Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 530/2022, Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 326/2021 de 17 de Junio de 2022

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

Sala de lo Contencioso-Administrativo

N.I.G:33044 33 3 2021 0000314

SENTENCIA: 00530/2022

RECURSO: P.O.: 326/2021

RECURRENTE: Dª Ariadna

PROCURADOR: D. Román Gutiérrez Alonso

RECURRIDO: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

REPRESENTANTE: Sr. Letrado de la Administración de la Seguridad Social

SENTENCIA

Ilmos. Sres.:

Presidente:

Doña María José Margareto García

Magistrados:

Don Jorge Germán Rubiera Álvarez

Don Luis Alberto Gómez García

Don José Ramón Chaves García

En Oviedo, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 326/2021, interpuesto por doña Ariadna, representada por el Procurador don Román Gutiérrez Alonso, actuando bajo la dirección Letrada de don Antonio Fernández Urrutia, contra el INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, representado y defendido por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, don Álvaro Barreiro López-Morán. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Luis Alberto Gómez García.

Antecedentes

PRIMERO.-Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las pretensiones solicitadas en la demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.

SEGUNDO.-Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.-Por Auto de 4 de octubre de 2021, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

CUARTO.-No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

QUINTO.-Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 8 de junio pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.

Fundamentos

PRIMERO.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO Y POSICIÓN DE LAS PARTES.

1.1 Es objeto del presente procedimiento, el recurso interpuesto por el Procurador Sr. Gutiérrez Alonso, en nombre y representación de Dña. Ariadna, frente a la Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón, de fecha 9 de marzo de 2021, por la que se desestima el Recurso de Alzada formulado contra la Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón, de fecha 19 de noviembre de 2020, en los Expedientes nº NUM000 y NUM001, por la que se anula el alta en la empresa PESCA ARENESCA, S.L., desde el 1 al 31 de octubre de 2019.

1.2 Afirma la recurrente, en orden a sustentar su pretensión, que lleva varios años vinculada al sector de la pesca, habiendo prestado sus servicios como colaboradora redera, adscrita al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante el periodo 01/05/2012 a 31/07/2019, y anteriormente, en otras actividades por cuenta ajena, tanto en el Régimen General como en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar, tal y como se ha acreditado con el 'Informe de Vida Laboral', que consta en el Documento Adjuntado 6 (folios nº 20 a 37 del expediente administrativo). En el mes de octubre de 2019, concretamente el día 1, suscribe con 'PESCA ARENESCA, S.L.', con centro de trabajo en San Juan de la Arena, concejo de Soto del Barco, un contrato de trabajo para prestar sus servicios como Peón, en la realización de las tareas de transporte de pescado a lonja y apoyo necesario a las embarcaciones, a tiempo completo y con un salario bruto mensual de 1.000 €, hasta el día 31 de octubre de 2019, fecha de finalización del tiempo convenido en el expresado contrato de trabajo, tal y como se acredita con el contrato de trabajo temporal, nómina de la mensualidad de octubre de 2019, y carta de comunicación de finalización del contrato laboral que aporta. Por ende, razona, no existe motivo alguno para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social primero, y a raíz de su informe, la TGSS después, consideren que se trata de un contrato simulado y que no ha existido efectiva relación laboral, invocando la doctrina del Tribunal Supremo sobre la presunción «iuris tantum» de laboralidad en aquella relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe.

Aduce la actora, en el ámbito de la motivación jurídica, la inadecuación de procedimiento, por cuanto que, la revisión del acto administrativo que se pretende, no puede llevarse a cabo por vía administrativa, sino que, en su caso, habrá de ser instada en vía jurisdiccional presentando la oportuna demanda frente al beneficiario del acto- ante el Juzgado de lo Social competente, y ello en aplicación del art. 146 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social; y del apartado segundo del artículo 55 del Real Decreto 84/1996. Cita la STS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª) número 2213/2016 de 11 de octubre, así como la de esta Sala de 11 de octubre (número 2213/2016), entre otras.

