Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 173/2022, Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 203/2021 de 13 de Junio de 2022

Encabezamiento

T.S.J.LA RIOJA SALA CON/AD

LOGROÑO

SENTENCIA: 00173/2022

N56820

MARQUES DE MURRIETA 45-47

Teléfono:941296596/941296594 Fax:941296595

Correo electrónico:tsj.contencioso@larioja.org

ROS

N.I.G: 26089 45 3 2021 0000310

Procedimiento: AP RECURSO DE APELACION 0000203 /2021

Sobre: FUNCION PUBLICA

APELANTE//APELADO:CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD,// Juan Ignacio

Abogado:LETRADO DE LA COMUNIDAD, ADOLFO MINGO DE MIGUEL

Ilustrísimos señores:

Presidente:

Don Jesús Miguel Escanilla Pallás

Magistrados:

Doña Mónica Matute Lozano

Doña Elena Crespo Arce

S E N T E N C I A nº 173 /2022

En LOGROÑO, a trece de junio de dos mil veintidós.

Vistos los autos correspondientes al RECURSO DE APELACIÓN sustanciado ante esta Sala bajo el nº 203/2021, sobre función pública; siendo ambos intervinientes apelantes y apelados respectivamente, D. Juan Ignacio quien comparece en su propio nombre y bajo la dirección letrada de D. Adolfo MINGO DE MIGUEL y la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD DEL GOBIERNO DE LA RIOJA, representada y asistida por el Letrado de la Comunidad; contra la Sentencia nº 212/2021, de fecha 08 de octubre de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Logroño.

Antecedentes

PRIMERO. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Logroño dictó en su recurso de PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 167/2021, Sentencia nº 212/2021, en el que recayó parte dispositiva del siguiente tenor literal: «FALLO: ESTIMO PARCIALMENTEel recurso contencioso administrativo interpuesto por el Letrado, D. ADOLFO MINGO DE MIGUEL, en representación de D. Juan Ignacio, contra las resoluciones referenciadas en el fundamento de derecho primero de esta resolución.

DECLAROque las citadas resoluciones no son conformes a derecho, anulándolas y dejándolas sin efecto, reconociendo que la relación de empleo del actor con la CC.AA.subsistirá y continuará, con los derechos profesionales y económicos inherentes, como funcionario interino con destino en el I.E.S. LA LABORAL de LARDERO (Especialidad de Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble) hasta que se provea de forma definitiva por los sistemas de provisión (concurso nacional o regional de cuerpos docentes) o hasta que se amortice por los cauces legales reglamentarios, desestimando el resto de pretensiones formuladas.

Todo ello, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas».

SEGUNDO.Contra la misma se interpusieron recursos de apelación por la representación de D. Juan Ignacio, y de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja.

TERCERO.Admitidos a trámite dichos recursos de apelación y formulados escritos de oposición, fueron elevados los autos a esta Sala.

CUARTO.Continuando el recurso por sus trámites, se señaló para la votación y fallo del asunto el día 8 de junio de 2022, en que se reunió, al efecto, la Sala.

QUINTO.Se han observado las prescripciones legales.

VISTOS.- Siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª. MÓNICA MATUTE LOZANO.

Fundamentos

PRIMERO.- LA SENTENCIA APELADA

Por el Juzgado Contencioso Administrativo número Dos de Logroño se dictó sentencia en fecha 13 de diciembre de 2021 por al que se estimaba parcialmente el recurso entablado por D. Juan Ignacio frente a la siguiente actuación administrativa:

Resolución de 6 de abril de 2021 desestimatoria del recurso de alzada interpuesto frente a la desestimación presunta de la solicitud presentada ante la administración sobre reconocimiento de situación de fraude y abuso en la contratación temporal.

La demanda de recurso contencioso administrativo contenía el siguiente Suplico: 'SUPLICA AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LOGROÑO que por turno corresponda que, habiendo por presentado este escrito, lo admita, teniendo por interpuesto recurso contencioso-administrativo y por formulada demanda frente a la Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, de 6 de abril de 2021 (asunto núm. 20/2021), por la que se desestima el recurso de alzada formulado por don Juan Ignacio frente al silencio administrativo desestimatorio de su solicitud inicial de 6 de julio de 2020; y, previos los trámites legales oportunos, cite a las partes al acto de juicio, dictando en su día sentencia por la que, estimando el recurso, declare que la actuación administrativa impugnada no se ajusta a Derecho, siendo nula o subsidiariamente anulable, reconociendo la situación de abuso y fraude en la contratación temporal sucesiva del actor como personal interino docente al servicio de la C.A.R., con todos los efectos que en Derecho procedan; y, entre éstos:

1) Se reconozca el carácter fijo del vínculo contraído entre el interesado y la Administración de dependencia, reconociendo al compareciente la condición de personal funcionario de carrera o fijo, empleado público fijo o personal funcionario equiparable, como Profesor Técnico de Formación Profesional (especialidad de Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble), con la antigüedad y restantes circunstancias particulares que correspondan y caractericen adecuadamente y conforme a Derecho la relación de servicio, así como con todos los derechos inherentes a tal condición, adoptando las medidas oportunas a tal efecto.

2) En defecto de lo anterior, se reconozca el carácter estable del vínculo contraído entre el interesado y la Administración de dependencia, reconociendo al demandante una condición asimilada o análoga a la del personal con vínculo indefinido, con idénticos derechos a los que disfruta el personal fijo del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (especialidad de Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble), incluyendo las notas de permanencia e inamovilidad, y con la antigüedad y restantes circunstancias particulares que correspondan y caractericen adecuadamente conforme a Derecho la relación de servicio, debiendo adoptarse las medidas oportunas a tal efecto (en su defecto, cabrá adoptar la fórmula empleada en otros pronunciamientos favorables de los Juzgados, en torno a la subsistencia de la relación en tanto no se provea o amortice la plaza por los cauces y conforme a las previsiones legales, con mantenimiento de destino, prioritariamente en el centro habitual I.E.S. 'La Laboral' de Lardero).

