Sentencia Administrativo Nº 298/2015, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 57/2014 de 02 de Julio de 2015

Encabezamiento

RECURSO Nº 57/14

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

S E N T E N C I A Nº 298/2015

Presidente

D. José Martínez Arenas Santos

Magistrados

Doña Amalia Basanta Rodríguez

D. Edilberto Narbón Laínez

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En Valencia a dos de julio de dos mil quince.

Visto el recurso interpuesto por D. Aurelio , y Doña Adriana y Doña Fermina -en su condición de herederas de Doña Salome -, representados por la Procuradora Doña Paula Carmen Calabuig Villanova y defendidos por Letrado, contra Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia de 24-9-13 (exp. No NUM000 ), por el que se fija el justiprecio de la finca nº NUM001 del proyecto (parcela NUM002 Pº NUM003 del TM de Gandía) expropiada para la ejecución de la obra 'Carretera N-337 acceso sur al Puerto de Gandía desde la carretera N-332, PK 200+800', habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Ha sido Ponente la Magistrada Doña Amalia Basanta Rodríguez.

Antecedentes

PRIMERO.-Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que suplicó se dictara Sentencia anulando los actos impugnados y declarando su derecho al justiprecio interesado.

SEGUNDO.-La Administración demandada contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitó se desestimara la misma por ser los actos impugnados dictados conforme a derecho.

TERCERO.-Se recibió el proceso a prueba, y, evacuado el trámite de conclusiones, quedaron los autos pendientes de votación y fallo.

CUARTO.-Se señaló para la votación y fallo del recurso el día 1-7-2015, teniendo lugar la misma en el citado día.

QUINTO.-En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-Se impugna en el caso presente Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia de 24-9-13 (exp. No NUM000 ), por el que se fija el justiprecio de la finca nº NUM001 del proyecto (parcela NUM002 Pº NUM003 del TM de Gandía) expropiada para la ejecución de la obra 'Carretera N-337 acceso sur al Puerto de Gandía desde la carretera N-332, PK 200+800'.

El JEF de Valencia determina, en primer lugar, como fecha de valoración la de 4-2-2009, por ser la de iniciación del expediente de justiprecio.

Establece, además, que el expediente está relacionado con el NUM004 correspondiente a la finca nº NUM005 y que la propiedad presentó una única valoración de las plantas ornamentales y de las afecciones correspondientes a las dos fincas, por lo que el JEF opta por incluir en el exp. NUM000 la valoración de todas las plantas ornamentales.

Y, añade, que según la DT 3ª de la LS (TRLS aprobado por R. Decreto Legislativo 2/2008 ), las reglas de valoración fijadas por dicha ley se aplicarán a todos los expedientes incluídos en su ámbito material de aplicación, que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007 de 28-5.

A continuación establece que el suelo afectado tenía la condición de RURAL, uso/cultivo real o potencial vivero ornamental, fijando los criterios de valoración, con remisión a lo establecido en el art. 23.1 del R. Dec. Legislativo 2/08 de 2-6 por el que se aprueba el TR de la LS , según el cual el suelo se valorará por el método de Capitalización de la Renta Anual Realo Potencial, la que sea superior, de la explotación , según el estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración.

Y que la renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos, conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción, incluyendo en su caso como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo, y se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada.

Para el cálculo de la capitalización de la renta agraria anual real o potencial, y, en consecuencia, para la determinación de los rendimientos unitarios, precios percibidos por el agricultor y costes unitarios de cultivo, se han tomado en cuenta las siguientes consideraciones:

a) el conocimiento directo y específico sobre las parcelas.

b) los datos estadísticos y especializados de la GV, publicados en el DOCV, referentes a las diferentes orientaciones productivas y al potencial productivo de las mismas.

c) los precios agrarios publicados por la GV, con diferentes periodicidades (semanal, trimestral, anual...).

d) los precios y producciones aplicados a efectos de indemnizaciones en las diferentes líneas de seguros agrarios establecidos con carácter anual.

Renta agraria x 100

Capitalización = ----------------------------------

Rendimiento deuda pública del Estado

(DA 7ª R. Dec. Legis. 2/2008)

Siendo:

Rotación de cultivos a dos años en huerta:

Renta agraria = Producción vendible - gastos de explotación

Producción vendible = kg. por Ha. x precio kg. al agricultor

Considera el cultivo cebolla babosa, chufa, patata temprana, melón y lechuga y una renta agraria en dos años de 14.595 E/Ha (45.650 -31.055); y anual:

14.595/2 = 7.297,50 E/Ha. = 0,72975 E/m2.

