Sentencia Administrativo Nº 1613/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 9, Rec 492/2007 de 20 de Diciembre de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.9

MADRID

SENTENCIA: 01613/2007

SENTENCIA Nº 1613

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA

Ilmos Sres.:

Presidente:

Don Ramón Veron Olarte.

Magistrados:

Dª. Angeles Huet de Sande

D. Juan Miguel Massigoge Benegiu

D. José Luis Quesada Varea

Doña Margarita Pazos Pita

En la Villa de Madrid a veinte de diciembre de dos mil siete.

Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente recurso de apelación nº 492/07, interpuesto por la Letrada doña Olalla de Bugallal y Martín-Caro, afirmando actuar en nombre y representación de don Luis María , contra el Auto dictado en el procedimiento abreviado nº 276/07, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 25 de Madrid, de fecha 28 de mayo de 2007.

Antecedentes

PRIMERO: Interpuesto el recurso de apelación, y admitido el mismo por el Juzgado a quo, fueron remitidas las actuaciones a este Tribunal Superior de Justicia.

SEGUNDO: Por providencia de fecha 27 de septiembre de 2007, no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, ni la celebración de vista, ni la formulación de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes para votación y fallo.

TERCERO: En este estado se señala para votación y fallo el día 20 de diciembre de 2007, teniendo lugar así.

CUARTO: En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Margarita Pazos Pita.

Fundamentos

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo del que esta apelación trae causa se interpuso contra la desestimación presunta de la solicitud de caducidad y archivo del expediente de expulsión incoado a don Luis María .

SEGUNDO.- Presentado el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, por el Juzgado, mediante providencia se acordó requerir a la Letrada actuante, en representación no acreditada del demandante, para que en el plazo de diez días acreditase la representación del recurrente, aportando el poder notarial de representación otorgado por el mismo o, en su caso, designación apud-acta ante el Juzgado, bajo apercibimiento expreso de archivo. Posteriormente, el Juez, subsistiendo la falta de acreditación de la representación, dictó el auto de archivo aquí apelado.

TERCERO.- Contra la anterior resolución se alza la parte recurrente en apelación, alegando, en esencia, y con invocación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 CE, que la representación otorgada por el interesado ante el funcionario de policía se hizo sin limitación alguna y que si el Juzgado entendía que el recurrente no estaba debidamente representado por el Letrado, bien podía haber solicitado la designación, por el correspondiente Colegio, de Procurador del turno de oficio. A lo que se viene a añadir, también en síntesis, y con invocación de los artículos 23.1 y 45.2.a) de la LJCA y la DF 1ª de la Ley 1/2000 , que debe considerarse, por analogía, acreditada la representación con el documento en que el extranjero apodera al Letrado para la interposición de todos los recursos administrativos y contencioso-administrativos.

CUARTO.- Esta Sala no puede sino desestimar el recurso de apelación.

En efecto, es criterio reiterado y consolidado de esta Sección Novena -concordante con el fijado por el Pleno de esta Sala de lo contencioso-administrativo- que el elemental requisito de la postulación impone a los litigantes el deber de actuar ante los órganos jurisdiccionales unipersonales representados por Procurador o por Letrado (art. 23.1 LJ ), y que la representación ha de otorgarse mediante poder autorizado por notario o conferido ante el Secretario Judicial (art. 24 de la LEC ).Obviamente, en este caso no existe tal apoderamiento, por lo que la exigencia de postulación es incumplida, pues en modo alguno puede aceptarse como tal la constancia en la declaración ante la Policía de fronteras de la manifestación de la interesada de que apodera al Letrado para interponer los posibles recursos que se deriven del procedimiento.

Ante esta constatación, la designación del Colegio de Abogados de la Letrada aquí interviniente no implica un poder de representación, acto personalísimo que únicamente puede otorgar el representado. Aparte de que la representación procesal corresponde por regla general a aquel profesional y no al Abogado, resulta que el nombramiento de Procurador de oficio intenta suplir la ausencia de designación de un Procurador concreto, pero parte de la voluntad del litigante de valerse de dicho profesional, o bien la ley impone preceptivamente su intervención y la condición de parte del representado no es potestativa, tal como acontece en el proceso penal. En este caso no hay indicio de que el interesado pretendiera valerse de representante, y es evidente que el Juzgado no puede suplir la ausencia de voluntad del poderdante y solicitar del Colegio de Procuradores el nombramiento, sin que concurran tampoco en el presente caso las especiales condiciones o urgencia establecidas en el art. 21 de la Ley 1/1996, de Justicia Gratuita , porque ante el Juzgado no es imprescindible la asistencia de Procurador. Por lo demás, la circunstancia de que el interesado confiriese su representación al Letrado para las actuaciones desarrolladas ante la Administración, o que esta última no haya formulado objeciones a la representación en vía administrativa, no permite entender cumplido el requisito de la postulación procesal ante la jurisdicción, auténtico presupuesto del proceso, y que debe efectuarse en la forma prevista por las leyes procesales, esto es, mediante un acto de atribución expresa de la representación, bien mediante poder notarial, bien mediante comparecencia apud acta (art. 24 LEC ), requisitos estos que rigen, tanto cuando asume la representación un Letrado de libre designación como cuando la asume uno designado de oficio.

Téngase en cuenta, además, que el otorgamiento de poder de representación no exige en absoluto la presencia en España del otorgante. La representación puede conferirse durante el tiempo en que el interesado permanece sometido al procedimiento sancionador y, después de la resolución de expulsión, antes de que la misma se ejecute o bien, ya expulsado, desde el extranjero.

El requisito de postulación procesal, aquí incumplido, no es, por tanto, una formalidad enervante incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino un verdadero presupuesto del proceso plenamente compatible con tal derecho fundamental que debe ser siempre ejercido de acuerdo con los requisitos y presupuestos procesales establecidos en las leyes para asegurar la regularidad e integridad del proceso, sin que en este caso se haya producido una interpretación arbitraria o formalista del cumplimiento de un requisito procesal, ni infracción legal alguna, pues lo que se ha producido es, como ya se ha dicho, la ausencia misma de un presupuesto del proceso, para cuya subsanación se ha otorgado plazo por el Juzgado, habiendo sido finalmente incumplido por causa sólo imputable al interesado.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 , se imponen al apelante las costas procesales causadas en esta segunda instancia, por haberse desestimado totalmente el recurso por él interpuesto y no apreciarse la concurrencia de especiales circunstancias que justifiquen su no imposición.

Fallo

Que DESESTIMANDO el presente recurso de apelación nº 492/07, interpuesto por la Letrada doña Olalla de Bugallal y Martín- Caro, afirmando actuar en nombre y representación de don Luis María , contra el Auto dictado en el procedimiento abreviado nº 276/07, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 25 de Madrid, de fecha 28 de mayo de 2007 , DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicho Auto, con CONDENA a la parte apelante en las COSTAS causadas en esta segunda instancia.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada Ilma. Sra. Dña. Margarita Pazos Pita Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como Secretario de la misma doy fé.