Sentencia Administrativo Nº 21/2016, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Santander, Sección 2, Rec 392/2014 de 02 de Febrero de 2016

Encabezamiento

SENTENCIA nº 000021/2016

En Santander, a 2 de febrero de dos mil dieciséis.

Vistos por mí, Doña ANA GOMEZ GONZALEZ, Jueza de adscripción territorial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Dos de Santander, los presentes autos del procedimiento abreviado 392/2014en materia de responsabilidad patrimonial, en el que interviene como demandante, Doña Antonieta , representada por el Procurador, Don Leopoldo Pérez del Olmo, y defendida por el Letrado, Don Rafael Pérez del Olmo, y como demandados: el Ayuntamiento de Torrelavega, defendido por el Letrado de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento; La Fundación Asilo de Torrelavega, representada por el Procurador, Don José Pelayo Díaz, y asistida del Letrado, Don Gustavo Merino Campos; y el Gobierno de Cantabria, asistido por la Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria, he dictado, en nombre de S.M El Rey, la siguiente Sentencia.

Antecedentes

PRIMERO.- El Procurador, Don Leopoldo Pérez del Olmo, presentó, en el nombre y representación indicados, escrito de interposición de recurso contencioso administrativo, contra la Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega, de fecha16 de febrero de 2015, en virtud de la cual se desestimó la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por la recurrente.

SEGUNDO.-Admitida a trámite se dio traslado a los demandados, citándose a las partes, con todos los apercibimientos legales, a la celebración de la vista el día 27 de enero de 2016.

TERCERO.-El acto de la vista se celebró el día y hora señalados, con la asistencia del demandante y de los demandados.

Las partes demandadas formularon su contestación oponiéndose a la pretensión. A continuación, se fijó la cuantía del procedimiento en 912,74 euros, y se recibió el pleito a prueba. Tras ello, se practicó la prueba propuesta y admitida, esto es, la documental y la testifical.

Practicada la prueba, se presentaron conclusiones orales, manteniendo el actor las pretensiones de la demanda, en tanto que el demandado solicitó la desestimación de la pretensión de la actora.

CUARTO.-En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones y garantías legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Planteamiento de la controversia.

En el presente procedimiento, la parte actora ejercitó la acción de responsabilidad patrimonial por los daños materiales que tuvo su vehículo, un Peugeot 306, con matrícula N-....-UK , en la Avenida Fernando Arce, de Torrelavega. El siniestro que dio lugar a los referidos daños se produjo cuando, encontrándose estacionado el vehículo, cayó sobre él la rama de uno de los árboles sitos en la finca perteneciente a la Fundación Asilo.

Frente a dicha pretensión, se alzaron y opusieron todos los demandados, alegando la falta de legitimación pasiva.

La cuantía del pleito se fijó en 912,74 euros.

SEGUNDO.-Legislación y jurisprudencia aplicables.

El art. 106.2 CE consagra el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración al señalar que 'los particulares, en los términos establecidos en la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos'. El régimen de tal responsabilidad, cuyo conocimiento se atribuye, en todo caso, a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa en los arts. 9.4 LOPJ y 2 e) LJ , se desarrolla en los arts. 139 a 146 de la LRJAP 30/1992 debiendo tenerse en cuanta, a su vez, el art. 121 LEF . Concretamente, el art. 139 citado establece que 'los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos'.

Desde el punto de vista de la doctrina y jurisprudencia emanadas en torno a este régimen, puede decirse que, para que surja la pretendida responsabilidad patrimonial de la Administración se requieren los siguientes requisitos:

a) Un hecho imputable a la Administración, siendo suficiente por tanto con acreditar que se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.

b) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, es decir, que el que lo padece no tenga el deber jurídico de soportarlo. El perjuicio patrimonial ha de ser real, evaluable económicamente, efectivo y individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

c) Una relación de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se imputa a la administración y el daño producido.

d) Ausencia de fuerza mayor, como causa ajena a la organización y diferente del caso fortuito.