De tales valores se extrae la siguiente capitalización de la rotación: 0,72975 x 100

---------------------------- = 29,23 E/m2

2,496

Precisa que, no obstante, por la vinculación del JEF a las hojas de aprecio, se estará al valor unitario interesado por la propiedad de 11,20 E/m2.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 23. 1 b) del R. Decreto Legislativo 2/2008 valora de forma independiente las edificaciones, construcciones e instalaciones, por el método de reposición, según su estado y antigüedad en el momento al que deba referirse la valoración; y que las plantaciones y sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de arrendamientos rústicos y otros derechos se tasarán con arreglo a los criterios de las LEF y LAR.

Valoró, así:

*plantas ornamentales: 27.974,41 E.

*almacén: 107 m2 x 180 E/m2 = 19.260 E.

*solera de hormigón: 159 m2 x 25 E/m2 = 3.975 E.

*sombrajo de perfiles metálicos y malla de sombreo: 3.640 E.

*cerramiento mallazo simple torsión:

296 ml x 26,83 E/m2 = 7.941,68 E

*puerta de mallazo de dos hojas abatibles: 396,58 E.

*puerta de mallazo de una hoja abatible:

2 ud. x 262,83 E/ud = 525,66 E.

*quemador de fábrica bloque de hormigón:

2 ud x 358 E/ud = 716 E.

*balsa descubierta y elevada: 720 E.

*construcción de fábrica de bloque hormigón: 450 E.

*balsa enterrada y cubierta de 3.500 l.: 389,96 E.

*perforado de pozo de 64 m. profundidad: 2.200 E.

Concluye un justiprecio final de 96.325,20 -incluído premio de afección-.

La actora muestra su disconformidad con dicho justiprecio,

primero por entender errónea la fecha de valoración determinada por el JEF, que, dice, ha de ser la del inicio de la pieza de justiprecio en 11-7-2012 -como la expropiante estableciera. F. 47 del exp. -; que no se ha valorado una balsa de riego ni 1.417 m2 de cultivo de naranjos; error en la valoración de las plantas ornamentales.

Solicita el abono de intereses de demora, tomando como referencia el 23-1-2009, puesto que la ocupación tuvo lugar en 3-2-2009 y la declaración de necesidad de ocupación de los bienes en 23-7-2008 (seis meses después).

La Administración demandada considera conforme a derecho la resolución del Jurado.

SEGUNDO.-Como esta Sala viene declarando, de conformidad con la doctrina del TS, los acuerdos de los Jurados Provinciales de Expropiación, conforme a una muy reiterada Jurisprudencia, gozan de una presunción de veracidad y acierto, derivada de su doble composición técnico-jurídica y de su permanencia y estabilidad para la determinación del justo precio, presunción que por su naturaleza 'iuris tantum' puede ser combatida y revisada en vía jurisdiccionaltanto en supuestos de notorio error material, o infracción de preceptos legales, como en aquéllos que se acredite una desajustada apreciación de los datos materiales, o cuando la valoración no esté en consonancia con la resultancia fáctica del expediente, siendo un medio idóneo al efecto, pero no el único, el informe pericial emitido en el proceso jurisdiccionalcon las garantías establecidas en los artículos 610 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por tener similares características de objetividad e imparcialidad que el acuerdo del Jurado, por lo que en caso de discordancia entre ambos, los Tribunales pueden fijar el justiprecio siguiendo el dictamen emitido en autos valorado conforme a las reglas de la sana crítica, cual ordena hacer el art. 632 de la Leyanteriormente citada.

