Sentencia Administrativo Nº 221/2016, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Lleida, Sección 1, Rec 663/2014 de 23 de Mayo de 2016

Encabezamiento

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1 LLEIDA

Procedimiento abreviado nº: 663/2014 -Sección B-

Parte actora: Nazario

Representante parte actora:Joan Comaposada Campo

Parte demandada: AJUNTAMENT DE LLEIDA

Representante parte demandada: Letrado Ajuntament de Lleida

SENTENCIA Nº 221/16

En Lleida, a 23 de mayo de 2016

Doña Alejandra Esteban Aruej Magistrada Juez del Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida y su provincia, he visto el juicio promovido por Nazario , representado por el letrado D. Joan Comaposada Campo, contra la resolución de AJUNTAMENT DE LLEIDA, representada por el letrado de la Corporación Municipal .

Antecedentes

PRIMERO.- El día 12 de febrero de 2015 tuvo entrada en este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, demanda suscrita por la parte actora en la que tras alegar los hechos y fundamentos legales que estimó procedentes a su derecho, pedía se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos de la demanda.

SEGUNDO.-Admitida la demanda y señalados día y hora para la celebración del acto del juicio, éste tuvo lugar el día 27 de enero de 2016. Abierto el juicio la parte actora se afirma y ratifica en su demanda. En período de prueba se practicaron las propuestas por las partes y admitidas por la Magistrada, con el resultado que es de ver en autos; ratificándose en conclusiones en sus peticiones.

TERCERO.-En la tramitación de los presentes autos se han cumplido las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-En el presente procedimiento se formula recurso contencioso-administrativo por parte de Nazario frente a la desestimación de la solicitud formulada por la recurrente sobre reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración frente al Ayuntamiento de Lleida como consecuencia de las lesiones sufridas a causa de una caída en la vía pública en la calle Músic Vivaldi de la localidad de Lleida al no resultar acreditada la relación de causalidad entre los hechos denunciados y el funcionamiento del servicio público.

SEGUNDO.-La responsabilidad patrimonial de la Administración viene configurada en los artículos 106.2 de la Constitución y 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común 30/92, de 26 de noviembre, como una responsabilidad directa y objetiva, que obliga a la primera a indemnizar toda lesión que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

No es preciso, pues, como se exige para la responsabilidad entre particulares el artículo 1.902 del Código Civil , que concurra cualquier género de culpa o negligencia en la actuación de la Administración, sino que es suficiente que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. La responsabilidad pasa así a reposar sobre un principio abstracto de garantía de los patrimonios, dejando de ser una sanción por un comportamiento inadecuado para convertirse en un mecanismo objetivo de reparación, que se pone en funcionamiento sólo si, y en la medida en que, se ha producido una lesión patrimonial. No siendo precisa la ilicitud, el dolo y la culpa o negligencia de la Administración, los requisitos quedan limitados a la existencia de daño y la relación de causa a efecto entre éste y el funcionamiento de los servicios públicos. De esta manera, lo que se pretende es que la colectividad, representada por la Administración, asuma la reparación de los daños individualizados que produzca el funcionamiento de los servicios públicos, por constituir cargas imputables al coste del mismo en justa correspondencia a los beneficios Generales que dichas servicios aportan a la comunidad ( SSTS, Sala 3ª entre otras muchas, de 12 de Septiembre , 17 de Junio , 10 de Mayo , 19 de Abril , 8 y 7 de Marzo , 22 , 21 , 15 y 7 de Febrero , 30 y 25 de Enero de 2006 , de 15 Noviembre 1979 , de 26 febrero 1982 , 2 Noviembre 1983 y 24 Octubre 1984 entre otras).

La abundante Jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia ha señalado como requisitos imprescindibles para poder declarar la responsabilidad patrimonial de una Administración Pública, los siguientes:

A) Que no haya transcurrido el plazo de un año que según la Jurisprudencia ha de reputarse de prescripción ( SSTS de 25 de Noviembre de 1992 , 17 de Julio de 1992 , 16 de Mayo de 1990 , 22 y 25 de Marzo de 1990 ), entendiéndose que el plazo de prescripción se computa desde que el perjudicado pudo ejercitar esa acción (por ser ese momento en el que nace la acción) y es susceptible de interrupción ( SSTS de 15 de Octubre de 1990 , 13 de Marzo de 1987 y 24 de Julio de 1989 entre otras).

