Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 204/2022, Tribunal Superior de Justicia de Pais Vasco, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 903/2021 de 23 de Mayo de 2022

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 903/2021

DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SENTENCIA NÚMERO 204/2022

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANÍA

MAGISTRADOS:

D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

D.ª TRINIDAD CUESTA CAMPUZANO

En Bilbao, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós.

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados/as antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 903/2021 y seguido por el procedimiento ordinario, en el que se impugna la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional del País Vasco, -en adelante TEARPV-, de 24 de setiembre de 2.021, por el cual se desestima la reclamación nº 48-00042-2020, planteada contra la Decisión de la dependencia de Aduanas e II.EE de la AEAT del País Vasco sobre procedimiento de revisión de derechos arancelarios de 24 de enero de 2.020 en concepto de derechos antidumping del ejercicio 2019, como consecuencia de la presentación el 9 de setiembre de ese año del DUA 19ES00481130220877.

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE: ATUSA GRUPO EMPRESARIAL S.A., representada por la procuradora D.ª MARÍA LUISA MARTÍN BURGOS y dirigida por el letrado D. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ HERNÁNDEZ.

- DEMANDADA: La ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO-MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA-, representada y dirigida por la letrada de la ABOGACÍA DEL ESTADO EN BIZKAIA.

Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANÍA.

Antecedentes

PRIMERO.-El día 25 de octubre de 2021 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que D.ª MARÍA LUISA MARTÍN BURGOS actuando en nombre y representación de ATUSA GRUPO EMPRESARIAL S.A., interpuso recurso contencioso- administrativo contra la Resolución del TEARPV, de 24 de setiembre de 2.021, por el cual se desestima la reclamación nº 48-00042-2020, planteada contra la Decisión de la dependencia de Aduanas e II.EE de la AEAT del País Vasco sobre procedimiento de revisión de derechos arancelarios de 24 de enero de 2.020 en concepto de derechos antidumping del ejercicio 2019, como consecuencia de la presentación el 9 de setiembre de ese año del DUA 19ES00481130220877; quedando registrado dicho recurso con el número 903/2021.

SEGUNDO.-En el escrito de demanda se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia en base a los hechos y fundamentos de derecho en el mismo expresados y que damos por reproducidos.

TERCERO.- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en el mismo expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimaran los pedimentos de la parte actora.

CUARTO.-Por Decreto de 25 de febrero de 2022 se fijó como cuantía del presente recurso la de 11.078,15 euros.

QUINTO.-En los escritos de conclusiones, las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.

SEXTO.- Por resolución de fecha 12 de mayo de 2022 se señaló el pasado día 19 de mayo de 2022 para la votación y fallo del presente recurso.

SÉPTIMO.-En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-Se impugna en este proceso la Resolución del TEARPV, de 24 de setiembre de 2.021, por el cual se desestima la reclamación nº 48-00042-2020, planteada contra la Decisión de la dependencia de Aduanas e II.EE de la AEAT del País Vasco sobre procedimiento de revisión de derechos arancelarios de 24 de enero de 2.020 en concepto de derechos antidumping del ejercicio 2019, como consecuencia de la presentación el 9 de setiembre de ese año del DUA 19ES00481130220877.

La recurrente señala -f. 57 a 65-, que esta declaración de importación estaba compuesta de cuatro partidas de orden, y que el 4 de diciembre de 2019 se le había comunicado que se estimaba que la mercancía objeto de despacho e incluida en la partida de orden 4.ª debía declarar derechos antidumping. Esta se habría confirmado mediante la notificación de la liquidación de 24 de enero de 2020, y se confirmó que se clasificaba la mercancía en la posición estadística 7307199010, dado que se entendía que se trataba de un producto accesorio de tubería de fundición de grafito esferoidal roscado.

La recurrente había declarado la mercancía como «accesorios de tubería fundición moldeados de fundición dúctil. partida estadística 7307199090».

El resultado del dictamen del Laboratorio Central de Aduanas, contenido en el boletín 2019-007598 de 18 de octubre de 2.019 indicaba que la mercancía declarada en la partida 4.ª de orden era un accesorio de tubería moldeado de fundición de grafito esferoidal, roscado.

