Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 3/2017, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Barcelona, Sección 15, Rec 108/2016 de 10 de Enero de 2017

Encabezamiento

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 15 BARCELONA

Procedimiento Recurso Ordinario108/2016 Sección D

Parte actora : D/Dª SARITOWN ESPAÑA, S.L.

Representante de la parte actora : D/Dª GRACIA SOLER GARCIA

Parte demandada : AJUNTAMENT DE BARCELONA

Representante de la parte demandada : D/Dª

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 15 DE BARCELONA

Recurso contencioso-administrativo ordinario nº 108/2016-D

SENTENCIA nº 3/2017

En Barcelona a 10 de enero de 2017

Vistos por mí, ANDRÉS MAESTRE SALCEDO, Magistrado Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Barcelona y su provincia, los presentes autos de recurso contencioso administrativo nº 108/2016, apareciendo como demandante la entidad Saritown España SL, defendido por el letrado sr Antoni Pascual, y como Administración demandada el Ayuntamiento de Barcelona defendido por el letrado sr Ignasi Gual, todo ello en el ejercicio de las facultades que me confieren la Constitución y las Leyes, y en nombre de S.M. El Rey, he dictado la presente Sentencia con arreglo a los siguientes

Antecedentes

ÚNICO.-Interpuesto por la parte actora, a través de su representación procesal en autos, el pertinente recurso contencioso administrativo contra la/s resolución/es administrativa/s que se cita/n en el fundamento de Derecho primero de esta mi sentencia, y cumplidos los trámites y prescripciones legales procedimentales propiamente dichos, con el resultado alegatorio y probatorio que es de ver en autos, habiéndose fijado la cuantía en 967,33 por Decreto firme de 10-10-16, pasaron seguidamente las actuaciones a SSª para dictar Sentencia.

En relación a tal cuantía litigiosa que se corresponde con la liquidación de las tasas urbanísticas, al ser el Decreto antes dicho de 10-10-16 (no se ha formulado oposición por la parte actora al amparo del art 40 LJCA ) firme, no cabe recurso de apelación contra la sentencia que aquí se dicte al amparo del art 81.1.a) LJCA y el hecho de haberse tramitado como recurso ordinario en lugar de como recurso abreviado lo ha sido para dotar de mayores garantías procedimentales a las partes, y máxime cuando existen pretensiones de la parte actora no evaluables económicamente.

Fundamentos

PRIMERO.-El objeto del presente recurso contencioso administrativo consiste en la

impugnación de la resolución administrativa presunta (silencio administrativo negativo) de la demandada desestimatoria en alzada del recurso en tal sentido entablado por la parte demandante, contra la previa resolución de la demandada, de fecha 12-6-15 (f.10 y ss EA) por la que, en base a la inspección municipal de fecha 16-4-15, se ordena a la actora como titular de la actividad desarrollada en c/Marqués de Sentmenat nº 63 de Barcelona a cesar en 48 h en el ejercicio de la actividad y corregir las deficiencias detectadas (unidades exteriores de climatización-aparatos de aire acondicionado diferentes de los autorizados en 1988) con aportación del proyecto de legalización (y cumplimiento de la normativa vigente) con respecto a tales unidades. Y todo ello con la advertencia que, en caso de no cumplir tal requerimiento municipal se podrán imponer multas coercitivas y/o la ejecución subsidiaria consistente en el precinto de la actividad o instalación.

La parte demandante al respecto fundamenta sus pretensiones en los hechos, motivos, pretensiones y fundamentos expresados en la demanda originadora de este procedimiento, y que doy por reproducidos en esta sede en aras a la celeridad procesal.

Por su parte, la defensa de la Administración demandada se opone a tales pretensiones, considerando ajustada a Derecho la/s resolución/es administrativa/s impugnada/s.

Como cuestión primera se ha de decir que, las advertencias legales de imposición posible de multas coercitivas y/o precinto de la actividad o instalación (ésta última como ejecución subsidiaria) son ajustada a Derecho en tanto que constituyen medios de ejecución forzosa legalmente previstos en el art 96 de la Ley 30/1992 , vigente en la época de autos.

Asimismo como cuestión previa, remarcar que no cabe la prosperabilidad de la pretensión actora de nulidad (al amparo del art 62 y 54.1 Ley 30/1992 de 26 de noviembre LRJAPPAC, normativa ésta vigente en la época de los hechos y aplicable a nuestro supuesto por mor de lo establecido en la DT3ª de la Ley 39/15 ) o en su caso de anulabilidad (al amparo del art 63 del mismo cuerpo legal ) de las resoluciones administrativas impugnadas por falta de motivación (con presunta infracción según la actora del art 54 Ley 30/1992 ) desde el momento en que es constante doctrina jurisprudencial la que entiende que se cumple con los requisitos de motivación, a la hora de relacionar hechos y fundamentos jurídicos de forma sucinta, no exhaustiva, con remisión incluso al expediente administrativo, requisitos éstos que se cumplen en ambas resoluciones impugnadas, sin que se haya causado indefensión material a la parte recurrente, que es la única proscrita por el TC, ya que ha podido aquélla alegar y probar todo cuanto ha estimado pertinente en justificación de sus derechos, pretensiones e intereses legítimos, tanto en vía administrativa como contenciosa-administrativa.