3) Sólo subsidiariamente, en defecto de todo lo anterior, se reconozca el carácter estable del vínculo contraído entre el interesado y la Administración de dependencia, reconociendo al demandante una condición asimilada o análoga a la del personal con vínculo indefinido en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (especialidad de Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble), con la antigüedad y restantes circunstancias particulares que caractericen adecuadamente y conforme a Derecho la relación de servicio, y las consecuencias que de ello deriven, adoptando las medidas oportunas al efecto (en su defecto, cabrá adoptar la fórmula empleada en otros pronunciamientos favorables del Juzgado, en torno a la subsistencia de la relación en tanto no se provea o amortice la plaza por los cauces legales, con mantenimiento de destino, prioritariamente en el centro habitual I.E.S. 'La Laboral' de Lardero).

4) Adicionalmente -salvo en caso de reconocimiento de fijeza-, como medida sancionadora y disuasoria, sin perjuicio de otros conceptos, se declare el derecho del recurrente a percibir una indemnización que, sin perjuicio de que su cálculo pueda diferirse para el caso y el momento de cese, habrá de ascender cuando menos al importe equivalente al resultante de la aplicación de las reglas de cálculo de la indemnización por despido improcedente ( art. 56 y D.T. 11' del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), en los términos señalados en el cuerpo de este escrito (apartado 11.6).

5) Complementariamente -salvo en caso de reconocimiento de fijeza-, se imponga a la Administración demandada, a modo de sanción efectiva, mecanismo corrector y medida equivalente en el sentido de la cláusula 5' del Acuerdo Marco, la convocatoria y desarrollo de un proceso selectivo extraordinario o de consolidación en que se oferten las plazas vacantes de la especialidad ocupadas por personal temporal víctima de abuso en la contratación sucesiva, proceso de participación -al menos en lo que concierna a la provisión de tales plazas- restringida a dicho colectivo, y, particularmente, al recurrente, en los términos señalados en los últimos pasajes del apartado 11.6 de este escrito.

Con el resto de efectos favorables que procedan, haciendo estar y pasar por tales declaraciones a la Administración demandada, sin perjuicio de lo que se determine en conclusiones definitivas. '.

La Sentencia acoge la pretensión contenida en el número 3) del Suplico de la demanda tal y como se refleja el fallo de la misma.

A lo largo de la extensa Sentencia, la Juez a quo recoge los hechos determinantes de su decisión, describiendo la vida laboral del recurrente , para con posterioridad hacer un repaso de la Jurisprudencia del TJUE , de las normas legales aplicables en derecho español , con referencia al TREBEP , la ley de Función Pública de la Rioja , La Orden 3/2016 , el Decreto Ley 14-2021 , y seguidamente, en el fundamento Cuarto , se concreta la doctrina , jurisprudencia y normas citadas en la aplicación al caso del recurrente. Así, la Juez concluye que ha existido una situación de abuso en la contratación de don Juan Ignacioy que la Orden 3/2016 no constituye una medida legal equivalente desde el punto de vista de la Cláusula Quinta del Acuerdo Marco. Esta tesis era, precisamente, la principal argumentación de la Administración autonómica para sostener que no existió abuso y evitar la declaración de tal en la contratación temporal y es estudiada en la Sentencia de instancia en el fundamento tercero de la misma, con cita de Sentencias de esta Sala.

Los hechos que la Sentencia recoge, relativos a la vida laboral del actor han de tenerse por probados y los mismos - la concatenación de nombramientos de interinidad - constituyen, según la Juez de instancia una situación de abusiva.

Así, dice la Sentencia: 'El SR. Juan Ignacio ocupa el puesto nº NUM000 en el listado de profesores técnicos de formación profesional en la especialidad Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble habiendo sido nombrado de forma ininterrumpida, a excepción de los períodos estivales de 2.013 y 2.014, durante un total de 21 cursos: tres cursos alternos en el I.E.S. SAGASTA, quince cursos alternos en el I.E.S. LA LABORAL y tres cursos seguidos en el I.E.S. REY DON GARCÍA de NÁJERA. A fecha de hoy, serían ya 22 los cursos impartiendo docencia, los últimos cinco en el I.E.S. LA LABORAL donde está como interino a 2/3 de jornada.

La existencia de nombramientos concatenados sin solución de continuidad en tres centros docentes de la comunidad riojana y para la misma especialidad, permite entender, de manera razonable, que, al menos, en tales centros existe una necesidad permanente que no está siendo atendida mediante un funcionario de carrera. El hecho de que en el I.E.S. LA LABORAL esté cubriendo sólo 2/3 de jornada no obsta a la conclusión antedicha porque la lista de destinos vacantes aportada por el recurrente en el acto de la vista demuestra que hay 9 plazas vacantes en este Cuerpo y Especialidad de las cuales 2 son a 2/3 de jornada, una en el I.E.S. LA LABORAL y otra en el I.E.S. ESCULTOR DANIEL. Él ocupa el puesto nº NUM000 en el listado de profesores interinos por lo que la elección de una vacante de 2/3 de jornada se realiza porque él libre y voluntariamente prefiere esta jornada o este centro frente a otros en los que podría elegir jornada completa.

Las peculiaridades del sector educativo, que esta juzgadora reconoce que existen, no sirven para justificar los nombramientos sucesivos en una especialidad, Fabricación e Instalaciones de Carpintería y Mueble, que no es novedosa. Puede ser cierto que se trate de una especialidad que actualmente no esté demasiado demandada y que está sometida a constantes fluctuaciones. Ahora bien, la administración no ha convocado ningún proceso desde que asumió las competencias en materia de educación en el 2002 y el hecho de que el actor, estando en el puesto nº NUM000 de las listas, haya trabajado durante todos estos años ininterrumpidamente y que en el curso 2021/2021 haya ofertado, nada más y nada menos, que 9 vacantes de esta especialidad, denota que las necesidades sí son estructurales'.

SEGUNDO.- LOS RECURSOS DE APELACIÓN.

