Sentencia Administrativo Nº 58/2016, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 373/2014 de 27 de Enero de 2016

Encabezamiento

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN QUINTA

Núm. de Recurso:0000373 /2014

Tipo de Recurso:PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General:05858/2014

Demandante:D. Casimiro

Procurador:SRA. BUSTAMANTE GARCÍA, ELISA Mª

Demandado:MINISTERIO DE INTERIOR

Abogado Del Estado

Ponente IImo. Sr.:D. FERNANDO F. BENITO MORENO

S E N T E N C I A Nº:

IImo. Sr. Presidente:

D. JOSÉ LUIS GIL IBÁÑEZ

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JESÚS N. GARCÍA PAREDES

D. FERNANDO F. BENITO MORENO

Dª. ALICIA SANCHEZ CORDERO

Madrid, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Vistopor la Sala constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen el Recurso contencioso administrativo nº: 373/2014, interpuesto por DON Casimiro , representado por la Procuradora Dª. Elisa María Bustamante García, contra la desestimación presunta por silencio de la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración dirigida al Ministerio del Interior; habiendo sido parte, además, la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON FERNANDO F. BENITO MORENO.

Antecedentes

PRIMERO.-Presentado el recurso y previos los trámites oportunos, se confirió traslado a la representación de la parte actora para que formalizara escrito de demanda, lo que hizo formulando las alegaciones de hecho y de derecho que estimó oportunas, concluyendo con la súplica de una sentencia estimatoria del recurso.

SEGUNDO.-Dándose traslado de la demanda al Abogado del Estado para su contestación, lo hizo, alegando en derecho lo que estimó conveniente, solicitando la confirmación en todos los extremos del acuerdo recurrido.

TERCERO.-Habiéndose solicitado por la parte actora el recibimiento a prueba, por auto de 29 de mayo de 2015, se acordó haber lugar a dicho recibimiento, con el resultado que consta en las actuaciones.

CUARTO.-En el trámite de conclusiones las partes presentaron el correspondiente escrito, en el que cada una de ellas se ratificó en sus respectivos pedimentos.

QUINTO.-Se declararon conclusas las presentes actuaciones, señalándose para la votación y fallo la audiencia del día 26 de enero de 2016, en que tuvo lugar, quedando el recurso visto para sentencia.

VISTOSlos preceptos que se citan por las partes y los de general aplicación.

Fundamentos

PRIMERO.-Se impugna mediante el presente recurso contencioso administrativo, la desestimación presunta por silencio de la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración dirigida a Ministerio del Interior.

Consta en el expediente administrativo ampliado, del que se dio traslado al recurrente por providencia de 6 de julio de 2015, resolución de fecha 27 de mayo de 2015, del Secretario General Técnico, por delegación del Ministro del Interior, que con el dictamen del Consejo de Estado, desestima la reclamación por responsabilidad patrimonial de DON Casimiro . Resolución sobre la que el actor no formula ampliación de recurso.

SEGUNDO.-A efectos de centrar la cuestión objeto de debate, es necesario partir de la narración resumida los hechos que, constituyen el fundamento de la pretensión.

Al hoy recurrente, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de la Escala Ejecutiva, se siguieron diligencias previas nº 1401/2007 por el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, por delito contra el patrimonio.

Por decreto de 1 de marzo de 2007, le fue abierto un expediente disciplinario y le fue aplicada la medida cautelar de suspensión de funciones, pasando a esta situación desde el 5 de marzo de 2007 hasta el 17 de febrero de 2010.

El funcionario recurrió la aplicación de la medida cautelar y su recurso de reposición fue desestimado el 9 de mayo de 2007.

Una posterior petición en el mismo sentido fue igualmente desestimada el 9 de febrero de 2009. Posteriormente, el funcionario presentó recurso contencioso-administrativo contra la resolución que acordaba la aplicación de la medida cautelar, recurso que fue desestimado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de enero de 2011 , que avaló la suspensión impuesta. Entendía la Sentencia, de la que consta copia en el expediente, que la resolución contenía motivación suficiente, aunque pudiera parecer parca.

Por Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de noviembre de 2012 fue absuelto de todos los cargos.