B) Que exista una lesión sufrida por el particular en sus bienes o derechos que sea antijurídica, (esto es, que no tenga obligación de soportar), y que sea real y efectiva, individualizada en relación a una persona o grupo de personas, y susceptible de valoración económica. Así, no todo daño que produzca la Administración es indemnizable, sino tan sólo los que merezcan la consideración de lesión, entendida, según la doctrina y jurisprudencia, como daño antijurídico( artículo 141.1 de la Ley 30/1992 ), expresión utilizada no por considerar que la conducta de quien lo causa sea contraria a Derecho, sino porque el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo (bastando con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social) o porque no existan causas de justificación que lo legitimen. Además de todo ello, para que el daño sea indemnizable ha de ser real y efectivo, evaluable económicamente, e individualizadoen relación con una persona o grupo de personas ( artículo 139.2 de la Ley 30/1992 ), y debe incidir sobre bienes o derechos, no sobre meras expectativas.

C) Que haya existido un funcionamiento normal o anormal del servicio público, entendido éste como toda actuación, gestión, actividad, o tarea propia de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad. Servicio público viene a ser así sinónimo de actividad administrativa y para su calificación hay que atender, más que a una tipificación especial de alguna de las formas en que suelen presentarse, al conjunto que abarca todo el tráfico ordinario de la Administración, siendo irrelevante para la imputación de los daños a la Administración que ésta haya obrado en el estricto ejercicio de una potestad administrativa, o en forma de mera actividad material o en omisión de una obligación legal ( SSTS de 31 de Octubre de 1.978 , 2 de Febrero de 1.980 , 4 de Marzo y 5 de Junio de 1.981 , 25 de Junio de 1.982 , 16 de Septiembre de 1.983 , 20 de Enero y 25 de Septiembre de 1.984 , 24 de Noviembre de 1.987 , 25 de Abril de 1.989 , 2 de Enero y 17 de Noviembre de 1.990 , 7 de Octubre de 1.991 , y 29 de Febrero de 1992 , 28 de Marzo de 2000 , 30 de Marzo de 2.000 , 6 de Febrero de 2.001 , 30 de Junio de 2003 , 19 de Octubre de 2004 entre otras).

D) Que exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que concurra fuerza mayor .

La lesión efectiva en los bienes y derechos de los particulares que genera la obligación de indemnización a cargo de la Administración debe ser entendida como un daño o perjuicio antijurídico que los afectados no tienen la obligación de soportar por no existir causa alguna que lo justifique, lesión que tiene que ser consecuencia de hechos idóneos para producirla (STS 19-12- 1996).

La Jurisprudencia imperante en la materia, a la luz de la cuál se parte de la consideración de que en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración el principio imperante es el de la reparación íntegra, dado que tanto el artículo 106.2 de la Constitución como el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , se refiere a 'toda lesión' que los particulares 'sufran en cualquiera de sus bienes y derechos'. De ahí que el Tribunal Supremo haya afirmado que la obligación de indemnización ha de tender a proporcionar 'la indemnidad' ya que 'sólo con este criterio se cumple la exigencia constitucional de que la tutela sea efectiva y, por lo tanto, completa' ( SSTS entre otras, de 29 de Noviembre de 1.990 , 21 de Enero y 12 de Marzo de 1.991 , o 25 de Junio de 1.992 ).

TERCERO.-Asentado lo anterior, y a fin de tratar de dilucidar la reclamación de responsabilidad patrimonial que nos ocupa, y partiendo de que la parte demandada no niega la producción del hecho dañoso, la cuestión controvertida debe reducirse a determinar la concurrencia del nexo causal y la cuantificación de la indemnización pretendida por la demandante debiendo proceder a realizar el análisis siguiente.

A tal efecto, es de resaltar que la jurisprudencia viene modulando el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, rechazando que la mera titularidad del servicio determine la responsabilidad de la Administración respecto de cualquier consecuencia lesiva relacionada con el mismo que se pueda producir, lo que supondría convertir a la Administración en aseguradora universal de todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, siendo necesario, por el contrario, que esos daños sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración. ( Ss. 14/10/2003 i 13/11/1997 ).

