Sentencia Administrativo Nº 178/2015, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 152/2012 de 26 de Febrero de 2015

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

En Valencia, a veintiséis de febrero de dos mil quince.

VISTOS los presentes autos por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Srs. D. MARIANO FERRANDO MARZAL, Presidente, D. CARLOS ALTARRIBA CANO, D. EDILBERTO NARBÓN LAINEZ, Dª DESAMPARADOS IRUELA JIMÉNEZ y Dª ESTRELLA BLANES RODRÍGUEZ, Magistrados, ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA Nº: 178

En el recurso contencioso-administrativo número 152/2012, deducido por CERÁMICA EUROPEA DE FIGUEROLES S.L. frente a la resolución de la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 13 de junio de 2012, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por aquella mercantil contra la resolución de esa Presidenta de 18 de abril de 2012, dictada en el expediente nº 2010DV0390, por la que se impuso a dicha mercantil una sanción de 6.010,13 € por la comisión de una infracción calificada como menos grave tipificada en el art. 116.3.f) del Texto Refundido de la Ley de Aguas .

Ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO; siendo Magistrada Ponente Dª DESAMPARADOS IRUELA JIMÉNEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso contencioso-administrativo, y seguidos los trámites legales, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito solicitando se dictara sentencia que declarase la nulidad de las resoluciones administrativas impugnadas, condenando a la Administración a restituirle, en su caso, la cantidad que hubiere abonado, más los intereses legales desde la fecha de su efectivo pago, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia desestimando el recurso interpuesto de contrario y confirmando la legalidad de la actuación administrativa impugnada.

TERCERO.- Por la Sala se acordó el recibimiento del pleito a prueba, admitiéndose y practicándose las pruebas propuestas por las partes que fueron estimadas pertinentes. Finalizado el trámite conclusiones, se declaró el pleito concluso, quedando los autos pendientes de votación y fallo.

CUARTO.-Se señaló la deliberación y votación del asunto para el día veinticuatro de febrero de dos mil quince.

QUINTO.-En la tramitación del proceso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-La actora, la mercantil Cerámica Europea de Figueroles S.L., deduce el presente recurso contencioso-administrativo frente a la resolución de la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 13 de junio de 2012, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por aquella mercantil contra la resolución de esa Presidenta de 18 de abril de 2012, dictada en el expediente nº 2010DV0390, por la que se impuso a dicha mercantil una sanción de 6.010,13 € por la comisión de una infracción calificada como menos grave tipificada en el art. 116.3.f) del Texto Refundido de la Ley de Aguas , por la perpetración de los siguientes hechos: vertido a terreno de aguas residuales sin autorización procedentes de la balsa de almacenamiento de aguas industriales de dicha empresa, sita en el término municipal de Figueroles (Castellón).

En el acuerdo de incoación del expediente se indicaba que con el fin de poder calificar la infracción se había procedido, a tenor de lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, a calcular los daños producidos al dominio público hidráulico, siendo los criterios empleados para la valoración de daños a la calidad de las aguas los recogidos en la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, dando como resultado un daño por importe de 545,88 €, según así constaba en el acta que se adjuntaba a dicho acuerdo de incoación.

De conformidad con lo anterior, en la propuesta de resolución se recogía que, además, de la imposición de la sanción, procedía imponer a la infractora una indemnización por daños al dominio público hidráulico en la mencionada suma de 545,88 €.

En la aludida resolución sancionadora de 18 de abril de 2012, sin embargo, se señalaba por el órgano resolutorio que había que tener en cuenta que la STS 3ª, Sección 5ª, de 4 de noviembre de 2011 -recurso de casación número 6062/2010 - había declarado nula la Orden MAM/85/2008 en su proyección sancionadora y, en todo caso, la nulidad de sus arts. 3, 6, 10, 11, 12, 18 y 19.2, declaración de nulidad a resultas de la cual ya no se podían mantener los criterios seguidos en el expediente sancionador para valorar los daños al dominio público hidráulico, no obstante lo cual había quedado acreditado que, al tratarse de un vertido a terreno de aguas residuales sin depurar, el vertido analizado era altamente contaminante y había supuesto un importante impacto sobre el medio receptor, por lo que procedía confirmar que el vertido había causado daños al dominio público hidráulico, si bien no podía ser evaluado dicho daño efectivamente producido. No se imponía a la infractora, por ello, indemnización por daños al dominio público hidráulico.