Y ha declarado también -en relación a la prueba pericial- que"dicha presunción de carácter 'iuris tantum', puede ser desvirtuada en base a la prueba practicada en sede jurisdiccional, especialmente a través de la prueba pericial, que reúna los razonamientos necesarios para llevar a la Sala, a la hora de valorarla conforme a las reglas de la sana crítica, a la convicción de que por su objetividad y fundamentación es suficiente para demostrar el error de los informes emitidos por los técnicos de la Administración al efectuar su valoración. Con relación a los informes periciales acompañados a las hojas de aprecio, su condición de prueba de parte, no les priva de capacidad de convicciónsino que ello derivará en gran medida del análisis crítico a que lo someta el Tribunal sentenciador. En estos términos se pronuncia la sentencia del T.S. de 8-5-2012, 3457/2012, recurso 2090/2009 , que enseña lo siguiente:

'Ya expresamos más arriba que la prueba pericial judicial es medio apto e idóneo para desvirtuar la presunción de legalidad y acierto de los acuerdos del Jurado, pero que no constituye el único medio para conseguirlo, con la puntualización de que la valoración del material probatorio debe realizarse de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en su conjunto.

Por ello disentimos de la argumentación de la parte recurrente en los términos de generalidad empleados para negar capacidad desvirtuadora a otras pruebas que no sean la pericial judicial. En este sentido, baste recordar que la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil no exige para la validez y eficacia probatoria del dictamen pericial de parte su ratificación ante el Juez, lo que permite constatar que se trata de una prueba con incuestionable valor probatorio.

Sometida la valoración de la expresada prueba, al igual que la pericial judicial, a la regla de la sana crítica, no se observa razón alguna para rechazar a priori, como en definitiva pretende la recurrente, el dictamen pericial aportado con la hoja de aprecio y obrante en el expediente administrativo, cuyo examen resulta obligado por el órgano judicial y excusa su proposición como prueba documental, tal y como declara el Tribunal a quo en su Auto de 4 de septiembre de 2007sobre recibimiento del pleito a prueba.

La Ley de 2000 introduce, conforme se afirma en su exposición de motivos, '... los dictámenes de peritos designados por las partes y se reserva la designación por el Tribunal de perito para los casos en que así le sea solicitado por las partes o resulte estrictamente necesario'. Así resulta del artículo 339. A diferencia de la regulación que de la prueba pericial ofrecía el Código Civil ( artículos 1242 y 1243), cuya práctica debía ajustarse a lo previsto en los artículo 610 , 618 y 626 , 632 de la Ley de Enjuiciamiento de 1881, esto es, se limitaba a reconocer la pericial judicial, negando en consecuencia la Jurisprudencia a los dictámenes técnicos de parte la naturaleza de prueba pericial, debe quedar fuera de toda duda que con la Ley Procesal vigente los dictámenes técnicos de parte tienen el carácter de prueba pericial y que como tales deben ser valorados sin posicionamientos apriorísticos negativos, sin duda contrarios a la regla general que rige la valoración de la prueba pericial, a saber, la de la sana crítica.

Trasladando las precedentes consideraciones al tema que nos ocupa, concretamente, a si la prueba pericial de parte practicada con las garantías que ofrece la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene virtualidad suficiente para desvirtuar la presunción de acierto de los acuerdos valorativos de los Jurados de Expropiación, ha de reconocerse, y a ello ya nos referíamos, en la sentencia citada de 21 de septiembre de 2011 , que no puede limitarse la virtualidad de mención a la prueba pericial judicial.

Si el informe pericial de parte cumple con rigurosidad las máximas de experiencia o técnicas propias de la pericia, facilitando argumentos y explicaciones científicas que originan la convicción del juzgador, mal puede rechazarse con el solo apoyo en que no ofrece las garantías de objetividad que revisten la designación del perito por el Juez. Si así fuera, en el ámbito expropiatorio habría que calificar de inútil toda pericial de parte que discrepe de los criterios, métodos y resultados valorativos del Jurado.

Habrá que estar al mayor o menor rigor del dictamen pericial de parte, junto con el resto de las pruebas practicadas, y ello en comparación con la fundamentación que preside la solución del Jurado, para decidir si la presunción de acierto debe prevalecer'.

