Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 33/2018, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Santander, Sección 2, Rec 244/2017 de 27 de Febrero de 2018

Encabezamiento

SENTENCIA nº 000033/2018

En Santander, a 27 de febrero del 2018.

Vistos por D Luis Acayro Sanchez Lazaro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Santander los autos del procedimiento abreviado nº 244/2018, seguidos a instancia de Jose Manuel representado y asistido por la Letrada María Antonia Vidal de la Peña Alonso compareciendo en calidad demandado el Ayuntamiento de Santander representado María González Pinto Coterillo y asistido por el Letrado Juan de la Vega Hazas y Axa Seguros Generales representada por el Procurador Francisco Javier Calvo Gómez y asistida por el Letrado Carlos Zamora Rivero, se procede a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.-La Letrada María Antonia Vidal de la Peña Alonso ha presentado, en el nombre y representación indicada, recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Santander que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente.

SEGUNDO.-Admitido a trámite, se ha emplazado a las partes para la celebración de vista oral. Recibido el pleito a prueba, se han propuesto, admitido y practicado las que constan en los autos. Formuladas conclusiones orales, han quedado los autos pendientes de Sentencia.

La cuantía del procedimiento se ha establecido en 5.782,63 euros.

Fundamentos

PRIMERO.- Resolución recurrida y hechos alegados.

El objeto del recurso es la resolución de 8 de junio de 2017 del Ayuntamiento de Santander que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente.

Los hechos alegados porel recurrenteconsisten en que el 1 de abril de 2015 se encontraba en las duchas reservadas para su uso sin jabón del gimnasio municipal dependiente del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander. No obstante, debido a la existencia de jabón en las escaleras de tarima de madera, resbaló y cayó al suelo, sufriendo una serie de lesiones que ahora reclama al entender que se ha producido un anormal funcionamiento de la Administración.

Como fundamentos jurídicos reseña el art 139 de la Ley 30/1992 , solicitando la estimación del recurso con imposición de las costas procesales a la Administración.

Por su parte,la Administraciónse opone porque no se ha acreditado la relación de causalidad ya que no ha habido un déficit de mantenimiento y, en todo caso, el siniestro ha sido provocado por un tercero ajeno a la Administración. Subsidiariamente, impugna la cuantía reclamada.

Como fundamentos jurídicos, reseña los mismos que la actora pero interpretados de manera favorable a su oposición interesando la desestimación del recurso con imposición de las costas procesales al recurrente.

Asimismo,Axa Seguros Generalesse opone por los mismos motivos y fundamentos que la Administración añadiendo que el accidente fue fortuito, pudiendo haberse evitado con la mínima diligencia exigible.

SEGUNDO.- Normativa y jurisprudencia.

La normativa para resolver la cuestión controvertida es la reseñada por las partes, en particular el art 139 de la Ley 30/1992 , que debe darse por reproducido.

Asimismo, reseñarse, que es nutrida la jurisprudencia que ha definido los requisitos de éxito de la pretensión de responsabilidad patrimonial de la Administración. En concreto, establece los siguientes:

a) La acreditación de la realidad del resultado dañoso. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas;

b) La antijuridicidad de la lesión producida por no concurrir en la persona afectada el deber jurídico de soportar el perjuicio patrimonial producido, es decir, ausencia de causas de justificación de la producción del mismo.

c) La imputabilidad a la Administración demandada de la actividad, entendiéndose la referencia al 'funcionamiento de los servicios públicos' como comprensiva de toda clase de actividad pública, tanto en sentido jurídico como material e incluida la actuación por omisión o pasividad; y entendiéndose la fórmula de articulación causal como la apreciación de que el despliegue de poder público haya sido determinante en la producción del efecto lesivo; debiéndose de precisar que para la apreciación de esta imputabilidad resulta indiferente el carácter lícito o ilícito de la actuación administrativa que provoca el daño, o la culpa subjetiva de la autoridad o Agente que lo causa y no basta con atribuir causalmente el perjuicio al funcionamiento de un servicio sino que es preciso atribuirlo jurídicamente en virtud de título de imputación, siendo precisa una valoración jurídica racional de lo fáctico ya que se trata de un sistema policéntrico al existir pluralidad de criterios jurídicos para resolver el juicio de imputación.

d) La salvedad exonerante en los supuestos de fuerza mayor; y

e) La sujeción del ejercicio del derecho al requisito temporal de que la reclamación se cause antes del transcurso del año desde el hecho motivador de la responsabilidad. En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Por otra parte, debe tenerse presente que los criterios de aplicación a estos supuestos son los principios generales de distribución de la carga de la prueba y conforme a la remisión normativa establecida en el art. 60.4 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio , en el proceso contencioso-administrativo rige el principio general del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que atribuye la carga de la prueba a aquel que sostiene el hecho. Por ello, cada parte debe soportar la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos, y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor. Lo anterior es sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación del principio de la buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil acreditación para la otra.

