Sentencia Administrativo Nº 392/2015, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 2845/2011 de 24 de Abril de 2015

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN 3

PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 002845/2011

N.I.G.: 46250-33-3-2011-0009352

SENTENCIA 392/15

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Tercera

Ilmos. Sres. :

Presidente :

LUIS MANGLANO SADA.

Magistrados :

JUAN LUIS LORENTE ALMIÑANA.

D. MANUEL JOSÉ BAEZA DÍAZ PORTALES.

En la Ciudad de Valencia, a veinticutro de abril de dos mil quince.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso administrativo no2845/2011, interpuesto por el Procurador D. Carlos Gil Cruz, en nombre y representación de QUINTA LA NUCIA S.A., contra la Administración del Estado. Habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado, y como codemandada la Generalitat Valenciana, representada por el letrado de su servicio jurídico.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución recurrida.

SEGUNDO.- La parte demandada contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.

TERCERO.- Habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO.- Se señaló la votación para el día 15 de abril de 2015, teniendo así lugar.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JUAN LUIS LORENTE ALMIÑANA.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto, contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia, de 26 de mayo de 2011, desestimatoria de la reclamación nº 03/7338/09, formulada contra Acuerdo de la Dirección Territorial de Economía y Hacienda de Alicante, de la Consellería de Económía y Hacienda y Ocupación de la Generalitat Valenciana, confirmatorio de la autoliquidación, en relación con el gravamen del 2 % del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, importe 210.033,63 €, y que desestimaba en consecuencia la solicitud de devolución de ingresos indebidos, correspondientes al 1 % por importe de 105.016,82 €.

SEGUNDO.- La demandante alega:

Mediante escritura pública de 3 de agosto de 2006, la actora adquirió un inmueble, sito en Alicante, operación sujeta al IVA en razón a la renuncia a la exención ejercitada por la vendedora de conformidad con lo previsto en los artículos 20.Dos de la Ley del IVA y 8 de su Reglamento.

Con fecha 4 de agosto de 2006, presentó e ingresó autoliquidación, modelo 600, por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, importe 210.033,63 €, por aplicación del tipo incrementado del 2 % previsto en el art. 14.Dos de la Ley 1371997 de 23 de diciembre, que regula los tributos cedidos a la Generalitat Valenciana, según redacción dada por el art. 35.Dos de la Ley 14/2005 de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales , de Gestión Financiera y Administrativa y de Organización de la Generalitat.

La actora, por considerar contraria a derecho la normativa reguladora del tipo incrementadote AJD, aplicado en la autoliquidación, instó su rectificación y devolución de 105.016,82 €, al considerar la inconstitucionalidad de las normas .

La Dirección Territorial de Economía y Hacienda de Alicante, de la Consellería de Economía y Hacienda y Ocupación de la Generalitat Valenciana, rechazó la solicitud de devolución, por considerarse incompetente, por remisión al criterio del TEAR, según el cual, la inconstitucionalidad de las normas, en virtud de las cuales se ha practicado la autoliquidación cuya rectificación se insta, no puede ser discutida dentro de los límites de una reclamación económico-administrativa, estándole vedado pronunciarse sobre la legalidad y constitucionalidad de las normas.

Se trata de aplicación de un tipo impositivo incrementado en el IAJD que grava los documentos notariales por el hecho de que el documento incorpore la renuncia a la exención del IVA en las transmisiones empresariales de bienes inmuebles.

Siendo el análisis de la constitucionalidad de la norma autonómica creadora del tipo incremental del 2 % de AJD, el elemento esencial de la 'ratio decidendi' de la sentencia que dicte la Sala, se reúnen en este recurso los elementos esenciales para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, ante el TC respecto del art.14.2 de la Ley 13/1997 de 23 de diciembre , según redacción dada por Ley 14/2005 de 23 de diciembre de la Comunidad Valenciana, por el que se regula al tramo autonómico del IRPF y restantes tributos cedidos, según el texto vigente en el momento del devengo de la operación, por si el mismo pudiere ser contrario a lo dispuesto en los arts. 31.1 , 139.2 , 150.2 , 157.2 y 157.3 de la CE .

