Sentencia Administrativo Nº 1941/2015, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 756/2013 de 11 de Septiembre de 2015

Encabezamiento

T.S.J.CASTILLA-LEON CON/ADVALLADOLID

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

Sala de lo Contencioso-administrativo de

VALLADOLID

Sección Tercera

SENTENCIA: 01941/2015

N11600

N.I.G: 47186 33 3 2013 0101207

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000756 /2013

Sobre: ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA

De D. Amador

LETRADO D. JAIME CABEZA GRAS

PROCURADORA D.ª MARIA CRISTINA GOICOECHEA TORRES

Contra TEAR

ABOGADO DEL ESTADO

Ilmos. Sres. Magistrados:

Doña MARÍA ANTONIA DE LALLANA DUPLÁ

Don FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ

Don FRANCISCO JAVIER ZATARAÍN Y VALDEMORO

En Valladolid, a once de septiembre de dos mil quince.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, integrada por los Magistrados expresados al margen, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA NÚM. 1941/15

En el recurso contencioso-administrativo núm. 756/13interpuesto por don Amador , representado por la Procuradora Sra. Goicoechea Torres y defendido por el Letrado Sr. Cabeza Gras, contra Resolución de 30 de abril de 2013 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Valladolid (reclamación núm. NUM000 ), siendo parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado, sobre Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2006 y 2007 (liquidación y sanción).

Ha sido ponenteel Magistrado don FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.-Mediante escrito de fecha 9 de julio de 2013 don Amador interpuso recurso contencioso- administrativo contra la Resolución de 30 de abril de 2013 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, desestimatoria de la reclamación núm. NUM000 en su día presentada contra la liquidación derivada del Acta de disconformidad nº NUM001 del IVA de los ejercicios 2006 y 2007 y contra la sanción dimanante de la citada liquidación, dictados por la Inspectora Regional Adjunta, sede León, de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castilla y León.

SEGUNDO.-Por interpuesto y admitido el presente recurso y recibido el expediente administrativo, la parte actora dedujo en fecha la demanda.

TERCERO.-Una vez se tuvo por deducida la demanda, confiriéndose traslado de la misma a la parte demandada para que contestara en el término de veinte días, mediante escrito de fecha 1 de abril de 2014 la Abogacía del Estado se opuso a las pretensiones actoras solicitando la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, con imposición de costas a la parte recurrente.

CUARTO.-Contestada la demanda se fijó la cuantía del recurso en 65.650,22 €, denegándose el recibimiento del proceso a prueba por ser innecesaria la propuesta, presentando las partes sus respectivos escritos de conclusiones, y quedando las actuaciones en fecha 7 de julio de 2014 pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que se efectuó el día 10 de septiembre de 2015.

QUINTO.-En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites marcados por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA), aunque no los plazos en ella fijados dado el volumen de trabajo y la pendencia que existe en la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.-Resolución impugnada y pretensiones de las partes. Precedentes judiciales.

Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la Resolución de 30 de abril de 2013 del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Castilla y León, desestimatoria de la reclamación núm. NUM000 en su día presentada contra la liquidación derivada del Acta de disconformidad nº NUM001 del IVA de los ejercicios 2006 y 2007 y contra la sanción dimanante de la citada liquidación, dictados por la Inspectora Regional Adjunta, sede León, de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castilla y León.

La Resolución impugnada desestimó las reclamaciones por entender, en esencia, que no existen dos unidades económicas generadoras de rentas correspondientes al reclamante y su hermana sino que la única actividad desarrollada es la efectuada por el reclamante.