El expediente disciplinario fue archivado, declarando la inexistencia de responsabilidad del funcionario, el 21 de marzo de 2013. Se reconoció su derecho a la liquidación económica de los derechos que le hubieran correspondido durante los 1.084 días que se prolongó la suspensión.

TERCERO.-El actor considera que existe responsabilidad patrimonial de la Administración.

Manifiesta que fue detenido por presunto delito de receptación en el ámbito de las diligencias incoadas en el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, delito que no guardaba relación con la prestación de sus servicios como Inspector Jefe de la Policía ni causaba un grave perjuicio a la Administración.

Que la suspensión de funciones era totalmente innecesaria, al poder continuar desarrollando sus funciones.

Paralelamente se le incoó un expediente disciplinario, que adolece de sustanciales irregularidades, al no haberle tomado declaración, ni constar pliego de cargos.

La entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 4/2010, debió haber producido el archivo del expediente, que se produjo seis años después, el 21 de marzo de 2013.

Reclama el importe de 11.527,88 euros, de intereses, y una indemnización por daño moral, que cifra en 60.000 euros, incluyendo la imposibilidad de participar en procesos selectivos, de hacer cursos o de obtener destinos, daños que se suman a su desprestigio personal y profesional.

Finalmente añade los gastos de abogado, que llegan a 6.000 euros.

CUARTO.-El artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , proclama el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión sufrida en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión fuera consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, lo que ya venía previsto con anterioridad en similares términos por la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.954, el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado , Texto Refundido de 26 de julio de 1.957, y está recogido igualmente en el artículo 106.2 de la Constitución .

En todo caso, el daño alegado habrá de ser 'efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas', texto que no representa novedades respecto a la normativa anterior, y que viene integrada sustancialmente por el art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de Julio de 1957 y los artículos 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa .

La jurisprudencia ha precisado que para apreciar la existencia de esta responsabilidad son precisos los siguientes requisitos a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupos de personas, b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando el nexo causal, c) Ausencia de fuerza mayor y d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño por su propia conducta.

El artículo 142.4 de la misma Ley 30/1992, de 26 de noviembre -semejante en lo que ahora interesa a lo que establecía el artículo 40.2 del Texto Refundido de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1.957 -, dispone que 'la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización'.

En la interpretación de este precepto se viene manteniendo reiteradamente por el Tribunal Supremo (entre otras, sentencias de 11 de marzo de 1.999 , 13 de enero de 2.000 o 12 de julio de 2.001 ), que dicho artículo ' sólo puede ser entendido en el sentido de que la obligación de indemnizar no es consecuencia obligada de la simple anulación de las resoluciones administrativas, sin que ello suponga obstáculo para que tal derecho a ser indemnizado pueda ser reconocido cuando se cumplan los restantes requisitos'establecidos para que nazca la responsabilidad patrimonial de la Administración, sin que quepa 'interpretar el precepto que nos ocupa con tesis maximalistas de uno y otro sentido, como si dijera que de la anulación de una resolución administrativa no cabe nunca derivar responsabilidad patrimonial de la Administración, ni tampoco cabe afirmar que siempre se producirá tal responsabilidad'.Esto es, dicho artículo ' afirma la posibilidad de que tal anulación sea presupuesto inicial u originador para que tal responsabilidad pueda nacer siempre y cuando se den los restantes requisitos exigidos con carácter general para que opere el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración'y que son la existencia de un hecho imputable a la Administración, lesión o perjuicio antijurídico efectivo, económicamente evaluable e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, relación de causalidad entre el hecho y el perjuicio y que no concurra fuerza mayor u otra causa de exclusión de la responsabilidad.