Por otro lado, invoca la obligatoriedad y alcance de la afiliación a la Seguridad Social que indica el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre. Y, en tal sentido, señala que la decisión de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón, de anular el alta de oficio de la ahora demandante, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2019, previa actuación inspectora, no significa que, la decisión sea ajustada a derecho, por cuanto que, de la amplia prueba documental aportada al expediente administrativo y de las alegaciones formuladas tanto por la trabajadora como por la empresa, se puede comprobar la existencia de un error de interpretación de la Inspección de Trabajo.

1.3 Por el Letrado de la TGSS se rechazan los fundamentos del escrito de demanda, y tras referir los antecedentes fácticos que derivan del E.A., razona que no concurre inadecuación del procedimiento, en cuanto la Dirección Provincial del ISM de Gijón, actuó en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 54.2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, que reconoce la facultad de la TGSS, y por extensión al ISM, respecto de los trabajadores incluidos en el RETMAR, de comprobación y control en todo momento de la exactitud de los datos obrantes en los sistemas de datos y el art. 55 de la citada norma que autoriza la revisión de actos reconocimiento de afiliación, altas, bajas y variaciones, entre otros, cuando estos no sean conformes con lo establecido en las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones complementarias.

Se remite a los arts. 6.1 y 7.1 del R.D. 84/1996, en relación a los conceptos de 'Afiliación' y al 'Alta' en el sistema de la Seguridad Social.

Defiende la anulación del alta en el RETMAR por su carácter ficticio y la simulación de la relación laboral, defendiendo que no concurren todos los requisitos que determinan la realidad de dicha relación, tal y como fundamenta el Oficio de 21 de septiembre de 2020 de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Asturias, se evidencia lo siguiente: 1.- La trabajadora padecía la enfermedad con anterioridad a la contratación; 2.- Una vez causada la baja por ésta, la empresa no contrató a ningún trabajador para sustituir a la interesada; 3.- El salario no se abonó por transferencia bancaria u otra forma prevista en la que consten los datos, identidades y fechas de transmisión y cobro, refiriendo la ahora demandante que lo recibió en metálico.

SEGUNDO.- ANTECEDENTES FÁCTICOS.

Antes de abordar las cuestiones jurídicas que plantea la demandante, procede hacer un breve relato de los antecedentes más relevantes que se derivan del E.A. Así:

1º La recurrente figura de alta en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar desde el 1 de mayo de 2012 hasta el 31 de julio de 2019, conforme a la hoja de vida laboral. Paralelamente, figura de alta en el sistema especial para empleados de Hogar del Régimen General, desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 8 de enero de 2020.

2º En fecha 1 de octubre de 2019 es dada de alta por la mercantil Pesca Arenesca, S.L. en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar en virtud de un contrato suscrito el 1 de octubre de ese año, contrato para realizar tareas de peón, transporte de pescado, y actividades complementarias, de naturaleza temporal, a tiempo completo y con un salario bruto mensual de 1.000 €, hasta el día 31 de octubre de 2019 de duración.

3º El día 9 de octubre de 2019 causa baja médica, iniciando el proceso de Incapacidad temporal.

4º El 18 de noviembre de 2019 la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina (ISM) en Gijón solicita informe a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Asturias.

5º La ITSS emite informe con fecha 21 de septiembre de 2020, en el cual se manifiestan las actuaciones realizadas, y concluye que procede la anulación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2019.

6º Tras el trámite de audiencia a la empresa y a la trabajadora, que presentan sendos escrito de alegaciones, y tras nuevo informe complementario de la ITSS, se dicta la Resolución de la Dirección Provincial del ISM de Gijón en fecha 19 de noviembre de 2020 en procedimiento de revisión de oficio para la anulación del alta en el RETMAR de la trabajadora por simulación de la relación laboral y alta ficticia.

7º Frente a esta se interpone curso de alzada por la aquí recurrente, que es desestimado por la Resolución ahora impugnada.