Pues bien, constituye jurisprudencia consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación, o como dice la Sentencia de 18 de octubre de 2005 , EDJ 2005/166124, la carga de la prueba del nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la Administración, por lo que no habiéndose producido esa prueba no existe responsabilidad administrativa. En el mismo sentido se ha pronunciado la Sentencia de 7 de septiembre de 2005 , EDJ 2005/149522, entre otras muchas.

Así, la invocación del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial no exonera del cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto, entre ellos, la acreditación de los hechos que pongan de manifiesto el nexo causal entre la lesión o el perjuicio cuya reparación se pretende y la actuación administrativa o funcionamiento del servicio.

Por mor de lo expuesto, los Tribunales vienen exonerando de responsabilidad a las Administraciones públicas cuando el accidente pudiera haber sido evitado con una mínima atención, cuidado al deambular o eludir o soslayar el lugar.

CUARTO.-La reclamación de la parte recurrente sobre responsabilidad patrimonial de la Administración se basa en el hecho de que sufrió unos daños como consecuencia de su caída sufrida el día 16 de febrero de 2013 sobre las 20.00 horas al chocar con una baldosa que se encontraba levantada y en mal estado cayendo al suelo.

Entiende que la caída y los correspondientes daños son imputables al Ayuntamiento de Lleida por cuanto la caída se produjo como consecuencia del mal estado del pavimento.

Consta incorporado en el folio 16 del expediente administrativo oficio del Cap de l'OAC de la Guardia Urbana de Lleida en la que se indica que 'pel present us informen que a data d'aquest ofici no s'ha instruit cap atestat ni s'ha trobat cap part diari d'intervenció en la data dels fets objectes de reclamació en la reclamació patrimonial de la que us adjuntem copia'. En el folio 18 del expediente se recoge informe emitido en fecha de 1 de agosto de 2013 del Servei d'Enginyeria en la que se hace indicar: 'No es té constancia que s'hagin modificat les condicions de la vorera des del momento de la caiguda fins l'actualitat. L'estat de la vorera es el que s'observa en les fotos adjuntes, amb un lleu esfondrament en el pericó ubicat davant del gual. La vorera té un amplada de 2 metres, esta realitzafa amb panot rallat, atorgant una adherencia suficient en condicions normals de circulació, i el pendent transversal está dintre de normativa. La zona afectada té unes dimensions aproximades de 60x60 cm. En el lloc de la caiguda estava concedida una llicencia de gual a nom de Braulio i número de placa NUM000 , pero aquesta es va donar de baixa en data 1/10/2012. El manteniment del paviment de la vorera que es pugui malmetre degut al pas de vehicles correspon al titular de la llicencia de gual, segons els articles 43 i 48 de l'Ordenança Municipal d'Us de la Via i els Espais Públics de Lleida'.

Por otra parte, cabe entender que el recurrente conocía la situación en la que se encontraba la acera, y que debía haber adoptado las medidas de precaución al efecto, por cuanto se trata de una zona que se encuentra a 150 metros aproximadamente de su vivienda, como así se indica en el informe de Zurich de fecha de 17 de junio de 2014 (folio 28 del expediente administrativo). En este sentido, existen algunas contradicciones dado que en la demanda se dice que el Sr. Nazario se encontraba de vuelta a casa y según las declaraciones testificales de Jacinto Y Modesto iban a otro bar a tomar una copa, concretamente el Sr. Jacinto indicó que pasaban por allí porque iban a tomar algo.

Además, de las fotografías que constan en el expediente administrativo se desprende que nada existe en la vía pública que impidiera al lesionado advertir dicha irregularidad, totalmente visible y apreciable, ni la ausencia de iluminosidad, ni la mala visibilidad en el lugar cuando se produjeron los hechos; habiéndose desprendido de la práctica articulada que existía un paso libre para deambular, al ser la calzada muy ancha, concretamente de 2 metros según informe técnico obrante en Autos, que se encontraba en buenas condiciones de pavimentación, lo que nos lleva a concluir que la actora sí estaba obligada a adoptar la mínima diligencia exigible en el deambular de cualquier viandante, lo que nos lleva a concluir que la conducta de la actora debe valorarse como factor determinante de la producción de la caída, pues, como ya ha quedado constatado en las presentes actuaciones, los desperfectos del pavimento de la acera eran suficientemente visibles para todas las personas que caminasen por este tramo, puesto que aunque no estaban señalizados, la presencia del obstáculo no dejaba de ser clara y manifiesta para cualquier viandante que prestara un mínimo de atención y cuidado, por lo que la causa del resbalón debe achacarse a la propia distracción o forma de deambular de la lesionada que no se apercibió de la presencia del obstáculo hasta que se cayó.

