Sentencia Administrativo Nº 203/2016, Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 120/2015 de 16 de Junio de 2016

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 16 de Junio de 2016
  • Tribunal: TSJ La Rioja
  • Ponente: Sastre, Alejandro Valentín
  • Núm. Sentencia: 203/2016
  • Núm. Recurso: 120/2015
  • Núm. Cendoj: 26089330012016100188
Resumen:

ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA


Encabezamiento

T.S.J.LA RIOJA SALA CON/ADLOGROÑOSENTENCIA: 00203/2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Rec. nº: 120/2015

Ilustrísimos señores:

Presidente:

Don Jesús Miguel Escanilla Pallás

Magistrados:

Don Alejandro Valentín Sastre

Doña Carmen Ortiz Lallana

SENTENCIA Nº 203/2016

En la ciudad de Logroño a 17 de junio de 2016.

Vistos los autos correspondientes al recurso contencioso-administrativo sustanciado en esta Sala y tramitado conforme a las reglas del procedimiento ordinario, sobre ADMINISTRACION TRIBUTARIA, a instancia de Ceferino , representado por el Proc. Sr. Salazar Otero y asistido por letrado, siendo demandado el TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO REGIONAL DE LA RIOJA, representado y defendido, a su vez, por el Señor Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.Mediante escrito presentado se interpuso ante esta Sala recurso contencioso-administrativo contra la resolución del TEAR de La Rioja de 25 de junio de 2015.

SEGUNDO.Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

TERCERO.Que asimismo se confirió traslado a la Administración demandada para contestación a la demanda, lo que se verificó, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.

CUARTO.Continuando el recurso por sus trámites, se señaló, para votación y fallo del asunto, el día 15 de junio de 2016, en que se reunió, al efecto, la Sala.

QUINTO.En la sustanciación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Señor Don Alejandro Valentín Sastre.


Fundamentos

PRIMERO.Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo recurso contra la resolución del TEAR de La Rioja de fecha 25 de junio de 2015, que desestima las reclamaciones económico-administrativas nº NUM000 y sus acumuladas NUM001 y NUM002 , interpuestas contra acuerdos dictados el 6.10.2014 por la Dependencia Regional de Gestión de la Delegación de La Rioja de la Agencia Tributaria, por los que se estimaron en parte los recursos de reposición interpuestos frente a las liquidaciones provisionales con referencia NUM003 a efectos de los periodos de liquidación 1T a 4T del ejercicio 2011; NUM004 respecto de los periodos de liquidación 1T a 4T del ejercicio 2012 y NUM005 en relación con los periodos de liquidación 1T a 4T del ejercicio 2013, dictadas el 30.07.2014, concepto Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el suplico del escrito de demanda, la parte actora solicita que se anulen tanto las liquidaciones giradas por IVA de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 (liquidaciones NUM006 , NUM007 y NUM008 ), así como la resolución del TEAR de La Rioja que desestima las reclamaciones económico-administrativas nº NUM000 y sus acumuladas NUM001 y NUM002 , reconociéndose el derecho del recurrente a la deducción de las cuotas soportadas por IVA de los ejercicios 2011 a 2013.

Alega la parte actora, en fundamentación de la pretensión que deduce, los siguientes motivos: I- cuestiones previas: 1- las propuestas de liquidación provisional de fecha 30.06.2014, notificadas con fecha 15.07.2014, son manifiestamente ilegales, pues la Administración contaba en su poder con los libros, documentos y justificantes necesarios para la comprobación, por haber sido aportados a efectos de la comprobación limitada del IRPF, habiendo sido el mismo el funcionario actuante en ambas comprobaciones limitadas, con lo que se incumple el artículo 34, l) de la LGT y 34, r) de la misma LGT, no pudiendo amparar la oficina de gestión dichas propuestas en considerar inadmisible la deducción de las cuotas soportadas al no haber aportado la justificación documental de las mismas. 2- Las liquidaciones provisionales de fecha 7.08.2014, recibidas con fecha 13.08.2015 (sin duda quiere decir 2014), incurren en reformatio in pejus, pues la retroacción de actuaciones no constituye un expediente apto para corregir los defectos sustantivos de la decisión, dando a la Administración la oportunidad de ajustarla al ordenamiento jurídico. 3- El procedimiento de gestión no puede entrar a verificar datos contables, lo que es función propia de la Inspección, por lo que existe una manifiesta extralimitación de funciones por parte de Gestión, dado que se realiza una comprobación a efectos de IRPF e IVA, examinando toda la contabilidad y no sólo los libros registros. II- Cuestiones de fondo: justificación de gastos de la actividad y deducibilidad de las cuotas de IVA: 1- compras de libros, CD, DVD: del examen del contrato suscrito con la empresa cliente resulta que la actividad es la comercialización e implantación de soportes y de licencias de software, por lo que es manifiesto que los CD y DVD son materiales necesarios y un medio para operar con la información, lo que justifica la utilización en la actividad profesional y la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas por dichas partidas. 2- Prendas de vestir, calzado y complementos: como se desprende del contrato de clientela, la labor comercial y de implantación de sistemas, por las propias características de los programas, sólo son accesibles a grandes empresas nacionales y multinacionales, por lo que la imagen personal es muy importante para la obtención de los ingresos, tanto en el ejercicio de la actividad, como en el ámbito personal. 3- Viajes en los que no se identifica al destinatario: A) En los documentos de referencia queda debidamente acreditado el destinatario de los mismos, existiendo dos hechos que así lo avalan, el origen y destino del viaje, siempre son Logroño-Madrid o Madrid-Logroño, y en los billetes se ha cumplimentado los datos de identificación del destinatario. B) En cuanto a los viajes en fin de semana, teniendo en cuenta que el TEAR reconoce que se ha justificado que la labor comercial y de implantación de sistemas se ha realizado en Madrid, y que durante los días laborables se debe permanecer en dicha ciudad, sólo es posible la ida y vuelta al domicilio en fines de semana, lo que acredita la afectación de dichos gastos a la actividad y la deducibilidad de las cuotas soportadas por IVA de dichas partidas. 4- Cuotas soportadas inherentes al vehículo Volkswagen EOS: -el vehículo fue adquirido al inicio de la actividad y fue subvencionada su adquisición por el SEPE y el Servicio Riojano; -la actividad de consultor se desarrolla primordialmente fuera del domicilio fiscal; -se cuenta con un despacho afecto a la actividad en Madrid; -el servicio de asesoramiento e implantación de nuevos sistemas informáticos se realiza de forma prioritaria para empresas radicadas en la Comunidad de Madrid, no obstante también se han realizado implantaciones en Cataluña, Andalucía, País Vasco, Canarias, Navarra, Brasil, México ....