En línea con ello, se advierte que ' en los supuestos de ejercicio de potestades discrecionales por la Administración, el legislador ha querido que ésta actúe libremente dentro de unos márgenes de apreciación con la sola exigencia de que se respeten los aspectos reglados que puedan existir, de tal manera que el actuar de la Administración no se convierta en arbitrariedad. En estos supuestos parece que no existiría duda de que siempre que el actuar de la Administración se mantuviese en unos márgenes de apreciación no solo razonados sino razonables debería entenderse que no podría hablarse de existencia de lesión antijurídica, dado que el particular vendría obligado por la norma que otorga tales potestades discrecionales a soportar las consecuencias derivadas de su ejercicio siempre que este se llevase a cabo en los términos antedichos; estaríamos pues ante un supuesto en el que existiría una obligación de soportar el posible resultado lesivo'. Lo que es también aplicable a aquellos supuestos 'en que en la aplicación por la Administración de la norma jurídica al caso concreto no haya de atender solo a datos objetivos determinantes de la preexistencia o no del derecho en la esfera del administrado, sino que la norma antes de ser aplicada ha de integrarse mediante la apreciación, necesariamente subjetivada, por parte de la Administración llamada a aplicarla, de conceptos indeterminados determinantes del sentido de la resolución'.

Así pues, la anulación de un acto administrativo ni presupone ni excluye el derecho a la indemnización, que está condicionado a la concurrencia de los requisitos propios de la responsabilidad administrativa. Dicha concurrencia, 'si se quiere, ha de ser examinada con mayor rigor en los supuestos de anulación de actos o resoluciones que en los de mero funcionamiento de los servicios públicos'. En concreto, la peculiaridad se encuentra en el análisis de la obligación de soportar el daño. Si el acto del que deriva el daño fue dictado en el ejercicio de la potestad discrecional o en la apreciación de un concepto jurídico indeterminado, existe la obligación de soportar el daño cuando la decisión administrativa, amén de respetar los elementos reglados, es razonada y se mantiene en los márgenes de lo razonable. Lo contrario podría incluso generar graves perjuicios al interés general al demorar el actuar de la Administración ante la permanente duda sobre la legalidad de las resoluciones.

Sobre esta base, sólo cabría satisfacer indemnización cuando hay una improcedencia objetivamente apreciada 'a posteriori', en los casos de inexistencia del hecho, objetivamente entendida (el hecho no tuvo lugar) o subjetiva (el hecho no tuvo lugar para el interesado), tal como se significa, entre otras muchas, en las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1.996 y de 21 de enero de 1.999 .

QUINTO.-Si aplicamos la anterior doctrina al caso de autos, vemos que tales circunstancias no concurren en el supuesto enjuiciado, siendo preciso comenzar por señalar que la iniciación de un procedimiento penal con el fin de investigar y esclarecer unos hechos delictivos lejos de constituir un supuesto de funcionamiento anormal del servicio público, se constituye como el objeto propio y específico de todo proceso penal, correspondiendo tanto a la policía judicial como a los juzgados de instrucción, la averiguación de los delitos públicos que se cometieren y la practica de cuantas diligencias e investigaciones sean necesarias para su comprobación y el descubrimiento de los responsables ( art.1.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero ).

De modo que la mera existencia de un proceso penal no integra un supuesto de funcionamiento anormal y por lo tanto no es susceptible de generar una indemnización por tal concepto.

Desde la perspectiva del anormal funcionamiento de los servicios policiales, que dan lugar a la incoación de un proceso penal, con las secuelas derivadas del mismo, una vez apreciadas unas determinadas circunstancias o indicios relevantes que pueden constituir un delito, no pueden conceptuarse como una actuación procesal patológica o anormal, primera de los servicios policiales, y posteriormente de los órganos jurisdiccionales, sino que, por el contrario, las personas investigadas o incursas en el proceso penal están obligadas a soportar aun cuando los hechos investigados finalmente no sean constitutivos de delito, salvo que se demuestre excesos o comportamientos anómalos en el curso de las indagaciones policiales realizadas.

Y centrándonos en lo relacionado con el expediente disciplinario, en el caso de autos la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil cuando tuvo conociendo de la detención y puesta a disposición judicial del Sr. Melchor , acordó la incoación del expediente disciplinario contra el recurrente, disponiendo al tiempo su suspensión provisional de funciones, que como hemos visto, fue declarado conforme a derecho por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de enero de 2011 , avalando la suspensión impuesta.

El procedimiento disciplinario ha seguido rigurosamente las vicisitudes del proceso penal, del que trae causa, incluso se levantó la suspensión provisional de funciones, el 17 de febrero de 2010, mucho antes del dictado de la sentencia penal, 8 de noviembre de 2012 , debido al tiempo transcurrido.