TERCERO.- Según la GV las cuestiones planteadas en el presente recurso, son las mismas que las de los recursos 03/1759/2010 y 03/1285/2011.

Sobre la competencia de la normativa de la Comunidad Autónoma para establecer el tipo de gravamen del IAJD, la Sentencia del TC de 27/04/2010 (recurso de inconstitucionalidad 1846/2002 , desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 10/2001 de la Generalitat, de Presupuestos para el ejercicio 2002, en el que se modificaba el art. 14 de la Ley 13/1997 , confirmando la constitucionalidad en lo tocante al incremento del tipo, del 0,5 al 1 %, lo que confirmaría la constitucionalidad en lo tocante el incremento al 2 % para casos en que, hallándose la operación sujeta y exenta de IVA, se produce una renuncia a la esa exención del IVA.

Con anterioridad a la Sentencia del Tribunal Constitucional han sido reiterados los pronunciamientos de la Sala desestimando el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad, en relación al art. 14 de la Ley 13/1997 de de 23 de diciembre , así debemos citar las sentencias 1206/2008 de 12 de noviembre y Sentencia 101/2009 de 28 de enero .

CUARTO.- Los argumentos de la demandante deben desestimarse.

La cuestión planteada ha sido ya resuelta por ésta Sala y Sección en anteriores sentencias, entre ellas, la nº 1189/2013 ; cuyo criterio debemos tomar en cuenta para fallar el presente litigio, tanto por aplicación del principio de unidad de doctrina como por considerarlo ajustado al ordenamiento jurídico; la citada sentencia declara:

'...PRIMERO .- Constituye el objeto del presente recurso la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana de fecha 13 de julio de 2010, por la que se desestima la reclamación económico-administrativa 46/5319/2008 formulada por la actora contra el acuerdo emitido por los Servicios Territoriales de Valencia de la Consejería de Economía y Hacienda, confirmatorio de la autoliquidación formulada por la mercantil reclamante en relación con el gravamen del 2 por 100 por AJD del impuesto establecido por el artículo 14.2 de la Ley 13/1997 , por importe de 72.121,45 euros, en virtud de escritura pública autorizada por notario el 4 de enero de 2007 de compraventa de determinado inmueble.

SEGUNDO.- La parte actora articula su pretensión estimatoria de la demanda alegando que procede que la Sala plantee la cuestión de inconstitucionalidad respecto el artículo 14.2 de la Ley 13/1997 , conforme la redacción dada por la Ley 14/2005, en base a los siguientes argumentos, que en síntesis son;

-La Comunidad Valenciana, a través de la Ley CV 14/2005, llevó a cabo lo que a juicio de la actora no es una modificación del tipo de gravamen del impuesto, sino de su configuración y objeto, en virtud del cual se eleva al 2% el tipo de gravamen de los documentos notariales que documenten transmisiones de bienes inmuebles respecto de las cuales se haya renunciado a la exención en el IVA, en otros casos se aplica el 1%. Esta segmentación del hecho imponible para establecer tipos impositivos distintos, excede de las competencias normativas establecidas en el artículo 19.2 de la LOFCA, según redacción dada de la LO 7/2001 , y el artículo 41.1 de la Ley 21/2001 , porque la cesión normativa que tales preceptos establecen está limitada al tipo de gravamen que sólo puede ser único de acuerdo con la regulación estatal del hecho imponible, base imponible y tipo imponible que para los documentos notariales establece el Texto Refundido del Impuesto. Añade que no tratándose de una escala progresiva, no es posible establecer más de un tipo impositivo sin regular simultáneamente el presupuesto de hecho de las bases liquidables sobre las que se aplican los distintos tipos impositivos, tal y como ha hecho la norma cuestionada, con exceso respecto de la competencia normativa que le cede la LOFCA y la Ley estatal de cesión de tributos 21/2001.

