Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 20/2018, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Santander, Sección 2, Rec 318/2017 de 12 de Febrero de 2018

Encabezamiento

SENTENCIA nº 000020/2018

En Santander, a 12 de febrero de 2018.

Vistos por D Luis Acayro Sanchez Lazaro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Santander los autos del procedimiento abreviado nº 318/2017, seguidos a instancia de Camila representada y asistida por el Letrado Pere Ylla Santos compareciendo en calidad demandados el Ayuntamiento de Castro Urdiales y Allianz representados por la Procuradora María Dolores Cicero Bra y asistidos por la Letrada María Luz García Fontaneda, se procede a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.-El Letrado Pere Ylla Santos, en el nombre y representación indicada, ha presentado recurso contencioso administrativo contra la desestimación por silencio del Ayuntamiento de Castro Urdiales de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente.

SEGUNDO.-Admitido a trámite, se ha emplazado a las partes para la celebración de vista oral. Recibido el pleito a prueba, se han propuesto, admitido y practicado las que constan en los autos. Formuladas conclusiones orales, han quedado los autos pendientes de Sentencia.

La cuantía del procedimiento se ha establecido en 1.390,00 euros.

Fundamentos

PRIMERO.- Resolución recurrida y hechos alegados.

El objeto del recurso es la desestimación por silencio del Ayuntamiento de Castro Urdiales de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente.

Los hechos alegados porel recurrenteconsisten en que el 13 de abril de 2016 su vehículo se encontraba estacionado y sin obstaculizar en el interior de la urbanización La Florida de Castro Urdiales. No obstante, a pesar de no llevar más del período establecido por la normativa ni presentar signo de abandono alguno, fue retirado por agentes actuantes al depósito municipal desconociendo en qué estado se encuentra. Entiende que esta actuación ha sido contraria a Derecho y ahora reclama el valor del vehículo al entender que se ha producido un anormal funcionamiento de la Administración.

Como fundamentos jurídicos reseña los art 32 y 34 de la Ley 40/2015y 106 de la CE , solicitando la estimación del recurso con imposición de las costas procesales a la Administración.

Por su parte,los codemandadosse oponen al entender que no ha habido responsabilidad por un eventual funcionamiento anormal ya que se trata de un vehículo que llevaba casi un año estacionado en la vía pública, carecía de seguro obligatorio y no había pasado la ITV desde hacía más de dos años por lo que se retirada al depósito municipal se ajusta a la normativa. Además, se le notificaron todos los trámites administrativos sin que la recurrente fuera a retirar el vehículo del depósito municipal. Y, de manera subsidiaria, impugna los daños por excesivos ya que el valor del vehículo era residual.

Como fundamentos jurídicos, reseña los mismos que la actora pero interpretados de manera favorable a su oposición interesando la desestimación del recurso con imposición de las costas procesales a los recurrentes.

SEGUNDO.- Normativa y jurisprudencia.

La normativa para resolver la cuestión controvertida es la reseñada por las partes, en particular los art 32 y 34 de la Ley 40/2015 , que debe darse por reproducido.

Asimismo, reseñarse, que es nutrida la jurisprudencia que ha definido los requisitos de éxito de la pretensión de responsabilidad patrimonial de la Administración. En concreto, establece los siguientes:

a) La acreditación de la realidad del resultado dañoso. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas;

b) La antijuridicidad de la lesión producida por no concurrir en la persona afectada el deber jurídico de soportar el perjuicio patrimonial producido, es decir, ausencia de causas de justificación de la producción del mismo.

c) La imputabilidad a la Administración demandada de la actividad, entendiéndose la referencia al 'funcionamiento de los servicios públicos' como comprensiva de toda clase de actividad pública, tanto en sentido jurídico como material e incluida la actuación por omisión o pasividad; y entendiéndose la fórmula de articulación causal como la apreciación de que el despliegue de poder público haya sido determinante en la producción del efecto lesivo; debiéndose de precisar que para la apreciación de esta imputabilidad resulta indiferente el carácter lícito o ilícito de la actuación administrativa que provoca el daño, o la culpa subjetiva de la autoridad o Agente que lo causa y no basta con atribuir causalmente el perjuicio al funcionamiento de un servicio sino que es preciso atribuirlo jurídicamente en virtud de título de imputación, siendo precisa una valoración jurídica racional de lo fáctico ya que se trata de un sistema policéntrico al existir pluralidad de criterios jurídicos para resolver el juicio de imputación.

d) La salvedad exonerante en los supuestos de fuerza mayor; y

e) La sujeción del ejercicio del derecho al requisito temporal de que la reclamación se cause antes del transcurso del año desde el hecho motivador de la responsabilidad. En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Por otra parte, debe tenerse presente que los criterios de aplicación a estos supuestos son los principios generales de distribución de la carga de la prueba y conforme a la remisión normativa establecida en el art. 60.4 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio , en el proceso contencioso-administrativo rige el principio general del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que atribuye la carga de la prueba a aquel que sostiene el hecho. Por ello, cada parte debe soportar la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos, y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor. Lo anterior es sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación del principio de la buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil acreditación para la otra.