En esta línea, en Ss. de 23-7-12 y 8-11-11 recalca:

"Esta Sala ha negado... que sólo sea eficaz para destruir la presunción de acierto de la valoración del Jurado el dictamen del perito de designación judicial, admitiendo que puede lograr dicho resultado cualquier medio de prueba admitido en derecho:

'No obstante, a mayor abundamiento, cabe hacer otras dos observaciones conducentes a idéntica conclusión. Por un lado, si bien es cierto que una antigua corriente jurisprudencial exigía dictamen de perito designado mediante insaculación para que, de resultar aquél convincente, pudiera destruirse la presunción de acierto del acuerdo del Jurado, hace ya tiempo que la jurisprudencia de esta Sala no se orienta en ese sentido. Como es sabido, de conformidad con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, la prueba pericial consiste normalmente en informe pericial de parte; y dado que en el proceso contencioso- administrativo, según dispone el art. 60.4 LJCA , 'la prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil', a lo dispuesto por el art. 360 LEC sobre el informe parcial de parte como modo normal de la prueba pericial ha de estarse. Si a ello se añade que la ley no impone ninguna clase de prueba tasada para destruir la presunción de acierto de los acuerdos del Jurado, sólo cabe concluir que ese resultado puede lograrse mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. Cuestión distinta, por supuesto, es la valoración que el órgano judicial haga del material probatorio, que en todo caso habrá de ser motivada y razonable. Véanse en este sentido, entre otras muchas, las sentencias de esta Sala de 21 de septiembre de 2001 y 18 de octubre de 2011 .'

Por tanto, la ausencia de una prueba pericial judicial no significa que no se pueda desvirtuar la presunción de acierto y legalidad del acuerdo del jurado mediante otro tipo de pruebas, debiendo en todo caso el órgano judicial valorar todo el material probatorio existente, que es en definitiva lo que hace la sentencia de instancia".

TERCERO.-En primer lugar, la actora cuestiona la fecha a la que ha de venir referida la valoración que -según afirma- el JEF se ha hecho coincidir con la de ocupación de la finca (4-2-2009), cuando debe ser la de inicio de la pieza separada de justiprecio -o sea, 11-7-2012, fecha de requerimiento de hoja valoración-.

Y ha de reconocerse la razón a la actora, pues, efectivamente la valoración ha de referirse a la fecha o momento en que se inicia la pieza separada de justiprecio conforme a lo dispuesto en los arts. 36 y 26 LEF , o al momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del Pr. de Expropiación si se sigue el procedimiento de tasación conjunta.

En el caso que nos ocupa la fecha referencial de valoración, será el 11-7-2012, fecha de registro de salida del oficio que la Administración expropiante le dirigiera, intentando mutuo acuerdo con el expropiado con requerimiento para efectuar la correspondiente valoración o justiprecio caso de disconformidad (F. 47 del expediente administrativo.

CUARTO.-Pasando a analizar la cuestión relativa a la valoración de la finca, tal y como establece el art. 23 del RDL 2/2008 'Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración. La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada'.

Como establece el TS en reciente S. de 14-5-2015 'el método de capitalización de rentas aplicable debe ser el que dé un resultado superior entre la capitalización de rentas reales y potenciales'y que 'si la renta potencial debe calcularse conforme al citado artículo 23, atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos , necesariamente ha de descartarse como prueba adecuada para desvirtuar la presunción de acierto del acuerdo impugnado el dictamen de la ingeniero industrial Doña. Pura , que sienta como punto de partida para su valoración la idoneidad del terreno expresado para la ubicación en él de un parque eólico, así como la venta de la energía que genere en un futuro'.

Y que 'la valoración del suelo por capitalización de rentas potenciales no puede incluir los rendimientos de una actividad que, aun pudiendo ser compatible con el planeamiento, es completamente ajena a la situación real del terreno y la actividad que en él se venía desarrollando, máxime cuando dicha actividad, al pertenecer a un sector regulado, requiere de una previa autorización administrativa'; precisando que no puede apreciarse como renta potencial 'los rendimientos hipotéticos de una actividad inexistente que no se compadece, aunque no contraríe el planeamiento, con la naturaleza y uso del suelo en el momento de su valoración'.

Pues bien, en este caso, tanto el JEF como la propiedad y la Administración expropiante parten de la renta anual relativa al cultivo 'real' existente en la finca (vivero ornamental), no habiendo discusión en cuanto al valor unitario de suelo determinado por el JEF.

La discrepancia gira entorno a elementos o instalaciones que la actora considera afectados y que no fueron incluídos en el justiprecio; y en cuanto al valor otorgado a las plantas ornamentales existentes en el vivero.