Considera que la liquidación carecía de motivación, ya que se limitaría a reproducir sentencias y reglamentos comunitarios.

El recurso continúa señalando que la administración habría justificado la liquidación de los derechos antidumping en la aplicación del reglamento 1.259/2019. Sin embargo, a su juicio, el debate debería centrase en decidir si los productos son o no roscados. Por ese motivo, la mercantil actora habría aportado dos informes técnicos, que coincidirían en las conclusiones de que no se trataría de productos roscados, sino atornillados; que su unión principal sería atornillada; y que se utilizarían en tuberías PVC, donde no se podría utilizar roscados. Sin embargo, la decisión de la administración no contendría ninguna explicación que desvirtúe o tenga una opinión discordante con esas conclusiones.

Considera que el Laboratorio Central de Aduanas se habría extralimitado en sus funciones cuando indica en su informe que el producto en cuestión, a efectos de su clasificación arancelaria, presentaría los caracteres de un accesorio de tubería moldeado de fundición de grafito esferoidal, roscado. Considera que esa afirmación estaría condicionando la clasificación arancelaria de la mercancía. Esto sería una cuestión de orden jurídico. Por consiguiente, caería dentro del ámbito de competencias de la administración de aduanas e IIEE de Bilbao, que sería a quien correspondería la clasificación arancelaria de las mercancías.

Pese a todo lo anterior, la demandante considera que el dictamen del Laboratorio Central de Aduanas no incorpora ninguna información adicional sobre los motivos técnicos por los que nos encontraríamos ante un producto roscado. A mayor abundamiento, existirían informaciones arancelarias vinculantes que contendrían criterios enfrentados. De tal modo que la obligación de motivación sería aún más intensa.

Para concluir, la actora sostiene que, a su juicio, la Administración de aduanas debería haberse ocupado de dilucidar si la existencia de una rosca auxiliar en la pieza, que se puede utilizar o no, le otorga al producto la consideración de un accesorio de tubería roscado, o si se trata de la forma de unión a la tubería principal la que debería tener en cuenta a la hora de considerar si se está o no ante una pieza roscada. De hecho, en el caso que nos ocupa, los accesorios de tubería se unirían a la tubería principal mediante atornillado.

SEGUNDO.-La Abogacía del Estado se opuso al recurso en escrito de contestación de los folios 69 a 82 de los autos.

La respuesta se centra en la falta de motivación en que, según la mercantil actora, habría incurrido la regularización derivada de la Decisión, para lo que 'con carácter previo', -folio 70-, se analiza el historial normativo del grafito esferoidal.

Comienza la exposición con el Reglamento nº 1071/12, de la Comisión, de 14 de noviembre, por el que se establece una derecho antidumping provisional sobre las importaciones de accesorios de tubería moldeados roscados de fundición maleable originarios de la República Popular China y de Tailandia. De lo recogido en los considerandos del reglamento y en su articulado, se desprendería la idea de que la voluntad del legislador era la de incluir el grafito esferoidal dentro del procedimiento de investigación a efectos de determinar si se estaba produciendo dumping. Se incluían expresamente los productos de hierro dúctil en el ámbito de aplicación del procedimiento y de las medidas.

Posteriormente, se habría dictado el Reglamento de Ejecución (UE) 430/2013, por el que se estableció un derecho antidumpingdefinitivo y se percibió definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de accesorios de tubería roscados, moldeados, de fundición maleable originarios de la República Popular China y de Tailandia. Esta norma no incluía una referencia expresa al grafito esferoidal. No obstante, la AGE considera que podía entenderse que el derecho lo alcanzaba también por tres motivos. En primer lugar, los productos a los que afecta el derecho antidumping definitivo serían los mismos en los dos reglamentos. En segundo lugar, los productos no afectados se habrían excluido de forma expresa. En tercer lugar, la norma indicaría que son productos clasificados «actualmente» en la partida 7307 19 10. De ello se desprendería que un eventual cambio futuro en la clasificación arancelaria de esos productos no afectaría al hecho de estar sujetos al derecho antidumping.