-La aplicación del tipo impositivo incrementado en el AJD que grava los documentos notariales por el hecho de que el documento incorpore la renuncia a la exención del IVA en las transmisiones empresariales de bienes inmuebles es un canon por la aplicación del principio de neutralidad en el IVA de la actividad inmobiliaria, única finalidad a la que responde la renuncia a la exención. Es un peaje que cobra la Comunidad Autónoma en las segundas transmisiones empresariales de bienes inmuebles a cambio de que el derecho a la deducción y con él la neutralidad del IVA no se rompa. Es un coste para las empresas a cambio de que no distorsionen el sistema común del IVA. Se trata de una violación de lo que la doctrina denomina principio de interdicción de la compensación financiera silenciosa u oculta.

-Se infringe el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la CE , pues este artículo incluye el derecho a no pagar un gravamen incrementado por la realización de un hecho imponible que no pone de manifiesto circunstancia alguna reveladora de aumento de la capacidad económica. Cuando mediando la renuncia a la exención, se consigue el derecho a la deducción del IVA y la no tributación por transmisiones onerosas del ITP, para los empresarios que así actúan, no se está aumentando la capacidad económica respecto de alternativa alguna, ya que aunque existe la posibilidad legal de aplicar este último impuesto, es una alternativa concebida para contribuyentes en situaciones fácticas diferentes.

-Se vulnera el principio de igualdad pues la norma cuestionada atribuye un diferente trato fiscal a los documentos notariales en los que se opte por la tributación efectiva por IVA, siendo que dicha opción no se ejercita entre alternativas tributarias, sino que es el modo en que la Ley del IVA exige al sujeto pasivo del impuesto que comunique a la Hacienda Pública que la transmisión en cuestión cumple los requisitos para su sujeción plena a dicho impuesto, sin que ello suponga la exteriorización de capacidad económica que justifique un trato distinto que es multiplicar por dos la cuota a pagar por el gravamen gradual de AJD. La finalidad no desvelada por la ley autonómica, se presenta como compensación a la pérdida de recaudación habida respecto de la tributación por ITP, que resulta improcedente para quienes incorporan la renuncia. Se trata de una diferenciación artificiosa e injustificada.

-Siendo el análisis de la constitucionalidad de la norma autonómica creadora del tipo del 2% de AJD, el elemento esencial de la ratio decidendi de la sentencia que dicte la Sala, se reúnen en el presente recurso los elementos necesarios para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto el artículo 14.2 de la Ley 13/1997 , según redacción dada por la Ley 14/2005, de la Comunidad Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del IRPF y restantes tributos cedidos, según el texto vigente en el momento del devengo de la operación, por si pudiese ser contrario a lo dispuesto en los artículos 31.1 , 139.2 , 150.2 , 157.2 y 157.3 de la CE .

TERCERO .- El Abogado del Estado argumenta su pretensión desestimatoria de la demanda alegando en síntesis que la capacidad económica del sujeto pasivo es respetada y por tanto no puede afirmarse el carácter confiscatorio del impuesto, cuando ésta existe como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto. En el presente supuesto concurre una renta que resulta gravada, es objeto de tributación el aumento patrimonial del sujeto pasivo, manifestada por la adquisición patrimonial. Concluye manifestando que el TC ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad 1846/02 interpuesto contra el artículo 40 de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2001 .

La Generalitat Valenciana sostiene su pretensión desestimatoria de la demanda alegando en síntesis, que la sentencia de esta Sala 1843/2007 de 21 de diciembre de 2007 desestimó un recurso similar al presente y rechazó plantear la cuestión de inconstitucionalidad, lo que ha sido reiterado en otras sentencias como la 1120/2008 de 28 de octubre , 1206/2008 de 12 de noviembre , y 101/2009 de 28 de enero de 2009 ,las cuales se refieren a un supuesto similar, que es el establecimiento mediante Ley Valenciana de un incremento en el tipo del 0,5% al 1% del ITP-AJD, también derivado de las previsiones de la Ley 13/1997. Añade que el Tribunal Constitucional, mediante sentencia de 27 de abril de 2010, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 1846/2002 , ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 10/2001 de la Generalitat, de Presupuestos para el ejercicio 2002, que modificó la Ley 13/1997, sentencia que ha confirmado la constitucionalidad de la Ley 13/1997 en lo tocante al incremento del tipo del 0,5% al 1%, señalando que no existe vulneración de los principios de igualdad, progresividad y capacidad económica.

