Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 241/2021, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Albacete, Sección 1, Rec 54/2021 de 24 de Septiembre de 2021

Encabezamiento

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1

ALBACETE

SENTENCIA: 00241/2021

Modelo: N11600

C/ TINTE, 3 4ª PLANTA

Teléfono:967 19 18 26 Fax:967 24 72 56

Correo electrónico:contencioso1.albacete@justicia.es

Equipo/usuario: 06

N.I.G:02003 45 3 2021 0000105

Procedimiento:PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000054 /2021 /

De D/Dª : Consuelo

Abogado:ELIECER LOPEZ RODRIGUEZ

Procurador D./Dª : ROSARIO RODRIGUEZ RAMIREZ

Contra D./DªEXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Abogado:LETRADO AYUNTAMIENTO, CARLOS MIGUEL FORNES VIVAS

Procurador D./Dª, CONCEPCION VICENTE MARTINEZ

SENTENCIA número: 241/2021

En ALBACETE, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos por Dª Cristina Galve Calvo, Magistrada-Juez adscrita al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Albacete, los autos de Procedimiento Abreviado nº 54/2021promovido por la recurrente Dª Consuelo, representada por la Procuradora Sra. Rodriguez Ramirez y asistida por el Letrado D. Eliecer Lopez Rodriguez, siendo parte demandada el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, representado y asistido por la Letrada de los Servicios Jurídicos y SEGURCAIXA ADESLAS, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por la Procuradora Sra. Vicente Martinez y asistida de Letrado/a, en materia de responsabilidad patrimonial.

Antecedentes

PRIMERO.-Por la Procuradora Sra. Rodriguez Ramirez, en nombre y representación de Dª Consuelo se interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Albacete fecha 8 de abril de 2021 por la que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Dª Consuelo.

SEGUNDO.-Admitido a trámite el recurso, se acordó reclamar el expediente administrativo y se señaló día para la vista.

TERCERO.-El día señalado se celebró la vista con la asistencia de ambas partes.

En el acto del juicio, el recurrente se ratificó en su escrito de demanda, oponiéndose la Administración demandada y la entidad aseguradora, según los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos. Recibido el procedimiento a prueba y habiéndose practicado las declaradas pertinentes y previas conclusiones de las partes, se declararon los autos conclusos para sentencia.

CUARTO.-La vista se ha procedido a registrar en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen.

Fundamentos

PRIMERO.-El objeto del presente recurso contencioso administrativo consiste en el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Albacete fecha 8 de abril de 2021 por la que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente Dª Consuelo. En el suplico de la demanda solicita que se dite sentencia por la que se reconozca el derecho de la actora a ser indemnizada en la cantidad de 14.969Ž13 euros, más los intereses legales que correspondan.

La parte actora fundamenta su pretensión en que el día 8 de septiembre de 2019, tropezó con un adoquín que se encontraba en mal estado, al estar sumido sobremanera respecto al resto de adoquines, sito en la puerta R-2 del Recinto Ferial, provocando dicho desnivel, la caída de la actora al suelo. Como consecuencia de la caída la actora sufrió lesiones consistentes en: 'dolor y fractura luxación trimoleolar del tobillo derecho' que precios de intervención quirúrgica para colocar material de osteosíntesis en maléolo peroneo y tibial y tardó en curar 173 días de los cuales 4 días fueron de perjuicio personal grave; 85 días de perjuicio personal moderado y 84 días de perjuicio personal básico. Y secuelas: 'limitación de la dorsiflexion de tobillo 'valorada en 3 puntos y 'material de osteosíntesis en tobillo' valorado en 3 puntos. Como perjuicio estético en grado 'ligero' valorado en dos puntos, reclamando la cantidad total de 14.969Ž13 euros.