Por otra parte, el procedimiento disciplinario, en lo que respecta al recurrente, ha estado prácticamente paralizado desde su incoación, sin que se hayan practicado ulteriores diligencias instructoras, lo que pone de manifiesto que el expediente disciplinario era estricta consecuencia del proceso penal y al mismo estaba subordinado, pudiéndose afirmar que sin causa penal no hubiera existido procedimiento administrativo disciplinario.

Con lo que es incuestionable que la imputación inicial fue inmediatamente judicializada, y desde ese momento, que coincide con la iniciación del procedimiento disciplinario, fue la causa penal la rectora de las actuaciones que se siguieron contra el actor.

Así pues, la incoación del expediente parece razonable, y en ningún caso desproporcionado o arbitrario, sin que quepa acoger las referidas a irregularidades en su tramitación, puesto que no se llegó a tramitar.

Tampoco cabe acoger la no aplicación de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, en lo referente a la suspensión provisional de funciones, que entra en vigor cuando ya se había acordado el levantamiento de la mediada cautelar, no resulta aplicable.

Y desde luego, la lesión no es antijurídica cuando el particular está obligado a soportar las consecuencias perjudiciales de la actuación administrativa, siempre que ésta sea conforme con la norma jurídica a cuyo amparo se dicta.

Pues como señala la sentencia de 14 de febrero de 2006 , dicha responsabilidad ' es objetiva o de resultado, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión( Sentencias de 10 de mayo , 18 de octubre , 27 de noviembre y 4 de diciembre de 1993 , 14 de mayo , 4 de junio , 2 de julio , 27 de septiembre , 7 de noviembre y 19 de noviembre de 1994 , 11 , 23 y 25 de febrero y 1 de abril de 1995 , 5 de febrero de 1996 , 25 de enero de 1997 , 21 de noviembre de 1998 , 13 de marzo y 24 de mayo de 1999 ) ', haciendo referencia la sentencia de 21 de abril de 2005 a la línea jurisprudencial iniciada con la de 20 de febrero de 1989 , en relación con los supuestos de anulación de actos, según la cual, 'si bien la mera anulación de resoluciones administrativas no presupone sin más el derecho a la indemnización, sí puede ser supuesto de tal indemnización en aquellos casos en que la anulación produjo unos perjuicios individualizados y evaluables económicamente que el ciudadano no viene obligado a soportar, no siendo, por tanto, el aspecto subjetivo del actuar antijurídico de la Administración el que debe exigirse para sostener el derecho a la indemnización, sino el objetivo de la ilegalidad del perjuicio, en el sentido de que el ciudadano no tenga el deber jurídico de soportarlo, ya que en tal caso desaparecería la antijuridicidad de la lesión'.

En consecuencia han de estimarse los criterios mantenidos por la Administración del Estado en la resolución impugnada, que es conforme con la STS de 12-VII-01 , cuando reconoce a la Administración un determinado margen de apreciación dentro de lo razonado y de lo razonable, conforme con los criterios de la jurisprudencia y con respeto absoluto a los aspecto reglados que pudieran concurrir, y sin que, por otro lado esté presente la nota de la antijuricidad, y por tanto faltaría uno de los requisitos exigidos para operar el instituto de la responsabilidad patrimonial, lo que con lleva al deber del administrado a soportar las consecuencias de esa valoración.

Razones todas ellas que conducen a la desestimación del recurso.

SEXTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la LJCA , en la redacción dada por la ley 37/20011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, al rechazarse las pretensiones actoras, procede la expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a dicha parte.

Fallo

Que desestimamosel recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de DON Casimiro , representado por la Procuradora Dª. Elisa maría Bustamante García, contra la desestimación presunta por silencio de la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración dirigida al Ministerio del Interior, acto que confirmamos por ser conforme al ordenamiento jurídico; con imposición de costas a la parte actora.

Así, por esta nuestra sentencia, que es firme, de la que se llevara testimonio a las actuaciones, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en la forma acostumbrada, de todo lo cual yo, la Letrada de la Administración de Justicia, doy fe.