Asimismo, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, debe rechazarse convertir a las Administraciones Públicas en una aseguradora universal de todos los riesgo por más que se califique la naturaleza de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas como objetiva porque la lesión producida por el funcionamiento de un servicio público debe reputarse antijurídica que se produce cuando el particular, según conocida expresión jurisprudencial, 'no tiene el deber de soportarla'. Es decir, se rebasen los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social y no existirá, entonces, deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y la obligación de resarcir el perjuicio causado será imputable a la Administración.

En este sentido, ese deber de seguridad y vigilancia no puede extenderse más allá de los eventos que sean razonablemente previsibles en el desarrollo del servicio, y esta previsibilidad razonable no es de términos medios sino mínimos. Es decir, es un criterio de imputación del daño al que lo padece la asunción de los riesgos generales de la vida, de los pequeños riesgos que la vida obliga a soportar o de los riesgos no cualificados, pues riesgos hay en todas las actividades de la vida, en aplicación de la conocida regla id quod plerumque accidit (las cosas que ocurren con frecuencia, lo que sucede normalmente).

La valoración de la antijuridicidad en estos supuestos representa -expresa o constata- los resultados de la actividad del entendimiento atribuyendo determinadas significaciones o consecuencias a acontecimientos naturales o actividades humanas, activas o pasivas, para lo que se toman como guía las reglas de la lógica, razón o buen sentido, pautas proporcionadas por las experiencias vitales o sociales o criterios acordes con la normalidad de las cosas ('quod plerumque accidit', según hemos visto) o del comportamiento humano ('quod plerisque contingit'), limitándose la verificación de estos juicios a su coherencia y razonabilidad, y que pueden determinar bien la moderación de la responsabilidad del causante mediante la introducción del principio de concurrencia de culpas, bien la exoneración del causante por circunstancias que excluyen la imputación objetiva cuando el nacimiento del riesgo depende en medida preponderante de aquella falta de atención y cuidado.

TERCERO.- Prueba practicada y valoración.

Hechas las consideraciones anteriores, la cuestión controvertida es determinar si la actuación de la Administración ha sido ajustada a Derecho.

Al respecto, la prueba practicada ha consistido en el expediente administrativo (EA) y la documental aportada en la vista consistente en fotografías del lugar.

En este sentido, de la lectura del EA se desprende que la actuación municipal ha sido ajustada a Derecho.

En concreto, por un lado, en el folio 43 consta un informe de la incidencia elaborado por el Jefe de la Policía Local de Castro Urdiales el 13 de abril de 2016 sobre lo ocurrido. En el mismo se detalla que el inicio de la actuación obedece a la llamada de un vecino por el abandono del vehículo desde hace casi un año. Asimismo, cuando lo identifican, avisan a la propietaria a retirarlo pero no lo hace y corroboran que tanto la ITV como el seguro lo tenían caducado así como síntomas de no haber sido movido hace mucho tiempo por lo que lo retiran al depósito municipal. Dicha retirada se le notifica formalmente el 18 de mayo de 2016 (folio 65).

Por otro lado, en el folio 49 del EA consta un informe del servicio de urbanismo del Ayuntamiento de Castro Urdialescorroborando que el vial era de titularidad públicay en el folio 75 consta certificado del inventario de bienes de dominio público.

Y por otro, las fotografías aportadas no desvirtúan lo indicado en cuanto a las dimensiones y grafiado aportado en cuanto que obligan a este juzgador a presumirlo en contra de documentación pública por lo que no ha habido un anormal funcionamiento de esta Administración y el recurso debe desestimarse.

CUARTO.- Costas.

En materia de costas, conforme al art 139 de la LJCA , procede la imposición de las mismas a la recurrente.

Fallo

DESESTIMAR EL RECURSOpresentado por el Letrado Pere Ylla Santos, en el nombre y representación indicada, contra la desestimación por silencio del Ayuntamiento de Castro Urdiales de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente al ser ajustada a Derecho.

Todo ello con imposición de las costas procesales a los recurrentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que es firme y no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.