Sentencia Administrativo Nº 1389/2009, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 1636/2005 de 30 de Octubre de 2009

Encabezamiento

SENTENCIA NÚM. 1.389/09

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Tercera

Ilmos. Sres. :

Presidente :

D. JUAN LUIS LORENTE ALMIÑANA.

Magistrados :

D. AGUSTIN GOMEZ MORENO MORA.

D. MANUEL JOSÉ BAEZA DÍAZ PORTALES.

En la Ciudad de Valencia, a treinta de octubre de dos mil nueve.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso administrativo no 1636/05, interpuesto por el Procurador D. Carlos Aznar Gomez, en nombre y representación de D. Baltasar , Dña. Filomena y Dña. Rosario , contra el Jurado Provincial de Expropiación de Valencia, habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado; y como codemandada la Generalitat Valenciana, representada por el Letrado de su servicio jurídico.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.

SEGUNDO.- La parte demandada contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte Sentencia por la que se confirme la Resolución recurrida.

TERCERO.- Habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado , quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO.- Se señaló la votación para el día 21 de octubre de 2009, teniendo así lugar.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

Siendo ponente el magistrado Ilmo. Sr. D. JUAN LUIS LORENTE ALMIÑANA.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso Contencioso-Administrativo se ha interpuesto , contra contra la Resolución de 6 de octubre de 2005 del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia que, en el expediente nº NUM000, fijó un justiprecio de 161.627,59 ?.

SEGUNDO.- El expediente NUM000 afectó a la finca nº NUM001, agrupación NUM004, Referencia catastral parcelas NUM002 con una superficie de suelo edificación 200 m2, suelo solera: 260 m2 , huerta 1.064 m2 con determinado vuelo (edificación: vivienda, almacén, caseta, solera de hormigón, higuera adulta) , estando la parcela clasificada como suelo no urbanizable. Fue expropiada por la Consellería de Infraestructuras y Transporte en ejecución del Proyecto "OR4-V15-1499.- Plan especial de ejecución del sistema general GTR-2 del PGOU de Valencia (ampliación de instalaciones de la Fuente de San Luis)".

El Jurado Provincial de Expropiación de Valencia para fijar el justiprecio toma en consideración la clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable, aplicando el método de comparación a partir de valores de fincas análogas , del art. 26 de la Ley 6/1998, y valora el suelo, a razón de 42 ? m2.

Los propietarios discrepan de esta valoración del suelo, y consideran que debe valorarse como suelo urbanizable, a 120,44 ?/m2, fijando un justiprecio total de 333.729,47 ?

El abogado del Estado y el letrado de la Generalitat Valenciana , se oponen a las pretensiones del demandante , solicitando la confirmación del acto impugnado.

CUARTO.- Sobre el valor de los terrenos expropiados por la Consellería de Infraestructuras y Transporte, en ejecución del Proyecto "OR4-V15-1499.- Plan especial de ejecución del sistema general GTR-2 del P.G.O.U. de Valencia (ampliación de instalaciones de la Fuente de San Luis)", además de las otras cuestiones planteadas; esta Sala y Sección, se ha pronunciado en anteriores Sentencias, entre ellas , la nº 674/2008 de 25 de junio ; cuyo criterio debemos tomar en cuenta para fallar el presente litigio, tanto por aplicación del principio de unidad de doctrina como por considerarlo ajustado al ordenamiento jurídico; la citada Sentencia declara:

"SEGUNDO.- ... Se interpone el presente recurso Contencioso-Administrativo contra el acto Administrativo citado sobre la base de que concurre nulidad del expediente expropiatorio de la finca NUM005, agrupación NUM004 , de 896 m2 de huerta y demás edificaciones y accesorios, clasificada como suelo no urbanizable de huerta , afectada en la actuación de la Consellería de Infraestructuras y Transporte en ejecución del Proyecto "OR4-V15-1499.- Plan especial de ejecución del sistema general GTR-2 del PGOU de Valencia (ampliación de instalaciones de la Fuente de San Luis)". Se fundamenta dicha pretensión anulatoria en la falta de respaldo económico para poder atender el pago del justiprecio , alegando que la obra instalada carece de la declaración de utilidad pública e interés social, habiéndose cedido a empresas privadas para que desarrollen su propio negocio por lo que no se está cumpliendo la finalidad de la expropiación. En tercer lugar, se argumenta la existencia de error en la clasificación del suelo apreciada en la Resolución recurrida, ya que se considera como no urbanizable, cuando la expropiación tiene por finalidad la instalación de un sistema general GTR-2 y por tanto debió valorarse como urbanizable. Asimismo, se discrepa de la afirmación del Jurado de que no existen valores comparables, pues las parcelas colindantes por el Oeste, para el nuevo hospital La Fe han sido pagadas a 110 ,18 ? y por el Este, para Mercavalencia, a 108,5 ?. Por último, impugna también la fecha respecto al devengo de intereses, reclamando la declaración de nulidad o anulabilidad del expediente expropiatorio, reconociendo como situación jurídica individualizada su Derecho a recuperar la finca de su propiedad en el Estado en que se encontraba antes de iniciarse aquel. Alternativamente, solicita la anulación de la resolución del Jurado, reconociendo un justiprecio de 342.607 ,22 euros, más intereses de demora que se fijarán en la Sentencia, que deberá declarar a su vez el Derecho de los demandantes a la retasación del art. 74 de la LEF .

Las Administraciones demandadas se oponen en base a la corrección del expediente administrativo y Resolución en él recaída, alegando la presunción de validez de la valoración del Jurado , solicitando la confirmación del acto impugnado por falta de prueba en contrario.

TERCERO.- En primer lugar, debemos destacar que las resoluciones de los Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa gozan de una presunción "iuris tantum" de legalidad y acierto en la cuantificación del justiprecio, presunción que puede ser combatida y revisada en vía Jurisdiccional en los supuestos de infracción de preceptos legales, o notorio error material , o cuando se acredite una desajustada apreciación de los datos materiales, o cuando la valoración no esté en consonancia con la resultancia fáctica del expediente.

En definitiva, dicha presunción puede ser destruida mediante prueba en contrario, reconociéndose al efecto por la misma jurisprudencia citada que "los informes periciales emitidos en los autos por medio de técnico idóneo nombrado con las garantías procesales establecidas en los arts. 610 y ss. L.E.C., gozan de las mismas características de objetividad que el acuerdo del Jurado, por lo que en caso de discordancia entre ambos, el Tribunal puede fijar el justiprecio, siguiendo el informe emitido en autos valorado conforme a las exigencias de la sana crítica".

Partiendo pues de esta premisa, debemos destacar que esta misma Sala y Sección , ya ha dictado Sentencias en torno a expropiaciones relativas al mismo Proyecto y así, la de veintiuno de junio de dos mil siete, en recurso contencioso-administrativo 1266/2004, relativa a la finca NUM003 agrupación NUM004, valorando el suelo a razón de 42'00 ?/m2, valoración referida al 2002 en aplicación del artículo 24 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, el valor del suelo se obtuvo aplicando el art. 26 de la Ley 6/1998, dada su clasificación en el planeamiento general como suelo no urbanizable y determinado por el método de comparación a partir de valores de fincas análogas y el valor de las afecciones se calculó atendiendo a la normativa catastral en función de su coste de reposición corregido en atención a la antigüedad y estado de conservación de las primas , R.D. 1020/1993, de 25 de junio .

En dicho recurso, el planteamiento de la parte actora es idéntico al presente y aún cuando los dos primeros motivos de impugnación se exceden ampliamente de lo que constituye el objeto del recurso (no hay que olvidar que de la totalidad del expediente expropiatorio, la parte tan sólo impugna la valoración que lleva a cabo el Jurado Provincial, alcanzando firmeza por tanto todos los actos anteriores al no haber sido recurridos) no está de más resaltar que dicha Sentencia establecía que:

"SEGUNDO.- El alegato de que el expediente expropiatorio y nulo por falta de respaldo económico para poder atender el pago es realmente inconsistente, como han hecho notar las contestaciones a la demanda. Consta en el expediente, hojas 35 y stes, "la hoja de depósito previo" de 1.412'23 euros, sin que se deduzca o se haya acreditado la "insolvencia" de la Administración beneficiaria , Generalitat Valenciana.

Es indudable la existencia de previa declaración de utilidad pública e interés social aunque sólo fuera por lo previsto al respecto en la normativa sectorial. El artículo 13 de la Ley Estatal 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, determina que la aprobación de proyectos estableciendo nuevas líneas, mejora o ampliación de las preexistentes supondrá la declaración de utilidad pública e interés social y la urgencia de la ocupación a efectos de expropiación forzosa de los terrenos afectados por el proyecto."