La Administración demandada interesa la desestimación del recurso y confirmación de la resolución recurrida alegando que no hay ninguna prueba sobre los hechos que constan en la demanda y en caso de que la caída hubiera caído en el lugar indicado por la demandante no consta acreditado el nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y la caída, alegando que no se cuestiona la existencia de un pequeña desperfecto en la acera, pero dicho desperfecto, teniendo en cuenta la dimensión del mismo y que el desnivel provocado por tres centímetros, era de escasa entidad del mismo y además la caída se produjo a plena luz del día y por la anchura de la acera por lo que con una mínima diligencia al caminar se podía superar dicho desperfecto.

La aseguradora SEGURCAIXA interesa la desestimación del recurso y confirmación de la resolución recurrida reiterando los argumentos del Ayuntamiento de Albacete y en caso de estimarse la pretensión del actor se opone al importe reclamado en concepto de indemnización por las lesiones.

SEGUNDO.-El art. 106.2CE consagra el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración al señalar que 'los particulares, en los términos establecidos en la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos'. El régimen de tal responsabilidad, cuyo conocimiento se atribuye, en todo caso, a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa en los arts. 9.4LOPJ y 2 e) LJ , se desarrolla en las Leyes 39 y 40/2015, de forma sustancialmente idéntica al régimen de los arts. 139 a 146 de la LRJAP 30/1992 debiendo tenerse en cuanta, a su vez, el art. 121LEF .

Desde el punto de vista de la doctrina y jurisprudencia emanadas en torno a este régimen, puede decirse que, para que surja la pretendida responsabilidad patrimonial de la Administración se requieren los siguientes requisitos:

a) Un hecho imputable a la administración, siendo suficiente por tanto con acreditar que se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.

b) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, es decir, que el que lo padece no tenga el deber jurídico de soportarlo. El perjuicio patrimonial ha de ser real, evaluable económicamente, efectivo y individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

c) Una relación de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se imputa a la administración y el daño producido.

d) Ausencia de fuerza mayor, como causa ajena a la organización y diferente del caso fortuito.

e) la sujeción del ejercicio del derecho al requisito temporal de que la reclamación se cause antes del transcurso del año desde el hecho motivador de la responsabilidad. En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Por otra parte, debe tenerse presente que los criterios de aplicación a estos supuestos son los principios generales de distribución de la carga de la prueba y conforme a la remisión normativa establecida en el art. 60.4 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio , en el proceso contencioso-administrativo rige el principio general del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que atribuye la carga de la prueba a aquel que sostiene el hecho. Por ello, cada parte debe soportar la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos, y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor.

En concreto señala la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª de 5 de junio de 2007, recurso 8525/2003, que constituye jurisprudencia consolidada:

1) que la prueba de de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación, o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2005, la carga de la prueba del nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la Administración.

2) que la acreditación de la ruptura del nexo causal como causa de exoneración de la responsabilidad de la Administración, que presupone la existencia de tal nexo, corresponde a la Administración, como señala la jurisprudencia ( SSTS 24-2- 2003, 18-2-1998 y 15-3-1999).

Todo ello, sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación del principio de la buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil acreditación para la otra ( sentencias TS (3ª) de 29 de enero, 5 de febrero y 19 de febrero de 1990, y 2 de noviembre de 1992, entre otras).

En consecuencia, es a la parte demandante a quien corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes de la existencia, de la antijuridicidad, del alcance y de la valoración económica de la lesión, así como del sustrato fáctico de la relación de causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la Administración. En tanto que corresponde a la Administración titular del servicio la prueba sobre la incidencia, como causa eficiente, de la acción de terceros, salvo en el supuesto de hecho notorio; en el caso de ser controvertido, le corresponde, también, a la Administración la acreditación de las circunstancias de hecho que definan el estándar de rendimiento ofrecido por el servicio público para evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial a los usuarios del servicio derivadas de la acción de terceros y para reparar los efectos dañosos, en el caso de que se actúen tales situaciones de riesgo.

En el ámbito de las Administraciones locales, el art. 54 Ley 7/1985 , dispone que 'Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa', texto que reitera el art. 223 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/86 , de 28/Noviembre ).