La Administración demandada se ha opuesto a la demanda y ha solicitado la desestimación del recurso contencioso administrativo.

SEGUNDO.Como se ha dicho, el recurso contencioso-administrativo se interpone contra una resolución del TEAR de La Rioja que desestima las reclamaciones económico-administrativas, interpuesta contra tres acuerdos dictados por la Dependencia Regional de Gestión de la Delegación de La Rioja de la Agencia Tributaria, que estimaron en parte los recursos de reposición interpuestos frente a las liquidaciones provisionales correspondientes a los periodos de liquidación 1T a 4T del ejercicio 2011, 1T a 4T del ejercicio 2012 y 1T a 4T del ejercicio 2013, concepto Impuesto sobre el Valor Añadido.

Alega la parte recurrente, en primer lugar, que las propuestas de liquidación provisional de fecha 30.06.2014, notificadas con fecha 15.07.2014, son manifiestamente ilegales, pues la Administración contaba en su poder con los libros, documentos y justificantes necesarios para la comprobación, por haber sido aportados a efectos de la comprobación limitada del IRPF, habiendo sido el mismo el funcionario actuante en ambas comprobaciones limitadas, con lo que se incumple el artículo 34, l) de la LGT y 34, r) de la misma LGT, no pudiendo amparar la oficina de gestión dichas propuestas en considerar inadmisible la deducción de las cuotas soportadas al no haber aportado la justificación documental de las mismas.

En relación con este primer motivo esgrimido por el actor, ha de señalarse que silencia éste que en las propuestas de liquidación provisional puede leerse: Mediante escrito presentado el 4-6-2014, con nº de registro RGE/01886264/2014, presentó solicitud de ampliación de plazo para atender el requerimiento notificado el 21-5-2014, sin que estas hayan sido presentadas en el plazo señalado en el artículo 91.4 del RD 1065/2007, de 27 de julio, Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Por ello, no aportando justificación documental de las cuotas soportadas que ha hecho constar en sus autoliquidaciones, no procede admitir la deducción de dichas cuotas.

Pues bien, examinado el escrito presentado el día 4.06.2014, resulta que en el mismo no se dice nada acerca de que los libros, documentos y justificantes necesarios para la comprobación ya obrasen en poder de la Administración tributaria, por haber sido aportados en cumplimiento de anteriores requerimientos. En el escrito se indica que las notificaciones fueron recibidas con posterioridad a la fecha de entrega y que la documentación solicitada se encuentra en su oficina de Madrid, teniendo que interrumpir, para la entrega, su actividad laboral para desplazarse a Logroño; por lo indicado solicita el aplazamiento en la entrega de la documentación.

Las propuestas de liquidación provisional, a la vista del contenido del escrito solicitando prórroga del plazo, no puede considerarse que infrinja los preceptos legales invocados, pues nada expuso el recurrente sobre la posesión de los documentos por la Administración.

En segundo lugar, en la demanda se alega que las liquidaciones provisionales de fecha 7.08.2014, recibidas con fecha 13.08.2014, incurren en reformatio in pejus, pues la retroacción de actuaciones no constituye un expediente apto para corregir los defectos sustantivos de la decisión, dando a la Administración la oportunidad de ajustarla al ordenamiento jurídico.

En relación con este motivo que esgrime el recurrente, ha de señalarse que no se aprecia que las liquidaciones provisionales que cita el recurrente hayan sido dictadas después de haberse acordado una retroacción de actuaciones. Las únicas actuaciones que constan realizadas son el requerimiento de aportación de documentación y la propuesta de liquidación.

En tercer lugar, alega el recurrente que el procedimiento de gestión no puede entrar a verificar datos contables, lo que es función propia de la Inspección, por lo que existe una manifiesta extralimitación de funciones por parte de Gestión, dado que se realiza una comprobación a efectos de IRPF e IVA, examinando toda la contabilidad y no sólo los libros registros.

En el presente supuesto, el examen del expediente administrativo evidencia que la documentación requerida al recurrente es la siguiente: -libro registro de facturas expedidas; -libro registro de facturas recibidas; -libro registro de bienes de inversión; -las facturas y justificantes de las cuotas soportadas que ha consignado en sus autoliquidaciones.

El artículo 136 de la LGT , en la redacción aplicable por razones cronológicas, establece: 1. En el procedimiento de comprobación limitada la Administración tributaria podrá comprobar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria. 2. En este procedimiento, la Administración Tributaria podrá realizar únicamente las siguientes actuaciones: a)Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto... c)Examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial con excepción de la contabilidad mercantil, así como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos.

El artículo 62 del Reglamento del IVA establece: 1. Los empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán llevar, con carácter general y en los términos dispuestos por este reglamento, los siguientes libros registros: a)Libro registro de facturas expedidas. b)Libro registro de facturas recibidas. c)Libro registro de bienes de inversión. d)Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.