TERCERO.- INADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Partiendo de los anteriores antecedentes, se plantea por la recurrente, como primer motivo de impugnación, la inadecuación de procedimiento, por cuanto que, la revisión del acto administrativo que se pretende, no puede llevarse a cabo por vía administrativa, sino que, en su caso, habrá de ser instada en vía jurisdiccional presentando la oportuna demanda frente al beneficiario del acto -ante el Juzgado de lo Social competente, y ello en aplicación del art. 146 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Pues bien, para dar respuesta a esta cuestión es preciso destacar cual ha sido la motivación de la TGSS para acordar la anulación del alta. La Resolución que resuelve el recurso de alzada, y la previa de 19 de noviembre de 2020, se soportan en los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, comenzando por el de 21 de septiembre de 2020, que concluyen la inexistencia de una relación laboral real, y afirman que se ha producido una simulación contractual de contrato de trabajo con el fin de que la trabajadora se beneficiara, de forma indebida, de una prestación por incapacidad temporal, sin que existiera una verdadera prestación laboral. Ello lo deducen por vía de presunciones de los siguientes hechos: 1.- La trabajadora padecía la enfermedad con anterioridad a la contratación, enfermedad que motivo la baja, por no poder cargar pesos; 2.- Una vez causada la baja por ésta, la empresa no contrató a ningún trabajador para sustituir a la interesada, lo que determinaría la falta de necesidad de la contratación realizada; 3.- El salario no se abonó por transferencia bancaria u otra forma prevista en la que consten los datos, identidades y fechas de transmisión y cobro, refiriendo la ahora demandante que lo recibió en metálico. 4º La trabajadora no tenía antecedentes laborales en las funciones para las que fue contratada.

En definitiva, se afirma que concurrió una simulación absoluta del contrato de trabajo.

Desde esta perspectiva, de negación de la relación laboral, debe abordarse el primero de los motivos aducidos por la actora para pretender la nulidad de la Resolución impugnada. Como señala el escrito de demanda, el art. 146 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, establece: ' 1. Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior:

a) La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

b) Las revisiones de los actos en materia de protección por desempleo, y por cese de actividad de los trabajadores autónomos, siempre que se efectúen dentro del plazo máximo de un año desde la resolución administrativa o del órgano gestor que no hubiere sido impugnada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147.

c) La revisión de los actos de reconocimiento del derecho a una prestación de muerte y supervivencia, motivada por la condena al beneficiario, mediante sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, que podrá efectuarse en cualquier momento, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto.

3. La acción de revisión a la que se refiere el apartado uno prescribirá a los cuatro años.

4. La sentencia que declare la revisión del acto impugnado será inmediatamente ejecutiva'. Y, el art. 55 del R.D. 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, establece: ' 1. Cuando la inscripción, protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tarifación, cobertura de la prestación por incapacidad temporal, afiliación, altas, bajas y variaciones obrantes en los sistemas de documentación de la Tesorería General de la Seguridad Social no sean conformes con lo establecido en las leyes, en este Reglamento y demás disposiciones complementarias, si así resultare del ejercicio de sus facultades de control o por cualquier otra circunstancia, dicha Tesorería General podrá adoptar las medidas y realizar los actos necesarios para su adecuación a las normas establecidas, incluida la revisión de oficio de sus propios actos en la forma y con el alcance previstos en este artículo y los siguientes.

2. Las facultades de la Tesorería General de la Seguridad Social para revisar, de oficio o a instancia de parte, sus propios actos de inscripción, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal, tarifación, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos no podrán afectar a los actos declarativos de derechos, en perjuicio de los beneficiarios de los mismos, salvo que se trate de revisión motivada por la constatación de omisiones o inexactitudes en las solicitudes y demás declaraciones del beneficiario.

3. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá rectificar, en cualquier momento, los errores materiales o de hecho y los aritméticos de los actos regulados en este Reglamento'.

En la interpretación de estos preceptos hay una consolidada doctrina jurisprudencial de la que son buen muestra, la Sentencia de 11 de octubre de 2016 (recurso 673/2015), que razona: ' CUARTO.- Esta Sala, en sentencia de esta Sección de 8 de julio de 2014, recaída en el recurso de casación núm. 3416/2012 , y otras dos de la misma fecha y Sección, recursos de casación núms. 2628 y 3540/2012, ha abordado las cuestiones que suscitan los motivos de casación ahora analizados, y al criterio en ellas expresado hemos de estar ahora, por exigencias del principio de unidad de doctrina, haciendo la salvedad de que la única diferencia es la vigencia en los supuestos allí enjuiciados del art. 145 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, ahora sustituido con redacción sustancialmente igual por el art. 146 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social .