Mediante sentencia del TGUE de 30 de junio de 2016 se habría anulado el Reglamento, si bien únicamente en la medida en que imponía un derecho antidumping sobre las importaciones de accesorios de tubería roscados, moldeados, de fundición maleable, fabricados por la empresa china recurrente. No se entraba analizar, por tanto, los productos sobre los que recae el derecho.

En ejecución de esa sentencia se habría dictado el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1.146 por el que se estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de accesorios de tubería roscados, moldeados, de fundición maleable originarios de la República Popular China y fabricados por Jinan Meide Castings Co., Ltd.De manera que este reglamento se limitaba a restablecer el ámbito subjetivo del antidumping, incluyendo de nuevo las importaciones del recurrente. Ahora bien, no habría afectado a las fijadas en los reglamentos anteriores.

En este marco, el TJUE dictó la sentencia de 12 de julio de 2018 (asuntos acumulados C-397/17 y C-398/17). En ella se señaló que había de interpretarse que los accesorios de tubería de fundición de grafito esferoidal moldeados deben clasificarse en la subpartida 7307 19 90. En el procedimiento que dio lugar a esta sentencia no se habría analizado si el grafito esferoidal está afectado o no por los derechos antidumping, sino que simplemente se discutía la clasificación arancelaria del producto.

A raíz de esa sentencia, se habrían modificado las notas explicativas de la nomenclatura combinada del código NC 7307 19 10, eliminando los accesorios de fundición de grafito esferoidal de dicho código NC. Así, se asumió que debe clasificarse en la subpartida 7307 19 90.

Además, se dictó el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/262, que modificó el Reglamento de Ejecución 430/2013. En esa norma se reconocería que el grafito esferoidal no está incluido en la partida 7307 19 10 y se extendería el derecho antidumping a una nueva partida: la 7307 19 90. De ello podría desprenderse, según la AGE, que el propio legislador europeo habría entendido que no podría percibirse el derecho antidumping sin una habilitación expresa.

Posteriormente, se dictó el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1982, por el que se sometieron a registro determinadas importaciones de accesorios de tubería roscados, moldeados, de fundición maleable y de fundición de grafito esferoidal, originarios de la República Popular China. Este tendría su origen en la sentencia del Tribunal General de veinte de septiembre de 2019, que anuló el Reglamento de Ejecución 2017/1.146 porque se entendió que la Comisión había adoptado un método irrazonable para reflejar las diferencias en las características físicas entre los tipos de productos producidos en el país análogo y los exportados desde China. En concreto, a falta de datos relativos a la producción nacional en el país análogo, la Comisión habría utilizado la diferencia de precios observada en las exportaciones de los diversos tipos de productos procedentes de China. Sin embargo, el tribunal entendió que la Comisión no podía presumir que precios que podían verse afectados por un dumping pudieran servir de base para una estimación razonable del valor de mercado de las diferencias en las características físicas, ya que esos precios podían no ser el resultado de las fuerzas que se ejercen normalmente en el mercado. De manera que esa sentencia no cuestionaba si el grafito esferoidal estaba o no incluido en el ámbito de aplicación de la norma. En efecto, únicamente analizaba si la Unión Europea había probado o no suficientemente la existencia de dumping.

Pues bien, el considerando 5 del Reglamento de Ejecución 2019/1982 indicaría que desde el principio se pretendió imponer un derecho antidumping al grafito esferoidal. De tal manera que ese derecho se aplicaba a los productos clasificados en el momento de aprobación del Reglamento 2013/430 en la partida 7307 19 10, aun cuando se produjera un eventual cambio posterior en su clasificación arancelaria.

Finalmente, a las operaciones registradas en virtud de este reglamento se les habría exigido un derecho antidumping en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1.210, por el que se restableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de accesorios de tubería roscados, moldeados, de fundición maleable y de fundición de grafito esferoidal, originarios de la República Popular China, fabricados por Jinan Meide Casting Co., Ltd. Esta norma hace, nuevamente, referencia expresa al grafito esferoidal.