Por tanto, aún cuando la desestimación de estos motivos de impugnación procede por lo anteriormente expuesto, el pronunciamiento sería en cualquier caso desestimatorio.

CUARTO.- Respecto a la cuestión central, según lo expuesto anteriormente, es decir , la valoración efectuada por el Jurado, debemos destacar varias cuestiones relativas a la forma en que se formula el recurso. En primer lugar, impugna la parte el método de valoración de la finca, es decir, del suelo. En segundo lugar y admitiendo, con carácter subsidiario, el criterio de valoración seguido por el Jurado, impugna la cuantía por estimar que existen fincas análogas valoradas en forma muy superior a la de autos. En tercer lugar y pese a no mencionar en ningún momento, a lo largo de la demanda , razones que lleven a impugnar las valoraciones del resto de los elementos expropiados , formula en el suplico una petición económica global de todo, cuestión esta última que no puede ser admitida porque con independencia de que la parte impugne la valoración de elementos constructivos o plantaciones, e incluso aún cuando lleve a cabo actividad probatoria alguna en relación con ellos , debe formular concretas alegaciones mediante las que proporcione al Tribunal las razones en las que basa dicha impugnación y por qué no la estima conforme a Derecho, alegación sin la que el órgano jurisdiccional no puede entrar a formular valoración alguna en contra de la actuación administrativa dotada de presunción de acierto y legalidad.

Sentado todo ello, en cuanto a la primera de las cuestiones referidas, el sistema de valoración que legalmente procede , ha sido tratado reiteradamente por esta misma Sala y Sección y así, en relación igualmente con el Proyecto expropiatorio del que nace este expediente, la Sentencia 1172/07, de 3 de julio del año en curso, recaída en recurso Contencioso-Administrativo 59/06, señalaba:

"SEGUNDO.- Es determinante para la solución del pleito, y por ello la hacemos resaltar aquí, la circunstancia de que en 2002 comenzó el expediente de justiprecio o fue efectuada la exposición al público el proyecto de expropiación , por lo que, a los fines de valoración, por mor de los arts. 36 de la LEF y 24 de la LSV, hay que tener en cuenta la norma aplicable en ese momento, el art. 25 de la LSV en la redacción entonces vigente, la original de la Ley 6/1998 , de 13 de abril , puesto que la Ley 53/2002 de 30 de diciembre , que reforma dicho art. 25, no contiene disposiciones transitorias, de ahí que sea de aplicación lo previsto con carácter general en el art. 2.3 del Código Civil cuando señala que las leyes no tendrán efectos retroactivos si no dispusieren lo contrario.

Hay que traer a colación la doctrina jurisprudencial (v. gr. STS de 3-12-2002 ) pronunciada con anterioridad a la referida reforma, según la cual en virtud del principio de equitativa distribución de beneficios y cargas del planeamiento (art. 3.2 b) y 87.1 del Texto de 1976, 3 b) b) del Texto de 1992 y art. 5 de la Ley 6/1998 ) y "a pesar de estar clasificado como no urbanizable el suelo de uso dotacional o para sistemas generales, su valoración , a efectos de ejecutar éstos por el sistema de expropiación debe hacerse como si de suelo urbanizable se tratase", razón por la que "el justiprecio del suelo ha de atender a la finalidad urbanística del mismo, por lo que no cabe valorar como no urbanizable aquel cuyo destino es ser urbanizado" (S.S.T.S. de 29-5-1999 , 1-4-2000, 16-1-2001 y otras muchas). La STS de 23-5-2000 señala que "el suelo de sistemas generales, si cuenta con los servicios que marca la Ley, es suelo urbano. Y si no cuenta con ellos , cabe decir, como única posible alternativa contraria, que, cualquiera que sea el tipo de suelo en el que está incluido, tendrá, a efectos de su valoración, naturaleza de suelo urbanizable, con apoyo legal en el art. 26.2 del Reglamento de Planeamiento y su tasación ha de hacerse con arreglo al valor urbanístico. Ello es plenamente coherente con la equidistribución y los sistemas de obtención de sistemas generales" (...)".