Ambas partes se muestran disconformes con la sentencia de instancia.

Reitera la administración su posición en el recurso de apelación, solicitando un pronunciamiento revocatorio de la sentencia de instancia. De igual modo que en la contestación a la demanda, la administración considera que la Orden 3/2016 por la que se establecen las normas para la provisión en régimen de interinidad de puestos de trabajo docentes no universitarios, constituía una medida legal equivalente acorde con la cláusula Quinta del Acuerdo marco.

La parte recurrente, a pesar de la estimación de su pretensión de reconocimiento de situación jurídica individualizada, formulada en tercer lugar en su suplico, también interponer recurso de apelación, para que la Sala reconsidere la posibilidad de declarar la 'fijeza' del actor en el puesto de trabajo, a través de alguna de las fórmulas propuestas y recogidas en el Suplico de la demanda, en los números 1 y 2 , además de seguir reiterando la adecuación a derecho de una indemnización así como de la pretensión complementaria.

Ambos recurso de apelación, ya se adelanta, han de ser necesariamente desestimados.

TERCERO.- LA ORDEN 3/2016 .LA STS DE 12 DE MAYO DE 2022 . DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.

La posición esencial mantenida por la administración a lo largo de los recursos seguidos ante los órganos jurisdiccionales de esta plaza en los que se discutían pretensiones idénticas o similares a la que hoy nos ocupa , pivotaba sobre la consideración de la Orden 3/2016 como una medida legal equivalente acorde, compatible, con la cláusula Quinta del Acuerdo Marco.

Precisamente, la consideración como tal medida fue considerada por el Tribunal Supremo como cuestión que revestía interés casacional (Autos de 27 de mayo 2021, 10 de junio de 2021, 11 de noviembre de 2021 o 17 de febrero de 2022).

En concreto, dichos Autos establecieron como cuestión que presentaba interés casacional la siguiente : 'si el sistema de las listas de personal docente interino no universitario para nombramientos temporalmente limitados constituye una medida legal equivalente, desde la perspectiva de la jurisprudencia comunitaria, que permite prevenir y sancionar los abusos cometidos en dicha relación, o si resulta conforme a Derecho que la relación mantenida en dicho régimen de interinidad se prolongue en el tiempo hasta tanto la plaza sea ocupada por funcionario de carrera o se amortice'.

Recientemente, en Sentencias de 12 de mayo de 2022, el Tribunal Supremo ha resuelto los recursos de casación interpuestos por la Administración riojana frente a Sentencias de esta Sala que entendieron que la Orden 3 /2016 no constituía una medida legal equivalente en el sentido de la citada Cláusula Quinta, desestimándolos, dando así respuesta a la cuestión de interés casacional fijada .

Y así dice el Alto Tribunal lo siguiente: ' La sentencia n. º 80/2019, de 29 de marzo (recurso n. º 99/2018 -F), falló a su favor. En particular, con anulación de la actuación administrativa, declaró subsistente su relación funcionarial con la Administración educativa riojana en tanto se provea la plaza por los cauces legales o se amortice. Y para hacer efectivo ese pronunciamiento, la sentencia indica que el Sr. Héctor debería elegir destino para el curso 2019-2020 entre los tres que le ofertara la Administración.

La estimación sustancial del recurso descansa, de un lado, en nuestra sentencia de 1426/2018, de 26 de septiembre (casación n.º 1305/2017 ) y en la interpretación del Acuerdo Marco que acompaña a la Directiva 1999/70/ CE según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cita. Considera desde tal perspectiva que la concatenación de nombramientos de profesor interino constituye un abuso de derecho de la Administración. En efecto, entiende que esa reiteración no responde a las necesidades que, según el artículo 10del Estatuto Básico del Empleado Público, justifican la figura del funcionario interino, sino que encubre su utilización para afrontar necesidades estructurales. En particular, la sentencia reprocha a la Administración no haber justificado que cada vez que se nombraba al Sr. Héctor concurrían las circunstancias previstas en ese precepto y afirma que tampoco se puede considerar que sea una medida equivalente para sancionar la utilización abusiva de nombramientos temporales la valoración de la experiencia docente obtenida mediante la interinidad en las pruebas selectivas, toda vez que no se convocaron.

Recurrida en apelación esta sentencia por la Administración de La Rioja, la Sala de lo Contencioso Administrativo la confirmó con la suya n. º 80/2020, de 30 de marzo (apelación n.º 128/2019 ). Los argumentos de la apelante eran, en síntesis, estos: (i) no hay identidad entre este caso y el considerado por nuestra sentencia 1426/2018, de 26 de septiembre (casación n.º 1305/2017 ); (ii) anualmente se hacen convocatorias para destinos provisionales negociadas con los agentes sociales; (iii) es manifiesta la inexistencia de abuso pues las necesidades de personal varían de un curso a otro; (iv) el régimen previsto en la Orden 3/2016, de 31 de marzo, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se regula la provisión en régimen de interinidad de puestos de trabajo docentes no universitarios, es una medida legal equivalente para evitar la utilización abusiva del empleo temporal; (v) la sentencia no valoró todas las circunstancias y, en particular, el significado de ese régimen; (vi) en Aragón hubo convocatoria de oposiciones en 2008 en la especialidad de Economía y en 2010 en la de Administración de Empresas.

La Sala de Logroño repasa la Orden 3/2016, resume la sentencia de instancia, se hace eco de diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncian sobre la cláusula 5 del Acuerdo Marco que acompaña a la Directiva 1999/70/CE , en especial de las de 19 de marzo de 2020 (asuntos acumulados C-103/18 y C-429/18 ); de 14 de septiembre de 2016 (asuntos acumulados C-184/16 y C-197/15 ; de 21 de noviembre de 2018 (asunto C-254/2017 ); de 25 de octubre de 2018 (asunto C-331/2017 ) y concluye que, pese a ser cierto que en el sector de la educación se ha constatado la existencia de factores que pueden justificar de manera objetiva la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada para garantizar la adecuada prestación del servicio 'ello no supone que (...) una contratación como la que ha sucedido en el caso del Sr. Héctor durante 19 años, podamos considerarla una necesidad coyuntural'.