QUINTO.-Efectivamente aparece acreditada la existencia previa de una acequia o canal de riego (ya aparecía referenciada en las actas de ocupación (pag. 29 y doc. 1 del escrito de demanda, en relación con la ortofoto del Instituto Cartográfico de Valencia) que ha sido destruído con la obra expropiatoria, tal y como indica el perito procesal en su informe elaborado en 3-2-2015: 'no existen en la actualidad más que restos de la canal en las parcelas'.

Y tras estudio de los restos, ortofotos y canalización colindante, concluye sus características y metraje: 'canalización para riego a cielo abierto con pasos salva-acequias para acceso a las parcelas. Es la estructura agrícola típica citrícola de La Safor'.

Según determina, alcanzaría 122,78 ml., metraje que es acorde con el descrito en el acta de ocupación de la parcela NUM006 y en la previa de la NUM007 , en que la expropiante hace constar la existencia de 100 ml. de acequia de riego 'hechas las comprobaciones técnicas oportunas'; y 25 ml.

-respectivamente-.

Dicha instalación es valorada en el referido informe por el método de reposición, sobre datos de paisajismo 2014, que se actualiza a 2012 (fecha de valoración), y se aplica un coeficiente del 30% de depreciación por antigüedad, resultando u valor unitario de 22,51 E/m2 y final de 2.764,02 E.

También ha de reconocerse la razón a la actora en cuanto interesa la valoración de una plantación de naranjos existente en la parcela NUM007 , que se hallaba en plena producción, y cuya existencia también resulta de las fotografías obrantes en el expediente administrativo (pags. 17 y 34 y ortofotos aéreas del año 2012, pags. 79-81).

El valor de la misma es calculado por la perito procesal sobre la base de multiplicar la renta real por un periodo de años (tiempo que tarde un árbol en entrar en plena producción) incrementado por el valor del plantón y el coste de la plantación), de donde concluye un valor unitario de 2,37 E/m2 y final de 3.853 E.

Tal método (renta real) es ajustado a las determinaciones del art., 23 del TRLS y ha sido desarrollado de forma objetiva y técnica, explicando las fuentes de los valores referenciales utilizados y las razones de fundamento.

SEXTO.-En cuanto a las plantas ornamentales denuncia en primer lugar la actora que el JEF no respetó el límite mínimo constituído por la hoja de aprecio de la expropiante, que ofrecía por tal concepto la cantidad de 28.723,29 E (el JEF concluía 27.947,41 E).

Pues bien, a más de ello, ha quedado evidenciado que el valor concluído por el JEF es bastante inferior al real de las plantaciones (plantas ornamentales), cuyo método de valoración hasta llegar a concluir el importe -conjunto- de 27.947,41 E, ni especifica, ni relaciona las características advertidas en las diferentes especies, no fuentes utilizadas, de donde ha de considerarse inmotivado.

En contraposición, la perito procesal realiza una descripción pormenorizada de cada planta, características, dimensiones, método de valoración, valores referenciales, fuentes utilizadas, concluyendo un valor final de 91.995,51 E.

En conclusión, el justiprecio procedente será:

*Suelo (vivero)..................... 23.576,00 E.

*Acequia de riego (122,78 ml.)....... 2.764,02 E.

*Naranjos............................ 3.853,00 E.

*Plantas ornamentales............... 91.995,51 E.

*almacén............................ 19.260,00 E.

*solera de hormigón.................. 3.975,00 E.

*sombrajo de perfiles metálicos

y malla de sombreo.................. 3.640,00 E.

*cerramiento mallazo simple torsión. 7.941,68 E.

*puerta de mallazo (dos hojas)......... 396,58 E.

*puerta de mallazo (una hoja).......... 525,66 E.

*quemador de fábrica................... 716,00 E.

*balsa descubierta y elevada........... 720,00 E.

*construcción fábrica bloque hormigón. 450,00 E.

*balsa enterrada y cubierta............ 389,96 E.

*perforado de pozo de 64 m........... 2.200,00 E.

*5% premio de afección............... 8.120,17 E.

Total........... 170.523,58 E.

SÉPTIMO.-En cuanto a intereses legales, como esta Sala viene estableciendo, siguiendo la doctrina del T.S contenida en Ss. como la de 22-1-01, ha de distinguirse entre expropiaciones de carácter ordinario y en las declaradas de urgencia, pues la LEF contempla diferente régimen en uno y otro caso. Las primeras tienen su regulación legal, a estos efectos, en los arts. 56 y 57, en tanto que las segundas, lo son en la regla 8 ª del art. 52, debiendo de entenderse por demora, el retraso injustificado, en la determinación del justiprecio o en el pago de efectivamente establecido, superándose el lapso de tiempo que la Ley señala para ello.