Antes precisaremos que la recurrente desarrolla su argumentación afirmando que la sentencia recurrida incurre en un error cuando analiza el presente caso como un supuesto de cambio de encuadramiento de régimen de Seguridad Social, cuando lo que concurre es un supuesto de afiliación y alta en el sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios (en adelante, S.E.T.A.) que se deja sin efecto. Así, la sentencia recurrida, según consta en su fundamento jurídico segundo 'in fine ', se refiere a las 'ventajas que pudiera conllevar para la demandante el hecho de estar de alta en el S.E.T.A. y no en el régimen general'. Ahora bien, respecto al supuesto error, ni se denuncia vulneración de norma alguna con relevancia para el enjuiciamiento, ni se alcanza a ver la trascendencia, ya que lo relevante es el tratamiento como revisión de oficio, que es el que reclama la sentencia, de la alteración de la situación de la interesada, ya sea cambio de encuadramiento, ya sea anulación del alta en el régimen de trabajadores autónomos.

Retomando ya el examen de la jurisprudencia elaborada a propósito de la cuestión suscitada, la sentencia antes citada, dictada por esta Sala y Sección en fecha 8 de julio de 2014 (rec. cas. núm. 3416/2012 ), en la que también se basa la sentencia recurrida, dice así: «QUINTO.- (...), tiene razón la sentencia impugnada cuando dice que la revisión de los actos de la Seguridad Social no se rige por el art. 103 LRJ-PAC , sino por su legislación específica, tal como ordena la disposición adicional 6ª de la propia LRJ-PAC . Y es igualmente exacto que dicha legislación específica viene dada por el art. 145 de la Ley de Procedimiento Laboral -que estaba en vigor cuando se dictaron las resoluciones administrativas recurridas y, por consiguiente, es ratione temporis aplicable al presente caso- y por los arts. 54 y siguientes del Real Decreto 84/1996 .

Una vez sentado lo anterior, sin embargo, esta Sala no puede estar de acuerdo con el modo en que la sentencia impugnada interpreta y aplica las citadas normas. El art. 145 de la Ley de Procedimiento Laboral comenzaba estableciendo: 'Las entidades gestoras o los servicios comunes no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido.' Y a renglón seguido añadía: 'Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior la rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario'.

En parecido sentido, el apartado segundo del art. 55 del Real Decreto 84/1996 dispone: 'Las facultades de la Tesorería General de la Seguridad Social para revisar, de oficio o a instancia de parte, sus propios actos de inscripción, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal, tarificación, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos no podrán afectar a los actos declarativos de derechos, en perjuicio de los beneficiarios de los mismos, salvo que se trate de revisión motivada por la constatación de omisiones o inexactitudes en las solicitudes y demás declaraciones del beneficiario'.

De los preceptos que se acaban de reproducir resulta que la revisión de actos declarativos de derechos de la Seguridad Social no puede llevarse a cabo por vía administrativa, sino que habrá de ser instada en vía jurisdiccional presentando la oportuna demanda -debe entenderse que frente al beneficiario del acto- ante el Juzgado de lo Social competente. Obsérvese que esto no es algo radicalmente diferente de lo que, como regla general para la revisión de los actos administrativos anulables, establece el art. 103 LRJ-PAC , donde se exige que sea la Administración quien -previa declaración de lesividad del acto- interponga demanda contra el particular. Nuestro derecho se funda, así, en la idea de que la Administración no puede por su sola autoridad dejar sin efecto sus actos declarativos de derechos: precisamente porque se trata de privar a un particular de derechos que previamente le ha reconocido la Administración, se impone a ésta la carga de acudir ante el correspondiente órgano jurisdiccional y demostrar la ilegalidad del acto.