A la alegación de la Administración relativa a que los nombramientos del Sr. Héctor fueron para distintas especialidades y en diferentes centros escolares, la Sala de Logroño dice que la ejecución de programas temporales no puede servir para solucionar necesidades estructurales y permanentes y recuerda que su plazo máximo es de 3 años. Así, pues, atendiendo a la sucesión de nombramientos desde 1999 y al resto de circunstancias presentes, en particular la ausencia de convocatorias de procesos selectivos en las especialidades señaladas, con cita de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de octubre de 2018 (asunto C-331/2017 ), dice que no puede comprobarse si los procedimientos de adjudicación de destinos provisionales se usan para atender necesidades temporales y que, si bien pueden servir para resolver las de carácter ocasional, no sirven para las estructurales. En definitiva, la sentencia de apelación afirma que comparte plenamente la conclusión de la juzgadora de instancia sobre la existencia de abuso.

Pasa entonces a examinar si existe una medida equivalente para evitar o paliar ese abuso y vuelve a compartir el parecer de la sentencia del Juzgado: la inexistencia de convocatoria de pruebas selectivas hace irrelevante la experiencia docente adquirida y su utilización para ordenar a los aspirantes en las listas de interinidad previstas por la Orden 3/2016. Frente a ella, entiende que la medida dispuesta por la sentencia de instancia presenta un mayor grado de efectividad y capacidad disuasoria. Recuerda aquí nuestras sentencias n.º 1425/2018, de 26 de septiembre (casación n.º 785/2017 ) y n.º 1426/2018, de 26 de septiembre (casación n.º 1305/2017 ). Por todo ello, desestima el recurso de apelación.

También desestima el del Sr. Héctor que cuestionaba exclusivamente el pronunciamiento de instancia sobre la manera de hacer efectivo el reconocimiento de la persistencia de su relación con la Administración riojana. Pretendía que no quedara a la decisión de esta la determinación de los tres destinos de entre los que debía escoger uno, pues indicaba que podría seleccionar los que estuvieran más lejos de su domicilio o los más conflictivos. La desestimación la explica la sentencia de la Sala de Logroño a partir de la presunción de la objetividad, transparencia, buena fe, confianza legítima, planificación y eficacia conforme a las que debe actuar la Administración, guiándose por las necesidades docentes en el momento de la ejecución.

SEGUNDO.-La cuestión en que el auto de admisión aprecia interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

El auto de la Sección Primera de 11 de octubre de 2021 que ha admitido a trámite el recurso de la Comunidad Autónoma de La Rioja ha apreciado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en resolver esta cuestión planteada por el escrito de preparación:

'Si el sistema de las listas de personal docente interino no universitario para nombramientos temporalmente limitados constituye una medida legal equivalente, desde la perspectiva de la jurisprudencia comunitaria, que permite prevenir y sancionar los abusos cometidos en dicha relación, o si resulta conforme a Derecho que la relación mantenida en dicho régimen de interinidad se prolongue en el tiempo hasta tanto la plaza sea ocupada por funcionario de carrera o se amortice'.

A la hora de dar la respuesta nos pide que interpretemos el artículo 10.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada anexo a la Directiva 1999/70/CE .

En sus razonamientos nos dice que se ha advertido el mencionado interés casacional objetivo porque el asunto se proyecta sobre un gran número de interinos que prestan cotidianamente servicios en el sistema educativo que, en el caso de La Rioja, supone un tercio de la plantilla docente, estando todos ellos sometidos al sistema de la Orden 3/2016. Igualmente, informa el auto de admisión que se han admitido también los recursos de casación n.º 778/2020 y n.º 5715/2020 por autos de 27 de mayo de 2021 ; y por auto de 10 de junio de 2021 el n.º 6713/2020 , mientras que el auto de 15 de julio de 2021 ha admitido el n.º 5613/2020 , todos ellos similares a este.(....) CUARTO.-El juicio de la Sala. La desestimación del recurso de casación.

A) Consideraciones previas.

Según se ha dicho, el Sr. Héctor nos pidió que valorásemos la posibilidad de plantear las cuestiones prejudiciales de las que hemos dejado constancia en los antecedentes. No obstante, en su posterior escrito de oposición nada ha dicho al respecto. Esta circunstancia y la argumentación con la que sostiene que se ha de confirmar la sentencia dictada en apelación y, por tanto, la de instancia, argumentación sustentada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, nos lleva a entender que, por considerar suficientemente clara la solución que impone el Derecho de la Unión Europea, no mantiene ya la pretensión de que acudamos a él para someterle las preguntas que propone. En todo caso, a juicio de la Sala, no es necesario acudir al Tribunal de Justicia para resolver este proceso.

Por otra parte, conviene efectuar algunas precisiones antes de afrontar el problema de fondo.

La primera es que no deja de ser sorprendente que la temporalidad en el empleo público en el ámbito de la educación no universitaria en La Rioja llegue a una tercera parte del total, según nos dice la recurrente en en su escrito de preparación. Cualquiera que sea la razón o las razones que se ofrezcan para explicar tal circunstancia, está claro que entra en conflicto con la legislación en materia de función pública, con la anterior y con la vigente. Si la regla es que el servicio público se preste por funcionarios de carrera y el recurso a los interinos sea excepcional, tiene difícil explicación jurídica que se eleve a la magnitud indicada la tasa de interinidad.

No es menor la perplejidad que provoca la situación del Sr. Héctor: ha prestado servicios como interino durante diecinueve años. Y todavía se añade otro motivo para el asombro: en todo ese tiempo no se han convocado procesos selectivos en las especialidades en que enseña. Así, pues, año tras año, ha sido cesado a 30 de agosto --salvo las dos excepciones en que lo fue a 30 de junio-- para ser nombrado de nuevo en los primeros días de septiembre, según parece mediante el sistema de listas de aspirantes a cubrir puestos de manera interina.