Por Sentencia de esta Sala y Sección de 31 de marzo de 2015 recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 755/13 interpuesto por doña Mónica contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, con sede en Valladolid, de 31 de enero de 2013, dictada en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2006 y 2007, hemos dicho lo siguiente:

« PRIMERO.- Se impugna por la demandante en esta sede judicial la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, con sede en Valladolid, de treinta y uno de enero de dos mil trece, dictada en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido de los años 2006 y 2007. Entiende la actora que dicha Resolución, que desestima íntegramente su reclamación núm. 24/1041/11, no es ajustada a derecho, pues sus declaraciones e ingresos de cuotas de IVA de acuerdo al régimen simplificado de los ejercicios 2006 y 2007 por el ejercicio de su actividad empresarial de transporte de mercancías son correctas y conformes con la normativa aplicable, no siéndolo, por el contrario, la actuación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que viene a considerar que no se está, en su caso, ante un negocio de transporte diferente del que desarrolla su hermano don Amador , pues aunque el mismo se dedica, como la demandante, a actividades de transporte, sin embargo, lo hace de madera diferenciada de la de su hermano; de ahí que ambas actividades deban, como hicieron constar en sus respectivas autoliquidaciones hacerse de manera diferenciada y no conjuntamente; por lo que, tanto desde el punto de las actuaciones ordinarias recaudatorias, como las de tipo sancionador, no pueden ser amparadas por la administración de justicia. Por el contrario, la Abogacía del Estado, en la representación que legalmente tiene conferida de la Agencia €statal de Administración Tributaria, conforme el artículo 108.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 , pide la desestimación de la demanda y la confirmación de la resolución recurrida, al ser la misma conforme a derecho, tal y como se recoge en su razonamiento y se deriva de lo que resulta del procedimiento administrativo seguido al efecto.

SEGUNDO.-El centro de la controversia entre las partes deriva, sucintamente expuesto, de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no considera verídica la existencia de dos actividades diferenciadas pertenecientes a don Amador y doña Mónica , sino que estima que se trata de una única actividad, en la que, aparentemente, hay distintas empresas, cuyo desdoblamiento puede provenir del deseo de los interesados en obtener un mejor tratamiento fiscal para los ingresos obtenidos de la actividad empresarial, bien por el expediente de aplicar el sistema de estimación objetiva, bien por el de limitar la aplicación de la progresividad fiscal. Así, La AEAT considera que doña Mónica simuló ejercer una actividad empresarial de transporte de mercancías, cuando quien realmente ejercía dicha actividad era don Amador , que es el centro de decisión y organización de los medios personales y materiales; por este motivo se ha considerado como imputables a Don Amador , la totalidad de ingresos de explotación y gastos de doña Mónica .

La cuestión debatida ha sido resuelta con relación a la liquidación practicada a Don Amador por el IRPF del ejercicio 2006 y sanción tributaria, en la sentencia dictada por esta Sala en fecha 27 de marzo de 2015 en el recurso 754/2013 , a cuyas consideraciones nos remitimos. Decimos en esta sentencia:

Entiende el actor que dicha Resolución, que desestima íntegramente su reclamación, no es ajustada a derecho, pues su autodeclaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es conforme a la normativa aplicable y no lo es, por el contrario, al actuación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que viene a considerar que no se está, en su caso, ante un negocio de transporte diferente del que desarrolla su hermana doña Mónica , pues aunque la misma se dedica, como el demandante, a actividades de transporte, sin embargo, lo hace de madera diferenciada de la de su hermano; de ahí que ambas actividades deban, como hicieron constar en sus respectivas autoliquidaciones hacerse de manera diferenciada y no conjuntamente; por lo que, tanto desde el punto de las actuaciones ordinarias recaudatorias, como las de tipo sancionador, no pueden ser amparadas por la administración de justicia. Por el contrario, la Abogacía del Estado, en la representación que legalmente tiene conferida de la Agencia €statal de Administración Tributaria, conforme el artículo 108.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 , pide la desestimación de la demanda y la confirmación de la resolución recurrida, al ser la misma conforme a derecho, tal y como se recoge en su razonamiento y se deriva de lo que resulta del procedimiento administrativo seguido al efecto.

