Sentencia Administrativo Nº 257/2015, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 446/2013 de 05 de Junio de 2015

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Cuarta

SENTENCIA Nº 257/15

Iltmos. Sres.:

Presidente

D. JOSÉ MARTÍNEZ ARENAS SANTOS.

Magistrados:

D. LUIS MANGLANO SADA.

Dª .AMALIA BASANTA RODRÍGUEZ.

En la Ciudad de Valencia, a 5 de junio de dos mil quince.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso-administrativo nº 446/13, interpuesto por Dª . Delia , D. Casimiro y D. Fructuoso , representados por el Procurador D. Sergio Ortiz Segarra y asistidos por el Letrado D. José J. Panadero Sánchez, contra el Jurado Provincial de Expropiación de Valencia, habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que realizó mediante escrito en el que solicitó se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.

SEGUNDO.- La representación de la parte demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmara la resolución recurrida.

TERCERO.- Habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las partes para que practicaran el trámite de conclusiones y, realizado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO.- Se señaló la votación y fallo para el día 3 de junio de dos mil quince, teniendo así lugar.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS: Los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. LUIS MANGLANO SADA.

Fundamentos

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se han interpuesto por Dª . Delia , D. Casimiro y D. Fructuoso contra la resolución de 18-6-2013 del Jurado Provincial de Expropiación de Alicante que, en el expediente nº NUM000 , fijó un justiprecio de 255.475,55 euros.

SEGUNDO.-Del expediente administrativo se desprende que la actuación administrativa expropiatoria del Ministerio de Fomento en favor de ADIF afectó a la finca de los actores del Polígono NUM001 , parcela NUM002 , término municipal de Elx, de 2.218 m2, clasificada como suelo no urbanizable de regadío, siendo expropiado el suelo, una edificaciones (vivienda, trastero y caseta), instalaciones e infraestructuras diversas y variado arbolado.

Consta que los propietariosexpropiados (los actores) presentaron una hoja de aprecio en la que se valoró el conjunto expropiado en la cntidad de 484.674,75 euros.

Por parte de la Administración expropiantese presentó una valoración total de 219.806,59 euros.

El Jurado Provincial de Expropiación de Valenciautilizó para el cálculo de la capitalización de la renta agraria anual real o potencial, y, en consecuencia, para la determinación de los rendimientos unitarios, precios percibidos por el agricultor y costes unitarios de cultivo, con las siguientes consideraciones:

a) el conocimiento directo y específico sobre las parcelas.

b) los datos estadísticos y especializados de la GV, publicados en el DOCV, referentes a las diferentes orientaciones productivas y al potencial productivo de las mismas.

c) los precios agrarios publicados por la GV, con diferentes periodicidades (semanal, trimestral, anual...).

d) los precios y producciones aplicados a efectos de indemnizaciones en las diferentes líneas de seguros agrarios establecidos con carácter anual.

Así, considerando que el suelo afectado estaba clasificado por el planeamiento como no urbanizable, aplicó para su valoración el art. 23 del RDL 2/2008, de 20 de junio , utilizó el método de capitalización de rentas potenciales, con referencia a los precios del cultivo hortícola de la alcachofa, estimando como valor del suelo, a tenor de lo establecido en el punto 1 del mencionado precepto legal, el de 10,70 €/m, quedando así el justiprecio:

Suelo: 2.218 m2 x 1,5 x 10,70 euros/m2........................35.598,90 euros.

Edificaciones: vivienda, trasteros y caseta.......... . . . . . . . . . . . . . . . . .146.045,98 euros.

Instalaciones e infraestructuras:............49.238,58 euros.

Arbolado:... ornamental: 1694, 90 euros; agrícola: 822,66 euros.

5% de premio de afección........11.670,05 euros.

Todo ello para un justiprecio total de 255.475,55 euros.

La parte actora cuestiona el justiprecio del Jurado, criticando la falta de motivación y explicación del mismo, aportando informe pericial de Arquitecto Técnico con la demanda, que establece un fator de localización 2, para un valor del suelo de 19,944 €/m2, debiendo valorarse el suelo en 44.235 euros. También se critica la valoración de las edificaciones, infraestructuras e instalaciones y el arbolado, por falta de motivación, fijando el dictamen de parte unos respectivos valores de 256.513,26 euros, 61.745,39 euros y 8.283 euros, solicitando un justiprecio final de 400.241,02 euros, más intereses de demora.

Se opone la Administración demandada a las alegaciones de la demanda, aduciendo que resulta ajustada a Derecho la valoración efectuada por el Jurado de Expropiación, sin que la parte actora hayan acreditado que el mismo haya incurrido en error de hecho o de derecho en la determinación del justiprecio.

TERCERO.-Con carácter previo, debemos destacar que las resoluciones de los Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa gozan de una presunción 'iuris tantum' de legalidad y acierto en la cuantificación del justiprecio, presunción que puede ser combatida y revisada en vía jurisdiccional en los supuestos de infracción de preceptos legales, o notorio error material, o cuando se acredite una desajustada apreciación de los datos materiales, o cuando la valoración no esté en consonancia con la resultancia fáctica del expediente.