SEGUNDO.- Para dar respuesta a las cuestiones que se suscitan en la presente litis ha de partirse de la STS 3ª, Sección 5ª, de 4 de noviembre de 2011 -recurso de casación número 6062/2010 - que se cita en la resolución administrativa sancionadora impugnada. Dicha sentencia declaró la nulidad de la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero -por la que se establecen los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y análisis de vertidos de aguas residuales (BOE nº 25, de 29 de enero de 2008)-, en los siguientes términos:

Primero: la nulidad de esa Orden Ministerial en cuanto establece criterios para la determinación de los daños al demanio hidráulico como pauta para la tipificación de las infracciones administrativas en materia de aguas, pero manteniendo su validez únicamente en cuanto actúa como parámetro y pauta de concreción del deber de indemnización de los daños ambientales que en ella se contemplan; y,

Segundo: la nulidad, en todo caso, de sus arts. 3, 6, 10, 11, 12, 18 y 19.2.

Tras reproducir en su fundamento jurídico tercero la doctrina constitucional en torno a los principios de legalidad y tipicidad en materia sancionadora, la STS de 4 de noviembre de 2011 subraya en su fundamento jurídico cuarto que la finalidad de esa Orden MAM/85/2008 es, tal como pone de manifiesto su art. 1, 'determinar los criterios técnicos para la valoración de los daños ocasionados al dominio público hidráulico como consecuencia de la comisión de infracciones por incumplimiento de lo establecido en la legislación de aguas, así como, en los supuestos de conductas que puedan producir daños en la calidad del agua, las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales', y ello con un doble propósito: primero, determinar la exacta calificación o tipificación de las conductas sancionables dentro del catálogo de infracciones concordadamente establecido en la Ley de Aguas y su Reglamento de desarrollo, y segundo, fijar los umbrales de referencia en orden al cumplimiento del deber de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por dichas conductas.

Descendiendo a los motivos por los que la STS de 4 de noviembre de 2011 estima que la referida Orden MAM/85/2008 es nula en cuanto establece criterios para la determinación de los daños al demanio hidráulico como pauta para la tipificación de las infracciones administrativas en materia de aguas, es decir, en cuanto opera como parámetro de tipificación de infracciones por daños a ese demanio, señala el Tribunal Supremo lo siguiente:

-la remisión al reglamento que efectúa el art. 117.1 de la Ley de Aguas para la calificación de los tipos infractores previstos en el art. 116.3 de dicha ley como leves, menos graves, graves o muy graves atendiendo a las circunstancias enumeradas en ese mismo art. 117.1 se hace en términos amplios, pero suficientes para descartar que se trate de una remisión normativa por parte del legislador 'en blanco' y, por tanto, que sea incompatible con el contenido esencial del principio de legalidad.

-sobre la base de esa amplia remisión normativa, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, establece en sus arts. 315 a 317 un catálogo de infracciones leves, menos graves, graves y muy graves delimitando la graduación en atención a la valoración de los daños ocasionados a los elementos del demanio hidráulico.

-por último, el art. 326.1 del citado Reglamento del Dominio Público Hidráulico dispone que para la valoración por el órgano sancionador de los daños al dominio público hidráulico el Ministro de Medio Ambiente establecerá los criterios técnicos para su determinación, añadiendo el apartado 2 de ese precepto reglamentario que si los daños se hubiesen producido en la calidad del agua, para su valoración se atenderá al coste del tratamiento del vertido, a su peligrosidad y a la sensibilidad del medio receptor.