No se aprecia, en el expediente administrativo, que la Administración tributaria haya exigido al recurrente la aportación de la contabilidad mercantil. A lo anterior, ha de añadirse que no indica el recurrente los datos que acreditan que se ha hecho un examen de la contabilidad mercantil.

En consecuencia, ninguno de los motivos examinados puede encontrar favorable acogida.

TERCERO.Dedica el recurrente, en el escrito de demanda, un segundo bloque de motivos destinados a acreditar la justificación de determinados gastos de la actividad y la deducibilidad.

Los gastos, como resulta de lo señalado en el fundamento jurídico primero, son los siguientes: 1- compras de libros, CD, DVD; 2- Prendas de vestir, calzado y complementos; 3- Viajes en los que no se identifica al destinatario y viajes en fin de semana; 4- Cuotas soportadas inherentes al vehículo Volkswagen EOS.

En primer lugar, en lo que respecta a las compras de libros, CD, DVD, alega la parte actora que el contrato suscrito con la empresa cliente PLAUT CONSULTING SL, el día 25 de abril de 2008, obrante como documento 5.A aportado con el escrito de demanda, en concreto la manifestación III: 'Colaborar en la comercialización e implantación de soluciones en los ámbitos de consultoría SAP, SIEBEL, SOLUCIONES PROPIAS, Entornos movilidad, Entornos net, Entornos Java', evidencia que la actividad es la comercialización e implantación de soportes y de licencias de software, por lo que es manifiesto que los CD y DVD son materiales necesarios y un medio para operar con la información, lo que justifica la utilización en la actividad profesional y la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadazas por dichas partidas.

En segundo lugar, en lo que respecta a prendas de vestir, calzado y complementos, alega el actor que, como se desprende del contrato de clientela, la labor comercial y de implantación de sistemas, por las propias características de los programas, sólo son accesibles a grandes empresas y multinacionales y que los servicios prestados en los ejercicios objeto de comprobación, a nivel nacional, lo han sido para entidades como Indra, Telefónica, Banco Santander, BBVA ..., por lo que la imagen personal es muy importante para la obtención de ingresos, tanto en el ejercicio de la actividad, como en el ámbito personal.

En tercer lugar, en lo que respecta a los gastos por viajes en los que no se identifica al destinatario y viajes en fin de semana, alega el recurrente que en los documentos de referencia queda debidamente identificado el destinatario de los mismos, y ello, por dos hechos que así lo avalan, como son el origen y destino del viaje, siempre son Logroño-Madrid o Madrid-Logroño, y que en los billetes se ha cumplimentado los datos del destinatario (nombre, apellidos, DNI), bien en el anverso, bien en el reverso. Además alega que, puesto que el TEAR ha reconocido que se ha justificado que la labor comercial e implantación de sistemas la ha realizado en Madrid, y que durante los días laborables se debe permanecer en dicha ciudad, solamente es posible la ida y vuelta al domicilio en fines de semana, lo que acredita la afectación de dichos gastos a la actividad, y la deducibilidad de las cuotas soportadas por IVA de dichas partidas.

Las resoluciones desestimatorias de los recursos de reposición consideran que no son deducibles los apuntes justificados mediante tique o factura sin identificación del destinatario, así como aquellos destinados a un uso particular del recurrente (compra de libros, CD, DVD, prendas de vestir, calzado y complementos), aquellos que no se había mostrado su relación con la actividad (viajes en los que no se identifica al destinatario y que habían sido realizados mayoritariamente en fin de semana). En concreto, consideran las resoluciones que los apuntes correspondientes a las compras de vestir, calzado y complementos no se consideran deducibles, siendo para uso particular del recurrente; que los apuntes por compras de libros, CD, DVD, de la FNAC, no se consideran gastos de la actividad y que los apuntes por compras de billetes de tren, autobús o aviación, no se identifica al destinatario ni su relación con la actividad, siendo en su mayoría realizados en festivo o fines de semana.

La resolución del TEAR considera que la inadmisión de estas cuotas derivadas de bienes no afectos a la actividad económica, de los destinados a satisfacer las necesidades del contribuyente y las que no guardan relación con el ejercicio de la actividad es correcta, de conformidad con lo previsto en los artículos 93 y 95 de la Ley del IVA . Añade la resolución del TEAR que el artículo 97 de la Ley del IVA , sobre la deducción de las cuotas soportadas justificadas mediante tiques, impide considerar éstos como documento justificativo del derecho.

El artículo 93 Ley del IVA establece: Uno. Podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del Impuesto que tengan la condición de empresarios o profesionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley y hayan iniciado la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales. ... Cuatro.No podrán ser objeto de deducción, en ninguna medida ni cuantía, las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios efectuadas sin la intención de utilizarlos en la realización de actividades empresariales o profesionales, aunque ulteriormente dichos bienes o servicios se afecten total o parcialmente a las citadas actividades.