La existencia de un evidente deber de diligencia de todo peatón cuando circula por la calle; y en lo que se relaciona con la necesidad de valorar lo que debe considerarse como un estándar normal de los servicios públicos, de los que no puede exigirse/es una suerte de perfección. El deber de diligencia es tan obvio que nunca ha sido necesario explicitarlo en el ordenamiento jurídico. No hay ninguna norma en estos momentos que introduzca un deber general de prudencia respecto a uno mismo. No obstante, la cláusula general de diligencia se podría extraer del mismo planteamiento del Código civil, porque si el artículo 1902 imputa a quien causa un daño por negligencia el deber jurídico de soportar sus consecuencias, este deber se debería pedir con tanta o más razón cuando es el mismo peatón perjudicado quien causa daño. Del artículo 1902 se puede desprender un deber general de diligencia que se debe proyectar tanto en la relación con terceros como en la relación con uno mismo. Una diligencia que es la que correspondería a un buen padre de familia en la expresión de nuestro Código Civil , o la que correspondería a una persona razonable, en expresión del ordenamiento británico. Y este deber de diligencia es más acusado en atención a que la actora circulaba por una vía que conocía a plena luz del día, en la que hubiera sido perfectamente posible sortear el desnivel que si bien era visible no constituía una anormalidad relevante en el normal funcionamiento de los servicios públicos de pavimentación de las vías públicas.

Así lo ha señalado también el TSJ de Cataluña en la sentencia número 29/2016 de fecha de 15 de enero de 2016 donde recoge lo siguiente: 'En este sentido, esta Sala ya ha resuelto en anteriores sentencias que la responsabilidad de la Administración surge cuando un obstáculo en la calle supera lo que es el normal límite de atención exigible en el deambular y que no puede exigirse una total uniformidad en la vía pública, pero sí que el estado de la vía (hablando en un sentido comprensivo de acera y calzada) sea lo suficientemente uniforme como para resultar fácilmente superable con un nivel de atención exigible socialmente, y que sólo cuando se requiera un nivel de atención superior surge la relación de causalidad que no resulta rota por hecho de tercero o de la propia víctima':

Pero además la descripción de la zona antes expuesta, no permite concluir que existiera un funcionamiento deficiente de los servicios municipales competentes, conforme al art. 25.2 LRBRL , ya que, la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas debida a un comportamiento omisivo (como en este caso sería la falta de conservación en buenas condiciones de la vía pública) sólo puede darse cuando existen deficiencias en el funcionamiento del servicio, las cuales no han quedado acreditadas en este caso; ni cabe considerar que el funcionamiento del servicio público fuese anormal, ya que, lo único que se ha acreditado es el vado no estaba señalizado.

La situación descrita no resulta en sí misma suficiente para entenderla relevante para la causación del riesgo provocador del siniestro, y desde luego, entendemos que no resulta en absoluto imputable a la Administración demandada, como déficit en el cumplimiento de sus deberes en cuanto al cuidado y conservación de las vías públicas, ni constitutivo de un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración, o de un resultado independiente de dicho funcionamiento, que la parte recurrente no tenga obligación de soportar.

Por todo lo expuesto, ante el hecho de que no se acredita la existencia de relación causal entre el funcionamiento del servicio público y el desgraciado resultado dañoso producido, procede la íntegra desestimación de la demanda.

QUINTO.-No se aprecian motivos que justifiquen la imposición de costas procesales a ninguna de las partes.

Fallo

PRIMERO.-DESESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Nazario frente a la desestimación de la solicitud formulada sobre reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración.

SEGUNDO.-No procede imponer las costas procesales a ninguna de las partes

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso.

Así por esta mi Sentencia , lo pronuncio mando y firmo.

PUBLICACIÓN.Leída y publicada que fue la anterior Sentencia por la Magistrada que la suscribe en audiencia pública y en los estrados del Juzgado. Doy fe.