Las únicas dos excepciones a dicha regla general, de conformidad con el art. 145 de la Ley de Procedimiento Laboral [hoy art. 146 de la LRJS ] y el art. 55 del Real Decreto 84/1996 , son: primera, que se trate de una mera rectificación de errores de hecho, materiales y aritméticos, de manera similar a lo permitido con alcance general por el art. 105.2 LRJ-PAC ; y segunda, que la revisión venga ocasionada por omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. Esta última excepción tiene pleno sentido en aquellos procedimientos en que, tal como ocurre con la inclusión de un trabajador en un determinado régimen de la Seguridad Social, el acto se apoya en gran medida -cuando no totalmente- en datos declarados por los particulares: si es el propio beneficiario del acto declarativo de derechos quien, con sus omisiones o inexactitudes, ha ocasionado que dicho acto esté legalmente viciado, deja de darse la ratio por la que la Administración debe acudir a la jurisdicción para remediar tal ilegalidad.

Trasladando las anteriores consideraciones a la circunstancias del presente caso, nadie discute -y así resulta de la lectura del expediente administrativo- que las resoluciones administrativas recurridas fueron dictadas en un procedimiento expresamente calificado de 'revisión de oficio'; y está igualmente fuera de cuestión que mediante dichas resoluciones se dejó sin efecto, por considerarla legalmente improcedente, la inclusión del afectado en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, privándole así de las facultades y ventajas que tal régimen especial comporta. Esto significa que la Seguridad Social ha procedido por sí sola, sin presentar la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social, a revisar un propio acto declarativo de derechos; algo que, según se ha expuesto, resulta contrario a lo ordenado por el art. 145 de la Ley de Procedimiento Laboral [hoy art. 146 de la LRJS ] y el art. 55 del Real Decreto 84/1996 . Debe señalarse, en este orden de consideraciones, que ni en vía administrativa ni en vía contencioso- administrativo se ha tratado de justificar las resoluciones administrativas recurridas sobre la base de que tuvieran por objeto la simple rectificación de errores materiales o que hubiesen sido ocasionadas por omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario; es decir, no se ha alegado -ni menos aún demostrado- que el presente caso sea subsumible en alguna de las dos excepciones a la regla general que exige acudir a la jurisdicción para la revisión de los actos declarativos de derechos de la Seguridad Social.

La consecuencia de todo ello es que, al dar por buena la actuación de la Seguridad Social, la sentencia impugnada efectivamente infringe el art. 145 de la Ley de Procedimiento Laboral [hoy art. 146 de la LRJS ] y el art. 55 del Real Decreto 84/1996 . El motivo segundo de este recurso de casación debe así ser estimado, con la consiguiente anulación de la sentencia impugnada.

SEXTO.- Para que cuanto queda expuesto sea rectamente entendido, es preciso hacer una importante observación adicional. En su escrito de oposición al recurso de casación, el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, con cita de varias sentencias del Tribunal Supremo, dice lo siguiente:

Como bien dice la sentencia impugnada el artículo 103 citado, que regula la declaración de lesividad de los actos anulables, dentro del título VII de la citada Ley 30/92 , que trata de la revisión de los actos en vía administrativa, no se aplica a la revisión de oficio de los actos de la Seguridad Social, por determinarlo así la Disposición adicional 6ª de la propia Ley 30/92 .

La normativa que se aplica en su lugar está contenida en el artículo 146 de la vigente Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social , similar al artículo 145 de la anterior ley procesal laboral , el cual prohíbe, como norma general, la revisión de oficio de los actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios. El mismo criterio se contiene en el apartado 2 del artículo 55 del Reglamento General de 26 de enero de 1996 , más arriba citado.

Este artículo 55 consagra, en primer lugar, en el apartado 1, las facultades de revisión y control sobre los actos que enumera (y que a nuestros efectos denominaremos 'actos de encuadramiento') y que incluyen la revisión de oficio de dichos actos en la forma y con el alcance que a continuación señala. Los límites de esas facultades de revisión de oficio están recogidos en el apartado 2 del precepto y consisten en que aquellas facultades de revisión de oficio no pueden afectar a los actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, salvo las excepciones que la propia norma indica.

Los actos de encuadramiento no son actos declarativos de derechos, son actos instrumentales que constituyen una relación jurídica, en el desenvolvimiento de la cual se adquirirán derechos y obligaciones por las partes de la misma. En ese sentido, se trata de actos constitutivos, no declarativos.