TERCERO.-En relación con esta materia, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2002 unifica criterios en torno al alcance de la denominada tradicionalmente responsabilidad objetiva de la Administración respecto al funcionamiento de sus servicios públicos, recordando que: « en reiterados pronunciamientos de este Tribunal Supremo (se) tiene declarado, Sentencia de 5 jun. 1998 , que 'La prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico'.»

Y la STS de 6 de noviembre de 1999 afirma que 'Debe, pues, concluirse que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá, entonces, deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable'.

También se ha pronunciado en el mismo sentido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en sentencia de 8 junio de 2015 (Recur. Apelación nº 363/2013) donde establece: ' La sentencia apelada analiza, adecuada y acertadamente, los criterios de causalidad e imputación en relación con el supuesto objeto de la litis expresando que aun cuando está acreditado que existían dos socavones en la vía, que estaban separados por unos metros y con una profundidad, cada uno de ellos, de unos 2 ó 3 centímetros, debía concluirse que se trataba de pequeñas irregularidades de la vía, sin que pudiera apreciarse la existencia de obstáculos o desperfectos de entidad tal como para establecer un nexo de causalidad entre la caída de la demandante y la actuación administrativa municipal. Continúa expresando, con acierto, la sentencia apelada que si bien la Administración Pública responde de forma directa e inexcusable de todo daño antijurídico, siempre que sea causado por el funcionamiento de la Administración, ello no significa que la responsabilidad patrimonial convierta a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos sociales. No puede garantizarse totalmente a los peatones que no sufrirán una caída en la calle y por tanto los viandantes para evitar las caídas, han de observar también la diligencia debida ( STS de 17 de mayo de 2001 ) que será mayor o menor según las circunstancias personales de cada uno pues no es posible extender la cobertura del servicio público viario hasta garantizar la ausencia total de deficiencias que, aun siéndolo, difícilmente pueden ser consideradas como jurídicamente relevantes en la generación de un riesgo cuya producción constituya a la Administración en la obligación de resarcirlo por cuanto más que como una ausencia de servicio o como un servicio defectuoso las deficiencias denunciadas deben calificarse como riesgos socialmente admitidos propios de la vida colectiva y socialmente tolerados.

Afirma, también, la sentencia apelada que el referido obstáculo no puede ser considerado con relevancia suficiente como para entender existente la requerida relación de causalidad, pues no cabe considerar idóneos para provocar la caída que se produjo los pequeños desniveles, o grietas, del asfalto, atendiendo a factores de adecuación para la producción del resultado lesivo que tuvo lugar, precisamente, por la falta de diligencia y atención que es exigible a los peatones para deambular por la vía pública.'

Y tras reproducir una fundamentación similar a la anterior, la más reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, de 24 de julio de 2017 ( recurso apelación 90/16 ), añade que ' como también hemos dicho en otras ocasiones, y como expresa la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 27 de enero de 2015 (ponente Ilmo. señor Yebra Pimentel), cuyo criterio compartimos, de nada vale invocar que la responsabilidad de la Administración es objetiva y que nace, sin más, del resultado dañoso producido para los viandantes, pues la responsabilidad hay que relacionarla siempre con un fallo o deficiencia cierto en el funcionamiento de la calle, que además debe ser de la entidad suficiente para sorprender al que transita por ella y quebrar su natural confianza en que su paso puede discurrir sin ninguna anormalidad u obstáculo previsible , nada de lo cual cabe afirmar concurrente en el supuesto analizado.'.

Además, e insistiendo en el hecho probatorio, resulta igualmente oportuno recordar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, entre otras, podemos encontrar plasmada en Sentencia de la Sala 3ª de 6 de abril de 2004 , cuando vino a establecer ' que la carga de la prueba, no sólo del daño sino del nexo causal, corresponde a la parte recurrente es indiscutible, y la doctrina de nuestra Sala al respecto es reiterada. Pero como hoy toda la doctrina sobre la carga de la prueba elaborada por nuestra procesalística se encuentra positivizada en el artículo 217 de la nueva Ley de Enjuiciamiento civil nos limitaremos a reproducir los siguientes mandatos que en dicho texto pueden leerse - insistimos que lo que se positiviza es condensación de una labor doctrinal y jurisprudencial de toda una época-. Concretamente importa retener esto: 'Cuando al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor.....' (art. 217, número 1).' 'Corresponde al actor (...) la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprende según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda (...)' (art. 217, número 2).

