Sentencia Administrativo Nº 424/2006, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1228/2001 de 09 de Mayo de 2006

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Recurso ordinario núm. 1228/2001

Partes: Lina

c/DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT Y CATALANA OCCIDENTE S A DE SEGUROS Y

REASEGUROS

SENTENCIA Nº 424

Ilmos. Sres. Magistrados:

Don Jose Antonio Mora Alarcón

Doña Maria Pilar Rovira del Canto

Doña María Fernanda Navarro de Zuloaga

Don Joaquín Herrero Muñoz Cobo

Don Jordi Morató Aragonés Pàmies

En la ciudad de Barcelona, a nueve de mayo de dos mil seis.

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA (SECCIÓN SEGUNDA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso-administrativo nº 1228/2001 , interpuesto por Lina , representado por el Procurador de los Tribunales D. VIVIANA LOPEZ FREIXAS, asistido por el Letrado D. JOSÉ ANTONIO ORTIZ GÁLVEZ, contra DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, representado y defendido por el LETRADO DE LA GENERALITAT, y CATALANA OCCIDENTE S A DE SEGUROS Y REASEGUROS, representado por el Procurador de los Tribunales Dª. ANNA Mª GÓMEZ-LANZAS CALVO.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON Joaquín Herrero Muñoz Cobo, quien expresa el parecer de la SALA.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso- administrativo contra la resolución del Departamento de Ensenyament de 19 de Marzo de 2001 confirmando anterior resolución de 13 de Diciembre del 2000 por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la recurrente.

SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la determinación de la responsabilidad patrimonial por los daños objeto del recurso y la desestimación de la misma, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO.- Se abrió a prueba el presente procedimiento mediante Auto de fecha 18 de diciembre de 2002 , verificándose la misma conforme obra en las presentes actuaciones. Se siguió el procedimiento mediante el trámite de conclusiones, que las partes evacuaron conforme a los escritos unidos a los presentes autos y, finalmente se señaló día y hora para votación y fallo que ha tenido lugar el 3 de mayo de 2006.

CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Es objeto de del presente recurso la resolución del Departamento de Ensenyament de 19 de Marzo de 2001 confirmando anterior resolución de 13 de Diciembre del 2000 por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la recurrente.

SEGUNDO.- Expone la recurrente , que el pasado 26 de Mayo de 1997 sobre las 17:00 se encontraba en el interior del Colegio Can Rull esperando a su nieto, cuando súbitamente fue arrollada por una avalancha de niños que salía del centro sin control alguno por parte de los responsables del centro, produciéndose los daños por los que reclama.

La Administración y la aseguradora demandadas se oponen al recurso por entender que los hechos no sucedieron en la forma descrita por la recurrente, sino que fue una sola niña, nieta de la recurrente, la que provocó su caída cuando al ver a su abuela fue corriendo a su encuentro, oponiendo igualmente pluspetición.

TERCERO.- La acción jurídica de exigencia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se corresponde con el ejercicio del derecho conferido a los ciudadanos por el artículo 106.2 de la Constitución para verse resarcidos de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.

En el momento de dictado de la resolución administrativa que ahora se sujeta a control jurisdiccional, el régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas aparece regulado en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Una nutrida jurisprudencia definido los requisitos de éxito de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración en torno a las siguientes proposiciones:

a) La acreditación de la realidad del resultado dañoso -"en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas"-.

b) La antijuridicidad de la lesión producida por no concurrir en la persona afectada el deber jurídico de soportar el perjuicio patrimonial producido.

c) La imputabilidad a la Administración demandada de la actividad, entendiéndose la referencia al "funcionamiento de los servicios públicos" como comprensiva de toda clase de actividad pública, tanto en sentido jurídico como material e incluida la actuación por omisión o pasividad; y entendiéndose la fórmula de articulación causal como la apreciación de que el despliegue de poder público haya sido determinante en la producción del efecto lesivo; debiéndose de precisar que para la apreciación de esta imputabilidad resulta indiferente el carácter lícito o ilícito de la actuación administrativa que provoca el daño, o la culpa subjetiva de la autoridad o Agente que lo causa.

d) La salvedad exonerante en los supuestos de fuerza mayor.

e) La sujeción del ejercicio del derecho al requisito temporal de que la reclamación se cause antes del transcurso del año desde el hecho motivador de la responsabilidad -"en todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas"-.

CUARTO.- En el presente caso, niegan las demandadas que los hechos sucedieran en la forma descrita por la recurrente en la demanda, y siendo lo cierto que a esta corresponde la carga de probar los hechos en los que se fundamenta su pretensión no ha realizado sin embargo esfuerzo probatorio alguno en orden a acreditarlos, limitándose a solicitar tener por reproducida la documental obrante en el expediente administrativo, expediente en el que fuera de la manifestación de la recurrente no concurre prueba alguna que permita tener por probado que los hechos sucedieran en la forma descrita por la recurrente. Baste añadir frente a la manifestación de la recurrente en conclusiones, de que independientemente de cómo sucedieran los hechos lo cierto es que la recurrente sufrió un accidente dentro del reciento de un centro público, que dicha circunstancia por si sola no se corresponde sino con el presupuesto anteriormente citado de la existencia de un daño, que por si solo no permite apreciar responsabilidad patrimonial cuando no va unido al resto de requisitos enumerados en el fundamento anterior.

QUINTO.- A los efectos previstos en el artículo 139.1 LJCA no se ofrecen méritos para efectuar un pronunciamiento condenatorio sobre las costas devengadas en esta instancia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de Su Majestad el Rey,

Fallo

1º.- Desestimar el recurso presentado.

2º.- No hacer expresa imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución en legal forma.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento; doy fe.