En las expropiaciones ordinariasel cómputo de intereses por demora en la fijación del justiprecio viene establecido por la aplicación concordada de los artículos 2.1.1 , 22 y 56 de la Ley de Expropiación Forzosa que el artículo 71.1 de su Reglamento aclara al decir que 'a los efectos del artículo 56 de la Ley la situación de mora se entenderá iniciada después de transcurrir seis meses, contados desde la fecha en que sea firme el acuerdo de necesidad de ocupación. El 'dies ad quem' será aquel en que el justiprecio quede definitivamente fijado en vía administrativa, esto es, cuando el Jurado resuelve el recurso de reposición deducido, en su caso, contra el acuerdo originario o el de la fecha de éste cuando no haya sido objeto de recurso de reposición debiendo tenerse en cuenta, en todo caso, que, como dispone el artículo 73.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación forzosa , 'si la fijación del justo precio hubiera sido impugnada, los intereses se devengarán sobre la cantidad determinada en Sentencia firme, liquidándose con efecto retroactivo desde la fecha legal de iniciación de la mora, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71, hasta la determinación definitiva del justiprecio en vía administrativa'. Y por lo que se refiere a la demora en el pago del justiprecio fijado definitivamente en vía administrativa, debe tenerse en cuenta lo dispuesto concordantemente por los artículos 48.1 y 57 de la Ley de Expropiación Forzosa , de cuyo contenido se deduce que el 'dies a quo', a efectos del periodo de devengo de esta clase de intereses, será aquel en que se cumplan los seis meses desde que el justiprecio se haya fijado en vía administrativa, siendo el 'dies ad quem' aquel en que efectivamente se satisfaga el justiprecio por la Administración expropiante, o beneficiario, al interesado, o se necesite o consigne válidamente, cuando fuese procedente, debiendo computarse el plazo de seis meses de fecha a fecha como dijimos anteriormente, y, al igual que sucede en los intereses por demora en la fijación del justiprecio, si el justo precio se modifica por decisión jurisdiccional se debe por el mismo periodo sobre la cantidad determinada en Sentencia firme, liquidándose con efectos retroactivos por aplicación analógica del contenido del citado artículo 73.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa .

Por lo que se refiere a las expropiaciones urgentes, la regla octava del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa , contiene una norma específica para esta clase de expropiaciones, al establecer: 'En todo caso, sobre el justiprecio acordado definitivamente para los bienes objeto de este artículo, se girará la indemnización establecida en el art. 56 de esta Ley , con la especialidad de que será fecha inicial para el cómputo correspondiente, la siguiente a aquélla en que se hubiera producido la ocupación de que se trata'.

Interpretando la misma el T.S ha declarado con reiteración que 'no obstante esta expresa disposición, ello no impide que en caso de que antes de realizarse la ocupación haya transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del expediente expropiatorio, la expropiante esté obligada a abonar al expropiado la indemnización del interés legal del justo precio, que se liquidará con efecto retroactivo, pues su fundamento es la mora en la fijación del justiprecio, y se deben desde que el retraso tiene lugar, pues de lo contrario el afectado por una expropiación de urgencia sería de peor condición que el expropiado por el procedimiento normal, pues mientras uno cobra intereses desde los seis meses siguientes a la iniciación del expediente expropiatorio, el otro no tendría respaldo legal, para percibir los procedentes durante el tiempo que medie entre la declaración de urgencia y la realización efectiva de la ocupación, pues no puede recaer en perjuicio del expropiado la demora con que proceda la Administración, dado que la regla 8ª del art. 52 de la Ley da por supuesto que la fijación del precio por los sumarios trámites que determina, ha de establecerse, en todo caso, dentro del plazo de los seis meses a que se refiere el art. 56 de la misma'.