'Incumbe al demandado (....) la carga de probar los hechos que conforme a las normas que le sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior' (artículo 217, número 3 ).'

CUARTO.-Descendiendo al caso que nos ocupa y valorando la prueba practicada y el expediente administrativo y aunque se cuestiona por el Excmo. Ayuntamiento de Albacete que la caída se produjera en sito en la puerta R-2 del Recinto Ferial y que la misma se produjera por defectos existentes en la acera, lo cierto es que con la prueba practicada, en particular con la testifical de Dª Marisa, hija de la recurrente quien manifiesto que el día 8 de septiembre de 2019 sobre las 16:00 horas, iba con su madre paseando por la Feria y estaban bordeando la misma y que había bastante gente, porque en ese lugar es donde se colocan los caballos de la Feria y su madre metió el pie en un socavón que había en el suelo y se cayó al suelo y ya no podía apoyar el pie. En cuanto al lugar donde ocurrió la caída, consta aportado al procedimiento fotografías del recinto ferial (documento nº 3 de la demanda) y en concreto del lugar de la caída y teniendo en cuenta que dichas fotografías según manifestó la testigo Dª Marisa, fueron hechas por ella al día siguiente de la caída de su madre y en las mismas se comprueba que en la puerta R-2 del recinto ferial existen varios adoquines hundidos formando desnivel, lo que corrobora la versión de la actora en cuanto a la causa de la caída También consta acreditado que la actora fue asistida por el puesto de la Cruz Roja el mismo día 8 de septiembre de 2019 a las 16:33 horas por 'dolor tobillo derecho' y fue derivada al Hospital Universitario de Albacete, según consta en el documento nº 2 de la demanda, elementos todos ellos que llevan a dar credibilidad a la versión de la demandante, en cuanto a la caída, lugar donde se produjo la misma y la forma en que se produjo, esto es introducir el pie en un desperfecto existente en la acera del recinto ferial de Albacete.

Procede examinar si existía desperfecto en la acera y la entidad del mismo para poder exigir responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento demandado.

En relación con esta cuestión y valorando la prueba practicada consta acreditado que el lugar donde se produjo la caída de la recurrente existía un desperfecto en la acera, consistente en que 'estuvieron rotos unos adoquines que suponían una superficie de 0Ž06 metros cuadrados aproximadamente, generando un pequeño hundimiento de 3 centímetros de profundidad' y también se indica que 'los adoquines rotos se encontraban situado en los Ejidos de la Feria. Se trata de un amplio espacio público destinado al uso peatonal 'y así consta en el Informe de Infraestructuras, donde también se indica que tras constatar dicho desperfecto se procedido a su reparación el día 4 de diciembre de 2020 por la empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTURA y que no se tenía constancia de mas caídas en dicho lugar y en el Informe emitido por Policía Local de Albacete, en donde se indica que no consta ningún informe, ni actuación realizada en relación con la caída de Dª Consuelo. También se desprende de las fotografías aportadas por la recurrente y de las fotografías aportadas como Anexo al Informe del servicio de Infraestructura donde se comprueba la existencia de dos adoquines que parte de los mismos están rotos y hundidos y forman un pequeño escalón de aproximadamente tres centímetros y que el resto de recinto de grandes dimensiones y de uso peatonal no tiene desperfectos visibles y que impida o dificulte el tránsito de peatones. En consecuencia con lo anterior y constatado que el desperfecto existente en el lugar de la caída consistía en dos adoquines rotos y hundidos y que como consecuencia de dicho hundimiento generaba un desnivel de tres centímetros, lo que puede considerase un pequeño desperfecto, que no tiene la entidad suficiente para poder existir responsabilidad al Ayuntamiento demandado, teniendo en cuenta que no consta acreditado que el resto de la acera presentara desperfectos o hubiera obstáculos que dificultaran o impidiera al peatón sortear el desperfecto existente, como se comprueba con las fotografías aportadas y con el Informe del Servicio de Infraestructura y que el hecho de ser un día festivo en la localidad de Albacete y que hubera gente en el recinto ferial, obliga a extremar la precaución a la hora de deambular por un recinto concurrido y en la medida que la caída ocurre a sobre las 16:00 horas, a plena luz del día con perfecta visibilidad y de acuerdo con la jurisprudencia expuesta hemos de concluir que no aparece acreditada la relación de causalidad entre las condiciones del acerado y el accidente.