Ya fuera bajo la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, ya sea bajo el Estatuto Básico del Empleado Público en 2007 y luego en 2015, así como en la actualidad, tras la reforma de 2021, el legislador ha mantenido la regla de que la función pública la desempeñen funcionarios de carrera.

Por otra parte, tanto el texto de 2007 cuanto el de 2015 han circunscrito el nombramiento de interinos a la existencia de vacantes y mientras estas se cubren, a la sustitución transitoria de los titulares y a la ejecución de programas temporales o a hacer frente a exceso o acumulación de tareas también de forma temporal. Y han fijado límites a la utilización de los nombramientos de interinos. En la actualidad, por un máximo de tres años para cubrir vacantes (antes no había tope); también de tres años para los programas temporales, ampliable por doce meses por las leyes de función pública que desarrollen el Estatuto Básico; y nueve meses en un período de dieciocho (antes de seis meses en un período de doce), para afrontar el exceso o acumulación de tareas.

Ha permanecido invariable desde 2007, no obstante, la exigencia de que el nombramiento de interinos responda a razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.

No desconoce la Sala, pues ha tenido sobradamente ocasión de referirse a ello, que ha adquirido carta de naturaleza la expresión en sí misma contradictoria 'interinos de larga duración'. Igualmente, se ha debido ocupar de la concatenación de nombramientos interinos en el mismo puesto o del mantenimiento de uno solo de manera prácticamente indefinida. A ello respondieron las sentencias n.º 1425 y n.º 1426/2018, de 26 de septiembre , la primera a propósito del personal estatutario de los servicios de salud y la segunda respecto de la función pública. Asimismo, a finales de 2021 hemos tenido que examinar variadas situaciones de reiteración de nombramientos temporales en el ámbito del personal estatutario en varias de las cuales, como en las sentencias de 2018, hemos advertido abuso en los términos del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE aunque no hayamos llegado a reconocer indemnizaciones en los casos de cese por no ser objeto de los recursos de casación o por no haberse justificado su fundamento.

En la actualidad, el propio legislador ha intervenido para reducir la temporalidad en el empleo público: el Real Decreto-Ley 14/2021, primero, y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, fruto de su tramitación como proyecto de ley, que lo ha sustituido después, y reconoce palmariamente en su exposición de motivos que la tasa de temporalidad en el empleo público, superior a la del sector privado, 'no sólo se aleja de forma manifiesta del modelo de función pública configurado por nuestra Constitución (...) sino que compromete la adecuada prestación de los servicios públicos en la medida en que la temporalidad impide articular políticas de recursos humanos dirigidas a garantizar la calidad de los servicios públicos'. En parecidos términos se expresaba el preámbulo del Real Decreto-Ley 14/2021.

Cabe, pues, establecer algunas conclusiones.

La primera es evidente. La propia recurrente en casación admite que la concatenación de nombramientos no se ajusta ni a las previsiones de la legislación española sobre función pública, ni a las exigencias del Acuerdo Marco que, por cierto, deben ser cumplidas en contra de lo que parece sostener el escrito de interposición. Es un abuso en los términos de la cláusula 5 de aquél.

Es menester, en consecuencia, examinar antes de entrar en otros extremos, si puede, como nos dice el escrito de interposición, considerarse al sistema de la Orden 3/2016 una medida que prevenga la utilización sucesiva de contratos o relaciones de duración determinada.

B) El régimen de la Orden 3/2016, de 31 de marzo, de la Consejería de Educación y Empleo de La Rioja.

Aunque la recurrente en casación se haya esforzado en argumentar que efectivamente, la solución prevista en esta disposición responde a los criterios a que, según la cláusula 5 del Acuerdo Marco, deben observar las medidas dirigidas a evitar el uso abusivo de nombramientos temporales --según ella misma explica: vinculatoriedad; objetividad; transparencia; eficacia; y negociación-- lo cierto es que el mecanismo que prevé descansa en el recurso sistemático a la interinidad y, según todos los indicios, no ha conseguido paliar la temporalidad que aqueja al empleo público en el ámbito educativo no universitario riojano.

De igual modo, difícilmente puede aceptarse el resultado de la comparación que se ha hecho entre la situación de quienes se acogen al procedimiento de las listas de aspirantes y la de los funcionarios de carrera, la de los que hayan visto reconocida la condición de indefinido no fijo y la de los opositores. No parece necesario explicar que nada tiene que ver la posición del funcionario de carrera con la de quien no lo es desde el punto de vista que ahora interesa. Tampoco es relevante la posición del opositor, que por definición carece de relación con la Administración. Y sabemos que no cabe en el régimen funcionarial la figura del indefinido no fijo.

La Orden 3/2016 se dirige a proveer interinamente necesidades urgentes e inaplazables para cuya atención no existan funcionarios de carrera. Y no hay duda de que establece un procedimiento adecuado de selección de los aspirantes a formar parte de las listas a las que recurrir de ser necesario efectuar nombramientos interinos.

Ahora bien, de cuanto se ha expuesto se desprende que las necesidades no son coyunturales sino permanentes, estructurales, y que se utilizan las listas de aspirantes a interinos de forma sistemática. Ciertamente, la Administración riojana subraya que los nombramientos son para cursos académicos y para el ejercicio de programas temporales, iguales a un curso académico. Sin embargo, el recurso continuado a este procedimiento que se viene produciendo revela lo que, por otra parte, parece suficientemente claro: un déficit estructural de profesorado al que se le quiere poner remedio parcial con una suerte de cuerpo de aspirantes a la interinidad al que es preciso acudir regularmente por no haber funcionarios de carrera. Falta de los mismos la cual, a su vez, guarda relación con la inexistencia de convocatorias de los procesos selectivos en las especialidades del caso.