II.- El centro de la controversia entre las partes deriva, sucintamente expuesto, de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no considera verídica la existencia de dos actividades diferenciadas pertenecientes a don Amador y doña Mónica , sino que estima que se trata de una única actividad, en la que, aparentemente, hay distintas empresas, cuyo desdoblamiento puede provenir del deseo de los interesados en obtener un mejor tratamiento fiscal para sus ingresos, bien por el expediente de aplicar el sistema de estimación objetiva, bien por el de limitar la aplicación de la progresividad fiscal. Por el contrario, el contribuyente plantea la certeza de actividades diferenciadas perteneciente, cada una a uno de los obligados tributarios.

Para resolver esta cuestión ha de partirse de que no cabe dudarse de la obviedad, y que ya hemos reflejado en alguna ocasión anterior, de que si una actuación no conforme con el derecho quiere producir efectos aparentes, debe guardar una cobertura determinada que permita pensar que es real y verídica. De esta manera, hay una verdad aparente o formal que solo normalmente a través de pruebas indirectas e indiciarias puede comprobarse que no es cierta, pues la realidad cotidiana no suele mostrar que lo que no se quiere que se aprecie, se muestre en registros públicos. Por lo tanto, cuando en un caso como el de este proceso, la administración tributaria pretende que aflore una realidad que estima aparece oculta, debe encadenar indicios de los que una lógica conexión, según las reglas del saber humano, lleven a una conclusión cierta - artículo 108.2 de la Ley General Tributaria, en relación con el 386 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil . Por otra parte, las propias normas tributarias, como las generales del derecho, ponen de manifiesto que los registros públicos y las declaraciones fiscales expresan verdades que, salvo prueba en contrario, cabe entender como ciertas - artículo 108.4 de la propia Ley General Tributaria -, lo que determina que esa prueba contraria es posible y que corresponde, evidentemente, acreditarlo a quien lo afirma.

La trascendencia de las pruebas de tipo indiciario impone recordar cómo deben valorarse las mismas. Para ello, y vista la vinculación que impone el artículo 5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , y aunque se trate de una jurisdicción diferente, ha de traerse a la consideración de este caso, la doctrina del Tribunal de Amparo cuando en su S. 146/2014, de 22 septiembre, recoge que, «3. En relación con esta concreta cuestión suscitada por el demandante, es preciso recordar la jurisprudencia constitucional aplicable al caso que ya se expuso en la citada STC 133/2014 , FJ 8, en la que se señalaba que este Tribunal, en la STC 126/2011, de 18 de julio , recordando lo establecido en la STC 109/2009, de 11 de mayo , FJ 3, afirma «que 'según venimos sosteniendo desde la STC 174/1985, de 17 de diciembre , a falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) el hecho o los hechos base (o indicios) han de estar plenamente probados; 2) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base completamente probados; 3) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; 4) y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre (FJ 2), 'en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes ( SSTC 220/1998, de 16 de noviembre, FJ 4 ; 124/2001, de 4 de junio, FJ 12 ; 300/2005, de 21 de noviembre, FJ 3 ; 111/2008, de 22 de septiembre , FJ 3).» Criterios que, por su carácter general, y más allá de dictados en relación con un proceso penal, no dejan de regir, con sus peculiaridades, en materia contencioso-administrativa. Esa misma resolución del Tribunal de Amparo nos dice que, «El control de constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde el canon de su lógica o cohesión (de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él), como desde su suficiencia o calidad concluyente (no siendo, pues, razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa), si bien en este último caso el Tribunal Constitucional ha de ser especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías del acervo probatorio. Por ello se afirma que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento 'cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada' ( STC 229/2003, de 18 de diciembre , FJ 4)» (FJ 23)..-Por su parte, también resulta preciso recordar que en la STC 15/2014, de 30 de enero , se afirma «que nuestra jurisdicción se ciñe a efectuar un control externo, de modo que 'el juicio de amparo constitucional versa acerca de la razonabilidad del nexo establecido por la jurisdicción ordinaria, sin que podamos entrar a examinar otras posibles inferencias propuestas por quien solicita el amparo' ( STC 220/1998, de 16 de noviembre , FJ 3) y, de otro, que 'entre diversas alternativas igualmente lógicas, nuestro control no puede alcanzar la sustitución de la valoración efectuada por los órganos judiciales, ni siquiera afirmar que fuera significativamente más probable un acaecimiento alternativo de los hechos' ( STC 124/2001, de 4 de junio , FJ 13)» (FJ 6). E, igualmente, que en la STC 1/2009, de 12 de enero , se establece que nuestro parámetro de control «respetuoso con el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria en orden a la fijación de los hechos, sólo considera 'insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable' (por todas STC 123/2006, de 24 de abril , FJ 5)» (FJ 4), lo que es posteriormente reiterado en la ya citada STC 126/2011 , FJ 25, en que también se mencionan las SSTC 209/2007, de 24 de septiembre ; 70/2007, de 16 de abril ; 104/2006, de 3 de abril ; 296/2005, de 21 de noviembre ; 263/2005, de 24 de octubre ; y 145/2005, de 6 de junio . Por último, como establece la STC 148/2009, de 15 de junio , «también se ha puesto de manifiesto que dentro del control que le corresponde realizar a este Tribunal sobre la eventual vulneración de este derecho se encuentra verificar si se ha dejado de someter a valoración la versión o la prueba de descargo aportada, concretándose que se exige solamente ponderar los distintos elementos probatorios, pero sin que ello implique que esa ponderación se realice de modo pormenorizado, ni que la ponderación se lleve a cabo del modo pretendido por el recurrente, sino solamente que se ofrezca una explicación para su rechazo (por todas, STC 187/2006, de 19 de junio , FJ 2)» (FJ 4).».