Procede también precisar, con S. de 10-2-2010 (recurso 1278/06 ), que '...el dies a quo, a efectos del cómputo de los intereses por demora en la tramitación y pago del justiprecio en los procedimientos de urgente expropiación, es el siguiente a la fecha de la efectiva ocupación de los bienes o derechos - artículo 52.8 de la Ley de Expropiación Forzosa - hasta que el justiprecio determinado definitivamente en vía administrativa se paga, deposita o consigna eficazmente, sin que, por tanto, exista solución de continuidad entre los intereses del artículo 56 -demora en la fijación- y 57 -demora en el pago- de la Ley de Expropiación Forzosa , salvo que la ocupación tuviese lugar después de transcurridos seis meses de la declaración de urgencia, pues al entenderse cumplido con ella el trámite de declaración de necesidad de ocupación - artículo 52.1 de la Ley de Expropiación - el dies a quo será el siguiente a aquel en que se cumplan los seis meses de la declaración de urgencia, a menos que ésta no contuviese la relación de bienes o derechos expropiables'.

Es preciso, si bien, tener en cuenta que hay, además, un tipo de intereses previstos en la regla 4 del art. 52 de la LEF que son los generados, en favor del titular del bien, por el importe de la hoja del depósito previo a la ocupación desde que aquélla se formula hasta que ésta se produce, que son independientes de los establecidos en la regla 8ª del precitado artículo, que autoriza el percibo de la indemnización establecida en el art. 56. Ambos intereses no podrán ser coincidentes en el tiempo de su devengo, toda vez que los primeros juegan desde el momento de la constitución del depósito previo a la ocupación hasta el momento en que ésta es efectivamente realizada, y los segundos, son debidos desde el día en que la ocupación se efectúa, enlazándose ambos en el tiempo. Si se cumplen los plazos señalados por la Ley para la ocupación, el periodo de devengo de intereses, por el primer concepto, realmente será muy breve, dado que desde la constitución del depósito previo hasta la ocupación del bien, debe transcurrir un plazo máximo de quince días, según la regla 6ª del citado art. 52 .

Por lo que se refiere al 'dies ad quem'será aquel en el que el justiprecio definitivamente señalado se pague a los interesados; se deposite o se consigne eficazmente, pues si ello no fuese así la consignación o depósito defectuosamente realizado, no produce los efectos liberatorios del pago.

Así ha interpretado la jurisprudencia la regla 8ª del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa , sin que por tanto exista solución de continuidad, -sí la hay en el procedimiento ordinario-, entre los intereses de los arts. 56 y 57 de la LEF , como consecuencia de la desposesión sin previo pago, que en este tipo de procedimiento es previa al pago o depósito del justiprecio fijado en vía administrativa, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento ordinario (S. del TS de 22- 3-01).

Ello si bien, dentro de este periodo hay que distinguir, a efectos de determinar la Administración responsable del pago de intereses:

- hasta la finalización del plazo prevenido en el art. 34 LEF en relación con el 42.3 b) de la L. 30/92 de 26-11 del RJAPyPAC ( 3 mesespara resolver y notificar el Jurado, a contar desde la fecha en que haya tenido entradaen el mismo el expediente expropiatorio)- será responsable la Administración expropiante y/o beneficiaria.

- desde el transcurso de dicho plazo (en que empieza la mora del Jurado)hasta la fecha de la resolución del Jurado fijando definitivamente el justiprecioserá responsable la Administración del Estado.

-y desde esta fecha hasta la del pago, vuelve a ser responsable la Administración expropiante y/o beneficiaria.

No en vano, como también el TS viene declarando, del art. 56 de la LEF no se deduce una responsabilidad solidaria -para el abono de los intereses- de todas las Administraciones intervinientes en el procedimiento de determinación del justiprecio, sino que limita la responsabilidad a la Administración culpable de la mora y en la extensión en que lo haya sido, criterio que además se confirma en el Reglamento de Expropiación Forzosa, que señala en su art. 72 que la responsabilidad por demora se imputará al causante de la misma.

Los intereses así determinados generan, a su vez, intereses hasta la fecha de su pago definitivo.

