días, según la regla 6ª del citado art. 52 .

Por lo que se refiere al 'dies ad quem'será aquel en el que el justiprecio definitivamente señalado se pague a los interesados; se deposite o se consigne eficazmente, pues si ello no fuese así la consignación o depósito defectuosamente realizado, no produce los efectos liberatorios del pago.

Así ha interpretado la jurisprudencia la regla 8ª del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa , sin que por tanto exista solución de continuidad, -sí la hay en el procedimiento ordinario-, entre los intereses de los arts. 56 y 57 de la LEF , como consecuencia de la desposesión sin previo pago, que en este tipo de procedimiento es previa al pago o depósito del justiprecio fijado en vía administrativa, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento ordinario ( S. del TS de 22-3-01 ).

Ello si bien, dentro de este periodo hay que distinguir, a efectos de determinar la Administración responsable del pago de intereses:

- hasta la finalización del plazo prevenido en el art. 34 LEF en relación con el 42.3 b) de la L. 30/92 de 26-11 del RJAPyPAC ( 3 mesespara resolver y notificar el Jurado, a contar desde la fecha en que haya tenido entradaen el mismo el expediente expropiatorio)- será responsable la Administración expropiante y/o beneficiaria.

- desde el transcurso de dicho plazo (en que empieza la mora del Jurado)hasta la fecha de la resolución del Jurado fijando definitivamente el justiprecioserá responsable la Administración del Estado.

-y desde esta fecha hasta la del pago, vuelve a ser responsable la Administración expropiante y/o beneficiaria.

No en vano, como también el TS viene declarando, del art. 56 de la LEF no se deduce una responsabilidad solidaria -para el abono de los intereses- de todas las Administraciones intervinientes en el procedimiento de determinación del justiprecio, sino que limita la responsabilidad a la Administración culpable de la mora y en la extensión en que lo haya sido, criterio que además se confirma en el Reglamento de Expropiación Forzosa, que señala en su art. 72 que la responsabilidad por demora se imputará al causante de la misma.

Los intereses así determinados generan, a su vez, intereses hasta la fecha de su pago definitivo.

Así lo ha venido reconociendo el Tribunal Supremo -desde antiguo- en Ss. como la de 15-2-1.997, 11-3-1.997, 18-6-1.997, 22-9-1.997, concluyendo:

"Tal posibilidad se haya avalada y admitida por reiterada doctrina del TS, cual la contenida en S. de 18-6-97 que establece:

'La doctrina expuesta supone un apartamiento del criterio mantenido por esta Sala del TS en las SS 9 May. 1985 y 3 Mar. 1994 y el seguimiento de los criterios manifestados en la posterior S 15 Feb. 1997, reconociendo que por estar sometida a litigio la cuestión relativa al pago de los intereses, se consideró en aquellos casos que no se trataba de una cantidad líquida, puesto que la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio era una operación aritmética cuyos elementos de cálculo, tiempo de cómputo y tipo venían establecidos legalmente, siendo, por el contrario, el significado de cantidad líquida el que ha recogido el legislador en el párrafo segundo del art. 921 LEC y en consecuencia, no se estaría ante un supuesto previsto en el art. 1109 CC , que prohíbe devengar nuevos intereses sobre los intereses ante un caso de anatocismo, sino ante el impago de una obligación dineraria líquida y vencida que conlleva la responsabilidad de reparar el daño causado por el incumplimiento al haber incurrido en morosidad la Administración . De esta forma, la obligación de pagar intereses de demora constituye una obligación impuesta por la ley que no requiere reclamación alguna al respecto, como han reconocido las SS 29 Ene ., 5 Feb . y 18 Jul. 1990 , 17 Jul. 1993 , 4 Feb. 1995 , 23 Nov. 1996 y 1 Feb. 1997 y no estando ante un supuesto del art. 1109 CC , como hemos declarado en las SS 28 Mar. 1989 , 29 Ene . y 25 Feb. 1990 , 26 Oct. 1993 , 21 y 29 Mar . y 30 Abr. 1994 y 26 Nov. 1996 , la obligación de satisfacer dichos intereses es un crédito accesorio de la indemnización principal y una obligación legal del art. 1108 CC , por lo que en el caso de incurrirse en morosidad, produce la correspondiente obligación de indemnizar daños y perjuicios consistentes en el pago del interés legal.

En definitiva, la obligación de pagar el interés legal por el impago de los intereses de demora, no nace desde que se efectúa ésta, sino desde que se incurre en mora en el pago de tales intereses, conforme a lo dispuesto en el art. 1100 CC '".

Dichos intereses son exigibles desde la fecha de su reclamación (interpelación judicial o extrajudicial), según resulta del art. 1100 CC y avala la doctrina del TS (S. de 11-10-2001 , entre otras muchas).

En resumen:

a) la obligación de pagar el interés legal por el impago de los intereses de demora no hace desde que se efectúa éste, sino desde que se incurre en mora en el pago de tales intereses y

b) no es obstáculo a la 'liquidez' de la deuda de intereses de demora la existencia de pleito sobre la misma, por estar en todo caso su fijación supeditada a una simple operación aritmética.

A los efectos que aquí interesan procede señalar que el dies a quo será en este caso el 19-11-2009, o sea, día siguiente al 18-11-2009 en que se extendieron las actas de ocupación.

Y que el 15-6-2011 tuvo entrada en el JEF el expediente de justiprecio (fecha desde la que comienza la mora del JEF).

El presente recurso se interpuso en 22-4-13, lo que marca la fecha de inicio del cómputo de intereses de intereses.

Para la liquidación de los mismos, se tendrán en cuenta las cantidades ya abonadas a cuenta y la diferencia que resulte en relación al cálculo ya efectuado por la Diputación P. de Valencia (docs. 2 a 5 del escrito de contestación).

SEXTO.-Al haberse estimado parcialmente las pretensiones de la actora, conforme al art. 139 de la Ley Reguladora , no procede la imposición de las costas.

VISTOS los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general aplicación

Fallo

1.- Estimar en parteel recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad MATRICARIA SL, representada por el Procurador D. Enrique Miñana Sendra, y asistida por Letrado, contra las Resoluciones del Jurado de Expropiación Forzosa de Valencia de fecha 29-1-13 (exps. 191 a 194/11) por las que se fija el justiprecio de las fincas nº59 (Pº. 39 PARCELA 12, TM Ribarroja del Túria), nº60 (Pº. 39 PARCELA 80, TM Ribarroja del Túria), nº58 (Pº. 39 PARCELA 14, TM Ribarroja del Túria) y nº56 Agr. 1 (Pº. 39 PARCELA 11, TM Ribarroja del Túria) del Proyecto: 51-V-1965.- Vía Parque del Túria. Manises-Ribarroja, y contra otra de 7-5-13 que desestima la Reposición en tablada en el primer expediente.

2.- Anularlaspor contrarias a derecho, en cuanto al justiprecio determinado en los expedientes 191/11 (Pº 39 Parcela 12) y 194/11 (Pº 39 Parcela 11)que se fija en las cantidades de 288.111,46 Ey de 70.499 E, reconociendo el derecho al percibo de intereses legales en los términos indicados en el FD 5º, y condenando a la Administración demandada y a la codemandada a estar y pasar por tales declaraciones.

3.- No hacer imposición de costas.

A su tiempo, con certificación literal de la presente Sentencia, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Infórmese a las partes, con las prevenciones de rigor, que contra la misma cabe recurso de casación para la unificación de doctrina.

PUBLICACION .- La anterior Sentencia ha sido leída por la Magistrada Ponente el día de su fecha estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo cual yo, como Secretario de la misma, certifico.