III.- Dicho lo anterior, a manera de planteamiento general, es preciso indicar igualmente que en el presente caso es cierto que formalmente el actor y su hermana desarrollan actividades independientes conforme a la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable al caso y que no hay, realmente, ninguna razón legal que impida, en líneas generales, que dos hermanos actúen en el mercado de forma independiente el uno del otro, por más que la actividad que desarrollen sea la misma; es decir, la ley no impide que los hermanos 'compitan' en el mercado con sus propios medios. Del mismo modo, ha de señalarse que la lucha contra el fraude tributario, aunque regido, obviamente, por las normas vigentes en cada momento, y que cada día son, necesariamente, más precisas y contundentes, no es algo 'nuevo' que solo quepa desarrollar a partir de la aplicación de las nuevas disposiciones legales, sino que, con respeto indudable para la Constitución y las leyes que predica el artículo 9.1 de nuestra Carta Magna , es algo tan antiguo como la existencia de los tributos y que, por ello, la apariencia externa del actuar de los obligados tributarios no es algo que 'aparezca' como no vinculante con la legislación fiscal hoy vigente, sino que, tanto la legislación tributaria común -las Leyes Generales Tributarias de 1963 y 2003-, y la normativa ordinaria - singularmente la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Civil-, han proveído y proveen de un arsenal jurídico suficiente para corregir las indebidas aplicaciones de los tributos que los obligados tributarios emplean y que tratan de aplicar indebidamente ventajas fiscales no queridas por el legislador.

IV.- Aceptado, pues, que es perfectamente posible desde la legalidad que dos personas unidas por vínculos fraternales puedan actuar independientemente en el mismo ámbito negocial, ello es algo que, en principio, no puede impedir apreciar que en los autos haya una serie de datos que obstaculizan entender que se produzca precisamente tal independencia; son datos que, cabe entender, que tomados aisladamente de uno en uno, puedan merecer un juicio no definitivo, pero que, considerados conjuntamente, sí conducen a una única conclusión lógica en el presente caso.