CUARTO .- Pues bien, debemos partir del contenido del artículo 14.2 de la Ley 13/1997 por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, según redacción dada por el artículo 35 de la Ley Valenciana 14/2005 , que refiere:

'De conformidad con lo dispuesto en el art. 41.1.a) in fine de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre , por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el art. 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los tipos de gravamen aplicables serán: (.....)

Dos. El 2 por 100 en las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes inmuebles respecto de las cuales se haya renunciado a la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 20.Dos, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido .'

Lo primero que debe señalarse es que tal y como sostienen las partes demandadas, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia de fecha 27 de abril de 2010 desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 40 de la Ley 10/2001 de presupuestos para la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2002, el cual modificaba el artículo 14 de la Ley 13/1997 ,por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, incrementando el tipo de gravamen general aplicable a los actos jurídicos documentados para las primeras copias de documentos notariales, que pasaba del 0,5 al 1 por 100, confirmando la validez de la norma autonómica que modificaba el tipo de gravamen del impuesto sobre actos jurídicos documentados, en base a argumentos que resultan de plena aplicación al presente recurso, como son:

['De acuerdo con esta doctrina debemos concluir que el art. 40 de la Ley 10/2001, de 27 de diciembre , de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2002, que modifica el art. 14 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana , por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos, ha respetado los límites materiales exigibles a las leyes de presupuestos autonómicas, y más concretamente los aplicables a la ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana, de modo que puede formar parte válidamente del articulado de dicha Ley.

La modificación normativa operada por la norma impugnada ha consistido, conforme antes quedó expuesto, en modificar los tipos de gravamen de un determinado tributo, el impuesto sobre actos jurídicos documentados, debiendo recordarse que es doctrina de este Tribunal que «la modificación de tributos no puede considerarse materia ajena a la previsión de ingresos de la Comunidad» ( STC 116/1994, de 18 de abril , FJ 8). A ello ha de añadirse que la modificación operada es meramente cuantitativa, resultando del todo evidente la conexión que el precepto impugnado tiene con el contenido de la ley de presupuestos. Además, la decisión de modificar los tipos de gravamen adoptada por la Generalitat Valenciana, en la medida que afecta específicamente a las primeras copias de escrituras que documenten adquisiciones de vivienda habitual, se configura asimismo como un instrumento de su política económica sobre un determinado sector, el inmobiliario, lo cual se adecua a la concepción del presupuesto como «vehículo de dirección y orientación de la política económica» ( SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 2 ; 65/1987, de 21 de mayo, FJ 6 ; 76/1992, de 14 de mayo, FJ 4 ; y 274/2000, de 15 de noviembre , FJ 4, entre otras muchas). Por todo ello, debemos concluir afirmando la adecuación a la Constitución del precepto impugnado, por resultar suficientemente justificada la inclusión del mismo en una ley de presupuestos, sin extralimitar el contenido material de este tipo de leyes.

6. El siguiente motivo de inconstitucionalidad que aducen los recurrentes es la pretendida incompatibilidad del precepto impugnado con el principio de capacidad económica garantizado por el art. 31.1 CE .

Para dar adecuada respuesta a este motivo de impugnación es necesario aclarar previamente que el objeto del presente proceso se ciñe exclusivamente al art. 40 de la Ley 10/2001, de 27 de diciembre , de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2002, es decir, a un precepto que se limita a regular el tipo de gravamen del impuesto sobre actos jurídicos documentados en su modalidad de documentos notariales, siendo la legislación estatal de este impuesto, es decir, el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la que contiene en su articulado los restantes elementos del impuesto y, en particular, la regulación de un hecho imponible que, en opinión de los recurrentes, no respeta el principio de capacidad económica, cuestión esta última que queda claramente fuera de este proceso constitucional, por exceder su objeto.