Tal estado de cosas, hay que insistir, no responde a las exigencias del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, ni muestra que se hayan tomado medidas eficaces para poner fin a la utilización de nombramientos de duración determinada --que, tiene razón el escrito de interposición, no están prohibidos-- pero que no son los que han de utilizarse para atender necesidades permanentes. Tanto el Derecho interno cuanto el de la Unión Europea lo excluyen.

Recordemos que la Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo Marco que incorpora se dirigen a prevenir la utilización sistemática de relaciones de duración determinada, considerada fuente potencial de abusos. En ello insiste la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras en las sentencias de 4 de julio de 2006 (asunto C-212/04, Adeneler y otros), de 23 de abril de 2009 (asuntos C-378/07 a C-380/07 , Angelidaki y otros), de 13 de marzo de 2014 (asunto C- 190/13 , Márquez Samohano), de 3 de julio de 2014 (asuntos C-362/13 , C-363/13 y C-407/13 , Fiamingo y otros), ó de 26 de noviembre de 2014 (asuntos C-22/13 , C-61/13 a C-63/13 y C-418/13 , Mascolo y otros), según ya declaramos en sentencia de 27 de noviembre de 2015 (recurso contencioso-administrativo n.º 824/2014 ), así como en las invocadas en este proceso.

C) La desestimación del recurso de casación.

Tal como se ha visto, el esfuerzo argumental de la representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se ha centrado en afirmar la conformidad con la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la Orden 3/2016. Y, según hemos visto, también, tal adecuación no se da en el sentido de que no previene sino confirma la utilización abusiva de las relaciones de empleo de duración determinada. Descartadas esas razones, observamos que la Administración autonómica no ha negado los hechos a partir de los cuales tanto la sentencia del Juzgado cuanto la de la Sala de Logroño entendieron que debía darse a la controversia la misma solución alcanzada por nuestra sentencia n.º 1426/2018, de 26 de septiembre (casación n.º 1305/2017 ), ni ofrecido elementos para resolver de otro modo. Por tanto, no encontramos motivos para afirmar que no debe seguirse aquí ese camino de manera que se impone la desestimación del recurso de casación.

QUINTO.-La respuesta a la cuestión planteada por el auto de admisión.

De acuerdo con cuanto hemos expuesto, hemos de responder a la cuestión que nos sometió el auto de admisión diciendo que el sistema de las listas de personal docente interino no universitario para nombramientos temporalmente limitados no constituye una medida legal equivalente, desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para prevenir y sancionar los abusos en los nombramientos interinos, y que no es contrario a Derecho que la relación mantenida en dicho régimen de interinidad se prolongue en el tiempo hasta tanto la plaza sea ocupada por funcionario de carrera o se amortice.'

El debate suscitado sobre la orden 3/2016, queda así resuelto por el Alto Tribunal y en consecuencia, debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto por la Comunidad Autónoma de La Rioja, frente a la sentencia de instancia.

CUARTO.- EL RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE ACTORA. DESESTIMACIÓN.

Idéntica suerte debe correr el recurso de apelación de la parte recurrente, estimado en una de sus pretensiones subsidiarias.

La parte recurrente de forma principal, solicitó ser declarado funcionario de carrera o fijo, empleado público fijo o personal funcionario equiparable.

La Juez de instancia rechazó la pretensión señalando : 'De hecho, como bien conocen las partes, tanto el Tribunal Supremo como los Tribunales Superiores de Justicia, se han manifestado, clara y tajantemente, en contra de la posibilidad de equiparar al funcionario interino con el de carrera o el personal laboral fijo, sin que quepa convertir ese vínculo en estable y permanente. Ello contravendría el régimen jurídico establecido por el ordenamiento español en el acceso a la función pública, derivado de los arts. 103.3 de la CE y 23 de la CE no existiendo base jurídica alguna que permita excluir al personal interino de la obligación de someterse a pruebas selectivas basadas en los principios de igualdad, mérito y capacidad tal como se prevén en el TREBEP.'

En segundo lugar, el actor solicitaba que se reconociera el carácter estable del vínculo contraído entre el interesado y la Administración de dependencia, reconociendo al demandante una condición asimilada o análoga a la del personal con vínculo indefinido. Cuestión que se solventa en la sentencia de forma rotunda: 'Esta pretensión no merece tampoco favorable acogida por cuanto la categoría de 'personal indefinido' no existen en el ordenamiento español que regula los empleados públicos'(...)' Y, la STS 1426/2018 y todas las que se han dictado con posterioridad vienen manteniendo que en nuestro ordenamiento el abuso en la cadena de nombramientos no permite convertir al funcionario interino o al empleado público eventual en 'personal indefinido no fijo', categoría de empleado público inexistente en nuestro ordenamiento jurídico público y estatutario. En particular, tiene declarado la Sala 3ª del Tribunal Supremo (Sentencia núm. 1426/2018 , FJ 18º), que ... 'la solución jurídica aplicable no es la conversión del personal que fue nombrado como funcionario interino de un Ayuntamiento, en personal indefinido no fijo, aplicando de forma analógica la jurisprudencia del orden social (...)'

De forma subsidiaria, solicita el actor que se reconozca el carácter estable del vínculo contraído entre el interesado y la Administración de dependencia, reconociendo al demandante una condición asimilada o análoga a la del personal con vínculo indefinido. Pretensión que también es rechazada en la sentencia, por remisión a los fundamentos por los que rechaza la pretensión anterior.

Finalmente, la sentencia de instancia acoge la pretensión tercera como se refleja en el Fallo de la sentencia apelada. La Juez aquo entiende que es la solución que se ajusta a la jurisprudencia del TS y que además sanciona eficazmente el abuso.

Rechaza la sentencia la fijación de indemnización a favor del recurrente señalando : 'como es de sobra conocido, el derecho que regula la función pública que es aplicable a este caso, no contenía previsión alguna equiparable a la que se contempla en el Estatuto de los Trabajadores ni tampoco preveía medidas indemnizatorias para reparar irregularidades o fraudes eventualmente producidos en la contratación por lo que no cabe aplicar analógicamente una indemnización del ámbito laboral al ámbito de la función pública porque las situaciones en cada ámbito no son comparables' (...) 'la parte actora solicita una indemnización supeditada a que se produzca el cese definitivo pero tal eventualidad no se ha producido y no es admisible una condena a futuro.