Estimamos que el estándar social sobre la seguridad de las vías públicas no llega al extremo de reclamar unas superficies perfectamente lisas y regulares y sin ningún desnivel. No es irrazonable que existan pequeñas irregularidades y siempre se ha de exigir cierta atención por los peatones para evitar el riesgo existente. En este caso acreditado el desperfecto existente en la acera a través del Informe de Infraestructura consistente en dos adoquines que componen el recinto ferial de uso peatonal hundidos y como consecuencia del mismo se forma un desnivel de tres centímetros, dicho desperfecto tanto por su dimensión como por su profundidad no puede considerarse suficiente para que sean atribuibles a la Administración Municipal, en relación de causalidad, las consecuencias de una caída, pues en este caso todos los posibles accidentes que en relación física pudieran producirse con tan poco relevantes obstáculos o elementos del mobiliario urbano perteneciente a los municipios les serían imputables. Por el contrario, en casos como el presente, se requeriría para entender existente la relación de causalidad que hubiera una anormal actuación en los servicios municipales o un comportamiento activo por indebida instalación de los elementos del mobiliario urbano generador de un riesgo en relación con los usos normales a efectuar en la vía pública. Tal comportamiento no ha resultado acreditado en el presente caso, no bastando con un mero tropiezo, ante la existencia de un impedimento como el existente que entra dentro a juicio de esta juzgadora de 'pequeño desperfecto', para que el Ayuntamiento sea responsable de las consecuencias dañosas que se puedan producir sobre las vías y bienes de titularidad municipal. El referido obstáculo no se considera por lo tanto relevante para entender existente la requerida relación de causalidad pues no se consideran idóneos los pequeños desniveles o grietas del asfalto o el acerado para provocar la caída que se produjo, atendiendo a factores de adecuación para la producción del resultado lesivo que tuvo lugar, precisamente por la falta de diligencia y atención que es exigible para deambular incluso por las aceras; y al estándar de eficacia que es exigible a los servicios municipales de conservación puesto que, en otro caso, se llegaría a la exigencia de un estándar de eficacia que excedería de los que comúnmente se reputan obligatorios en la actualidad.

Por lo expuesto, procede el citado de una Sentencia desestimatoria de acuerdo con lo establecido en el Artículo 70.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al considerar ajustada a derecho la actividad administrativa impugnada.

QUINTO.-El Artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece en materia de costas, tras la modificación operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal que: 'En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá la costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho'. De acuerdo con lo expuesto, entiende esta juzgadora que en el caso concreto que nos ocupa existen serias discrepancias fácticas y jurídicas, por cuanto no podemos obviar que los desperfectos en el pavimentos existen, aún cuando se ha considerado que carecen de la entidad suficiente para imputar los daños sufridos por el recurrente al Ayuntamiento demandado. Es por ello por lo que no proceder hacer especial pronunciamiento en materia de costas.

Fallo

DESESTIMOel recurso interpuesto por la Procuradora Sra. Rodriguez Ramirez, en nombre y representación de Dª Consuelo contra el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Albacete fecha 8 de abril de 2021 por la que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Dª Consuelo. y DECLAROser la misma ajustada a Derecho.

Sin costas.

Cúmplase lo dispuesto en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, notificando la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma NOcabe RECURSO DE APELACIÓN.

Llévese testimonio a los autos y archívese el original, devolviéndose el expediente a su lugar de origen una vez firme esta resolución.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.