El artículo 95 de la misma Ley establece: Uno.Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional. Dos.No se entenderán afectos directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional, entre otros: ... 2º.Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y para necesidades privadas. 4.ºLos bienes y derechos adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su patrimonio empresarial o profesional. 5.ºLos bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades personales o particulares de los empresarios o profesionales, de sus familiares o del personal dependiente de los mismos, con excepción de los destinados al alojamiento gratuito en los locales o instalaciones de la empresa del personal encargado de la vigilancia y seguridad de los mismos, y a los servicios económicos y socio-culturales del personal al servicio de la actividad. Tres.No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas: 1.ª Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los comprendidos en la regla siguiente, en la medida en que dichos bienes vayan a utilizarse previsiblemente, de acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional. 2.ª Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 por 100. A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (LA LEY 752/1990), por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LA LEY 752/1990), así como los definidos como vehículos mixtos en dicho anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo 'jeep'. No obstante lo dispuesto en esta regla 2.ª, los vehículos que se relacionan a continuación se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 100 por 100: ... e) Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.... 4.ª El grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba admitido en derecho. No será medio de prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial o profesional. 5.ª A efectos de lo dispuesto en este apartado, no se entenderán afectos en ninguna proporción a una actividad empresarial o profesional los bienes que se encuentren en los supuestos previstos en los números 3.º y 4.º del apartado dos de este artículo. Cuatro. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los siguientes bienes y servicios directamente relacionados con los bienes a que se refiere dicho apartado: 1.º Accesorios y piezas de recambio para los mencionados bienes. 2.º Combustibles, carburantes, lubrificantes y productos energéticos necesarios para su funcionamiento. 3.º Servicios de aparcamiento y utilización de vías de peaje. 4.º Rehabilitación, renovación y reparación de los mismos.

El artículo 96 de la Ley del IVA establece: Uno.No podrán ser objeto de deducción, en ninguna proporción, las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición, incluso por autoconsumo, importación, arrendamiento, transformación, reparación, mantenimiento o utilización de los bienes y servicios que se indican a continuación y de los bienes y servicios accesorios o complementarios a los mismos: ... 3.ºLos alimentos, las bebidas y el tabaco. 4.ºLos espectáculos y servicios de carácter recreativo.... 6.ºLos servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración, salvo que el importe de los mismos tuviera la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades. Dos.Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las cuotas soportadas con ocasión de las operaciones mencionadas en ellos y relativas a los siguientes bienes y servicios: 1.ºLos bienes que objetivamente considerados sean de exclusiva aplicación industrial, comercial, agraria, clínica o científica. 2.ºLos bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión de uso a título oneroso, directamente o mediante transformación por empresarios o profesionales dedicados con habitualidad a la realización de tales operaciones. 3.ºLos servicios recibidos para ser prestados como tales a título oneroso por empresarios o profesionales dedicados con habitualidad a la realización de dichas operaciones.

Es evidente que el sujeto pasivo puede deducir el IVA soportado en aquellas adquisiciones relacionadas con su actividad empresarial o profesional y no el que soporte en sus adquisiciones privadas. Los artículos 92 y siguientes de la Ley del impuesto permiten a los empresarios deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones de bienes o servicios que se afecten, directa y exclusivamente, al desarrollo de actividades sujetas al IVA y no exentas, añadiendo el artículo 95.1, como consecuencia lógica, que no se pueden deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a la actividad empresarial.

La deducción de las cuotas soportadas es un derecho del sujeto pasivo, lo que implica que, en virtud del principio general en materia de prueba de que quien quiera hacer valer su derecho debe probar su efectividad ( artículo 105 de la LGT : 1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo).

El artículo 97 de la Ley del IVA establece: Uno.Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los empresarios o profesionales que estén en posesión del documento justificativo de su derecho. A estos efectos, únicamente se considerarán documentos justificativos del derecho a la deducción: 1.ºLa factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en su nombre y por su cuenta, por su cliente o por un tercero, siempre que, para cualquiera de estos casos, se cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente... . Dos.Los documentos anteriores que no cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos legal y reglamentariamente no justificarán el derecho a la deducción, salvo que se produzca la correspondiente rectificación de los mismos. El derecho a la deducción de las cuotas cuyo ejercicio se justifique mediante un documento rectificativo sólo podrá efectuarse en el período impositivo en el que el empresario o profesional reciba dicho documento o en los siguientes, siempre que no haya transcurrido el plazo al que hace referencia el artículo 100 de esta Ley , sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 114 de la misma.

Además, para la deducción de las cuotas de IVA soportadas es preciso que el contribuyente demuestre la correlación entre el gasto y los ingresos, es decir, la vinculación del gasto con el desarrollo de la actividad económica que genera el rendimiento sujeto al impuesto.

CUARTO. Comenzando con el examen del gasto por compras de libros, CD y DVD, que la Administración ha considerado que no son gastos de la actividad, ha de señalarse que efectivamente, en la manifestación III del contrato de fecha 28 de abril de 2008, concertado entre PLAUT CONSULTING SL y BUSINESS CONSULTANT, antes citado, puede leerse: Que el BUSINESS CONSULTANT y PLAUT están ambos interesados en colaborar en la comercialización e implantación de soluciones en los ámbitos de consultoría SAP, SIEBEL, SOLUCIONES PROPIAS, Entornos movilidad, Entornos net, Entornos Java'.

De un examen del contrato, resulta que la entidad Business Consultant, que es Ceferino , realizará, en base al contrato, tareas de coordinación de personal de Plaut de forma regular, tareas de consultoría en proyectos gestionados por Plaut, colaborará en la distribución e implantación de soluciones distribuidas por Plaut durante un periodo de tres años a partir del 25 de abril de 2008. El contrato tiene una validez de 36 meses, desde el 25 de abril de 2008 hasta el 24 de abril de 2011 y caso de no notificarse por escrito la no extensión del contrato antes de seis meses de la fecha de finalización del contrato se dará por extendido automáticamente por periodos de seis meses.

Del contrato resulta que ambas entidades colaborarán en la realización de consultoría y servicios que suministra Plaut a nivel de España y Andorra, y Países de la Comunidad Económico Europea. Las condiciones son las siguientes: -Business Consultant dedicará esfuerzos y recursos razonables en la realización de consultaría dentro del portafolio de productos de Plaut; para ello, establecerán, ambos, de mutuo acuerdo un plan de actuación que evite la duplicación de acciones. -Plaut y Business Consultant compartirán sus recursos de preventa con el objeto de cubrir las tareas técnicas en el proceso de venta. -Business Consultant podrá utilizar las instalaciones de Plaut para su actividad de gestión y comercial, de acuerdo a las normas internas de buen uso establecidas por Plaut.