En tercer lugar, el TJUE ha negado el derecho de indemnización automática del interino cesado desde la perspectiva de la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco'. Y sigue diciendo la Juez a quo: El TS, por su parte, en la archiconocida Sentencia 1426/2018, de 26 de septiembre, admite un derecho a indemnización (aunque no por traslación de lo previsto en el ámbito laboral) sino que éste 'a) depende de las circunstancias singulares del caso; b) debe ser hecho, si procede, en el mismo proceso en que se declara la existencia de la situación de abuso; y c) requiere que la parte demandante deduzca tal pretensión; invoque en el momento procesal oportuno qué daños y perjuicios, y por qué concepto o conceptos en concreto, le fueron causados; y acredite por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, la realidad de tales daños y/o perjuicios, de suerte que sólo podrá quedar para ejecución de sentencia la fijación o determinación del quantum de la indemnización debida' [F.D. 18º].Y, precisa también que el 'concepto o conceptos dañosos y/o perjudiciales que se invoquen deben estar ligados al menoscabo o daño, de cualquier orden, producido por la situación de abuso, pues ésta es su causa, y no a hipotéticas 'equivalencias', al momento del cese e inexistentes en aquel tipo de relación de empleo, con otras relaciones laborales o de empleo público' [F.D. 18º].

Finalmente la Sentencia resuelve la pretensión articulada por la parte recurrente en la demanda de la siguiente forma: '.............para el caso de que no se reconozca su fijeza, también solicita que se condene a la Administración demandada, a modo de sanción efectiva, a la convocatoria y desarrollo de un proceso selectivo extraordinario o de consolidación en el que se oferten las plazas vacantes de la especialidad ocupadas por personal temporal víctima de abuso en la contratación sucesiva, proceso de participación -al menos en lo que concierna a la provisión de tales plazas-restringida a dicho colectivo y, particularmente, a la recurrente.

Esta pretensión realizada de forma preventiva tampoco puede ser aceptada.

La deseable exigencia de convocatoria de pruebas selectivas extraordinarias o de consolidación de empleo público para poner fin a la situación de abuso no puede considerarsea prioriconstitucionalmente ilegítima pues se trata de una facultad prevista en la D.T. 4ª del EBEP previo cumplimiento de una serie de exigencias.

Ahora bien, excede del ámbito del presente procedimiento judicial el adoptar este tipo de medidas que habrán de ser abordadas a otros niveles y, en particular, a nivel legislativo. Además, este tipo de procesos han de respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al ejercicio de funciones públicas recogidos en la Constitución Española y están sujetos a las limitaciones presupuestarias y correspondientes tasas de reposición'.

El recurso de apelación reitera los argumentos vertidos en la instancia para fundamentar la procedencia de acoger las pretensiones formuladas de forma principal, y en su caso, para sostener la procedencia de una indemnización y en la convocatoria de procesos selectivos restringidos y diseñados ad hoc para el recurrente.

Este Tribunal comparte los acertados razonamientos de la Juez de instancia que examina exhaustivamente y da completa respuesta a las pretensiones de la parte recurrente, sin que en el recurso de apelación se hayan expuesto argumentos sólidos que permitan reconsiderar la respuesta dada en la instancia.

Conviene en este punto recordar la doctrina constitucional expuesta en STC de 19 de noviembre de 2015 que da respuesta a alguno de los planteamientos del recurrente : '..existe una consolidada doctrina de este Tribunal acerca del acceso a la función pública mediante pruebas restringidas y su compatibilidad con las normas constitucionales, tanto desde la perspectiva del derecho fundamental a la igualdad en dicho acceso ( art. 23.2 en relación alart. 103.3 CE ) como desde la consideración de la competencia estatal básica sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos ( art. 149.1.18 CE ).

La mayor claridad en la exposición de esta doctrina constitucional requiere comenzar por la dimensión competencial. La STC 111/2014 , de 26 de junio , examinó, en cuanto a su carácter básico ex art. 149.1.18 CE , el régimen de acceso a la función pública establecido por la Ley del estatuto básico del empleado público. Centró su atención precisamente en que 'el art. 55.1 LEEP califica como rectores del derecho al acceso al empleo público en general los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad', y en que 'el art. 61 determina además el carácter abierto de los procesos selectivos, que garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva'. También tuvo en cuenta que completaba 'el bloque normativo la disposición transitoria segunda, que se ocupa del personal laboral fijo que desempeña funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario', permitiendo a este tipo de personal 'participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe'.

La STC 111/2014 , delimitado así el conjunto normativo relevante, declaró que 'el antedicho régimen de acceso a la función pública es formalmente básico ( disposición final primera LEEP). Este Tribunal ha analizado extensamente sus precedentes normativos ( art. 19 y disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública ), señalando el carácter materialmente básico tanto de la regla que garantiza que las convocatorias tienen que ser con carácter general abiertas o libres, rechazando los llamados turnos u oposiciones restringidas, como de las excepciones a dicha regla general, que participan de la misma naturaleza básica ( STC 174/1998, de 23 de julio , FJ 4, y las allí citadas; en el mismo sentido, STC 38/2004, de 11 de marzo , FJ 3). Las mismas razones abonan el carácter materialmente básico de las vigentes normas de la Ley del estatuto básico del empleado público, según hemos confirmado en la STC 113/2010, de 24 de noviembre , FJ 3'.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, se ha publicado en el 'BOE' del 31 de octubre de 2015 y como ya hemos indicado, según su disposición final única, entró en vigor al día siguiente. Esta norma, en virtud de su disposición derogatoria única, ha derogado la LEEP, sustituyéndola por una regulación idéntica a la que ésta establecía, que se encuentra en los arts. 55.1, 61 y disposición transitoria segunda del texto refundido. Esta identidad determina, por las mismas razones indicadas en nuestra STC 111/2014 , que los preceptos señalados del texto refundido deban considerarse formal y materialmente básicos.