SEGUNDO.-En el caso de autos, de la prueba practicada (principio de carga de la prueba del art 217 LEC ) y doctrina de los actos propios, hemos de concluir con la desestimación íntegra de las pretensiones actoras. En efecto, de la prueba documental obrante en el expediente administrativo y judicial observamos que, la actora regenta el inmueble de autos desde el 14-1-15 (doc 2 demanda) y posteriormente sustituyó la/s unidad/es de aire acondicionado de aquél, siendo según ella la misma instalación y encontrándose adecuada y legal dentro de la normativa prevista al respecto. Se nos aporta por la actora un certificado de instalación SIN PROYECTO de fecha 14-5-15, curiosamente de fecha posterior a la inspección municipal habida en fecha 16-4-15, por lo que a fecha de la citada inspección, la actora no contaba con la documental requerida. A mayor abundamiento, se exige por la demandada un proyecto de legalización, y tal proyecto no ha sido aportado ni en vía administrativa ni judicial. De otro lado, lo aportado por la actora no deja de ser una documental, no avalada por pericial alguna, por lo que tal documental no desvirtúa la presunción de veracidad de lo narrado por la Inspección a tenor del art 137.3 de la Ley 30/1992 vigente en esa época, y todo ello sin perjuicio de las posibles acciones de repetición o indemnización de daños y perjuicios que pueda entablar la actora contra la anterior empresa titular de la actividad, pues de la documental adjuntada por la actora se aprecia que la transmisión de la licencia de actividad y/o instalación en favor de la demandante se produjo en el 2005, y la unidad instalada litigiosa de autos lo fue en el 2003, dos años antes.

Por otro lado, no podemos hablar de infracción del principio de proporcionalidad desde el instante en que, lo que se está efectuando por la demandada en la resolución primera impugnada, es un mero requerimiento de formalización de documentación técnica necesaria (proyecto de legalización), sin que sea desproporcionado el cese de la actividad en 48h, pues la demandante pudo solicitar un aplazamiento del mismo con el inicio de subsanación de deficiencias, y no lo hizo, y máxime si tenemos en cuenta que el art 54.1 de la Ley 11/09 prevé el cierre de las instalaciones que no tienen el correspondiente título habilitante. Asimismo, la demandante alega una serie de irregularidades procedimentales en el expediente administrativo, pero éstas son inexistentes (hay firma electrónica de la resolución; se dio trámite de alegaciones a la actora y ésta no propuso prueba etc), pero en su caso no dejarían de ser meros vicios no invalidantes, no constitutivos de la causa de nulidad prevista en el art 62.1.e) de la Ley 30/1992 pues NO se ha prescindido de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Finalmente, invoca la parte demandante preceptos de normativa sancionadora, pero en el presente caso no nos hallamos ante ninguna sanción (por lo que no pueden tener favorable acogida sus argumentos de caducidad y prescripción del procedimiento sancionador). No obstante lo anterior, para no causar indefensión a la parte actora decir que, no hay prescripción pues no sabemos con exactitud la fecha de la instalación de la unidad en cuestión pues se nos dice por un documento unilateral presentado por la actora y firmado por el sr Alfonso Cirera (quien no ha sido propuesto como testigo en su caso) que la instalación es del 2003 pero acto seguido se nos aporta un certificado de instalación del 2015. Igualmente no hay caducidad del expediente ya que, el mismo se inició con el informe de la inspección de fecha 16-4-15 y la notificación de la resolución inicial lo fue en fecha 2-7-15, esto es, sin transcurrir el plazo legal de la caducidad de tres meses del art 42.3 de la Ley 30/1992 .

Dejar constancia por otra parte que, en la sustitución de la unidad litigiosa de autos no se efectuó comunicación previa preceptiva, estatuida en respectivas normativas, tales como la Ley 20/09 de 4 de diciembre de prevención y control ambiental de las actividades, y la ordenanza municipal de actividades e intervención integral de la administración ambiental de 30-3-01 modificada sucesivamente en varias ocasiones.

TERCERO.-Conforme al criterio del vencimiento indicado en el art 139 LJCA , sería procedente imponer las costas procedimentales a la parte que ha visto rechazadas en su totalidad sus pretensiones; no obstante, existen razones excepcionales para su no imposición como serían no existir en la actuación de la parte vencida, ni temeridad ni mala fe, así como el haber generado al suscribiente serias dudas de Derecho para la resolución del caso de autos.

Fallo

Que deboDESESTIMAR y desestimo íntegramenteel recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad Saritown España SL frente a la/s resolución/es de la demandada referenciada/s en el fundamento de Derecho primero de esta mi resolución, sin expresa condena en costas para la parte recurrente.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con indicación que contra la misma NO cabe recurso de apelación a la vista de la cuantía objeto de esta litis, al amparo del art 81.1.a) LJCA y tampoco cabe recurso ordinario alguno.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe.

PUBLICACIÓN .La anterior sentencia ha sido pronunciada y publicada por el Magistrado- juez que dictó la resolución el mismo dia de su fecha y en Audiencia Publica; se incluye original de la resolución en el libro de Sentencias, poniendo en los autos certificación literal de la misma y se notifica a cada una de las partes. Doy fe.