La actividad que realiza Business Consultant se desarrolla con productos de Plaut, dentro del portafolios de productos de Plaut, no deduciéndose, del contenido del contrato, que Business Consultant deba efectuar desembolsos por estos conceptos de DVD, CD o libros, por lo que no puede considerarse acreditada la vinculación de este gasto con el desarrollo de la actividad económica que genera el rendimiento sujeto al impuesto, realizada por Business Consultant.

En segundo lugar, en lo que respecta a los gastos en prendas de vestir, calzado y complementos, que la Administración considera que se trata de gastos para uso particular del recurrente, ha de señalarse, en primer lugar, que no alcanza a comprenderse que entre estos gastos se incluyan compras de bermudas, pareo aviones, vestido safari, collar flor y pájaros o la tintorería de dos vestidos, pues son prendas y complementos que no guardan mucha relación con la labor comercial y de la implantación de los sistemas que comercializa Plaut.

Los gastos en prendas de vestir, calzado y complementos que acredita el recurrente (polo Lacoste, bufandas, liso vestir, ...) no corresponden a artículos que el recurrente pueda utilizar exclusivamente en el entorno laboral.

En consecuencia, tampoco ha acreditado el recurrente la vinculación de este gasto con el desarrollo de la actividad económica que genera el rendimiento sujeto al impuesto, realizada por Business Consultant.

En tercer lugar, el recurrente alega que en lo que respecta a los viajes en los que no se identifica al destinatario, es manifiesto que en los documentos de referencia sí queda debidamente acreditado el destinatario, tanto por el trayecto -Madrid-Logroño, Logroño-Madrid-, como por el nombre, apellido y DNI del destinatario. También considera que está justificada y acreditada la realización de estos viajes en fin de semana.

En relación con la deducibilidad de este gasto, ha de señalarse que el recurrente aporta billetes de viaje en autocar en los que se aprecia que la identificación del destinatario, mediante nombre y apellidos y DNI, aparece manuscrita, sin que pueda conocerse la persona que realiza la identificación.

El artículo 97 de la Ley del IVA , como se ha dicho, establece que sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los empresarios o profesionales que estén en posesión del documento justificativo de su derecho. Resulta, de este mismo precepto legal, que es documento justificativo la factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en su nombre y por su cuenta, por su cliente o por un tercero, siempre que, para cualquiera de estos casos, se cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

El mismo precepto legal establece que los documentos que no cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos legal y reglamentariamente no justificarán el derecho a la deducción, salvo que se produzca la correspondiente rectificación de los mismos.

La deducibilidad del gasto se acredita, ante todo, mediante la factura completa, es decir, reuniendo todos los requisitos que establece para la misma el RD 1496/2003.

La justificación del gasto mediante los billetes podría admitirse, pero, para ello, el recurrente debería haber aportado alguna prueba suficiente para acreditar que esos billetes documentan gastos que se corresponden con la actividad que realiza, para lo que no es suficiente la mención manuscrita del nombre y DNI del destinatario, máxime, cuando no se acredita quién ha efectuado esta indicación.

QUINTO. Finalmente, el recurrente alega la deducibilidad de las cuotas soportadas inherentes al vehículo Volkswagen EOS, que fue adquirido al inicio de la actividad, siendo subvencionada su adquisición, pues la actividad de consultor la desarrolla primordialmente fuera del domicilio fiscal, cuenta con un despacho afecto a la actividad en Madrid y el servicio de asesoramiento e implantación de nuevos sistemas informáticos se realiza no solamente para empresas radicadas en la Comunidad de Madrid.

En relación con estas cuotas, la Administración no admite la deducción del 50% de las mismas al no justificar una afectación superior a la actividad. En la resolución del TEAR se señala que al tratarse de un vehículo que objetivamente considerado no puede considerarse que sea solo susceptible de utilización en el desempeño de actividades económicas, sino que el mismo es, por su propia naturaleza, apto para satisfacer las necesidades particulares del reclamante, opera la presunción legal de afectación del vehículo al 50% al desarrollo de la actividad profesional, resultando que, con la documentación obrante en el expediente administrativo, el interesado no ha probado que la afectación a su actividad del único vehículo del que dispone sea superior a dicho porcentaje.

La actividad que desarrolla el recurrente no puede considerarse como de representante o agente comercial, si se atiende al contenido del contrato concertado entre Plaut y Business Consultant, al que antes se ha hecho referencia, por lo que el vehículo ha de presumirse afectado al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en un 50%.

Corresponde al actor acreditar que el vehículo está afecto en exclusiva a la actividad que realiza, lo que no ha hecho, pues el hecho de que la actividad de consultor se realice primordialmente fuera del domicilio fiscal, que cuente con un despacho afecto a la actividad en Madrid o que el servicio de asesoramiento e implantación de nuevos sistemas informáticos se realice no solamente para empresas radicadas en la Comunidad de Madrid no constituye prueba de la afectación del vehículo en exclusiva a la actividad, máxime, cuando el actor no cuestiona lo expresado en la resolución del TEAR acerca de que se trata del único vehículo del que dispone el recurrente, hecho que hace difícil considerar que está afecto en exclusiva a la actividad.

Es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en las sentencias que cita el recurrente y otras, sigue el criterio que éste sostiene sobre la deducibilidad de estas cuotas. Ahora bien; este criterio no es seguido de forma unánime por los distintos Tribunales Superiores de Justicia, pudiendo citarse la STSJ de Galicia de 6 de abril de 2016 (rec. 15160/2015 ), la del TSJ de Murcia de 17 de marzo de 2016 (rec. 418/2013 ) o la del TSJ de Castilla-La Mancha de 11 de enero de 2016 (rec. 372/2014 ), entre otras, que mantienen el criterio que sostiene el TEAR de La Rioja en la resolución administrativa impugnada.

