Sentencia Administrativo Nº 318/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1142/2006 de 15 de Febrero de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 00318/2007

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

ROLLO DE APELACIÓN Nº 1.142/2006

RECURRENTE:

Carlos

Procuradora Doña Macarena Rodríguez Ruiz

RECURRIDO

Delegación del Gobierno en Madrid

Abogado del Estado

S E N T E N C I A

Nº R/ 318

----

Ilustrísimos Señores:

Presidente:

D. Juan F López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos

Dª Sandra González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop

En la Villa de Madrid a quince de Febrero del año dos mil siete.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el rollo de

Apelación nº 1.142 de 2.006 dimanante del Procedimiento Abreviado número 8 de 2.006, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 27 de los de Madrid, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Carlos representada por la Procuradora Doña Macarena Rodríguez Ruiz y asistido por la Letrada Doña María Dolores Muñoz Gordillo contra el auto de satisfacción extraprocesal dictado en el mismo. Han sido parte la apelante y como apelado la Administración del Estado asistida y representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- El día 16 de Octubre de 2.006, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 27 en el Procedimiento Abreviado número 68 de 2.006 , dictó auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «Se declara terminado el procedimiento y se ordena el archivo de las actuaciones, al reconocerse por la Administración en via administrativa las pretensiones del recurrente expresadas en su demanda inicial, referidas a la caducidad del expediente de expulsión incoado el 3 de marzo de 2005, sin condena en costas.- Notifiquese a las partes advirtiendo que contra este Auto cabe recurso de apelación en ambos efectos, en este Juzgado y para ante el TSJ, en plazo de 15 dias desde el siguiente a su notificación.-Así lo acuerdo y firmo.»

SEGUNDO.- Por escrito presentado el día 13 de Noviembre de 2.006 la Procuradora Doña Macarena Rodríguez Ruiz en representación de interpuso recurso de apelación contra la citada resolución formulando los motivos de impugnación frente a la resolución recurrida y terminó solicitando que se dictara Sentencia que dicte Sentencia por la que declare la Caducidad y Archivo del Expediente de Expulsión iniciado al recurrente en fecha 3 de marzo de 2005, y todo ello, por haber transcurrido 6 meses desde la notificación del acuerdo de expulsión sin que se haya notificado resolución definitiva, y no existir en el Expediente Administrativo Resolución de Archivo por Caducidad, dictado por el órgano competente, esto es, el Sr. Delegado del Gobierno en Madrid.

TERCERO.- Por providencia de fecha 14 de Noviembre de 2.006 se admitió a trámite el recurso y se acordó dar traslado del mismo a la parte demandada, presentándose por el Abogado del Estado escrito el día 23 de Noviembre de 2.006 se opuso al mismo y solicitó su desestimación y la confirmación de la Resolución recurrida.

CUARTO.- Por providencia de fecha 24 de Noviembre de 2.006 se admitió a trámite el recurso y se elevaron las actuaciones a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta sección segunda, siendo designado Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. Don Juan F López de Hontanar Sánchez , señalándose el día 15 de Febrero de 2.006 para la deliberación votación y fallo del recurso de apelación, al no estimarse preciso por la sala ni el recibimiento a prueba ni el trámite de conclusiones.

QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones de los artículos 80.3 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1.998 .

Fundamentos

PRIMERO.- Como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo el recurso de apelación tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento recaído en primera instancia. La jurisprudencia -Sentencias de 24 de noviembre de 1987, 5 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 5 de julio de 1991, 14 de abril de 1993 , etc.- ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal "ad quem" la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada, al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere, la individualización de los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los limites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo.

SEGUNDO.- El artículo 76 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece que si interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la Administración no lo hiciera. El Juez o Tribunal oirá a las partes por plazo común de cinco días y, previa comprobación de lo alegado, dictará auto en el que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso y la devolución del expediente administrativo, si el reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico. En este último caso dictará sentencia ajustada a Derecho. El instituto de la satisfacción extraprocesal no es sino concreción de un supuesto de carencia sobrevenida de objeto, respecto del cual el artículo 22 la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , de aplicación supletoria a esta jurisdicción que regula la terminación del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto señala que cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa, se pondrá de manifiesto esta circunstancia al tribunal y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretará, mediante auto, la terminación del proceso. El auto de terminación del proceso tendrá los mismos efectos que una sentencia absolutoria firme, sin que proceda condena en costas. La cuestión mas allá de si concurre la caducidad o no del expediente sancionador, consiste en determinar si subsiste el objeto del proceso y difícilmente puede sostenerse esta posición cuando el oficio de la Dirección General de Policía (Jefatura Superior de Policía de Madrid) (Brigada Provincial de Extranjería y Documentación) afirma que "queda sin validez la incoacción del expediente de expulsión de fecha 3 de Marzo de 2005". Si la incoacción del expediente resulta invalida, no constando resolución sancionadora alguna, no puede afirmarse la existencia de interés legítimo alguno, mas aún cuando la caducidad del expediente sólo supone el archivo del expediente pero no la extinción de la responsabilidad administrativa puesto que el artículo 92 apartado 3º de la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala que caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción, por lo que el efecto de la caducidad, que exclusivamente provoca el archivo del expediente sancionador es exactamente el mismo que el prevenido por la disposición transitoria 3ª punto 8 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aplicado por la administración en el caso presente literalmente establece la concesión de la autorización determinará el archivo de los expedientes de expulsión pendientes de resolución, así como la revocación de oficio de las órdenes de expulsión que hayan recaído sobre el extranjero titular de la autorización, cuando el expediente o la orden de expulsión correspondiente esté basada en las causas previstas en el art. 53.a) y b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La denegación de la autorización implicará la continuación de los expedientes de expulsión y la ejecución de las órdenes de expulsión dictadas. El archivo del expediente es pues el efecto común de la caducidad el expediente sancionador y el de la concesión de la autorización de residencia y trabajo otorgada en el proceso de normalización, derivada del propio Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre . El recurso de apelación ha de ser desestimado.

TERCERO.- De conformidad con el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso en segunda instancia se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición, circunstancias que no concurren en el presente caso.

Vistas las disposiciones legales citadas

Fallo

QUE DESESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por

la Procuradora Doña Macarena Rodríguez Ruiz en representación de Carlos contra el auto dictado el día 15 de Octubre de 2.006, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 27 en el Procedimiento Abreviado número 8 de 2.006 , el cual se confirma en su integridad, condenando a la recurrente al abono de las costas causadas en esta alzada.

Notífiquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno y verificado remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución, en su caso.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente Juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilustrísimo Sr. Magistrado Ponente Don Juan F López de Hontanar Sánchez , estando celebrando audiencia pública ordinaria, en la Sala de este Tribunal, al mismo día de su fecha de lo que yo Secretario doy fe.