Por ello, el procedimiento de revisión de oficio, que regula el artículo 56 del Reglamento General citado, y que se ha aplicado en el presente caso, está correctamente utilizado. Y también está legitimado el Instituto Social de la Marina para realizarlo, en contra de lo que tan taxativamente se refleja en el recurso, porque, como bien indica la sentencia recurrida, la Disposición adicional 2ª del repetido Reglamento General le habilita para actuar como lo ha hecho.

La idea defendida por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social sería, así, que el art. 145 de la Ley de Procedimiento Laboral [hoy art. 146 de la LRJS ] y el art. 55 del Real Decreto 84/1996 no son de aplicación al presente caso, porque la inclusión del afectado en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar no era un acto declarativo de derechos, sino un denominado 'acto de encuadramiento'.

Pues bien, como es obvio, esta Sala nada tiene que decir sobre el modo en que los órganos jurisdiccionales del orden social interpreta y aplica la legislación sobre Seguridad Social. Pero cuando se trata de controlar la legalidad de actos administrativos por los tribunales contencioso-administrativos -tal como ocurre en el presente caso, por más que los actos administrativos provengan de una entidad integrada en el sistema de la Seguridad Social- hay que estar indefectiblemente al significado que los conceptos tienen en el Derecho Administrativo. Y en esta rama del ordenamiento, la noción de 'acto declarativo de derechos' o, en una terminología más moderna, su perfecto equivalente de 'actos favorables' tienen un significado muy preciso y profundamente arraigado. Un acto declarativo de derechos o acto favorable es todo aquel acto administrativo -cualquiera que sea su naturaleza a otros efectos- del que su destinatario obtiene derechos, facultades u otras situaciones jurídicas ventajosas.

Debe tenerse presente que, en la legislación administrativa española, la distinción entre actos declarativos de derechos (o favorables) y los que no lo son -con una expresión algo pasada de moda, se habla a veces de 'actos de gravamen' para referirse a los actos administrativos desfavorables al particular- es relevante fundamentalmente para trazar dos regímenes jurídicos distintos de revisión, tal como se puede ver claramente en los actuales arts. 102 y siguientes de la LRJ- PAC . Ello implica que, a los efectos que ahora interesan, todo acto de la Seguridad Social o es declarativo de derechos o no lo es: tertium non datur. Que determinados actos de la Seguridad Social deban ser caracterizados como 'actos de encuadramiento', teniendo una naturaleza constitutiva, seguramente será relevante en determinados supuestos; pero, a la hora de determinar cuál es el procedimiento (administrativo o jurisdiccional) a seguir para su revisión, lo decisivo en el orden contencioso-administrativo es si se trata de un acto declarativo de derechos o no.

Ni que decir tiene que la respuesta a este interrogante depende del contenido de cada concreto acto administrativo y, en particular, de que efectivamente amplíe el patrimonio o la esfera jurídica de su destinatario. En el presente caso, no cabe duda que la inclusión en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar presenta ventajas comparativas con respecto al Régimen General de la Seguridad Social, de manera que el acto de inclusión que las resoluciones administrativas recurridas trataban de corregir era indudablemente un acto declarativo de derechos a efectos del Derecho Administrativo».

QUINTO.-Los anteriores razonamientos, que hemos reproducido en virtud del principio de unidad de doctrina, abordan todas las cuestiones que suscitan los motivos de casación segundo y tercero. La parte recurrente, insiste en calificar en «[...] que la revisión que pueda efectuar la T.G.S.S. de sus propios actos, no podrá afectar a las prestaciones reconocidas a los beneficiarios de la Seguridad Social en perjuicio de los mismos» (págs. 5 y 8), y argumenta sobre la diferencia entre actos de afiliación y alta, y reconocimiento de prestación, invocando el art. 6, 7 y 9 del Real Decreto 84/1996. Pero es que precisamente el contenido de dichos preceptos abona la tesis sostenida en la sentencia recurrida y en la jurisprudencia en la que se sustenta, pues el art. 7.1 del RD 84/1996 atribuye al acto de alta el reconocimiento «a la persona, que inicia una actividad [...] su condición de comprendida en el campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social [...] con los derechos y obligaciones correspondientes», con lo que queda reafirmado el carácter dual del acto de alta, que no por implicar obligaciones, deja de tener un contenido favorable para el afiliado en situación de alta. Y es que, como dice el art. 6.2 del RD 84/1996 , «[l]a afiliación al sistema de la Seguridad Social, por sí sola o en unión de otros requisitos o presupuestos, constituirá título jurídico para la adquisición de derechos y el nacimiento de obligaciones y condicionará la aplicación de las normas que regulan dicho sistema». Por su parte, el art. 9 del RD 1984/1996 dispone, en concordancia con el anterior que «[s]iempre que se hayan cumplido los requisitos generales y específicos establecidos, la afiliación al sistema de la Seguridad Social y el alta en el Régimen correspondiente producirán los derechos y obligaciones que, para dichas situaciones, se establecen en la Ley General de la Seguridad Social y en las normas reguladoras de los distintos Regímenes de la misma, así como en el presente Reglamento y en las demás disposiciones complementarias».