En conclusión, según la doctrina constitucional indicada, encaja en las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos la norma estatal que prevé que la adquisición de tal condición se verificará mediante convocatorias abiertas. Encajan también, por implicar una modulación de dicha norma, las excepciones que eventualmente se puedan prever a tal regla general. De este modo, el legislador autonómico no actuará dentro de sus competencias si regula supuestos de acceso a la función pública en que la participación no sea libre más allá de aquellos que encuentren amparo en la normativa básica. Así lo ha declarado este Tribunal a la vista tanto del régimen básico previsto en la Ley 30/1984 (por todas, SSTC 151/1992 , de 19 de octubre, FJ 3 , y 302/1993 , de 21 de octubre , FJ 3) como del regulado en la LEEP ( STC 111/2014 , de 26 de junio , FJ 3), debiendo extender ahora esta declaración al previsto en el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público y actualmente vigente.

4. Ahora bien, abandonando ya la perspectiva competencial y adentrándonos en la dimensión sustantiva, los supuestos de adquisición de la condición de funcionario de carrera en que se exceptúe la regla del carácter abierto, aun cuando estén contemplados en la normativa básica, podrán ser contrarios a la Constitución si desconocen el derecho fundamental de acceder en condiciones de igualdad a la función pública ex art. 23.2 CE . En este sentido resulta muy elocuente el pronunciamiento de la STC 151/1992, de 19 de octubre , FJ 3, según la cual 'el derecho a la igualdad en el acceso a la función pública supone una limitación fundamental a la práctica de las pruebas restringidas para el acceso a la función pública, las cuales, en general, han de considerarse como un procedimiento proscrito por el referido precepto constitucional ( STC 27/1991 , fundamento jurídico 5º.c). Por ello mismo, en fin, la admisibilidad de estas pruebas, aun cuando el legislador estatal para casos singulares las haya previsto, debe ser verdaderamente excepcional y objeto de una interpretación restrictiva (por ejemplo, ATC 13/1983, fundamento jurídico 2)'.

Sobre las razones que pueden justificar, sin lesión del art. 23.2 CE , las pruebas restringidas para el acceso a la función pública, el Tribunal ha resuelto de un modo reiterado [ SSTC 27/1991 , de 14 de febrero , FJ 5 c ); 60/1994 , de 28 de febrero , FJ 5 ; 16/1998 , de 26 de enero, FJ 5 ; y 12/1999 , de 11 de febrero , FJ 3 ; 126/2008 , de 27 de octubre, FJ 3 , y 130/2009 , de 1 de junio , FJ 3] que 'no cabe excluir que, en determinados casos excepcionales, la diferencia de trato establecida en la Ley en favor de unos y en perjuicio de otros pueda considerarse como razonable, proporcionada y no arbitraria a los efectos de la desigualdad de trato que establece, siempre que dicha diferenciación se demuestre como un medio excepcional y adecuado para resolver una situación también excepcional, expresamente prevista en una norma con rango de Ley y con el objeto de alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima, entre las que se integra también la propia eficacia de la Administración Pública'.

En el mismo sentido la STC de 18 de febrero de 2021.

Sobre el derecho a la indemnización, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2021 cierra el debate (RCA 6103/2018, ECLI:ES: TS:4098) y fija la siguiente doctrina: Como se ha anticipado en el fundamento anterior la reciente sentenciade 27 de octubre de 2021 (recurso de casación: 3598/2018) recuerdalas anteriores de 28 de mayo y 21 de julio de 2020 (recursos decasación:5801/2017 y 102/2018) señalando que la doctrinajurisprudencial que ha fijado esta Sala y Sección es la de que 'el cesede un funcionario interino, con una única relación de servicios, nodetermina derecho a indemnización de 20 días de año de trabajodesempeñado previsto en la legislación laboral y no en la legislaciónfuncionarial' ( sentencia 602/2020 ). Y en la sentencia 1062/2020 sedice que 'La legislación española sobre función pública, que no prevé elabono de indemnización alguna a los funcionarios interinos, ni a losfuncionarios de carrera cuando se extingue la relación de servicio no seopone a la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco...'.

En definitiva no es posible reconocer al recurrente la condición de funcionario de carrera puesto que el acceso a la función pública ha de realizarse a través del correspondiente proceso selectivo , de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad constitucionalmente consagrados y de acuerdo con dispuesto en el TREBEP. No es posible tampoco crear, vía judicial, a solicitud del recurrente , una categoría inexistente en el derecho español, ni reconocer situaciones o estatus jurídicos que no encuentran en el derecho español , con la finalidad de colmar las pretensiones de estabilidad del recurrente. Se descarta igualmente el derecho a la indemnización pretendido así como la convocatoria de un proceso también diseñado ad hoc a medida del actor, pues al margen de la nula apoyatura legal para pretenderlo, excede del objeto del recurso.

QUINTO.- COSTAS.-De conformidad con el art 139 LJCA, la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la Administración autonómica no ha de conllevar la condena en costas, pues se interpuso hallándose pendiente una cuestión de interés casacional, que se revelaba esencial para la estimación de su recurso.

La desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación del recurrente don Juan Ignacio conduce a la imposición de costas al mismo hasta el límite de 800 euros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 LJCA.

Vistos los preceptos citados y demás de necesaria y pertinente aplicación, y

Fallo

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la Comunidad Autónoma de La Rioja y por la representación procesal de don Juan Ignacio frente a la sentencia de 8 de octubre de 2021 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Número Dos de Logroño, QUE CONFIRMAMOS EN SU INTEGRIDAD.

No se hace expresa imposición de costas a la administración.

Se imponen las costas al recurrente don Juan Ignacio hasta el límite de 800 euros.

Así por esta nuestra Sentencia, - de la que se llevará literal testimonio a los autos-, que es susceptible de recurso de casación en los términos establecidos en los artículos 86 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.