Dicha presunción de carácter 'iuris tantum', puede ser desvirtuada en base a la prueba practicada en sede jurisdiccional, especialmente a través de la prueba pericial, que reúna los razonamientos necesarios para llevar a la Sala, a la hora de valorarla conforme a las reglas de la sana crítica, a la convicción de que por su objetividad y fundamentación es suficiente para demostrar el error de los informes emitidos por los técnicos de la Administración al efectuar su valoración.

Con relación a los informes periciales acompañados a las hojas de aprecio, su condición de prueba de parte, no les priva de capacidad de convicción sino que ello derivará en gran medida del análisis crítico a que lo someta el Tribunal sentenciador, tal como estableció la STS de 8-5-2012 (Rec. cas. 2090/2009 ).

Asimismo la Ley de Enjuiciamiento Civil otorga validez a los dictámenes de peritos designados por las partes y se reserva la designación por el Tribunal de perito para los casos en que así le sea solicitado por las partes o resulte estrictamente necesario, tal como previene su artículo 339 .

Trasladando las precedentes consideraciones al presente litigio, la prueba pericial de parte practicada con las garantías que ofrece la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene virtualidad suficiente para desvirtuar la presunción de acierto de los acuerdos valorativos de los Jurados de Expropiación, estableciendo la STS de 21-9- 2011 que no puede limitarse la eficacia solo a la prueba pericial judicial.

Habrá que estarse, pues, al mayor o menor rigor del dictamen pericial de parte, junto con el resto de las pruebas practicadas, y ello en comparación con la fundamentación que preside la solución del Jurado, para decidir si la presunción de acierto debe prevalecer o no.

En esta línea, las SSTS de 21-9-2001 , 18-10-2011 , 23-7-12 y 8-11-11 recalcan que:

' Esta Sala ha negado... que sólo sea eficaz para destruir la presunción de acierto de la valoración del Jurado el dictamen del perito de designación judicial, admitiendo que puede lograr dicho resultado cualquier medio de prueba admitido en derecho:

'No obstante, a mayor abundamiento, cabe hacer otras dos observaciones conducentes a idéntica conclusión. Por un lado, si bien es cierto que una antigua corriente jurisprudencial exigía dictamen de perito designado mediante insaculación para que, de resultar aquél convincente, pudiera destruirse la presunción de acierto del acuerdo del Jurado, hace ya tiempo que la jurisprudencia de esta Sala no se orienta en ese sentido. Como es sabido, de conformidad con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, la prueba pericial consiste normalmente en informe pericial de parte; y dado que en el proceso contencioso- administrativo, según dispone el art. 60.4 LJCA , 'la prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil', a lo dispuesto por el art. 360 LEC sobre el informe pericial de parte como modo normal de la prueba pericial ha de estarse. Si a ello se añade que la ley no impone ninguna clase de prueba tasada para destruir la presunción de acierto de los acuerdos del Jurado, sólo cabe concluir que ese resultado puede lograrse mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. Cuestión distinta, por supuesto, es la valoración que el órgano judicial haga del material probatorio, que en todo caso habrá de ser motivada y razonable.

Por tanto, la ausencia de una prueba pericial judicial no significa que no se pueda desvirtuar la presunción de acierto y legalidad del acuerdo del jurado mediante otro tipo de pruebas, debiendo en todo caso el órgano judicial valorar todo el material probatorio existente, que es en definitiva lo que hace la sentencia de instancia'.

En definitiva, dicha presunción puede ser destruida mediante prueba en contrario, reconociéndose al efecto la jurisprudencia que los informes periciales acompañados a la demanda o emitidos en los autos por medio de técnico idóneo, nombrado con las garantías procesales establecidas en los arts. 610 y ss. LEC , gozan de las mismas características de objetividad que el acuerdo del Jurado, por lo que en caso de discordancia entre ambos, el Tribunal puede fijar el justiprecio, siguiendo el informe emitido en autos valorado conforme a las exigencias de la sana crítica.

Para la resolución de la cuestión suscitada ha de partirse de lo dispuesto en el art. 23.1 del RDL 2/2008, de 20 de junio , en cuya virtud, el suelo ha de valorarse conforme a su clasificación urbanística y situación. Por tanto, nuestro marco jurídico acude necesariamente para la valoración del suelo expropiado a la clasificación real del suelo por el planeamiento en el momento de la expropiación.

Por lo que se refiere a la valoración de los terrenos situados en suelo no urbanizable, la misma ha de practicarse según lo regulado en el art. 23 de dicho TRLS,de conformidad con el cual para la valoración del suelo que tenga la clasificación de no urbanizable ha de acudirse al método de capitalización de rentas potenciales o reales del suelo.

En el caso de autos, el suelo expropiado estaba clasificado por el planeamiento aplicable como no urbanizable, por lo que la valoración de los terrenos había de efectuarse, en consecuencia, tal como llevó a cabo el Jurado de Expropiación, acudiendo al citado art. 23 del TRLS, y siendo que los integrantes del Jurado conocían, según se indica en el acuerdo impugnado, los precios de mercado en la zona donde se hallaba enclavada la finca afectada, tanto por su régimen urbanístico como por su situación, tamaño, naturaleza, usos y aprovechamientos, resultaba de aplicación el método de capitalización de rentas potenciales, a tenor de los cultivos hortícolas de alcachofas.

