Sentencia Administrativo Nº 1310/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Rec 286/2007 de 24 de Octubre de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.6

MADRID

SENTENCIA: 01310/2007

Recurso de Apelación núm. 286/07

Ponente Sra. Cristina Cadenas Cortina

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEXTA

S E N T E N C I A núm. 1310

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. Jesús Cudero Blas

Magistrados:

Dª. Mª Teresa Delgado Velasco

Dª. Cristina Cadenas Cortina

Dª. Amparo Guilló Sánchez Galiano

Dª. Eva Isabel Gallardo Martín de Blas

D. Francisco de la Peña Elías

En Madrid, a veinticuatro de octubre de dos mil siete.

VISTO por la Sala el recurso de apelación núm. 286/2007, interpuesto por la Procuradora Sra. Franch Martínez en representación de Dolores , contra Sentencia de 13 de febrero de 2007, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n. 26 en PA 12/2006; habiendo sido parte la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO- El presente recurso de apelación fue interpuesto por la Procuradora Sra. Franch Martínez en representación de Dolores contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso n. 26 de Madrid, en fecha 13 de febrero de 2007 , y en PA 12/2006, que desestimaba el recurso interpuesto en su momento contra desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto ante la Resolución de la Dirección General de Policía contra Resolución del Jefe de Puesto de Madrid-Barajas, de 30 de diciembre de 2002 que denegaba la entrada de la recurrente en territorio español. En el escrito de recurso solicita la revocación de la Sentencia y que se anule el acto impugnado autorizando la entrada de la recurrente en territorio nacional

SEGUNDO- El Abogado del Estado presenta escrito de oposición al recurso, solicitando la confirmación de la Sentencia.

TERCERO- Finalizada la tramitación, quedó el pleito pendiente para deliberación y fallo, señalándose la audiencia del día 23 de octubre de 2007 , teniendo lugar así.

Ha sido Ponente la Magistrado Ilma. Sra. Doña Cristina Cadenas Cortina, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO- El presente recurso de apelación se interpone contra Sentencia de 13 de febrero de 2007, dictada por el Juzgado de lo Contencioso n. 26 en PA 12/2006 , desestimatoria del recurso interpuesto contra la denegación de entrada de la recurrente en territorio nacional. El recurso de apelación se centra en que se ha vulnerado el procedimiento establecido y las normas sobre los extranjeros en España y el derecho a la libre circulación.

El Abogado del Estado se opone al recurso y solicita la confirmación de la Sentencia.

SEGUNDO- La cuestión objeto de recurso de apelación se centra en los aspectos puestos de relieve, centrados en vulneraciones a los derechos de libre circulación y la normativa sobre extranjería

La Sentencia impugnada desestima el recurso interpuesto contra Resoluciones que denegaban la entrada de la recurrente en territorio nacional. Examina las resoluciones impugnadas, así como el derecho de la recurrente como extranjera para entrar en territorio nacional, derecho que el TC limita claramente, y se refiere a la normativa de la Ley de Extranjería sobre la materia. Examina la concreta situación y entiende que no se ha vulnerado derecho alguno por falta de traslado del informe propuesta del funcionario, y considera que las resoluciones están suficientemente motivadas...

Según los datos obrantes en el expediente, la aquí apelante, nacional de Ecuador pretendía entrar en España procedente de Quito, alegando que el motivo de su viaje era turístico, sin previsión alguna sobre su estancia, llevando un dinero en efectivo pero no tiene tarjeta de crédito o cheques de viaje. Tiene previsto permanecer 15 días en España y en concreto en Zaragoza sin poder precisar lugar que desea visitar. No tiene amigos ni familiares en España. Y carece de carta de invitación. O de previsión alguna sobre su alojamiento. Está casada y tiene 5 hijos que no le acompañan por motivos económicos. Su esposo no la acompaña por estar enfermo.

La cuestión objeto de debate se ha planteado en esta Sala en reiteradas ocasiones, con criterio que se mantiene. El art. 19 de la Constitución Española dispone que los extranjeros pueden ser titulares de los derechos fundamentales a residir y desplazarse libremente. Ahora bien, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 22 de marzo de 1993 94/93 , dispone que " la libertad de circulación a través de las fronteras del Estado, y el concomitante derecho a residir dentro de ellas, no son derechos imprescindibles para la garantía de la dignidad humana (art. 10.1 de la CE y STC 107/1984 ), ni por consiguiente pertenecen a todas las personas en cuanto tales al margen de su condición de ciudadano. De acuerdo con la doctrina sentada por la citada sentencia, resulta lícito que las leyes y los tratados modulen el ejercicio de esos derechos en función de la nacionalidad de las personas, introduciendo tratamientos desiguales entre españoles y extranjeros en lo que atañe a entrar y salir de España, y a residir en ella". De esta forma, es el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente lo que configura el derecho reclamado a través del presente recurso contencioso-administrativo

En este sentido, debe señalarse que el artículo 5.1 del Acuerdo de Schengen establece como requisitos para la autorización de la entrada del nacional extranjero, los siguientes: a) poseer un documento o documentos válidos que permitan el cruce de la frontera, determinados por el Comité Ejecutivo; b) estar en posesión de un visado cuando éste sea exigido; c) en su caso, presentar los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de estancia prevista y disponer de los medios adecuados de subsistencia, tanto para el periodo de estancia previsto como para el regreso al país de procedencia o el tránsito hacia un tercer Estado en el que su admisión esté garantizada, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios ; d) no estar incluido en la lista de no admisibles. De no cumplir alguno de los mentados requisitos "se negará la entrada" (art. 5.3 del Acuerdo de Schengen).