Recordamos además lo dicho en la STS de 24-10-2001 , Sentencia según la cual esa doctrina soportada en la equitativa distribución de las cargas y beneficios de la actividad urbanizadora debe ser matizada en relación con el caso concreto; señalándose que la razón básica para valorar los precios destinados a sistemas generales como si fuese suelo urbanizable en relación con el principio de la equitativa distribución de cargas, con la precisión de pero que ello no excluye que deba añadirse algún elemento complementario que confirme la vocación a ser considerado urbanizable desde el punto de vista de su justiprecio en caso de expropiación, como puede ser su implicación física con zonas declaradas urbanizables en el planeamiento o su destino a fines no compatibles con la utilización de suelo rústico, entendido en el sentido que se desprende, como allí se decía, del art. 85.1.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo 1976 ; todo ello para alcanzar como conclusión de que sin más el asentamiento de todo sistema general no implica aplicación de esa doctrina, sino que ha de enlazarse con la idea de la indebida singularización del suelo en relación con el desarrollo urbanístico, de al menos el entorno inmediato.

En fin , tiene dicho igualmente el Tribunal Supremo (SSTS de 3-12-2002 y 22-12-2003 ) que la valoración como suelo urbanizable de terrenos destinados a sistemas generales, ya vengan clasificados como no urbanizables, ya carezcan de clasificación especifica, procede en aquellos supuestos en que estemos ante sistemas generales que sirvan para crear ciudad, lo que en el supuesto de la vía de comunicación es predicable de aquellas que integran el entramado urbano, pero no de las vías de comunicación interurbanas, otra cosa ello nos llevaría al absurdo de considerar como suelo urbanizable todas las vías de comunicación, incluidas las autopistas y carreteras nacionales en todo su extensión.

Pues bien, sobre la cuestión suscitada en el presente caso ya hemos tenido ocasión de pronunciarnos en Sentencias de esta Sala y sección de 21-6-2007 y 22-6-2007 , mediante las cuales se rechazaron análogas alegaciones a la sostenida por la actora , al constatarse que "...estamos ante un proyecto expropiatorio promovido por la comunidad Autónoma para acometer la ejecución de una dotación de infraestructura ferroviaria de interés supramunicipal". Tratamos pues de un sistema general que no tiene naturaleza urbanística en sentido estricto, pues los terrenos expropiados no se destinan a vías de comunicación intraurbanas que contribuyan a "crear ciudad", por lo que la valoración de suelo servida por el Jurado ha considerarse conforme a Derecho."

En consecuencia, no podemos sino llegar a la misma conclusión de dichas Sentencias y estimar que el sistema de valoración del Jurado es conforme a Derecho y desestimar el presente motivo de impugnación.

Dentro de este mismo apartado impugnatorio, relativo a la valoración, con carácter subsidiario, como suelo no urbanizable pero considerando las fincas análogas que señala la parte en su demanda , debemos desestimar igualmente la petición por tratarse de términos no comparables al tratarse de convenios y contratos celebrados entre las partes, de fincas cuya presunta analogía no consta y sin que, por tanto, sean válidas las conclusiones a las que llega la parte. En este sentido, podríamos destacar , entre muchas otras, la Sentencia de esta misma Sala , Sección Segunda, de 29.9.00 cuando establece que:

"TERCERO.- Y con relación a la valoración de otras fincas de características análogas... es sabido que la jurisprudencia ha sentado el criterio con arreglo al cual la Administración debe respetar el precia de fincas colindantes y análogas (S.TS. 5/Marzo/1991), pero igualmente ha advertida que en cualquier caso para admitir la valoración de una finca por analogía por otro terreno, debe atenderse no solo a su colindancia, sino también a que las circunstancias y condiciones a tener en cuenta sean idénticas, extremo éste que debe resultar debidamente acreditada en el proceso (SS. 10/Julio/1993, 23 y 25/Enero, 25/Mayo y 12/Junio/1996 y 10/Julio/1997 , entre otras).