Pues bien, debemos señalar que del contenido del principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, constitucionalmente reconocido en los arts. 137 y 156.1 CE (por todas, SSTC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 3 ; 96/2002, de 25 de abril, FJ 2 , y 168/2004, de 6 de octubre , FJ 4), forma parte la libertad de configuración del legislador autonómico valenciano para fijar el tipo de gravamen del impuesto sobre actos jurídicos documentados y sólo a él corresponde decidir sobre la cuantía y los caracteres del mismo.

No compete a este Tribunal enjuiciar si las soluciones adoptadas en la Ley impugnada son las más correctas técnicamente, aunque sí nos hallamos indudablemente facultados para determinar si la modificación legal operada por el precepto impugnado ha sobrepasado o no los límites al ejercicio poder tributario que se derivan de los principios constitucionales contenidos en el art. 31.1 CE (así lo manifestamos en las SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4 ; 221/1992, de 11 de diciembre, FJ 4 ; 214/1994, de 14 de julio, FJ 5 , y 46/2000, de 14 de febrero , FJ 4) y más concretamente del principio de progresividad.

(.....)

Por todo lo expuesto debemos concluir que el precepto impugnado, en cuanto establece en el impuesto sobre actos jurídicos documentados aplicable a los documentos notariales un tipo de gravamen proporcional (en lugar de uno progresivo, como propugnan los recurrentes), no atenta contra el principio de progresividad del sistema tributario, por lo que debemos rechazar que se haya vulnerado el art. 31.1 CE .']

Lo segundo, es que esta Sala y Sección ya se ha pronunciado sobre una pretensión similar a la que es objeto del presente recurso, mediante sentencia de fecha 28 de octubre de 2011, recurso 394/2009 , donde se recurría la resolución del TEAR desestimatoria de la reclamación en su día formulada contra la desestimación de la solicitud de devolución de ingresos indebidos, en relación con determinada autoliquidación por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en la que se había aplicado el tipo de gravamen del 2%, fundamentado en la alegación de inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley 13/1997 , en la redacción dada a la misma por la Ley 14/2005, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, que determina tal tipo de gravamen para las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes inmuebles respecto de los cuales se haya renunciado a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido, donde se desestimó el recurso sin considerar necesario plantear la cuestión de inconstitucionalidad en base a los siguientes argumentos que pasamos a reproducir al resultar de plena aplicación al presente recurso en virtud del principio de unidad de doctrina;

'[TERCERO.- Como consideración previa al tratamiento y resolución de los dos restante motivos impugnatorios entiende la Sala conveniente precisar que no se trata aquí de juzgar sobre la oportunidad (y ni siquiera sobre la ortodoxia jurídica) de la decisión legal que aquí examinamos y que -por ende- se ejecuta sobre un impuesto tan denostado por la doctrina científica (sobre todo por su vetustez técnica) y respecto del que el Tribunal Supremo ha llegado a tildar de 'ciertamente forzada' la manifestación de la capacidad económica gravada por el mismo. Sin embargo, nuestro enjuiciamiento debe centrarse -en exclusiva y por obvias razones- en si realmente puede considerarse -tal y como afirma la actora- que el órgano legislativo autonómico ha extralimitado su capacidad normativa y si existen dudas de constitucionalidad del precepto legal de que se trata por vulnerar los principios de capacidad económica e igualdad. Principiando por la primera de tales dos cuestiones, hemos de pronunciarnos en sentido negativo toda vez que el art. 19.2 LOFCA atribuye expresamente como una de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas la de regulación del tipo de gravamen de los documentos notariales.

Item más, lo que se alega en este motivo recursivo por la demandante es que la Generalitat Valenciana habría desbordado la capacidad normativa otorgada por la LOFCA por no haberse limitado a regular el tipo impositivo del hecho imponible del tributo cedido -el IAJD-, sino que habría desdoblado el hecho imponible para aplicar tipos impositivos diferenciados. Sin embargo, no podemos acoger tal planteamiento pues el hecho imponible es el mismo para todos los tipos de gravamen (la formalización de documentos notariales, mercantiles y administrativos en los términos previstos en el art. 28, en relación con el art. 31 -ambos del TRLITPyAJD-), siendo que la discriminación que se efectúa a efectos de la aplicación de uno u otro tipo de gravamen no tiene que ver con el hecho imponible (que -en sus diversas variantes- es el mismo para todos los supuestos), sino con otras circunstancias o situaciones jurídicas adicionales no incluidas dentro del hecho imponible (en nuestro caso, el haber efectuado o no renuncia a la exención del IVA) y que no suponen alteración alguna aquél.