Además, la Abogacía del Estado hace referencia a otras normas que, según su criterio, demostrarían cuál sería la voluntad real del legislador. Así, menciona el Reglamento 2016/1.036, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea. Su artículo 11.2 asigna a las medidas antidumping un plazo de duración de cinco años, y prevé un mecanismo de reconsideración.

En ejecución de dicha previsión, se publicó, el 12 de agosto de 2017, el anuncio de expiración inminente de las medidas antidumping previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 430/2013. Tras esta publicación, la Comisión habría recibido una solicitud de reconsideración por parte delDefence Committee of Tube or Pipe Cast Fittings of Malleable Cast Iron of de European Union,que entendía que la expiración de las medidas acarrearía, probablemente, una continuación o reaparición del dumping y, en consecuencia, del perjuicio para la industria europea.

Lo anterior supuso que, el 8 de mayo de 2018, se publicara un anuncio de inicio en el DOUE. Concluida la reconsideración, se dictó el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1.259, por el que se estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de accesorios de tubería roscados, moldeados, de fundición maleable y de fundición de grafito esferoidal, originarios de la República Popular China y Tailandia. De sus considerandos se desprende la idea de que la sentencia del TJUE de 12 de julio de 2018 y la posterior modificación del arancel no supusieron, a juicio del legislador europeo, una ampliación objetiva del alcance del Reglamento de Ejecución 430/2013, que ya comprendía, desde el principio, al grafito esferoidal.

La AGE señala que el TEAC habría acogido esta postura en su resolución de 20 de octubre del año pasado. Para ello, se habría apoyado en la sentencia del TJUE de quince de julio de 2021 (C-362/20). De este modo, entendió que la voluntad del legislador europeo era la de gravar tanto los productos de fundición maleable como los de fundición esferoidal. Además, entendió que la referencia a la clasificación arancelaria era meramente orientativa, y que podía verse modificada por el trascurso del tiempo. Esa modificación no supondría la exclusión en la aplicación de los derechos antidumping. De entenderse así, no se alcanzaría el fin previsto por la norma reglamentaria de proteger la industria europea frente a la introducción de productos procedentes de terceros países a precios inferiores de los de mercado. En conclusión, la aplicación de los derechos antidumping debería hacerse atendiendo a la presencia en el producto importado de las características definidas por los reglamentos antidumping.

Se concluye, -punto 2.3, páginas 20/21-, que la decisión ha sido debidamente motivada tal y como el TEARPV lo refleja, al haberse entrado a analizar si el producto es o no roscado, con cita de la página 17 de la Resolución recurrida.

A continuación, la administración demandada niega que el Laboratorio Central de Aduanas se haya extralimitado en sus funciones al emitir un informe en el que propone la clasificación arancelaria de las mercancías.

Para justificar esa postura, destaca que los informes emitidos por el laboratorio y que incluyen un código sugerido no serían vinculantes. De tal modo que sería, en todo caso, el órgano gestor el encargado de efectuar la clasificación arancelaria. Reconoce que normalmente la clasificación efectuada por este coincide con la del laboratorio. No obstante, señala que en ocasiones podría no ser así.

El escrito de contestación a la demanda continúa explicando que, de acuerdo con la Orden/HAP/2.320/2003, de 31 de julio, el Laboratorio Central de Aduanas es un organismo imparcial cuya función es la de detallar la morfología de las mercancías. Su artículo primero, punto 4, recogería, expresamente, que se encuentra facultado para emitir dictámenes en relación a las solicitudes efectuadas por cualquier órgano de la AEAT. De ahí que pueda, a juicio de la administración, proponer una clasificación arancelaria, como de hecho sucedería habitualmente, sin extralimitarse en sus competencias.

Por otro lado, la Abogacía del Estado se ocupa de la existencia, mencionada por la demanda, de informaciones arancelarias vinculantescon criterios enfrentados sobre si la mercancía en cuestión debe o no ser considerada como producto roscado. Sobre este extremo, destaca el que la actora no haga mención a ninguna IAV en particular.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ocupa del valor que tendrían las IAV según el Código Aduanero Comunitario y la jurisprudencia. Y llega a la conclusión de que el declarante en la Aduana que presenta declaraciones en nombre y por cuenta propios no puede invocar una IAV de la que no es titular. Además, si bien las IAV emitidas para las mismas mercancías por otro estado miembros pueden utilizarse como medio de prueba, no vincularían a las autoridades aduaneras de los demás. De hecho, la finalidad de los reglamentos de ejecución sería, precisamente, la de solventar esas discrepancias entre los diferentes estados, para garantizar una aplicación uniforme del arancel.