Así, es pacífico que los dos hermanos, don Amador y doña Mónica , que se dedican, precisamente, a la misma actividad de transporte, coinciden en tener un mismo domicilio fiscal y un lugar común donde desarrollan su actividad. Que intervinieron, junto con otra tercera persona, precisamente su madre, simultáneamente, en la adquisición del lugar donde desarrollan su actividad empresarial. Además, su principal cliente, que es una empresa, ciertamente importante, es la misma y desarrollan sus actividades de transporte por rutas semejantes, sin diferenciación de lugares de entrega, girando sus facturas en modelos muy parecidos. Del mismo modo, cuando se adquieren los vehículos por cualquiera de los hermanos Amador Mónica , el otro suele aparecer como avalista o fiador del adquirente. Del mismo modo, quienes trabajan para uno de los hermanos, suelen pasar a trabajar a continuación para el otro Y aunque las adquisiciones de combustible no son coincidentes, sin embargo los ingresos de los dos hermanos no se diferencian excesivamente, con lo que, extrañamente, alguno de los dos hermanos aparentemente sabe mejor aprovechar los suministros y obtener mejores rendimientos, lo que, realmente, no suele suceder en un medio, como el transporte, donde los elementos diferenciadores no resulta imaginable que provengan de saber aprovechar mejor los suministros de combustible.

Estos datos, a través de un meditado estudio individualizado de cada uno, se presentan en la demanda como faltos de razón de ser para justificar la unidad de actividad. Es cierto que, tomados singularmente, pueden explicarse, pero tomados conjuntamente, llevan a una única conclusión lógica, que es la alcanzada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Efectivamente, solo los hermanos Amador Mónica comparten domicilio fiscal, propiedad y lugar de trabajo; solo ellos, junto con su madre, hacen compras importantes de bienes costosos y se afianzan mutuamente; solo ellos comparten el principal cliente, rutas y sus trabajadores pasan de uno a otro, reflejándose en facturas parecidas sus transportes; sus ingresos no son disimilares, pese a ser diferentes sus gastos de combustible, los cuales, en muchos meses, parecen compensarse con los que compra un hermano, con los que no adquirió el otro anteriormente. Tales circunstancias, unidas a alguna anecdótica, pero existente, como es la unidad de asesoramiento, si algo ponen de relieve es que don Amador y doña Mónica 'no compiten' entre sí en el mercado, sino que lo que hacen es actuar conjuntamente en el mismo. Cierto es que hay datos no coincidentes, como la expedición de facturas a los clientes o la compra no combustible -con las peculiaridades vistas-; pero esas disimilitudes no son bastantes para romper la apariencia que los datos reflejados nos dan. Recuérdese que lo que formalmente hacen don Amador y doña Mónica es competir entre sí y con el resto de los transportistas y que esa forma externa es para ellos extremadamente beneficiosa, pues puede permitir aplicar sistemas de módulos o romper la progresividad del impuesto, según el tributo de que se trata. Más bien de los datos que aporta la Agencia Estatal de Administración Tributaria se sigue que los dos hermanos 'coinciden' en el negocio, que es uno, y no compiten en el mismo y que diferenciar entre dos negocios distintos no es algo que responda a la realidad cierta de los hechos. Es cierto que algunos datos no determinan la coincidencia, pero, por una parte, son los menos y de muy poca trascendencia, y, por otra, obedecen a la lógica de ofrecer una apariencia de disimilitud que ampare la afirmación de estarse ante negocios diferentes.

Por lo tanto, lo que es el centro del debate no ofrece dudas a la Sala. La administración ha acreditado, dentro de lo que le es dado, que hay un único negocio, aunque formalmente parezcan dos, y como tal ha de entenderse que la demanda, en lo que a este extremo, carece de fundamentación para estimarse. Así, doña Mónica simuló ejercer una actividad empresarial de transporte de mercancías, cuando quien realmente ejercía la actividad era don Amador . Éste era quien ordenaba por cuenta propia los factores productivos (recursos financieros, materiales y humanos), existiendo un solo centro de decisión que conforma una sola unida económica y una sola fuente de renta. De ahí que no pueda acogerse la tesis de la parte actora al respecto en lo que al ámbito principal del litigio se refiere.