A través de los aludidos preceptos reglamentarios entiende el TS que no se satisface el objetivo de la remisión normativa efectuada por el legislador, pues no facilitan criterios para la medición del daño y la consiguiente determinación de la infracción cometida, de tal modo que, en definitiva, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que debería haber rellenado el contenido de la ley en cuanto concierne a la definición de las conductas infractoras, resulta sin embargo 'neutro' en este punto, puesto que no aporta nada significativo respecto de lo que la ley dice, sino que desplaza la regulación material a una ulterior Orden Ministerial. El resultado final de esa sucesiva y descendente remisión normativa es, según continúa razonando el Tribunal Supremo en la mencionada STS de 4 de noviembre de 2011 , que si se atiende únicamente a la redacción de los tipos infractores de la Ley de Aguas y su Reglamento general de desarrollo, resulta imposible determinar con la mínima exactitud necesaria la concreta tipificación que se anuda a la realización de las conductas infractoras, haciéndose, pues, imprescindible integrar, a tal efecto, esas normas con la Orden MAM/85/2008, que es la que realmente proporciona los datos para llevar a cabo la labor de incardinación de la conducta en el tipo sancionador, y tal forma de regular el marco normativo sancionador en materia de aguas no respeta el principio de legalidad de las infracciones administrativas consagrado en el art. 25 de la Constitución .

A resultas de lo fundamentado concluye el Tribunal Supremo en el fundamento jurídico quinto de la expresada sentencia que la indicada Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, es contraria a Derecho en cuanto a través de la misma se establece un régimen sancionador de forma contraria al principio de legalidad del artículo 25 C.E ., precitado.

TERCERO.- A distinta conclusión llega la referida STS 3ª, Sección 5ª, de 4 de noviembre de 2011 , en lo relativo a la adecuación a derecho de la Orden MAM/85/2008 en cuanto ésta fija los umbrales de referencia en orden al cumplimiento del deber de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico por las conductas sancionables dentro del catálogo de infracciones establecido en la Ley de Aguas y su Reglamento de desarrollo. En este punto el Tribunal Supremo toma en consideración -fundamento jurídico quinto- que, a diferencia del primer aspecto de aquella Orden MAM examinado, es decir, en cuanto esa Orden opera como parámetro de tipificación de infracciones por daños al demanio hidráulico, en este segundo aspecto, esto es, en cuanto actúa como parámetro y pauta de concreción del deber de indemnización de los daños ambientales que en ella se contemplan, no rige en todo su vigor el principio de legalidad, por lo que la Orden Ministerial concernida mantiene su validez, razón por la cual el TS declara una nulidad parcial y sectorial de la misma.

Recapitulando, la STS de 4 de noviembre de 2011 declara nula la Orden MAM/85/2008 desde la perspectiva de la tipificación de infracciones y sanciones, pero declara su validez en cuanto regula los elementos a considerar para determinar las indemnizaciones derivadas de las infracciones por daños al demanio público hidráulico.

CUARTO.- Sentado lo anterior, en su fundamento jurídico octavo la STS de 4 de noviembre de 2011 declara la nulidad, en todo caso, de los arts. 3, 6, 10 y 18 de la precitada Orden del Ministerio de Medio Ambiente 85/2008, por incluir fórmulas de valoración y cuantificación del daño al dominio público hidráulico a efectos indemnizatorios que toman en consideración el importe de las medidas medioambientales correctoras, infringiendo con ello lo dispuesto en el art. 325.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en relación con la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En este punto, el Tribunal Supremo parte de la base de que en el sistema diseñado por el referido precepto reglamentario el deber de indemnizar constituye una obligación añadida que sólo deviene exigible cuando la reparación/reposición del demanio se advierte imposible o insuficiente, por lo que no resulta correcto introducir o sumar el coste de reparación en la cuantificación del daño indemnizable, pues si así se procede se está valorando dos veces el mismo concepto: primero, en cuanto se exige la reparación/reposición (que implica, por principio, un coste económico), y segundo, en la medida que el coste de esa reparación se incluye, además, en la determinación del quantum indemnizatorio. Añade el TS que precisamente porque la obligación de reparar los daños causados al medio ambiente y reponer las cosas a su estado debido ya está garantizada por la mencionada Ley 26/2007, tiene pleno sentido y coherencia lógica que el art. 325.1 , antecitado, limite la exigencia de establecimiento de un deber indemnizatorio a aquellos casos en que la reparación/reposición efectuada sea inútil o insuficiente.