El fundamento de este sistema se ha desplazado desde la perspectiva tradicional de la acción del sujeto responsable a la perspectiva del patrimonio del perjudicado, sin que ello signifique prescindir del requisito de la causalidad y por ello de la imputación (esto ha llevado a ciertos sectores doctrinales a criticar la denominación que reiteradamente se efectúa del régimen como de responsabilidad objetiva por generar equívocos que han provocado excesos). Es decir, el centro del sistema es el concepto de lesión que no puede entenderse en sentido vulgar o coloquial de perjuicio sino como pérdida patrimonial antijurídica. Esta antijuridicidad no deriva del hecho de que la conducta del autor sea contraria a derecho (antijuridicidad subjetiva) sino de la circunstancia de que tal pérdida no deba ser soportada por el perjudicado por existir un deber jurídico que se lo imponga, lo que supone que la antijuridicidad se predica del efecto de la acción como principio objetivo de garantía del patrimonio del administrado. De esta forma se exige para que aparezca el concepto de lesión, el perjuicio, la ausencia de causas de justificación de la producción del mismo respecto del titular y la posibilidad de imputarlo a la Administración. Este elemento de la imputación es esencial para el surgimiento de la responsabilidad no bastando la mera relación de causalidad pues es preciso que la lesión causalmente ligada a la acción u omisión pueda ser jurídicamente atribuida, en este caso, a quien constituye una persona jurídica. Así, la doctrina baraja diversos títulos de imputación como que el agente haya obrado en el ámbito de organización de aquella (lo que excluye la imputación en caso de contratistas, concesionarios o profesionales libres, en general), que se presuma externamente como expresión del funcionamiento del servicio público normal o anormal, la creación de un riesgo en beneficio de la actividad administrativa o el enriquecimiento sin causa.

En relación a esta materia, la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2002 unifica criterios en torno al alcance de la denominada tradicionalmente responsabilidad objetiva de la Administración respecto al funcionamiento de sus servicios públicos, recordando que, en reiterados pronunciamientos de este Tribunal Supremo (se) tiene declarado, que: ' La prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico'.

TERCERO.- Valoración de la prueba, título de imputación.

Una vez expuestos los anteriores fundamentos, he de entrar a analizar uno de los presupuestos esenciales para apreciar la responsabilidad de la Administración en un caso como el que se nos presenta, cual es el título de imputación de la Administración por el funcionamiento anormal del servicio público.

Es evidente y no discutido por las partes, la relación causal existente entre la caída de la rama del árbol y los daños materiales que se produjeron como consecuencia de la misma en el vehículo de la recurrente. Extremo que resultó ratificado por el testimonio de los Policías Locales que prestaron declaración en la vista oral, los cuales se personaron en el lugar de los hechos una vez ocurrido el siniestro. Tampoco es objeto de controversia, la cuantía reclamada por la actora (informe pericial, documento número seis de la demanda).

Sentado lo anterior, se ha de dilucidar la responsabilidad por los daños materiales causados sobre el vehículo de la demandante.

Considero que, a la vista del artículo 106.2 anteriormente citado, y de las pruebas practicadas, el Ayuntamiento de Torrelavega ha demostrado la ruptura del título de imputación, resultando responsables en este caso, el Gobierno de Cantabria y la Fundación Asilo de Torrelavega.