Por tanto, cuando se produce la revisión de estos actos de afiliación y alta, se está afectando a un acto, ciertamente previo a una eventual prestación, pero que por sí constituye un título jurídico para alcanzar otros derechos, y desde luego, ya de por sí otorga unos efectos favorables para la persona afectada, máxime en este caso donde no se trata de un simple acto de cambio de encuadramiento, sino que se produce la revisión de un acto de afiliación y alta en el Sistema Especial de Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia agrarios, de manera que la trabajadora por cuenta propia deja de estar protegida por el sistema de Seguridad Social por virtud de este sistema especial (S.E.T.A.).

Por último, no existe infracción del art. 3.f) de la LRJS y del art. 1 de la LJCA , ni se altera, con la doctrina en que se sustenta la sentencia recurrida, la distribución de materias entre la Jurisdicción Social y Contencioso Administrativa, pues la previsión general de dicho precepto sobre las materias de las que no conocerá la Jurisdicción social, y que corresponden a la Jurisdicción contencioso administrativa, debe interpretarse de manera integrada con el resto del ordenamiento jurídico, y en particular con el art. 146 de la LRJS . Por otra parte, existe un amplio campo en que la Administración de la Seguridad Social puede revisar sus actos sin acudir al procedimiento de revisión mediante demanda ante la Jurisdicción social, pero ello requiere que la actuación revisora obedezca, bien a una mera rectificación de errores de hecho, materiales y aritméticos, de manera similar a lo permitido con alcance general por el art. 105.2 LRJ-PAC ; o bien, y esto es más importante, que la revisión venga ocasionada por omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. Pero ocurre que en el acto recurrido en este litigio, la decisión de la Administración no se calificó como un supuesto de omisiones o inexactitudes de las declaraciones de la interesada para el alta en el S.E.T.A., y así lo declara expresamente la sentencia recurrida cuando afirma «[...] que basta con la lectura de la resolución recurrida para constatar que ello no es así, sino que la Administración lo que verificó fue un acontecimiento sobrevenido, cual fue la baja en el censo, y ello se verifica de la propia lectura de la calificación que se hace del expediente administrativo, de revisión [...]».

En consecuencia, los motivos segundo y tercero del recurso de casación han de ser rechazados y con ello el recurso de casación'.

Esta doctrina jurisprudencial ha sido reiterada posteriormente en múltiples Sentencias del TS, así, entre otras, la de 29 de enero de 2019 (recurso 2972/2016); la de 15 de septiembre de 2021 (recurso 4068/2019); de 27 de septiembre de 2021 (recurso 3043/2020); la de 24 de enero de 2022 (recurso 3236/2020) que afirma: ' El razonamiento que expone la sentencia recurrida comienza señalando que para la validez jurídica del alta del trabajador en la Seguridad Social es presupuesto necesario la propia existencia y realidad de la relación laboral; siendo ésta una cuestión sobre la que los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo tienen un alcance meramente prejudicial ( artículo 10.1 LOPJ y artículo 4.1 LJCA ), por ser la Jurisdicción Social la que tiene la competencia genuina para conocer de la existencia o no de una relación laboral por cuenta ajena ( artículo 9.5 LOPJ y artículos 1 y 2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre ).