Así lo ha venido reconociendo el Tribunal Supremo -desde antiguo- en Ss. como la de 15-2-1.997, 11-3-1.997, 18-6-1.997, 22-9-1.997, concluyendo:

"Tal posibilidad se haya avalada y admitida por reiterada doctrina del TS, cual la contenida en S. de 18-6-97 que establece:

'La doctrina expuesta supone un apartamiento del criterio mantenido por esta Sala del TS en las SS 9 May. 1985 y 3 Mar. 1994 y el seguimiento de los criterios manifestados en la posterior S 15 Feb. 1997, reconociendo que por estar sometida a litigio la cuestión relativa al pago de los intereses, se consideró en aquellos casos que no se trataba de una cantidad líquida, puesto que la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio era una operación aritmética cuyos elementos de cálculo, tiempo de cómputo y tipo venían establecidos legalmente, siendo, por el contrario, el significado de cantidad líquida el que ha recogido el legislador en el párrafo segundo del art. 921 LEC y en consecuencia, no se estaría ante un supuesto previsto en el art. 1109 CC , que prohíbe devengar nuevos intereses sobre los intereses ante un caso de anatocismo, sino ante el impago de una obligación dineraria líquida y vencida que conlleva la responsabilidad de reparar el daño causado por el incumplimiento al haber incurrido en morosidad la Administración . De esta forma, la obligación de pagar intereses de demora constituye una obligación impuesta por la ley que no requiere reclamación alguna al respecto, como han reconocido las SS 29 Ene ., 5 Feb . y 18 Jul. 1990 , 17 Jul. 1993 , 4 Feb. 1995 , 23 Nov. 1996 y 1 Feb. 1997 y no estando ante un supuesto del art. 1109 CC , como hemos declarado en las SS 28 Mar. 1989 , 29 Ene . y 25 Feb. 1990 , 26 Oct. 1993 , 21 y 29 Mar . y 30 Abr. 1994 y 26 Nov. 1996 , la obligación de satisfacer dichos intereses es un crédito accesorio de la indemnización principal y una obligación legal del art. 1108 CC , por lo que en el caso de incurrirse en morosidad, produce la correspondiente obligación de indemnizar daños y perjuicios consistentes en el pago del interés legal.

En definitiva, la obligación de pagar el interés legal por el impago de los intereses de demora, no nace desde que se efectúa ésta, sino desde que se incurre en mora en el pago de tales intereses, conforme a lo dispuesto en el art. 1100 CC '".

Dichos intereses son exigibles desde la fecha de su reclamación (interpelación judicial o extrajudicial), según resulta del art. 1100 CC y avala la doctrina del TS (S. de 11-10-2001 , entre otras muchas).

En resumen:

a) la obligación de pagar el interés legal por el impago de los intereses de demora no hace desde que se efectúa éste, sino desde que se incurre en mora en el pago de tales intereses y

b) no es obstáculo a la 'liquidez' de la deuda de intereses de demora la existencia de pleito sobre la misma, por estar en todo caso su fijación supeditada a una simple operación aritmética.

La fecha referencial para el cómputo de intereses de demora será el 24-1-2009, puesto que la ocupación tuvo lugar en 3-2-2009 y la declaración de necesidad de ocupación de los bienes en 23-7-2008 (seis meses después).

Para el cómputo de intereses de intereses se tendrá en cuenta que el escrito de recurso fue presentado en 16-1-2014.

OCTAVO.-De conformidad con el art. 139.1 LJ procede imponer costas a la demandada con el límite de 1.500 E por todos los conceptos.

VISTOS los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general aplicación

Fallo

1.- Estimarel recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Aurelio , y Doña Adriana y Doña Fermina -en su condición de herederas de Doña Salome -, representados por la Procuradora Doña Paula Carmen Calabuig Villanova y defendidos por Letrado, contra Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia de 24-9-13 (exp. No NUM000 ), por el que se fija el justiprecio de la finca nº NUM001 del proyecto (parcela NUM002 Pº NUM003 del TM de Gandía) expropiada para la ejecución de la obra 'Carretera N-337 acceso sur al Puerto de Gandía desde la carretera N-332, PK 200+ 800'.

2.- Anularlopor contrario a derecho, fijando el justiprecio en la cantidad de 170.523,58 E, y más sus intereses legales en los términos establecidos en el FD 7º de la presente.

3.- Imponer las costas a la demandada con el límite de 1.500 E por todos los conceptos.

A su tiempo, con certificación literal de la presente Sentencia, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Infórmese a las partes, que contra la presente cabe recurso de casación para la unificación de doctrina.

PUBLICACION .- La anterior Sentencia ha sido leída por la Magistrada Ponente el día de su fecha estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo cual yo, como Secretario de la misma, certifico.