También mantiene este criterio la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León, sede de Valladolid, de 20 de octubre de 2014 (rec. 1781/2011 ), en la que puede leerse:

SEGUNDO.- El objeto de controversia se centra en determinar si la recurrente tiene derecho al reintegro del 100 por 100 de las cuotas soportadas deducidas por la adquisición de un vehículo que está afectado a los fines de la empresa, o si debe confirmarse la reducción del 50% de las cuotas de IVA soportadas en la adquisición del vehículo, tal y como considera la oficina de gestión y confirma el TEAR, cuestión que resolvemos aplicando el mismo criterio mantenido en la sentencia de esta Sala de fecha 3 de octubre de 2014 , dictada en el procedimiento ordinario número 1107/2011, que desestima esta cuestión con la siguiente argumentación....

Como hemos visto, la tesis de la actora sobre el derecho a la deducción total de la cuota soportada en la adquisición del vehículo se funda esencialmente en la doctrina que afirma contenida en la STJCE de 11 de julio de 1991 -caso Lennartz , (LA LEY 8080/1991)asunto C/97/90- y las dictadas, entre otros Tribunales, por el TSJ de Valencia, conforme a la cual sería válido que los sujetos pasivos del impuesto dedujesen la totalidad de la cuota soportada en la compra de un turismo afecto a su actividad, siempre que dicha afectación sea efectiva, aunque su uso sea a tiempo parcial o limitado. Dicha doctrina -no combatida por la Abogacía del Estado en su contestación a la demanda- no puede, sin embargo, ser acogida al haber sido rechazada por la reciente STS de 25 de abril de 2014 (LA LEY 95601/2014), recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 2117/2012 , con cita de la STS de 11 de junio de 2004 (LA LEY 13661/2004) (rec. núm. 8110/1999 ), en la que en expresión del Alto Tribunal ya fue analizada « La procedencia de las restricciones del derecho a deducir, como son las contempladas en el artículo 95 de la vigente Ley reguladora del IVA, y las que se contemplaban en el artículo 33.1 de la Ley 30/1985 (LA LEY 2072/1985) , y su posible compatibilidad con la Sexta Directiva ».

La conclusión del Tribunal Supremo es la siguiente: « De cuanto acaba de razonarse se desprende ya la imposibilidad de entender que la sentencia de instancia haya vulnerado el artículo 33.1.1º de la Ley 30/1985 (LA LEY 2072/1985) del IVA , porque ha interpretado la prohibición de deducción de 'las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición, importación, arrendamiento, transformación, reparación, mantenimiento o utilización de automóviles de turismo y sus remolques, motocicletas, aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo, así como los accesorios, piezas de recambio, combustibles, carburantes y lubrificantes con destino a dichos vehículos y los demás servicios referentes a los mismos' atendiendo, fundamentalmente, a su espíritu y finalidad y a la luz, también, de los objetivos y textos de las Directivas Comunitarias, como tiene declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea -v. gr., Sentencias de 20 de mayo de 1976, caso Mazzalai ; de 10 de abril de 1984, caso Von Colson y Kamann y de 13 de noviembre de 1990, caso Marleasing -.

Aunque la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2004 se refería a las restricciones al derecho a deducir contempladas en el artículo 33.1 de la Ley 30/1985 (LA LEY 2072/1985) , el razonamiento que soporta la decisión desestimatoria del recurso sirve para rechazar la no conformidad del artículo 95.Tres, regla segunda de la Ley 37/1992 (LA LEY 3625/1992) , con la Sexta Directiva. [Así lo han entendido también otros Tribunales, como el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en sentencia de 14 de septiembre de 2012 , o el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (Sala de Burgos) en sentencia de 24 de febrero de 2012 , o el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su sentencia de 19 de julio de 2012 (rec. n. 1099/2010 )].

Y es que la Ley 37/1992 (LA LEY 3625/1992) lo que hace es incorporar al Ordenamiento interno las modificaciones introducidas por la Directiva 91/680/CEE (LA LEY 4764/1991), reguladora del Régimen jurídico del tráfico intracomunitario, y la Directiva 92/77/CEE, de 19 de octubre (LA LEY 4513/1992), sobre la Armonización de los tipos impositivos; atendiendo asimismo a lo dispuesto en el Reglamento 92/218/CEE, de 27 de enero de 1992, relativo a la Cooperación que deben prestarse las Administraciones Tributarias.

En la exposición de motivos de la Ley 37/1992 (LA LEY 3625/1992) el legislador ya se hace eco de los criterios del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia de deducciones, introduciendo cambios en relación con las limitaciones del derecho a deducir 'para recoger los criterios del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en esta materia, que ha reconocido recientemente el derecho a deducir en favor de los contribuyentes que utilicen parcialmente los bienes y servicios hoy excluidos en el desarrollo de sus actividades empresariales'.

Con ello el legislador se está refiriendo a la sentencia del caso Lennartz. En esta sentencia el TJCE ha dado respuesta a un supuesto de hecho diferente al que es objeto de análisis en el presente caso, pues en aquel se trataba de un ciudadano alemán, asesor fiscal, que había adquirido inicialmente su automóvil tan sólo con fines privados, pasando posteriormente a utilizarlo para las necesidades de la empresa; y en el que las autoridades fiscales alemanas no tenían en cuenta la utilización de los bienes para las necesidades de la empresa cuando representasen menos del 10 % de la utilización total, en vista de lo cual, el Finanzamt München III se negó a autorizar la regularización posterior de la declaración de IVA.