Consiguientemente, continúa razonando la STS 3ª, Sección 5ª, de 4 de noviembre de 2011 , la Orden MAM/85/2008 debió ser coherente con ese marco normativo, limitando su objeto y finalidad a la determinación de las reglas técnicas para la valoración del daño y el consiguiente deber de indemnizar cuando -y sólo cuando- la reparación y reposición del dominio público se ha revelado inviable o incompleta, y ello sin incluir en el quantum indemnizatorio el coste de reparación. Sin embargo, añade el TS, no ha sido así, pues el art. 3 establece una fórmula de valoración de los daños que incluye el coste de las medidas de restauración ambiental que restituyan el dominio público hidráulico a un estado lo más cercano posible al original -CRA-, con lo que se produce el efecto indeseable antes aludido de valorar dos veces el mismo concepto. Y lo mismo cabe decir, a criterio del Tribunal Supremo, respecto del art. 6 -referido a los daños por obras, destrozos, sustracciones, actuaciones u ocupaciones no autorizadas, incluyendo el depósito de escombros y la instalación de estructuras móviles- y de los arts. 10 -relativo a la estimación de daños en la calidad del agua por vertidos de aguas residuales- y 18 -concerniente a daños en la calidad del agua por vertidos de residuos en estado líquido o en forma de lodos-, preceptos que incluyen unas fórmulas de valoración y cuantificación del daño a efectos indemnizatorios que toman en consideración el importe de las medidas medioambientales correctoras.

QUINTO.- Por último, la indicada STS 3ª, Sección 5ª, de 4 de noviembre de 2011 declara también, en su fundamento jurídico noveno, la nulidad, en todo caso, de los arts. 11 , 12 y 19.2 de la repetida Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia de los arts. 24 de la Constitución y 137 de la Ley 30/1992 , al recoger los precitados arts. 11, 12 criterios de determinación del caudal vertido y del tiempo del vertido que no respetan dicha presunción, extendiéndose esa vulneración a la previsión de excepción de toma de muestras del vertido contemplada en el art. 19.2 de la Orden. Tales preceptos, según manifiesta el TS, desbordan la propia finalidad de esa Orden Ministerial, en tanto en cuanto a través de ellos no se regulan propiamente criterios técnicos para valoración de daños en la calidad del agua, sino que se establece un sistema de presunciones probatorias en contra del expedientado, ajeno al contenido de la norma en que se insertan, y para cuya determinación esta norma carece de habilitación.

SEXTO.- No puede dejar de señalarse también que la fundamentación jurídica de la anterior STS de 4 de noviembre de 2011 ha sido matizada por la STS del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 3 de diciembre de 2013 - recurso contencioso-administrativo número 557/2011 -, aclarando que la introducción por el art. 326.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico , en su modificación operada por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, del mandato de que, a efectos de que el órgano sancionador realizara la valoración de daños al dominio público hidráulico, el Ministerio de Medio Ambiente estableciera 'los criterios técnicos para su valoración', no podía ser interpretada en el sentido de que ese mandato determinara que el previo establecimiento de criterios técnicos pasara a ser un elemento constitutivo del tipo infractor, sin el cual la definición contenida en éste hubiera de entenderse incompleta o sin el cual no pudiera aplicarse, pues un cambio de tal trascendencia en el régimen sancionador ya regulado en el TRLA y en el RDPH no podía ser hecho por una norma de rango reglamentario. Por tanto, continúa razonando la indicada STS de 3 de diciembre de 2013 , el no establecimiento por las Juntas de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas de criterios generales de valoración de daños al dominio público hidráulico, o la nulidad de la Orden MAM/85/2008 en cuanto instrumento para la calificación y tipificación de las infracciones, no puede comportar la desaparición o inaplicación del régimen sancionador previsto en el TRLA y en el RDPH, habiendo de estarse al contenido de cada procedimiento para comprobar, primero, los criterios que se aplicaron para realizar la valoración, y determinar, después, si su proyección al caso concreto es conforme a derecho, siendo lo relevante, a los efectos de fijar los daños ocasionados al dominio público hidráulico, que en el expediente administrativo se encuentre justificación y motivación suficiente para que la valoración pueda ser comprendida por el sancionado e impugnada ante los Tribunales, ya que ni del texto del TRLA ni del RDPH se deduce que la previa fijación de aquellos criterios generales se contemplara en ellos como un elemento constitutivo de la tipicidad, sin el cual la definición del tipo estuviera incompleta.