En cualquier caso, la utilización de una IAV emitida por otro Estado como medio probatorio exigiría acreditar una identidad plena entre las mercancías, más allá de la mera descripción contenida en el DUA. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no solo no se habría demostrado tal identidad, sino que ni siquiera habría concretado las IAV a que se refiere. Se trataría, por tanto, de una alegación huérfana de toda prueba y fundamento.

TERCERO.-Como los planteamientos del recurso giran por entero en torno a la motivación de los actos administrativos, antes de diversificar la respuesta sobre las distintas facetas en que se concita, se va a hacer una breve introducción jurisprudencial sobre la materia, que tomamos, entre otras muchas, de la STS, C-A, Sección 5ª, de 19 de diciembre de 2018 (ROJ: STS 4336/2018) del RC nº 2942/2016, que dice así, con nuestras cursivas y subrayados;

'El Tribunal Constitucional, en su sentencia 116/1998 siguiendo una marcada y sostenida doctrina ( Sentencias 58/1993, 28/1994, 153/1997 y 446/1996), señala que el deber de la motivación no autoriza a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de las cuestiones a decidir, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión, es decir la ratio decidendique ha determinado aquella ( sentencia del Tribunal Supremo 115/96). El Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de octubre de 1981 ya afirmaba que, 'la motivación de los actos administrativos es la exteriorización de las razones que sirvieron de justificación, de fundamento a la decisión jurídica contenida en el acto, como necesaria para conocer la voluntad de la Administración, tanto en cuanto a la defensa del particular que por omitirse las razones se verá privado, o al menos, restringido, en sus medios y argumentos defensivos, como al posible control jurisdiccional si se recurriera contra el acto. En fin, la suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, requiriendo por el contrario examinar el caso concreto para comprobar si, a la vista de las circunstancias concurrentes, la resolución impugnada ha cumplido o no este requisito'. Por lo demás la doctrina jurisprudencial ( sentencia de 21 de enero del 2003 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo) tiene declarado, de una parte, que la motivación de un acto o resolución administrativa, conforme, entre otros, a lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la Ley 30/1992, exige que en los mismos se concrete la actuación o abono que se pide o exige del particular y la razón o causa por la que se pide o exige, a fin de que el afectado pueda conocer con claridad y precisión lo que se pide, la causa, razón o motivo que lo origina y articular en base a ello adecuadamente su defensa; y de otra parte, conforme a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional (sentencias de 25.4.94 y 25.3.96) y de la propia Sala Tercera del Tribunal Supremo (sentencias de 25.1.00 y 4.11.02 ) la motivación de una resolución puede hacerse bien directamente, bien por referencias a informes o dictámenes obrantes en las actuaciones. En consecuencia, no cabe confundir la brevedad y concisión de términos de los actos administrativos resolutorios con la falta de motivación , ni es necesario exponer los motivos de la decisión cuando están presupuestos en la misma, bastando para estimar cumplido ese requisito con que, aún sumariamente, se indique de forma inequívoca el fundamento de la resolución. En verdad, la motivación del acto administrativo no depende del grado de suficiencia considerado , certeza posible la verdadera voluntad del órgano actuante para que se entienda suficientemente motivado. En suma, la motivación escueta o sucinta de todo acto administrativo, si es suficientemente indicativa, no equivale a ausencia de motivación ni acarrea su nulidad, pues la sucinta referencia motivadora no requiere una exhaustiva y completa referencia fáctica y jurídica del proceso conformador de la voluntad administrativa.'

-La motivación relativa a la resolución de 24 de enero de 2.020 impugnada en la reclamación nº 48-00042-2020.Dicha actuación, como se ha visto, vino precedida de la notificación del dictamen nº 2019-007598 del Laboratorio Central de Aduanas, abarcando la descripción de la mercancía, y fijó la posición estadística dentro de la partida 73.07 que se detallaba y que dadas las características del accesorio de tubería de que se trataba se clasificaba en el código NC 7307.19.90.10.