El TJUE entendió en el apartado 28 de su sentencia que 'puesto que no existe ninguna norma que excluya el derecho a deducir cuando la utilización de los bienes para las necesidades de la actividad económica quede por debajo de un umbral determinado y teniendo en cuenta lo dispuesto expresamente en la letra e) del apartado 5 del artículo 17 y en el apartado 4 del artículo 18 de la Sexta Directiva, nada autoriza a interpretar que el artículo 17 incluya implícitamente esta norma'.

Y ya antes (apartado 26) se pronunció en el sentido de que 'para responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional, se debe poner de relieve, en primer lugar, que, con arreglo al artículo 6 de la Sexta Directiva, el uso de bienes afectados a una empresa para las necesidades privadas del sujeto pasivo o para fines ajenos a la empresa, cuando tales bienes hubieran originado el derecho a la deducción total o parcial del Impuesto sobre el Valor Añadido, se asimilará a las prestaciones de servicios a título oneroso. De lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 6, en relación con lo que dispone la letra c) del apartado 1 del punto A del artículo 11, se deduce que cuando un sujeto pasivo adquiere un bien que utiliza parcialmente con fines privados, se presume que realiza una prestación de servicios a título oneroso gravada sobre la base del total de los gastos hechos por el sujeto pasivo para la realización de la prestación de servicios. Por consiguiente, cuando un particular utilice un bien en parte para operaciones profesionales gravadas y en parte con fines privados y, en el momento de la adquisición del bien, haya deducido total o parcialmente el IVA soportado, se presume que utiliza el bien íntegramente para las necesidades de sus propias operaciones gravadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 17. En consecuencia, el referido particular dispone en principio del derecho a la deducción total e inmediata del IVA soportado correspondiente a la adquisición de los bienes'.

El contenido de este apartado permite concluir que no estaba en la idea del TJCE admitir incondicionalmente la deducción total e inmediata del lVA cuando se trata de bienes de utilización mixta. Y aunque proclama una presunción de utilización íntegra del bien para las necesidades de las operaciones gravadas, no se entiende que la legislación española se aparte de las previsiones que se recogen en la Sexta Directiva y en la Directiva 2006/112/CE (LA LEY 11857/2006). Ambas prevén el derecho a deducir 'en la medida en que los bienes y los servicios se utilicen para las necesidades de sus operaciones gravadas' cuando en el artículo 95 de la Ley 37/l992 proclama la regla de deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional, si bien para el caso de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas recoge una presunción de afectación del bien al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 % salvo en el caso de determinados vehículos que concreta la norma, que se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 100 %.

Aunque la presunción de afectación del bien al desarrollo de la actividad empresarial o profesional se limita al 50 %, ello no impide que la deducción tenga lugar por la totalidad, si el interesado acredita una afectación superior.

A lo hasta ahora expuesto se puede añadir que la deducción proporcional a la utilización de los bienes mixtos afectos a las actividades de la empresa, descartando una deducción total e incondicional, es la práctica que ya se recoge en la Directiva 2009/162/UE del Consejo, de 22 de diciembre de 2009 (LA LEY 25290/2009) , por la que se modifican diversas disposiciones de la Directiva 2006/112/CE (LA LEY 11857/2006), relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido ».

Por otro lado, hemos de poner de manifiesto que si bien la tesis de la actora viene siendo asumida por el ya citado TSJ de la Comunidad Valenciana -por todas, Sentencia de 24 de julio de 2013, recurso 1185/2010 - en cuya virtud se estima el recurso del sujeto pasivo « sin necesidad siquiera de tener que proceder a determinar si la afección del turismo a la actividad profesional del actor es o no exclusiva (ya hemos visto que es suficiente con que sea efectiva, aunque lo fuere de manera parcial o limitada) », otros Tribunales -citados por el propio Tribunal Supremo- se apartan de la misma; así, como más recientes, la STSJ de Galicia 20 de marzo de 2013, recurso 15388/2011 , en la que tras señalar que « La doctrina que se recoge en la sentencia 359/2010, de 14 de abril del TSJ de Valencia se mantuvo en sentencias posteriores, citando entre las más recientes las dictadas por el mismo Tribunal los días 2 y 18 de octubre de 2012 en los procedimientos ordinarios 136/2009 y 658/2009 », añade, con cita de la STS de 11 de junio de 2004 , que « Sin embargo no es este el criterio que siguen otros Tribunales, que aun sin poner en entredicho la primacía del derecho comunitario concluyen que no existe contradicción entre la norma aplicada por la Administración tributaria ( artículo 95 de la Ley 37/1992 (LA LEY 3625/1992)) y la Sexta Directiva 77/388/CEE (LA LEY 919/1977) ».

En el mismo sentido la STSJ de Andalucía de 21 de enero de 2013, sede Sevilla, recurso 216/2011 , señalando que « La demanda invoca la justificación del Derecho Comunitario, citando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 14 de abril de 2010 , que en un caso similar al ahora resuelto, consideró que la aplicación directa de las normas comunitarias permitía sin necesidad siquiera de tener que proceder a determinar si la afección de los turismos a la actividad empresarial de la actora era o no exclusiva, ya que era suficiente con que lo fuese de manera parcial o limitada, permitía estimar el recurso presentado contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, desestimatoria de la reclamación en su día formulada por la hoy demandante contra la liquidación provisional emitida por la Oficina de Gestión Tributaria de la Administración de Alcoy.