Por lo anterior concluye dicha sentencia de 3 de diciembre de 2013 del Pleno de la Sala 3ª del Tribunal Supremo que las valoraciones de daños al dominio público hidráulico efectuadas en los términos expuestos son válidas y puede, en consecuencia, sustentarse en las mismas tanto la calificación de la infracción y la sanción que merece como la imposición de la obligación de indemnizar tales daños, ello porque las normas jurídicas entonces vigentes (anteriores a las modificaciones llevadas a cabo por el Real Decreto 367/2010, así como por el Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, sustituido luego por la Ley 11/2012, de 19 de diciembre) no imponían como únicas valoraciones admisibles las que estuvieran basadas en criterios técnicos de carácter general previamente establecidos. Añade por último esa sentencia del Pleno del T.S. que el hecho de que sean válidas a esos dos efectos aquellas valoraciones no significa (como ocurre también con las que se sustentan en los criterios técnicos ya establecidos) que sean certeras, sino que pueden ser combatidas en el proceso, teniendo el órgano jurisdiccional que analizarlas y decidir, si la cuantía de los daños al dominio público hidráulico fijada por la Administración es o no la que ha de tomarse en consideración.

SÉPTIMO.- En el caso enjuiciado en el recurso contencioso-administrativo de autos, la resolución de la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 18 de abril de 2012 impuso a la ahora demandante, según ha sido ya dicho, una sanción de 6.010,13 € como responsable de la comisión de una infracción calificada como menos grave tipificada en el art. 116.3.f) del Texto Refundido de la Ley de Aguas . Esa resolución no establecía, apartándose en este punto de la propuesta de resolución, la obligación de la infractora de indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico, por considerar la Presidenta de la Confederación que había que tener en cuenta que la STS 3ª, Sección 5ª, de 4 de noviembre de 2011 había declarado nula la Orden MAM/85/2008 en su proyección sancionadora y, en todo caso, la nulidad de sus arts. 3, 6, 10, 11, 12, 18 y 19.2, declaración de nulidad a resultas de la cual ya no se podían mantener los criterios seguidos en el expediente sancionador en cuestión para valorar los daños al dominio público hidráulico. Ello no obstante, añadía la mencionada resolución de 18 de abril de 2012, había quedado acreditado que, al tratarse de un vertido a terreno de aguas residuales sin depurar, el vertido analizado era altamente contaminante y había supuesto un importante impacto sobre el medio receptor, por lo que procedía confirmar que el vertido había causado daños al dominio público hidráulico, si bien no podía ser evaluado dicho daño efectivamente producido.

Es decir, la resolución sancionadora ya no imponía a la mercantil infractora la obligación de indemnizar los daños al dominio público hidráulico (que tanto en el acuerdo de incoación del expediente como en la propuesta de resolución se cuantificaban en la suma de 545,88 €, según se señalaba en el acta que se adjuntaba con ese acuerdo inicial), por entender el órgano resolutorio que habían quedado invalidados los criterios empleados en el expediente para valorar tales daños y, por consiguiente, éstos no podían ser evaluados; pero, a pesar de ello, la citada resolución sancionadora mantenía la imputación de la infracción, su calificación como menos grave y la imposición de la sanción.