V.- En lo que respecta al ámbito sancionador, se discute la tipificación del hecho y la concurrencia del elemento subjetivo de la culpabilidad del demandante. La primera cuestión, básicamente, negando, el presupuesto de que parte la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre la apariencia errónea que el actor crea en sus liquidaciones. La Sala, como ha quedado expuesto, no comparte tal tesis. Don Amador no ha declarado la íntegra totalidad de sus ingresos, sino que ha declarado los que le ha parecido oportuno, desdoblando formalmente el negocio con su hermana doña Mónica y dando así lugar a un ingreso de impuestos netamente inferior al que le correspondía hacer, con lo que se dan los presupuestos de tipo objetivo que se recogen en la doctrina del artículo 191 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , con lo que se da cumplimiento a la garantía del artículo 25 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Por otra parte, en el acuerdo sancionador se recoge la concurrencia del elemento subjetivo de la culpabilidad, singularmente en el fundamento quinto de acuerdo sancionador, cuando se razona que la actuación descrita en el comportamiento del sancionador ha sido «conseguir una menor tributación del obligado tributario mediante la desviación de una parte de la facturación hacia su hermana, lo que permite seguir disfrutando de las ventajas de los referidos regímenes especiales, puesto que en los referidos regímenes el volumen de ventas o ingresos no afecta a su tributación, al efectuarse la misma en función de índices o módulos..- Por otra parte, la conducta descrita tampoco halla acomodo en ninguna de las excepciones previstas en el art. 179.2, mencionado, exculpatorias de responsabilidad. En particular, a nuestro juicio, no cabe ninguna razonable interpretación de esas normas que ampare la conducta del interesado..- Es evidente que la infracción se ha cometido por medio de una conducta voluntaria y culpable, y, por ende, debe merecer el reproche sancionador que la norma establece para ese tipo de acciones. Como ya quedó dicho, resulta clara la normativa, que ningún margen deja a la interpretación en contrario, sin que, por otra parte, sea lo bastante compleja como para plantear problemas de comprensión en. quién deba de aplicarla» Con ello se está poniendo a la vista del infractor la concurrencia ineludible de la apreciable culpabilidad del obligado tributario, quien se vale de la existencia formal y no real de otro obligado tributario, para eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sin amparo bastante en el ordenamiento jurídico aplicable.

VI.- Procede por tanto desestimar la pretensión deducida, y de acuerdo con el principio objetivo del vencimiento que establece el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , y no apreciarse que concurra ninguna otra circunstancia que aconseje adoptar otra decisión en esta materia, se imponen las costas procesales a la parte actora».

La aplicación al caso debatido de los razonamientos de esta sentencia en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley y de seguridad jurídica, comporta la desestimación del recurso.

SEGUNDO.-Costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, vigente desde el 31 de octubre de 2011, procede la imposición de costas a la parte recurrente al haber sido desestimadas todas sus pretensiones.

VISTOSlos artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

DESESTIMARel recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Amador contra la Resolución de 30 de abril de 2013 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León (reclamación núm. NUM000 ), por su conformidad con el ordenamiento jurídico, condenando al actor al abono de las costas procesales.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos principales, dejando el original en el libro correspondiente.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que contra la que por, razón de la cuantía, no cabe recurso ordinario de casación pero sí, junto con los demás requisitos establecidos en los artículos 96 y 97 LJCA , el de unificación de doctrina, que deberá interponerse en esta Sala para ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Publicada ha sido la anterior sentencia en el día de su fecha, de lo que doy fe.