Después, tras las alegaciones de 18 de diciembre de 2.019 en que se aportaba el informe técnico a cargo de 'Tecnalia',se dictaba la resolución de 24 de enero de 2.020, que reiteraba fundamentos de la evolución normativa y jurisprudencial y concluía en la fijación de un derecho antidumping del 57,8% 'ad valorem'.

Llegados a este punto, es constatable que la resolución que dio carácter definitivo a la liquidación, se basó en la descripción del producto dictaminada por el Laboratorio Central de Aduanas y se atuvo a que se estaba ante una toma de derivación con salida roscada, destacando esta característica con examen y especial referencia al criterio de la sociedad mercantil recurrente y abordando otros muchos aspectos de la clasificación adoptada. No cabe ver en ello la ausencia de motivación que la parte actora, -desde una concepción que juzgamos errónea-, quiere deducir de todo ese conjunto de actuaciones.

En efecto, el Laboratorio Central de Aduanas concluyó su dictamen afirmando que el producto a efectos de su clasificación arancelaria presentaba caracteres de un accesorio de tubería moldeado de fundición de grafito esferoidal, 'roscado'y para ello antepuso una descripción del mismo que no ha sido cuestionada, y, además, ese dictamen técnico del Laboratorio Central goza de un particular reconocimiento doctrinal y jurisprudencial, y así Sentencias del Tribunal Supremo, C-A Sección 2, de 18 de octubre de 2010 (ROJ: STS 5505/2010) en RC nº 252/2006; o de 7 de octubre de 2010 ( ROJ: STS 5387/2010) en Casación nº 6411/2005, por citar solo algunas, atribuyen a esos dictámenes la presunción de acierto, objetividad e imparcialidad.

En función de ello, la resolución de la fase de gestión recurrida brindaba ya una argumentación que supone la réplica a las razones argumentadas en contra por la firma actora o los informes por ella aportados en ese cauce, y tal argumentación se recogía en el punto 8 de la resolución que hacia una amplísima crítica del informe técnico aportado por la sociedad recurrente, que después trascribía el TEARPV en las páginas 4 a 7 de su Resolución.

Pero no solo ella, sino que una nueva argumentación al respecto vendría después de la mano de la Resolución del TEARPV, pero esa relativa mayor parquedad del acto de gestión en la formulación explicita de réplicas o contrargumentos no es óbice, como se ha visto más arriba, a que la Administración aduanera haya motivado claramente, en una y otra fase, sus actos, y es inacogible la concepción que la parte actora parece abanderar en la que, en aras de una aparente inversión de esa presunción de acierto, sea la Administración la que tenga que 'desvirtuar'cada argumento o duda opuestos por el importador. La motivación no consiste en esa inversión y en que los actos administrativos deban dar una respuesta intensiva y negatoria, -tendencialmente a satisfacción del interesado para no ser ignorada o desdeñada-, sino en que el administrado conozca qué es lo que lleva a la Administración a pronunciarse en un determinado sentido, (atinado o no) sin que las razones de la decisión queden ocultas, y el sujeto pasivo pueda hacer valer las suyas propias y acreditarlas sin sufrir ninguna indefensión.

En el caso presente, es la Resolución del TEARPV la que desarrolla aun más ampliamente esas razones de la controversia prácticamente en toda su extensión y en especial en las páginas 12 a 18 -F.J Quinto a Séptimo-, a que nos tenemos que remitir en bloque dada su extensión, y vamos a extrapolar de ellas tan solo los siguientes enunciados fundamentales:

-En la partida arancelaria 7307 se deben clasificar los accesorios de tubería(empalmes, (rácores), codos, manguitos).