Por otra parte, el art. 25 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero modificada por Ley Orgánica 8/2000 , dispone que "el extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos que e determinen reglamentariamente que justifiquen el objeto y las condiciones de estancia, y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios".

Asimismo, el apartado 2 del artículo mencionado señala que "salvo en los casos en que se establezca lo contrario en los convenios internacionales suscritos por España será preciso, además, un visado. No será exigible el visado cuando el extranjero sea titular de una autorización de residencia en España o documento análogo que le permita la entrada en territorio español".

TERCERO- En el presente caso, el motivo alegado para justificar la pretensión de entrada de la recurrente era que venía para conocer Zaragoza, como antes se ha expuesto. Del conjunto de sus manifestaciones y de los documentos que aporta, se desprende que el motivo expresado no resulta mínimamente creíble. Cabe razonablemente entender que no tenía la pretensión de entrar en España con objeto de hacer turismo, puesto que nada se ha acreditado al respecto, siendo la interesada, a tenor de la normativa vigente, quien debe justificar los motivos de su interés en entrar en este país, no aporta documento alguno que acredite reserva hotelera abonada en su caso, ni previsión turística alguna, ni contacto con nadie. De los datos aportados, y puestos de relieve anteriormente en particular su propia situación personal, cabe concluir racionalmente que su intención era permanecer ilegalmente en territorio nacional. No se trata de una presunción contra la interesada sino una conclusión que se extrae de la propia manifestación de la misma y de los documentos aportados.

Este criterio se sostiene en la Sentencia que se impugna en idéntico sentido. La sentencia examina la concreta situación de la interesada llegando a la conclusión de que no son creíbles sus manifestaciones. En el recurso de apelación se considera que la Sentencia no motiva suficientemente sus conclusiones, y que no se respetan los derechos de los extranjeros y la libre circulación, aspecto que ya se ha examinado como se ha expuesto... La valoración de los datos aportados no se realiza de manera arbitraria sino que deben tenerse en cuenta las concretas circunstancias en relación con la Ley aplicable.

En cuanto a la naturaleza de este procedimiento, la Sala se ha pronunciado en anteriores ocasiones, entendiendo que no tiene naturaleza sancionadora, sino que se rige por un procedimiento especial, regulado en la normativa de extranjería, Ley Orgánica 4/2000 y 8/2000, y RD 864/2001 , Reglamento de desarrollo, en cuyo artículo 26 se exige que la denegación se efectúe mediante "resolución motivada con indicación de los recursos que proceden, plazos y autoridad competente".

No se produce indefensión alguna, cuando por lo demás, desde el primer momento del expediente se ha recibido declaración a la interesada con presencia de Letrado, y ha realizado cuantas alegaciones ha considerado oportunas en defensa de su derecho. Ha interpuesto los recursos que la Ley establece, de modo que su petición ha sido reexaminada por los órganos competentes en cada caso. Por otra parte, sus alegaciones permiten deducir que ha tenido perfecto conocimiento de los motivos por los que no se le ha permitido la entrada en territorio nacional, y por tanto, no se aprecia motivo alguno de nulidadLa Sentencia, como ya se ha expuesto, ha analizado todas estas cuestiones, con criterio que se comparte, examinando perfectamente las alegaciones del recurrente, y concluyendo que no puede extraerse la conclusión de que el motivo de su viaje sea el que se alega. Se individualiza suficientemente el supuesto concreto, y por tanto, la motivación es absolutamente suficiente.

En consecuencia debe desestimarse el recurso de apelación y confirmarse en su integridad la sentencia impugnada.

QUINTO- No cabe hacer declaración especial sobre costas, al haberse planteado cuestiones de naturaleza jurídica que ofrecen dudas, y ello en base a lo dispuesto en el art. 139.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso -administrativa en relación con lo dispuesto en el art. 394.1 de la LEC , supletoriamente aplicable.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Franch Martínez en representación de Dolores , contra Sentencia de 13 de febrero de 2007, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n. 26 en PA 12/2006 , debemos confirmar y confirmamos la misma en su integridad. No procede hacer declaración sobre costas.

Notifíquese la presente resolución con arreglo a lo dispuesto en el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , expresando que contra la misma no cabe recurso.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.