Pues bien, a criterio de la Sala ese proceder de la Administración no se ajusta a derecho. Siendo inválida, según expresamente admite la resolución sancionadora, la valoración de daños al dominio público hidráulico llevada a cabo en el expediente conforme a la Orden MAM/85/2008, la consecuencia principal que de ello se deriva es la anulación de la infracción y de la sanción, pues si no existe valoración de daños no se sustenta ni la subsunción de los hechos imputados en el tipo del art. 116.3.f) del Texto Refundido de la Ley de Aguas ni la calificación de la infracción como menos grave ni, por último, tampoco la sanción.

En efecto, anulada por la STS 3ª de 4 de noviembre de 2011 la Orden MAM/85/2008 en que se basó la Confederación Hidrográfica del Júcar para valorar los daños causados al dominio público hidráulico por la actora, y no existiendo en el expediente, por tanto, ninguna otra valoración de daños en los términos admitidos por la STS del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 3 de diciembre de 2013 , resulta imposible, según afirma aquella STS de 4 de noviembre de 2011 , determinar con la mínima exactitud necesaria, atendiendo únicamente a la redacción de los tipos infractores de la Ley de Aguas y su Reglamento general de desarrollo, la concreta tipificación que se anuda a la realización de las conductas infractoras en las que el daño al dominio público hidráulico opera como elemento esencial del tipo infractor.

Por lo expuesto, la resolución administrativa impugnada ha de ser anulada.

Con ello acoge la Sala la alegación formulada por la recurrente en su escrito de demanda acerca de la improcedencia de la calificación de la infracción por la Administración al ser un requisito indispensable a tal fin la existencia de daños al dominio público hidráulico, no pudiéndose llevar a cabo dicha calificación, según razona la demandante, cuando no ha existido evaluación de daños.

En suma procede, de conformidad con todo lo fundamentado, y sin necesidad de examinar las restantes alegaciones impugnatorias formuladas por la mercantil demandante, estimar el recurso contencioso-administrativo y anular, por ser contraria a derecho, la resolución de la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 13 de junio de 2012, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por tal mercantil contra la resolución de esa Presidenta de 18 de abril de 2012, dictada en el expediente nº 2010DV0390.

En último lugar procede, a tenor de lo postulado por la actora, condenar a la Administración demandada a restituirle, en su caso, la cantidad que hubiere abonado, más los intereses legales desde la fecha de su efectivo pago.

OCTAVO.- En virtud de lo regulado en el art. 139.1 de la Ley 29/1998 , en su redacción dada por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal -aplicable por razones temporales al recurso contencioso-administrativo de autos-, procede hacer expresa imposición de costas procesales a la Administración demandada, al haber visto rechazadas ésta todas sus pretensiones.

No obstante lo anterior la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el art. 139.3 de la citada ley , limita el importe de las costas fijándolo en la cifra máxima total de 500 € por gastos de defensa y representación de la parte actora, atendiendo tanto a la actividad procesal desplegada por esta parte como a la entidad del recurso.

Vistos los preceptos legales antecitados, concordantes y demás de general aplicación,

Fallo

1.- Estimar el recurso contencioso-administrativo 152/2012, deducido por Cerámica Europea de Figueroles S.L. frente a la resolución de la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 13 de junio de 2012, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por aquella mercantil contra la resolución de esa Presidenta de 18 de abril de 2012, dictada en el expediente nº 2010DV0390, por la que se impuso a dicha mercantil una sanción de 6.010,13 € por la comisión de una infracción calificada como menos grave tipificada en el art. 116.3.f) del Texto Refundido de la Ley de Aguas .

2.- Anular las anteriores resoluciones administrativas, por ser contrarias a derecho.

3.- Condenar a la Administración demandada a restituir a la demandante, en su caso, la cantidad que ésta hubiere abonado en el citado expediente nº 2010DV0390, más los intereses legales desde la fecha de su efectivo pago.

4.- Condenar asimismo a la Administración demandada al pago de costas procesales, cuyo importe se limita por la Sala fijándolo en la cifra máxima total de 500 € por gastos de defensa y representación de la parte actora.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente rollo de apelación, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de la que como Secretario de la misma, certifico.