-Respecto de la divergencia sobre el tipo de unión existente, se remite el TEAR al criterio del órgano gestor acerca de que es 'roscada',porque presenta una 'salida roscada que permite unirla con una tubería u otro dispositivo, esto es; una rosca a través de la cual efectúa la unión del accesorio con un ramal o tubería de derivación',que es la finalidad del accesorio .Ello en base a las reglas generales de interpretación 1º y 6º, que, en tal caso, los consideran roscados por ser así definido por la partida TARIC en base a sus características objetivas, (Se hace una descripción completa de las Notas Explicativas del Capítulo 73 referidas a unión entre sí de dos tubos 'o un tubo a otro dispositivo').

-Con referencias al informe de 'Tecnalia'que los considera no roscados (o ranurados) y que consideraba que existían roscas pero que no como unión principal, expresa el rechazo a considerar esa tesis con amplias explicaciones técnicas (y físicas) relativas a la unión roscada frente a la ranurada, concluyendo que el error de la reclamante consistiría en intentar la preeminencia de unas uniones sobre otras o la coexistencia de uniones ranuradas o roscadas, definidas en el caso como un collarín con un sistema de unión de rosca para ensamble con la tubería de derivación.

-Las piezas se presentan a despacho de forma semicilíndrica con la salida roscada en una de ellas para unir un elemento secundario también roscado, uniéndose a la tubería principal a modo de collar mediante dos pernos con tuerca atornillados. Se alude a la rosca central para unir las derivaciones con los dispositivos de que forman parte deduciendo su carácter roscado evidente con nuevas alusiones al informe nº 074312 emitido por'Tecnalia'del que rechaza el argumento de que la rosca 'no es la unión principal', y ello por ser ésta una característica no especificada por el legislador comunitario.

A ello coadyuvarían las diversas IAV que menciona el F.J. Séptimo en su parte final

En definitiva, no permite ningún acogimiento la protesta en que el recurso jurisdiccional en su conjunto se basa, sosteniendo que la Administración demandada no ha hecho (no ha motivado) de forma clara y concreta lo que precisamente acabamos de verificar que sí ha argumentado, insistiendo la recurrente, sin la menor alegación y desarrollo procesal, en el punto de vista que contrapuso en vía de gestión al dictamen del Laboratorio de Aduanas y a los propios órganos de gestión y reclamación económico-administrativos, y que considera 'no desvirtuado'.La parte actora no sustenta en definitiva la invalidez de la liquidación girada en verdaderas razones de fondo, que, como tales, no acomete en el proceso, - articulo 33.1 LJCA-, limitándose a cuestionar el acto de gestión liquidatoria por medio de fundamentaciones de mera ausencia de forma y de justificación externa que resultan netamente voluntaristas e insuficientes en el presente caso para dar al traste con la actividad impugnada.

En todo caso, insistiendo en que la Sala cumple con el deber de congruencia del articulo 67.1 LJCA, al haber examinado los fundamentos del recurso que la parte recurrente califica, con total exclusividad y sin incluir ningún otro, como de'FUNDAMENTOS JURIDICOS FORMALES'-Página 4 del escrito de demanda hasta el final-, no está de más señalar, con carácter abundatorio y 'ad cautelam',que dados los elementos de juicio que se han ofrecido en el proceso, comparte este tribunal plenamente la clasificación arancelaria que la Administración ha establecido en base a la consideración de estarse ante un mecanismo 'roscado', y ello por la mayor fuerza argumentativa de la tesis que la Dependencia de Aduanas e II.EE y el TEAR desarrollan frente a los informes de parte adjuntados en vía administrativa y ya reseñados. Se trata de que, dentro de la sana crítica que prescribe el articulo 348 de la LEC, es de entender que aparece sobrevalorado en tal mecanismo aquel elemento que sirve para fijarlo a la tubería por medio de pernos y tuercas, titulándose y versando incluso los informes, no sin cierta sinécdoque, sobre, 'collarines para tuberías del PVC', olvidando que la función y finalidad del referido mecanismo, en su conjunto, no es fijarse por fijarse a una tubería, sino conectar y derivar dicha tubería hacia otra, lo que efectúa indudablemente a través de una rosca que es el método por virtud del cual se le da salida a la tubería perforada. Constituye una completa inconsistencia señalar que esa salida roscada no tiene por qué utilizarse, porque, si no se utiliza, se esta hablando de un artefacto completamente inútil que, en tal caso, -obvio resulta-, tampoco tiene por qué ni para qué fijarse a una tubería. En suma, lo que caracteriza la función y finalidad del mecanismo, y por donde la misma pasa, es por la solución roscada de salida, y en modo alguno por el sistema que se utilice para sujetar el mecanismo a la tubería principal, formando un conjunto que no se identifica como tal 'collarín'sino, tal y como lo describe el Laboratorio Central de Aduanas, como,'toma de derivación con salida roscada'.