Y en este sentido , el TS en Sentencia 26/Noviembre/1997, reiterando la precedente doctrina contenida en sus pronunciamientos de 18/Diciembre/1992, 18/Noviembre/1993, 7 y 14/Julio, 10 y 11/Octubre/1994 , 19 y 21/Febrero y 16/Mayo/1995, 1, 9 y 16/Abril/1996 , ha venido entendiendo que: "Para que pudiera ser apreciada la existencia de discriminación contraria al principia constitucional de igualdad seria imprescindible que existiera, como requisito esencial , lo que se ha dado en llamar "validez del termino de comparación" , esto es, que las situaciones contempladas sean sustancialmente iguales, por cuya razón tanto este Tribunal Supremo coma el Tribunal Constitucional tienen reiteradamente declarado que, caso de alegarse la infracción del artículo 14 de la Constitución, es necesario aportar un termino de comparación valido y demostrativo de la identidad sustancial de situaciones jurídicas que han recibido trato diferente sin causa objetiva y razonable. En el presente caso, si bien el término comparativo que se propone ion otros acuerdos del Jurado sobre parcelas ubicadas en Polígonos del Sector de Edificación Abierta de Vallecas, es menos cierto que las motivaciones y razonamientos que en unos y otras acuerdas se expresan son diferentes, por cuya razón la solución que se da por el Jurada , con base en diferentes premisas jurídicas, ha de ser necesariamente distinta en uno y otros supuestos, y en consecuencia., no cabe atribuir al Jurado de Expropiación Forzosa, en el caso que nos ocupa, la conculcación del principio de igualdad, reconocido en el artículo 14 de nuestra constitución, procediendo la desestimación del motivo".

A igual conclusión desestimatoria se llega tras examinar el dictamen pericial del arquitecto D. Santiago, puesto que realiza su valoración sobre un presupuesto jurídico incorrecto , como si la parcela expropiada fuera suelo urbanizable, y en su valoración alternativa de suelo no urbanizable, dictamina sobre inaplicables valores de 2004 y 2005...".

El dictamen del perito designado en autos no desvirtúa el valor dado por el Jurado, pues el perito valora el suelo como urbanizable.

QUINTO.- Por lo que se refiere a las peticiones que , con carácter alternativo, formula la demanda, en la Sentencia primeramente citada, de 21 de julio del año en curso , ya se vino a establecer que:

"QUINTO.- Vamos a las pretensiones alternativas de los actores. La demanda articula dicha pretensión sin relatar hechos, sólo invocando los artículos 58 y 74 de la Ley de Expropiación Forzosa, art. 33 de la Constitución y vagas apelaciones a los principios de "dar a cada uno lo suyo" y prohibición del enriquecimiento injusto. No hace falta profundizar en la naturaleza jurídica del derecho a la retasación, garantía del justiprecio frente a las demoras en el pago, latiendo la idea de caducidad del primer justiprecio (S.T.S. de 1 de marzo de 1993, RJ 1610 ), careciendo de naturaleza sancionadora para la Administración (STS de 17 de mayo de 1994, R. J. 4267 ).

Lo cierto es que entre los presupuestos para poder exigirla el artículo 74.2 del reglamento de Expropiación incluye el de que debe ser interesada por el expropiado con el correspondiente requerimiento a la Administración, lo que difiere con el régimen de la percepción de intereses moratorios , que se produce "ex lege". En suma, es inviable cualquier pretensión procesal sin antes haberla efectuado en vía administrativa, como viene sosteniendo el Tribunal Supremo, así SS de 5 de junio de 1997 (RJ 4630), 6 de febrero de 1996 (R.J. 988) ó 24 de mayo de 1999 (RJ 5071 ).

Si no consta -ni siquiera se alega- que llegara a presentarse instancia del interesado, huelga entrar en más consideraciones por no darse aquél presupuesto necesario por determinación de la norma y por pacífica doctrina del T.S. No procede por lo demás efectuar el pronunciamiento alternativo reconociendo el Derecho de los actores a la retasación, cuando por lo antedicho falta acto previo de la Administración."

Criterios y pronunciamientos que, sosteniéndose por la Sala, impiden cualquier otro razonamiento y determinan la desestimación.