Cuestión distinta es si el valor del suelo que el Jurado fijó conforme al indicado art. 23.1 de la Ley del Suelo -10,70 €/m2- respondía a su precio real de mercado, extremo que se pasan seguidamente a analizar.

CUARTO.-En el supuestoenjuiciado obra en autos dictamen pericial elaborado por el Arquitecto D. Daniel , perito designado por la Sala de conformidad con lo establecido en el art. 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, tras realizar un exhaustivo estudio de las cuestiones litigiosas, utilizando para ello el mismo método de capitalización de rentas potenciales, con referencias a cultivos de alcachofas, obtiene un valor del metro cuadrado de la finca expropiada de 91.596,07 euros/Ha (9,159 €/m2), que multiplica por el factor de localización 2 por darse las circunstancias que lo posibilitan, para un precio final del suelo de 40.632,02 euros/m2.

Sin embargo, pese a lo motivado del informe pericial practicado en el proceso, esta Sala no acepta por pertinente y debidamente justificado el valor que el perito judicial otorga al suelo expropiado, pues disiente del valor de 9,159 euros/m2 por resultar inferior al del Jurado, y disiente del factor de localización máximo de 2 aplicado, pues la ubicación de la finca expropiado no reúne las características que permiten aplicar el coeficiente en grado máximo, estimando más ponderado el factor de localización del 1,50 aplicado por el Jurado, de conformidad al artículo 23.1-a) del RDL 2/2008 .

En consecuencia, para el cálculo del valor del suelo deberá acudirse al informe pericial acompañado a la demanda, más motivado y mejor explicado que el del Jurado, que cuantifica el suelo a razón de 19,944 €/m2, pero aceptando el factor de localización del 1,5 aplicado por el Jurado, para un valor total del suelo de 19,44 €/m2 multiplicado por 1,5 y por la superficie expropiada de 2.218 m2, para un total por este concepto de 64.676,88 euros.

En cuanto a las infraestructuras e instalaciones, edificaciones y arbolado se aceptan los cálculos de la pericial judicial, debiendo conferirles pleno valor probatorio para tener por acreditado que el justiprecio de la finca expropiada fijado por el Jurado en su acuerdo es erróneo por falto de motivación y justificación técnica, quedando desvirtuada así la presunción de acierto de que goza tal acuerdo, el cual, por consiguiente, ha de ser anulado, por ser contrario a Derecho, quedando, en consecuencia, fijado el justiprecio de la finca expropiada de la siguiente forma:

Suelo: 2218 m2 x 1,5 x 19,44 euros/m2........................64.676,88 euros.

Edificaciones: vivienda . . . . 151.088,09 euros.

Trasteros y caseta..12.172,78 euros.

Infraestructuras e instalaciones: 64.824,23 euros.

Arbolado ornamental y frutal......................7.123 euros.

IRO (traslado, alquiler, cosechas)...10.404,48 euros.

5% de premio de afección.........15.803,93 euros.

Todo ello para un justiprecio total de 325.803,93 euros, más intereses legales, cuyo cálculo tendrá como punto de partidael siguiente día a la fecha de la efectiva ocupación de los bienes o derechos - art. 52.8 de la Ley de Expropiación Forzosa -, hasta que el justiprecio determinado definitivamente en vía administrativa se paga, deposita o consigna eficazmente, salvo que la ocupación tuviese lugar después de transcurridos seis meses desde la declaración de urgencia, pues al entenderse cumplido con ella el trámite de declaración de necesidad de ocupación - art. 52.1 de la Ley de Expropiación - el dies a quo será el siguiente a aquel en que se cumplan los seis meses de la declaración de urgencia, a menos que ésta no contuviese la relación de bienes o derechos expropiables.

Procede, por todo lo expuesto, la estimación parcial del recurso contencioso.

QUINTO.-Por todo ello, y a la vista de la parcial estimación del recurso, de conformidad al artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , no se hace condena en costas, y cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Fallo

1. Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª . Delia , D. Casimiro y D. Fructuoso contra la resolución de 18-6-2013 del Jurado Provincial de Expropiación de Alicante que, en el expediente nº NUM000 , fijó un justiprecio de 255.475,55 euros.

2. Se anulan y dejan sin efecto los actos impugnados por ser contrarios al ordenamiento jurídico.

3. Se reconoce el derecho de los recurrentes a percibir un justiprecio de 325.803,93euros, más intereses legales.

4. No se haceexpresa imposición de las costas procesales.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación a preparar ante esta Sala para el Tribunal Supremo en el plazo de diez días desde la notificación de esta sentencia.

A su tiempo, y con certificación literal de la presente sentencia, devuélvase el expediente administrativo al órgano de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente designado para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que certifico como Secretario de la misma. Valencia, en la fecha arriba indicada.