No podemos sentirnos solidarios con el criterio del Tribunal de Valencia, porque, con el debido respeto, se basa en una interpretación distorsionada del ordenamiento comunitario. La sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1991 (asunto c- 97/90 , Lennartz) enjuició el caso de un profesional al que la autoridad tributaria no autorizó la regularización practicada porque habiendo adquirido inicialmente su automóvil con fines privados, lo utilizó posteriormente para necesidades de la empresa. La decisión de la autoridad tributaria se basaba en una práctica arraigada según la cual no era posible tener en cuenta la utilización de los bienes para las necesidades de la empresa cuando ésta representaba menos del 10% de la utilización total, de ahí que, primordialmente, el Tribunal de Justicia se viese obligado a encarar la validez de una regla que imponía restricciones al derecho a deducir cuando la utilización de los bienes adquiridos al servicio de la actividad empresarial o profesional era al principio, y durante cierto tiempo, relativamente reducida, y que chocaba con la inexistencia de norma expresamente excluyente del derecho a deducir en los casos en que la utilización en el sentido del impuesto quedase por debajo de un umbral determinado. Por el contrario, la controversia resuelta en la presente sentencia no versa sobre la exclusión del derecho a deducir, sino sobre su modulación en proporción al grado de afectación del bien o servicio adquirido a la actividad sujeta y no exenta de IVA, por lo que sería inexacto ver en la conducta de la Dependencia de Gestión Tributaria de Sevilla un supuesto de restricción del derecho a deducir, y más justo, en cambio, un reconocimiento del derecho calculado en correlación con el presumible grado de utilización del bien adquirido ».

También la STSJ de Aragón de 3 de octubre de 2012, recurso 480/2011 , que señala que « La parte actora alega, en primer lugar, que procede la aplicación directa de la normativa comunitaria y más concretamente de la Sexta Directiva, tal y como fue interpretada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia de fecha 11 de julio de 1991, dictada en el caso Lennartz, asunto C/97/90 , que únicamente exige para la deducibilidad del 100% de las cuotas del IVA soportado la efectiva afectación del vehículo a la actividad económica, por reducido que sea el porcentaje de utilización para fines empresariales o profesionales; invoca asimismo la sentencia del 14 de abril de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Valencia .

Para desestimar esta alegación debe tenerse en cuenta, como así lo hace la sentencia núm. 407/2011, de 14 de octubre del (LA LEY 199484/2011) Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos (JT, 2011, 1229) que, según literalmente se dice en ella, '...el Tribunal Supremo, en sentencia de 11 de junio de 2004 se planteó si a la vista de lo establecido en el art. 33.1.1 de la Ley 30/1985, de 2 de agosto (LA LEY 2072/1985) , podían considerarse deducibles las cuotas soportadas en concepto de IVA ... en las operaciones de adquisición y mantenimiento de vehículos afectos a la realización de la actividad empresarial, examinando en dicha resolución judicial la procedencia de las restricciones del derecho a deducir contempladas en el citado precepto, por efecto de lo dispuesto en la Sexta Directiva, 77/388/CEE (LA LEY 919/1977), del Consejo de las Comunidades Europeas, de 17 de mayo de 1977, sobre armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de impuestos sobre el volumen de negocios, concluyendo el alto Tribunal que no existe contrariedad entre ambas normas, sin que la Directiva sea aplicable directamente, por no haberse producido incumplimiento de la obligación de España de transponer la Directiva, ni haberlo hecho inadecuadamente, además de que la propia Directiva establece un plazo para determinar que cuotas son deducibles del impuesto, durante el cual podrán aplicarse las previsiones de la legislación interna de los Estados miembros, como es el caso...'.

En el mismo sentido que la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León citada, debe entenderse que la doctrina jurisprudencial de la sentencia del Tribunal Supremo -a cuyos amplios razonamientos se hace remisión- es trasladable al art. 95 de la Ley 37/1992 (LA LEY 3625/1992) , en la redacción dada por la Ley 66/1997 (LA LEY 4490/1997), por lo que las exigencias contenidas en este precepto no vulneran la normativa comunitaria ».

Concluye dicha sentencia dictada el recurso nº 1107/11 que ' En fin, rechazada la doctrina que la recurrente invoca y correspondiéndole a ella la carga de acreditar una afectación a la actividad empresarial superior al 50%, el recurso ha de correr suerte desestimatoria habida cuenta la ausencia de la más mínima prueba sobre dicho particular, no estando siquiera acreditada la invocada disposición por los socios de sus propios vehículos ni, desde luego, indicio alguno que permita vincular su uso exclusivo con la actividad de la empresa según su objeto social' , razones que se reiteran en este recurso.

Finalmente, confirmada la legalidad de la liquidación tributaria, y sin que se esgrima en la demanda ningún otro motivo de impugnación de la sanción tributaria impuesta, procede la desestimación de la demanda.

Esta Sala, coincidiendo con el criterio de las últimas sentencias citadas, considera que es la afectación lo que habilita la posibilidad de deducción total de las cuotas del IVA soportado y que la ley establece para los automóviles la presunción de afectación a la actividad del 50%, salvo los que específicamente enumera con la posibilidad de deducción del 100%, siendo carga de la parte actora la prueba del grado de utilización en el desarrollo de la actividad profesional.

Ha de concluirse, en consecuencia, que la resolución administrativa impugnada no es contraria a derecho en lo que respecta a la no deducibilidad de estas cuotas examinadas.

A la vista de expuesto, debe desestimarse el recurso contencioso-administrativo, por ser conforme a derecho la resolución administrativa impugnada.

SEXTO.El artículo 139 establece 'En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho'. Y al apreciarse que el recurso contencioso-administrativo plantea cuestiones de complejidad jurídica, no procede hacer una condena en costas.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás generales de pertinente aplicación

Fallo

Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de D. Ceferino , contra la resolución del TEAR de La Rioja de fecha 25 de junio de 2015, reseñada al antecedente de hechos primero de esta sentencia, que declaramos conforme a derecho. Todo ello, sin expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra Sentencia, -de la que se llevará literal testimonio a los autos-, que es firme, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado-Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que como Letrado de la Administración de Justicia de la misma, certifico.


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