SEXTO.- En lo concerniente a la pretensión de liquidación de intereses , la representación del actor la arropa escuetamente con invocación de los artículos 56 y 57 de la Ley de Expropiación Forzosa, ya que se afirma que deben liquidarse a partir de los seis meses desde la declaración de necesidad de ocupación hasta las correspondientes fechas de pago. En cualquier caso el criterio a seguir es el indicado en la Sentencia del TS, de 17 de junio de 1997, convenientemente recogida en la contestación a la demanda de la codemandada:

"En las expropiaciones de carácter urgente, la determinación del dies a quo, a efectos del cómputo de intereses por la demora en la fijación del justiprecio, se produce, como norma general, al día siguiente de la fecha de la efectiva ocupación de los bienes o Derechos (art. 52.8 de la LEF ) hasta que el justiprecio fijado definitivamente en vía administrativa se paga , deposita o consigna eficazmente". Y añade que "si a pesar de la declaración de urgencia, la ocupación tuviese lugar después de transcurridos seis meses de esta declaración, al entenderse con ella cumplido el trámite de declaración de necesidad de ocupación (art. 52.1 de la Ley de Expropiación Forzosa ), el dies a quo será el siguiente a aquel en que se cumplan los seis meses de la declaración de urgencia, salvo que ésta no contuviese la relación de bienes y Derechos expropiables ni referencia a un proyecto o replanteo aprobados o reformados posteriormente, porque, en este caso, el "dies a quo" será el siguiente a aquel en que se cumplan los seis meses de la aprobación de dicha relación de bienes o Derechos a expropiar o del proyecto y replanteo, porque será desde ese momento cuando se conocerán los que habrán de ser expropiados". En consecuencia con lo referido anteriormente no procede aceptarse como fecha inicial del cómputo en los intereses la solicitada por el titular en su Hoja de aprecio (30-1-88) , puesto que en esa fecha no existe relación de bienes y Derechos individualizados y por lo tanto no se pueden considerar afectados".

En el caso de autos, la declaración de urgente ocupación se produjo en virtud del art. 153 de la L.O.T.T ., y según refiere el acuerdo del Jurado impugnado, la ocupación de la finca tuvo lugar el día 12 de diciembre de 2001. Como quiera que la referida declaración de urgente ocupación no contenía, obviamente, la relación individualizada de bienes y Derechos afectados por la expropiación, ha de estarse a efectos de la fijación del dies a quo para la determinación de los intereses de demora a la fecha resultante de computar seis meses después del día 23 de febrero de 2000, día siguiente a la inserción del correspondiente anuncio conteniendo dicha relación individualizada en el diario Las Provincias -folio 19 del expediente-, al ser éste el único dato del que al efecto dispone la Sala. Los referidos intereses han de devengarse sobre la cuantía del justiprecio determinado definitivamente en vía administrativa , hasta que esa cuantía se pague , deposite o consigne eficazmente. Tales intereses de demora, a tenor de lo regulado en el art. 72 del Reglamento de la LEF, han de ser satisfechos por la administración Expropiante , excepto aquellos cuyo abono corresponda, en su caso, a la Administración del Estado por la responsabilidad en que hubiera incurrido el Jurado por demora en la fijación del justiprecio más allá del plazo establecido en la ley par resolver.

En cuanto a la concreta liquidación de dichos intereses de demora ha de estarse a lo que, en su caso , se disponga en periodo de ejecución de Sentencia."

En el presente caso, la ocupación de la finca tuvo lugar el día 13-12-2001 y la relación de bienes y Derechos es la misma que la citada en la Sentencia por lo que el plazo comienza a contarse desde el día 24-8-2000, día siguiente tras cumplir los seis meses siguientes a la publicación de la citada relación, hasta que se abone el justiprecio, liquidación que deberá realizarse en ejecución de Sentencia".

QUINTO.- En méritos a lo expuesto, procederá la estimación parcial del recurso; sin que se aprecien motivos para hacer una expresa imposición de las costas procesales, a efectos de lo dispuesto en el art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional .

Fallo

1. Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Baltasar, Dña. Filomena y Dña. Rosario , contra la resolución descrita en Fundamento Primero.

2. Reconocemos el derecho de los recurrentes a percibir intereses de demora desde el día 24-8-2000 hasta el pago del justiprecio.

3. Desestimamos las demás pretensiones de la demanda.

4. No se hace expresa imposición de las costas procesales.

Esta Sentencia es firme y no cabe contra ella recurso ordinario alguno.

A su tiempo, y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente el expediente administrativo al Centro de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia , lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. magistrado ponente que ha sido para la Resolución del presente recurso, estando celebrandod audiencia pública esta Sala, de lo que, como Secretario de la misma, certifico. En Valencia a, 30 de octubre de 2009.