Partiendo de lo anterior, compartimos el parecer de la Sala de instancia cuando señala que el artículo 146.2.a) de la Ley reguladora de la jurisdicción social , que posibilita la autotutela para que la Administración revise sus propios actos sin necesidad de solicitar la revisión ante la Jurisdicción Social, se refiere al caso en que se hayan producido 'omisiones o inexactitudes en las declaraciones de los beneficiarios', expresión ésta en la que no cabe considerar incluido el supuesto de 'simulación' de la propia relación laboral, que, como acabamos de señalar, es la base y el presupuesto mismo del alta del trabajador en la Seguridad Social.

En efecto, la decisión de la Tesorería General de la Seguridad Social de anular el alta como trabajador en el Sistema Especial de Empleados de Hogar se sustentaba en la afirmación de que no existía en realidad la relación laboral presupuesto del alta; y aquella decisión no se basaba en que en la declaración del beneficiario se hubiesen facilitado datos incorrectos o inexactos, o se hubieran omitido otros, que son los casos en los que tiene cabida la revisión de oficio. Además, destaca la sentencia recurrida, en este caso el 'beneficiario' del alta sería el empleado de hogar; y sucede que no es éste quien suscribe el formulario de alta en la Seguridad Social ya que es el empleador quien está obligado a ello. Por tanto, no puede sostenerse que la revisión de oficio, sin necesidad de acudir a la Jurisdicción Social, se justifica por las inexactitudes u omisiones contenidas en la declaración del beneficiario.

En definitiva, compartimos el parecer de la Sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cuando concluye que estamos ante un supuesto en el que la Tesorería General de la Seguridad Social debió interesar la revisión de oficio ante la jurisdicción social, porque es la que detenta la competencia genuina para determinar si existía o no relación laboral, no pudiéndose acudir a la revisión de oficio porque no concurría la excepción prevista en el artículo 146.2.a) de la Ley de la Jurisdicción Social, al no tratarse aquí de un caso de omisiones o inexactitudes constatadas en las declaraciones del beneficiario.

Y respondiendo, en fin, a la concreta cuestión señalada en el auto de admisión del presente recurso de casación, entendemos que, como regla general, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social considere que una relación laboral es simulada la vía para anular el alta del trabajador no es la revisión de oficio sino la formulación de la correspondiente demanda ante el órgano competente de la Jurisdicción Social'; y las más reciente de 22 de febrero de 2022 (recurso 2359/2020), que se pronuncia en idéntico sentido que la anterior; y la de 12 de mayo de 2022, que resume y recoge lo razonado en las anteriores.

Pues bien, ante la contundencia de la doctrina jurisprudencial reiterada, no cabe más que concluir en la necesidad, en este concreto supuesto, en el que se debate únicamente si la relación laboral era o no simulada, y por ende si concurrirá la efectiva realización de prestaciones derivadas del contrato formalmente suscrito, de acudir por parte de la Administración laboral a la Jurisdicción Social, en aplicación del art. 55 del R.D. 84/1996 y el Art. 146 de la LJS, ante de proceder a anular el alta de la recurrente, lo que lleva a la estimación del recurso.

CUARTO.- COSTAS.

En materia de costas, dada la complejidad de la cuestión planteada, como lo acredita que haya debido pronunciarse expresamente el Tribunal Supremo, no procede hacer expresa imposición, en aplicación del art. 139.1 de la LJCA.

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación;

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha decidido: Estimar el recurso interpuesto por el Procurador Sr. Gutiérrez Alonso, en nombre y representación de Dña. Ariadna, frente a la Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón, de fecha 9 de marzo de 2021, por la que se desestima el Recurso de Alzada formulado contra la Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón, de fecha 19 de noviembre de 2020, en los Expedientes nº NUM000 y NUM001, por la que se anula el alta en la empresa PESCA ARENESCA, S.L., desde el 1 al 31 de octubre de 2019.

Por ende, se declara la nulidad de dicha resolución.

Ello, sin expresa condena en costas.

Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE CASACIÓN en el término de TREINTA DÍAS, para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia infracción de legislación estatal o por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia si lo es por legislación autonómica. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de julio de 2016).

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.