CUARTO.-Por exhaustividad se hace referencia a la denuncia de extralimitación que se atribuye al Laboratorio Central de Aduanas en tanto que, como se ha adelantado más arriba, su dictamen señala que, a efectos de su clasificación arancelaria, el producto presentaría los caracteres de un accesorio de tubería moldeado de fundición de grafito esferoidal, roscado, y considera que esa afirmación estaría condicionando la clasificación arancelaria de la mercancía.

Presupuesto el criterio en contrario de la Administración demandada, la cuestión, muy someramente esbozada, no ofrecería en ningún caso la menor consecuencia sobre la validez de lo actuado al tratarse de la actividad de un órgano de la Administración Consultiva que nada resuelve ni decide en el expediente. En cualquier caso, bien vale decir que, según una inveterada y común experiencia, dicho órgano remite por sistema sus apreciaciones técnicas acerca de la configuración física, química y estructural de las muestras de los bienes y productos sometidos a su valoración, al marco de las partidas y posiciones arancelarias sobre las que incide, del mismo modo y manera que los informes presentados por los recurrentes se basan en conclusiones que predeterminan una determinada clasificación, (en este caso el informe de los folios 14 a 26 contiene apreciaciones de derecho aduanero), lo que no deja de ser consecuencia del carácter hibrido que entre lo técnico y lo jurídico-tributario, representan dichos dictámenes, que sin una vertiente de reconducción hacia la aplicación arancelaria, devendrían generalmente ociosos y farragosos.

Nada, por último, debe argumentar esta Sala respecto de informaciones arancelarias vinculantes(IAV) que ni se especifican ni detallan, y a las que solo se hace una referencia rituaria.

QUINTO.-Desestimable por todo ello el recurso, las costas son de preceptiva imposición a la parte recurrente, de conformidad con el artículo 139.1 de la LJCA, si bien la importante dedicación de la oposición al recurso a temas litigiosos no planteados en esta cauce procesal, y hasta su reiteración en varios ausntos, debe llevar a moderarlas, - articulo 139.4 LJ-, fijándolas en el tercio de las legalmente exigibles con arreglo a las disposiciones colegiales orientativas.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, la Sala, Sección Primera, emite el siguiente,

Fallo

DESESTIMAR EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA PROCURADORA DE LOS TRIBUNALES DOÑA MARÍA LUISA MARTIN BURGOS EN REPRESENTACIÓN DE 'ATUSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A', CONTRA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DEL PAÍS VASCO DE 24 DE SETIEMBRE DE 2.021, EN LA RECLAMACIÓN Nº 48-00042/2020, SEGUIDA FRENTE A ACTUACIONES ADUANERAS ARRIBA RESEÑADAS, Y CONFIRMAR DICHOS ACTOS, CON IMPOSICIÓN DE COSTAS A LA PARTE RECURRENTE EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO F.J. DE LA PRESENTE.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE CASACIÓNante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo, el cual, en su caso, se preparará ante esta Sala en el plazo de TREINTA DÍAS( artículo 89.1 LJCA), contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito en el que se dé cumplimiento a los requisitos del artículo 89.2, con remisión a los criterios orientativos recogidos en el apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, publicado en el BOE n.º 162, de 6 de julio de 2016.

Quien pretenda preparar el recurso de casación deberá previamente consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el Banco Santander, con n.º 4697 0000 93 0903 21, un depósito de 50 euros, debiendo indicar en el campo concepto del documento resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso'.

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos están exentos de constituir el depósito ( DA 15.ª LOPJ).

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se dejará testimonio completo en los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo la Letrado de la Administración de Justicia doy fe en Bilbao, a 23 de mayo de 2022.