CUARTO.- Entrando ya en el último de los motivos del recurso (inconstitucionalidad del precepto legal de referencia por infracción de los principios constitucionales de capacidad económica e igualdad), no está demás recordar que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad requiere, conforme a lo establecido en el apartado 2 del art. 5 LOPJ y más que consabida doctrina jurisprudencial al respecto, la existencia -cuando menos- de dudas acerca de la constitucionalidad de la norma legal de que se trate, dudas que, sin perjuicio de lo que se expresó al comienzo del precedente fundamento jurídico, y habida cuenta del planteamiento que se articula en la demanda, nosotros no albergamos por las siguientes razones:

No podemos cuestionar que la norma legal de que se trata violente el principio constitucional de capacidad económica ( art. 31.1 CE ), por cuanto que, aún cuando el propio Tribunal Supremo -como indicamos más arriba- la ha llegado a adjetivar de 'forzada', lo cierto es que ha reconocido la concurrencia de la manifestación de capacidad económica en la imposición del IAJD y sin que - como parece querer dar a entender la parte- la diferenciación de los tipos de gravamen tenga que exigir capacidades económicas adicionales o diferentes, sino que dicha discriminación de tipos puede atender a otros criterios legales.

Menos aún podemos llegar a dudar que la norma en cuestión vulnere el principio constitucional de igualdad (que habríamos de referir específicamente a la igualdad tributaria consagrada en el art. 31.1 CE EDL 1978/3879 ). A este respecto, recordamos que -conforme a inveterada doctrina del Tribunal Constitucional- para que concurra tal vulneración es preciso que nos encontremos ante situaciones iguales o que la diferencia de trato otorgada (aunque no existiese tal igualdad fáctica) fuese irracional o arbitraria, lo que no vemos que aquí acontezca habida cuenta, por una parte, que en un devenir lógico de las cosas la diferencia de tipos se hace para sujetos diferentes (empresarios o profesionales -de un lado- y particulares -de otro-) y, en cualquier caso, obedece a un hecho distintivo (la renuncia o no a la exención del IVA) y, por otra, que la justificación de la discriminación de tipos se fundamenta en el beneficio que supone la no exención del IVA para los empresarios y profesionales (que se traduce en no tener que abonar el ITP y la posibilidad de deducción del IVA pagado), lo que podrá o no gustar, será o no ortodoxo, mas no puede decirse que sea algo irracional o arbitrario; sin que, finalmente (y aún cuando no ha sido alegado por la actora) podamos cuestionar que el incremento del tipo de gravamen en estos supuestos pueda afectar al funcionamiento del sistema común del IVA, ello visto -en sentido contrario- el auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictado (resolviendo una cuestión prejudicial al respecto) con fecha 27.11.2008 .']

Pues bien, siendo lo expuesto de aplicación al presente recurso contencioso-administrativo, procede desestimar el mismo en base a tales argumentos, sin que proceda plantear la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 14.2 de la Ley 13/1997 conforme la redacción dada por la Ley 14/2005'.

QUINTO.- En méritos a lo expuesto, procederá la desestimación del recurso; sin que se aprecien motivos para hacer una expresa imposición de las costas procesales, a efectos de lo dispuesto en el art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional .

Fallo

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por QUINTA LA NUCIA S.A., contra la resolución descrita en el fundamento Primero. Sin hacer expresa imposición de las costas procesales.

Esta sentencia es firme y no cabe contra ella recurso ordinario alguno.

A su tiempo, y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente el expediente administrativo al Centro de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como Secretario de la misma, certifico. Valencia, en la fecha arriba indicada.