Asimismo, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, debe rechazarse convertir a las Administraciones Públicas en una aseguradora universal de todos los riesgo por más que se califique la naturaleza de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas como objetiva porque la lesión producida por el funcionamiento de un servicio público debe reputarse antijurídica que se produce cuando el particular, según conocida expresión jurisprudencial, 'no tiene el deber de soportarla'. Es decir, se rebasen los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social y no existirá, entonces, deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y la obligación de resarcir el perjuicio causado será imputable a la Administración.

En este sentido, ese deber de seguridad y vigilancia no puede extenderse más allá de los eventos que sean razonablemente previsibles en el desarrollo del servicio, y esta previsibilidad razonable no es de términos medios sino mínimos. Es decir, es un criterio de imputación del daño al que lo padece la asunción de los riesgos generales de la vida, de los pequeños riesgos que la vida obliga a soportar o de los riesgos no cualificados, pues riesgos hay en todas las actividades de la vida, en aplicación de la conocida regla id quod plerumque accidit (las cosas que ocurren con frecuencia, lo que sucede normalmente).

La valoración de la antijuridicidad en estos supuestos representa -expresa o constata- los resultados de la actividad del entendimiento atribuyendo determinadas significaciones o consecuencias a acontecimientos naturales o actividades humanas, activas o pasivas, para lo que se toman como guía las reglas de la lógica, razón o buen sentido, pautas proporcionadas por las experiencias vitales o sociales o criterios acordes con la normalidad de las cosas ('quod plerumque accidit', según hemos visto) o del comportamiento humano ('quod plerisque contingit'), limitándose la verificación de estos juicios a su coherencia y razonabilidad, y que pueden determinar bien la moderación de la responsabilidad del causante mediante la introducción del principio de concurrencia de culpas, bien la exoneración del causante por circunstancias que excluyen la imputación objetiva cuando el nacimiento del riesgo depende en medida preponderante de aquella falta de atención y cuidado.

TERCERO.- Prueba practicada y valoración.

Hechas las consideraciones anteriores, la primera cuestión controvertida es determinar si ha habido o no relación de causalidad entre los daños que se reclaman y un anormal funcionamiento de la Administración.

Al respecto, la prueba practicada ha consistido en el expediente administrativo (EA), documental, la testifical del Sr Ambrosio y la pericial del Sr Aureliano .

En lo que se refiereal EA, se detalla la tramitación de la reclamación donde se reproducen los argumentos indicados en el primer ordinal. Y dela documental, la más relevante son las fotografías aportadas en las que puede apreciarse que las instalaciones se encuentran en perfecto estado y disponen de las medidas de seguridad exigibles con son la barandilla en la escalera y la cinta antideslizante en los bordes de los escalones.

En cuanto ala testifical, ha manifestado que no vio la caída, que se encontraba en la sauna, que oyó un ruido, salió de la sauna y en ese momento el recurrente se encontraba en el suelo de la escalera, que había mucha agua y jabón en el suelo, que el recurrente había patinado por el jabón, que había un cartel en el que se indicaba expresamente la prohibición de ducharse con jabón en esas duchas, que el recurrente llevaba chanclas, que había un charco de agua muy grande que se veía claramente pero no el jabón, que no es la primera vez que ve jabón y que sabían que era peligroso.

Y respecto ala pericial,se ha ratificado en su informe y ha manifestado que sólo vio al recurrente en una ocasión, que desconoce su evolución, que las molestias reseñadas en su informe son referidas por el paciente y que no hizo rehabilitación

En este sentido, de la prueba practicada no se ha acreditado que haya habido un anormal funcionamiento de la Administración ni una negligencia en el mantenimiento. Tal y como se ha indicado, lo cierto es que las instalaciones tienen un correcto estado de mantenimiento y disponen de las medidas de seguridad exigibles. Además, el testigo no vio directamente la caída y, en todo caso, la causa habría sido por el empleo de jabón de terceros ajenos a la Administración la cual ha prohibido expresamente su uso en esa zona y no consta que hubiese sido advertida previamente de peligro alguno que la hubiese obligado a adoptar las medidas oportunas. Por lo tanto, no acreditada la relación de causalidad alegada entre los daños sufridos y el funcionamiento de la Administración, no es necesario entrar a valorar el resto de cuestiones controvertidas, y procede desestimar el recurso.

CUARTO.- Costas.

En materia de costas, conforme al art 139 de la LJCA , procede la imposición de las mismas al recurrente.

Fallo

DESESTIMAR EL RECURSOpresentado contra la resolución de 8 de junio de 2017 del Ayuntamiento de Santander que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente al ser ajustada a Derecho.

Todo ello con imposición de las costas procesales al recurrente.

Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que es firme y no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.