La anterior afirmación la sustento en los siguientes argumentos. En primer término, partiendo de las alegaciones de la actora, relativas a las labores de poda que se estaban llevando a cabo junto a la Fundación 'El Asilo' por parte de operarios del Ayuntamiento de Torrelavega, estas no han resultado en ningún caso probadas. En este sentido, se ha de recordar que, conforme al artículo 217 LEC , regulador de la carga de la prueba, le corresponde al demandante la acreditación de tal extremo. Sin embargo, y al amparo del citado precepto, sí existe prueba de descargo suficiente que sirve para constatar que no se estaban realizando tales labores de poda. Consta el informe del Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines, emitido en fecha 11 de junio de 2014, que refleja esta circunstancia. Asimismo, se practicó la testifical de Doña Inocencia , Directora del SERCA y responsable de estas labores en el Ayuntamiento, que señaló que el árbol del que cayó la rama se encontraba dentro de la finca de la Fundación, y que ese día no hubo ninguna intervención por su parte en labores de poda. Además, refirió que al encontrarse dentro de una finca cedida al Gobierno de Cantabria, no pueden intervenir en las labores de mantenimiento de la misma, correspondiéndole a éste último. Los agentes de la Policía Local número NUM000 y NUM001 , que acudieron al lugar, coincidieron al decir que no había ningún operario trabajando, y que la zona estaba vallada porque se estaban llevando a cabo labores de mantenimiento dentro de la finca donde se encuentra la Fundación. También adujeron en sus declaraciones, que el árbol no se encontraba en la vía pública, sino detrás de la valla, dentro de la finca titularidad del cesionario.

En síntesis, les correspondía, tanto al Gobierno de Cantabria, que es el titular de la finca, la cual tiene cedida a raíz del Convenio firmado en enero de 2010 (Documento número 10), así como a la Fundación 'El Asilo', la obligación de conservación y mantenimiento de todos aquellos elementos susceptibles de originar daños como los que se han producido en este caso. Por otro lado, no ha sido probada por parte de las demandadas fuerza mayor que, en su caso, podría llevar a su exoneración tal y como determina el artículo 106.2 de la Ley 30/1992 y 1908 del Código Civil .

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto es claro que han quedado acreditados los siguientes extremos:

Los hechos se produjeron por la caída de la rama de un árbol situado dentro de la finca perteneciente a la Fundación 'El Asilo'.

Dicha finca se encontraba vallada, dado que se estaban realizando por parte de GESVICAN, labores de acondicionamiento DEL SOLAR.

No existe imputación posible al Ayuntamiento de Torrelavega, al no ser una finca de titularidad municipal (está cedida al Gobierno de Cantabria), no correspondiéndole en consecuencia el mantenimiento de los árboles existentes en la misma.

En consecuencia, los daños materiales que tuvo el vehículo de la recurrente, han de ser indemnizados por la Fundación propietaria, y por el Gobierno de Cantabria, al que le fue cedida la finca para la construcción de equipos asistenciales. Afirmación que realizo al amparo de lo expuesto, y partiendo de lo establecido en los artículos 106.2 LRJAPPAC y 1908 del Código Civil . Este último precepto, de aplicación al presente caso, dice que los propietarios responderán de los daños causados por la caída de árboles en sitios de tránsito público, siempre que no fueran originados por causa de fuerza mayor.

CUARTO.- Costas procesales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 LJCA , las costas procesales habrán de satisfacerse por el Gobierno de Cantabria y la Fundación 'El Asilo'.

Vistos los preceptos legales citados, y demás, de general y pertinente aplicación,

Fallo

ESTIMO PARCIALMENTEla demanda presentada por el Procurador, Don Leopoldo Pérez del Olmo, en nombre y representación de Doña Antonieta , contra la Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega, de fecha16 de febrero de 2015, y en consecuencia SE ANULA PARCIALMENTE,en el exclusivo sentido de que la cantidad a indemnizar es de 912,74 euros, manteniendo la exoneración de responsabilidad de la Administración, sin imponérsele las costas procesales.

ESTIMO ÍNTEGRAMENTEla demanda presentada por el Procurador, Don Leopoldo Pérez del Olmo, en nombre y representación de Doña Antonieta , contra el Gobierno de Cantabria, y la Fundación 'El Asilo' de Torrelavega, y, en consecuencia, les CONDENO CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTEa indemnizar a la perjudicada en la cantidad de 912,74 euros que devengará el interés legal del dinero desde la fecha de emplazamiento a los demandados para contestar la demanda.

Las costas procesales se imponen al Gobierno de Cantabria y a la Fundación 'El Asilo' de Torrelavega.

La presente resolución es FIRME y contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN:Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha.