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07/03/2019
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 6/2018, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Barcelona, Sección 8, Rec 483/2012 de 04 de Enero de 2018
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Orden: Administrativo
Fecha: 04 de Enero de 2018
Tribunal: Juzgado de lo Contencioso Administrativo Barcelona
Ponente: TOSCANO ORTEGA, JUAN ANTONIO
Nº de sentencia: 6/2018
Núm. Cendoj: 08019450082018100039
Núm. Ecli: ES:JCA:2018:1632
Núm. Roj: SJCA 1632:2018
Encabezamiento
Partes: Camier Dos Mil, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Ivo Ranera Cahís y defendida por el Letrado Antoni Garrigosa Ayuso, contra Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, representado y defendido por la Letrada de sus servicios jurídicos Begoña Banach i Gil y posteriormente sustituida por el Letrado Carles García Rocasalva; son partes codemandadas Andrea , Covadonga , Gabriel , Gervasio , Guillermo , Héctor , D'acord Bcn, S.L., y Syra Invest, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Ignacio López Chocarro y defendidas por el Letrado Carlos de Miguel Serra.
En la ciudad de Barcelona, a cuatro de enero de dos mil dieciocho.
Juan Antonio Toscano Ortega, magistrado, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona y provincia, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo y que le confieren la Constitución y las leyes, pronuncia en nombre de Su Majestad El Rey la presente sentencia en los autos del recurso contencioso administrativo número 483/2012-A, interpuesto por Camier Dos Mil, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Ivo Ranera Cahís y defendida por el Letrado Antoni Garrigosa Ayuso, contra Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, representado y defendido por la Letrada de sus servicios jurídicos Begoña Banach i Gil, después sustituida por el Letrado Carles García Rocasalva; son partes codemandadas Andrea , Covadonga , Gabriel , Gervasio , Guillermo , Héctor , D'acord Bcn, S.L., y Syra Invest, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Ignacio López Chocarro y defendidas por el Letrado Carlos de Miguel Serra. La actuación administrativa impugnada consiste en la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto en fecha 23 de noviembre de 2011 contra el acuerdo de Junta de Govern Local, Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, adoptado en sesión ordinaria de 4 de octubre de 2011, por el que se resuelve entre otros extremos la estimación parcial de las alegaciones presentadas por Camier Dos Mil, SL. (apartado primero de la parte dispositiva) y la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del sector 21 del Plan General de Ordenación de Sant Andreu de la Barca (apartado tercero de la parte dispositiva).
Antecedentes
Por decreto de 5 de diciembre de 2012 se admite a trámite el recurso, que sigue los cauces del procedimiento ordinario general previsto en la vigente Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción.
Fundamentos
A las pretensiones y los motivos del recurso se opone en la contestación a la demanda la Letrada municipal, que interesa del Juzgado el dictado de '
En conclusiones finales, el Letrado de los codemandados interesa del Juzgado el dictado de '
'PRIMERO. Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el recurso de apelación tiene por objeto el auto dictado el 28 de junio de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona , que resuelve que no ha lugar a acordar la ejecución de la sentencia nº 551/2010, de 23 de junio, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , confirmatoria de la sentencia nº 186/2009, de 29 de junio de 2009 , dictada por este Juzgado en los presentes autos, por haber sido cumplida en sus justos términos.
El auto apelado indica que siendo que la sentencia que se pretende ejecutar se limita a estimar el recurso y declarar la nulidad del Proyecto de reparcelación aprobado el 28 de junio de 2005 por la Junta de Govern Local del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, ha de entenderse ejecutada por la Administración, resolviendo por ello denegar la ejecución solicitada.
El recurso de apelación se sustenta en las siguientes consideraciones jurídicas: 1. Incumplimiento de lo establecido en el artículo 103.4 de la LJCA ; 2. Se ha de comprobar que la nueva reparcelación resultante de la ejecución de la sentencia da cumplimiento a los extremos de la misma en cuanto a: coeficientes de ponderación aplicados; reconocimiento del derecho de crédito a favor de Camier Dosmil, S.L.
En el súplico del escrito de interposición del recurso de apelación se solicita que se revoque el auto apelado y se dicte resolución por la que se acuerde la procedencia del incidente de ejecución de sentencia y en consecuencia: a) se declare la procedencia de la aplicación de los coeficientes homogeneizadores establecidos en el proyecto de reparcelación, al tratarse de una reparcelación económica un, ajustándose en consecuencia los porcentajes de participación de las diferentes fincas adjudicadas en los costes de urbanización; b) se requiera al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca a fin de que proceda a rectificar el contenido del Proyecto de reparcelación en el sentido de: 2b) reconocer como fecha de inicio de la reparcelación la fecha correspondiente a la anterior aprobación inicial y en consecuencia modificar el marco normativo de aplicación en esa fecha; 2b) reconocer el derecho de crédito de 2.200.000 euros a favor de Camier Dosmil, S.L. y que se aplique el mismo , de forma proporcional a todas las fincas/departamentos de la finca NUM001 (adjudicadas a Coperfil Group, S.A.) de la cuenta de liquidación provisional 'fins assolir un rossec de 0 euros per cada identitat, procedint-se a liquidar a favor de Camier Dosmil, S.L. el diferencial que romangui respecte dels costos que resultin del compte de liquidació provisional'.
SEGUNDO. El auto apelado se dicta en ejecución de la sentencia número 551/2010 dictada el 23 de junio de 2010 por esta Sala y Sección en el rollo de apelación sentencia 366/2009 , que desestima el recurso de apelación formulado contra la sentencia dictada el 29 de junio de 2009 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona , que estimaba el recurso formulado contra el acuerdo adoptado el 11 de abril de 2006 por la Junta de Govern del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca que aprobaba definitivamente el Proyecto de reparcelación del sector 21, anulándolo.
Ni en una ni en otra sentencia se recoge indicación de que la estimación del recurso conlleve la elaboración de un nuevo Proyecto de reparcelación ajustado a las consideraciones recogidas en las propias sentencias, pudiendo la Administración demandada optar por esa solución o por modificar el Proyecto de reparcelación impugnado en las determinaciones que alcanzan a la recurrente, pero en uno y otro caso deberá estar a las determinaciones recogidas en las sentencias citadas.
TERCERO. El derecho de toda persona a la tutela efectiva de los Tribunales, consagrado en el artículo 24 de la CE , integra no sólo el derecho a la obtención de una sentencia firme, sino también a que sea llevado a efecto lo decretado en la indicada resolución, exigencia ejecutiva categóricamente afirmada en el artículo 118 de la Norma Fundamental española (( ATS de 12 de junio de 1990 ).
El artículo 109 de la LJCA faculta a la Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución.
Como se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de octubre de 2007 , con remisión a otra de 9 de octubre de 2007, ' no es cierto que la sentencia que anula un acto administrativo no tenga nada que ejecutar. Esa sentencia expulsa de la vida jurídica al acto anulado, y en ejecución de la misma el Tribunal sentenciador puede controlar e impedir que la Administración demandada pretenda ejecutar el acto anulado o quiera deducir de él cualquier tipo de efectos '.
Los autos recaídos en ejecución de sentencia no pueden resolver cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla, pero el hecho de que la sentencia que se ejecuta no contenga pronunciamiento sobre las consecuencias de la anulación del acto recurrido no es obstáculo en su apreciación y así lo expresa el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de mayo de 2004 , en la que se recoge: ' A este respecto, ha de decirse que poco importa que el fallo de la sentencia a ejecutar se limitara a anular el acto administrativo impugnado, sin ordenar expresamente ninguna de aquellas dos posibles actuaciones, pues es también doctrina constitucional la que integra en el derecho fundamental a la ejecución de las sentencias la llamada garantía de interpretación finalista del fallo, que infiera de él todas sus naturales consecuencias. Así, en la STC número 148/1989 (FJ 4 ) y en otras, como las SSTCC 125/1987 ( FJ 2) y 92/1988 (FJ 2), puede leerse: '...el Juez de la ejecución ha de apurar siempre, en virtud del principio pro actione, del de economía procesal y, en definitiva, de su deber primario de tutela, la posibilidad de realización completa del fallo, infiriendo de él todas sus naturales consecuencias en relación con la causa petendi, es decir, de los hechos debatidos y de los argumentos jurídicos de las partes, que, aunque no pasan literalmente al fallo, como es lógico, si constituyen base para su admisión o rechazo por el juzgador y, por ello, fundamento de su fallo, del cual operan como causas determinantes. Lo cual, es obvio, no supone que se puedan ampliar en fase de ejecución de Sentencias los términos del debate o hacerse otras pretensiones distintas, ampliando indebidamente el contenido de la ejecución, cosa que la Ley ordinaria ya prohíbe al prever un recurso al respecto ( artículo 1.687.2º LECiv .). Simplemente implica que la interpretación y aplicación del fallo de la Sentencia no ha de ser estrictamente literal, sino finalista ( artículo 3 CC ) y en armonía con el todo que constituye la Sentencia. Sólo así, se dice en la STC 167/1987 , se garantiza la eficacia real de las resoluciones judiciales firmes y, por ende, del control jurisdiccional sobre la Administración, y sólo así pueden obtener cumplida satisfacción los derechos de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos, que resultaría incompatible con la tutela eficaz y no dilatoria que deben prestar los órganos judiciales, los cuales deben interpretar y aplicar las Leyes en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental' '.
Procede, pues, estimar el recurso de apelación para revocar el auto apelado, para seguidamente entrar a resolver sobre la cuestión de fondo planteada, referida a la ejecución forzosa de las sentencias dictadas.
CUARTO. El incidente en el que se dicta el auto apelado tiene su origen en el escrito presentado el 20 de enero de 2012 por la parte actora, en el que se pide se inicie incidente de ejecución forzosa de sentencia, refiriendo que la Administración en lugar de corregir el Proyecto de reparcelación recurrido había aprobado el 6 de octubre de 2011 un nuevo Proyecto sin tener en cuenta las determinaciones y el contenido de las sentencias dictadas en relación a los coeficientes de homogeneización y el reconocimiento del derecho de crédito de la recurrente, solicitando que se declarara la improcedencia de la aplicación de los citados criterios y que se requiriera a la Administración la rectificación del Proyecto aprobado definitivamente en el sentido de: reconocer como fecha de inicio de la reparcelación la fecha correspondiente a la anterior aprobación inicial y en consecuencia modificar el marco normativo de aplicación en esa fecha; reconocer el derecho de crédito de 2.200.000 euros a favor de Camier Dosmil, S.L. y que se aplique el mismo, de forma proporcional a todas las fincas/departamentos de la finca NUM001 (adjudicadas a Coperfil Group, S.A.) de la cuenta de liquidación provisional 'fins assolir un rossec de 0 euros per cada entitat, procedint-se a liquidar a favor de Camier Dosmil, S.L. el diferencial que romangui respecte dels costos que resultin del compte de liquidació provisional'.
En el fundamente de derecho tercero de la sentencia que se ejecuta de fecha 23 de junio de 2010 atiende al contenido de otra sentencia, de fecha 28 de julio de 2008 , que declaró nulo el Proyecto de reparcelación del sector 21, sentencia confirmada en apelación por sentencia de 20 de abril de 2009 recaída en el recurso de apelación 343/2008 , indicando que en esa sentencia se señaló que 'la normativa aplicable al caso es la contenida en la Llei 2/2002 de urbanismo de Cataluña con las modificaciones efectuadas por la Llei 10/2004, pero no el Decret Llegislatiu 1/2005 que aprobó el texto refundido ulterior, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria octava de aquella Llei. Por otro lado, en sede de valoración es aplicable la Ley 6/98 sobre Régimen de Suelo y Valoraciones y no la posterior Ley 8/07 del Suelo ni su Texto Refundido aprobado por R.D. leg. 2/2008'.
Y efectivamente, en la sentencia de 29 de junio de 2009 se indica que se 'el Proyecto de Reparcelación fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento el 28 de Junio de 2005 habida cuenta que si bien inicialmente se aprobó en fecha de 15 de Junio de 2003 , a causa de las múltiples alegaciones en aquel formulado , en el que se evidenciaban defectos de importancia, y en el que se admitieron parcialmente las alegaciones formuladas , se ordenó iniciar los trabajos de revisión del contenido del proyecto de reparcelación y someterlo de nuevo a información pública'. En esa fecha era de aplicación la Ley 2/2002, en la redacción dada por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre.
El hecho de que en ejecución de sentencia se haya tramitado y aprobado otro proyecto equidistributivo no modifica la referencia del ordenamiento jurídico aplicable de forma que su contenido deberá ajustarse a las determinaciones de la normativa citada.
QUINTO. Sobre los coeficientes homogeneizadores aplacados en el Proyecto de reparcelación resuelve la citada sentencia de 23 de junio de 2010 en su fundamento de derecho quinto, con remisión también a la sentencia de 29 de abril de 2009 , señalando:
' En cuanto a la violación del principio de presunción de validez de los actos procesales, efectivamente existe tal presunción legal contemplada en el art. 57 de la LPAC 30/1992 derivada del principio general recogido en el art.3 del mismo texto de que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la Constitución , a la Ley y al Derecho. Pero, como tal presunción, puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario y ello es lo que ha hecho la parte actora en el presente caso según razona pormenorizadamente la sentencia de instancia, sin que en el recurso de apelación se dedique una sola línea a discutir sus conclusiones; sólo se habla de la incongruencia de la condena en costas por no haber aportado prueba alguna para mantener el Proyecto de reparcelación cuando en el Juzgado a quo se le había inadmitido la prueba solicitada como más documental IV, sobre certificación del arquitecto municipal en relación con los coeficientes homogeneizadores; es de ver que dicha prueba se le rechazó por la razón formal de que podía haberla aportado junto con la contestación a la demanda, pero en cuanto al fondo resulta evidente que dicho certificado habría insistido en la corrección de los coeficientes homogeneizadores aplicados, cuando lo determinante en este caso es que, una vez combatidos, sólo una prueba pericial procesal podría desvirtuarlos y la practicada en el presente caso ha puesto de manifiesto su disconformidad a derecho y ha convencido al Juez a quo, lo cual coincide por otro lado con lo contemplado y resuelto en la sentencia citada de 29 de abril de 2009 recaída en el rollo de apelación 343/08 que también confirmó la condena en costas; podrá no gustarle al Ayuntamiento la redacción del fundamento octavo de la sentencia apelada, pero lo fundamental del mismo es que ha apreciado temeridad por defender un instrumento de gestión que ha resultado a todas luces vulnerador del principio rector de distribución de beneficios y cargas '.
Sobre este particular resuelve en su fundamento de derecho quinto la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 9 número 186, de 20 de junio de 2009, contra la que se interpuso el recurso que resuelve la sentencia de 23 de junio de 2010 de esta Sala u Sección, indicando:
'Dicho lo anterior resuelta que una Reparcelación económica, como la presente, no se realizan cambios de suelo sino que se centra en las cesiones de aquellos calificados como sistemas con destino a uso publico considerando el perito que de conformidad con el artículo 37 de la Ley 2/2002 que establece: A efectos de la gestión urbanística, la ponderación del aprovechamiento urbanístico en un ámbito de actuación urbanística o de desarrollo urbanístico, tanto si son sectores de planeamiento urbanístico como polígonos de actuación urbanística, ha de ajustarse a la siguiente regla:
Si el ámbito de actuación comprende varias zonas, se ha de establecer el valor relativo homogeneizado de cada una de ellas.
Los valores homogeneizados a que se hace referencia en la letra a) han de expresar la intensidad de los usos, la rigidez a la demanda de cada uno de los usos, su localización y la repercusión admisible del valor de la urbanización o, en su caso, reurbanización.
Bajo esta consideración se ha analizado por el técnico tras el análisis de las diferentes calificaciones establecidas en el PERI y que el Proyecto de Reparcelación desarrollo y el Proyecto de Urbanización y las obras culmina, concluye que el proyecto en cuestión es singular ya que partiendo del coeficiente de ocupación, para el que el perito no encuentra base alguna para los coeficientes aplicados por este concepto a los distintos tipos de suelo, partiendo efectivamente que sólo existen dos usos el comercial y el industrial, resulta que el suelo más penalizado en el PERI es el que se le asigna la clave 11d-SC ; respecto al coeficiente de usos , entiende que si ya se aplicó un coeficiente de intensidad de usos, volver a aplicar otro no justificado con base alguna por el uso del suelo es una duplicidad que desvirtúa cualquier realidad y si para el caso que los redactores del proyecto entendieron la aplicabilidad de dicho coeficiente para establecer las diferencias de valor , entre el suelo industrial y el comercial , dicha diferencia es la misma que refleja el coeficiente de rigidez en la demanda concluyendo que el referido coeficiente no puede ser aplicado tal y como se ha hecho en el proyecto .
Respecto al coeficiente de centralidad partiendo que la Ley nada dice respecto a este coeficiente considera el perito que la diferencia de valor del suelo comercial con respecto al industrial , no puede ni debe ser compensada por un coeficiente de localización , totalmente arbitrario y que se desconoce su origen , respecto al coeficiente de rigidez de la demanda de cada uso pone en duda la aplicación de mismo al no haber encontrado estudio alguno , anexo a la memoria que demuestre los argumentado por el técnico del ayuntamiento en el sentido que Per la seva determinació han estat analitzades diverses operacions de compra-venda de terrenyes de similars característiques en l'entorn metropolità , cercan sempre les condicions més aproximades a les presents no tiene cada uno de los coeficientes para no llegar a soluciones erróneas , consecuentemente se puede llegar a la conclusión que no se aplica en el proyecto de reparcelación el principio equitativo de cargas y beneficios por cuanto que del proyecto resulta , con la aplicación cumulativa de los coeficientes homogeneizadores que los propietarios del suelo calificado con la clave 11d-6 tienen una repercusión de e/m de superficie muy superior a los propietarios que tienen un uso industrial común como los de la clave 11d-SC ello deducido del cuadro comparativo siguiente:
Zona 11d-SC Zona 11d-6
Suelo Adjudicado 5.794,36 19.490,47 m2
Coste Urbanización 41.898,76 € 1.732.040,69€
Repercusión 7,231 €/m 88,866€/m
Concluyéndose como ya se ha anticipado anteriormente que el suelo más penalizado es el que se le asigna la clave 11d SC'.
Como es de ver, ni una ni otra sentencia declara la improcedencia de la aplicación en el Proyecto de reparcelación de cualquier criterio de ponderación, sino que rechazan los coeficientes utilizados por las disfunciones y desigualdades que generan. Luego, la pretensión de la parte ejecutante de excluir en la nueva ordenación cualquier coeficiente no encuentra amparo en esas sentencias que se ejecutan, por lo que no puede ser atendida, máxime cuando no se acredita la disconformidad a derecho de los nuevos criterios recogidos en el nuevo instrumento de gestión
SEXTO. En el fundamento de derecho sexto de la sentencia de 23 de junio de 2010 se recoge:
'En cuanto al reconocimiento de la obligación de que en la cuenta de liquidación del Proyecto de Reparcelación se refleje la cantidad de 2.200.000 euros, con sus intereses, como gastos de urbanización anticipados y a cuenta, a compensar a quien resulte propietario de la finca aportada nº NUM001 contemplada en el convenio urbanístico de 28 de abril de 2000 conforme a su estipulación cuarta, se alega en el recurso de apelación que la sentencia incurre en falta de motivación. Basta su mera lectura para comprobar que la motivación o justificación de la decisión es cumplidísima; distinto es que la parte apelante discrepe con las consideraciones de la Juez a quo, que es lo que realmente se quiere defender bajo el título tan inadecuado de 'infracción del principio de motivación'.
Finalmente debe puntualizarse, por un lado, que tanto en el contrato de compraventa de 15 de noviembre de 2004 entre la actora Camier Dos Mil, S.L. y la entidad Coperfil Group S.A., como el ulterior contrato de compraventa entre las mismas partes de 22 de febrero de 2005 (al que tanto alude el Ayuntamiento) se pactó que las cuotas y gastos de urbanización serían a cargo de la vendedora, deduciéndose del precio las cantidades que al respecto resulten de la liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación. En consecuencia queda probado el interés de la actora en el pleito por más que la liquidación y las compensaciones se realicen con quien resulte propietario de la finca, quedando en la esfera civil los pactos privados al respecto. Por otro lado, la sentencia apelada ha puesto de manifiesto, en base a la prueba pericial, la realidad de la existencia y utilidad de las obras de urbanización realizadas por la actora, para cuya valoración el perito procesal ha cotejado las facturas que le ha presentado el promotor concluyendo que ascienden a 2.873.056,49 euros (la sentencia en el fundamento sexto ciñe la cantidad a 2.200.000 euros seguramente por congruencia con lo pedido en la demanda); pues bien, respecto de las facturas de que parte el perito, explicadas en el folio 50 y ss. de su dictamen (fol. 611 de las actuaciones judiciales) nada expone el Ayuntamiento apelante, que se limita a considerar insuficientes los anexos acompañados a la demanda, cuando el perito explica que no ha partido de ellos, sino de las facturas expresamente reclamadas por él, sin que tampoco el Ayuntamiento, en ningún momento, haya alegado ni intentado demostrar que las obras existentes y útiles no ascienden a dichas sumas.
Por otro lado, en el fundamento de derecho sexto de la sentencia de 29 de junio de 2009 , que confirma en apelación la anterior se expone:
'Por lo que respeta a las obras de urbanización no existe duda alguna que en el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y la entidad Anmamaisa SA el 28 de Abril de 2000 para el desarrollo y gestión del sector 21 del Plan General de Ordenación de Sant Andreu de la Barca se estipuló que la totalidad de los honorarios devengados por los trabajos encargados a Anmamaisa SA y soportados supondrá un crédito total a su favor, o en su caso a favor de Camier Dosmil SL o de quien en aquel momento sea propietario a compensar por las cargas que como propietario de parte del Sector 21, le correspondan en concordancia a su coeficiente de participación que resulte del proyecto de reparcelación. Presentados los gastos al Ayuntamiento este acordó el 27 de de Agosto de 2003 establecer que los gastos de urbanización anticipadas del sector 21 del PGO realizadas por Camier Dosmil S.L ascienden a la cantidad de 1.077,02 euros IVA incluido cantidad que tiene la condición de provisional y a cuenta hasta la aprobación definitiva de la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación del Polígono, así como compensar esta cantidad por las cuotas urbanísticas que como propietario resulten del Proyecto de Reparcelación del Sector 21 , en el coeficiente de participación que le corresponda.
Consecuentemente estos gastos deben ser repercutidos entre los diferentes adjudicatarios en proporción al valor de las fincas y ello en la consideración que la totalidad del sector 21, deviene beneficiada de esa actuación urbanística.
Se ha comprobado que los trabajos realizados consistieron en el derribo de las naves industriales existentes, el soterramiento y entubamiento del Canal Sedo que exigieron el desecado y la excavación de la zanja de dicho canal para encauzarlo en un tubo especial rectangular; la instalación de servicios , como albañales estación transformadora, conducciones eléctricas de la urbanización así como la construcción de la vía, sobre el enterramiento de dicho canal, cuya parte inferior se utiliza como parking fue completado encontrándose todas las instalaciones hoy en día funcionando .Consecuentemente no se puede obviar ya no solo la realización de las obras sino los gastos que generaron y que además el Ayuntamiento reconoció por eso, no le es dable negar tal evidencia so pena de incurrir en ir contra los propios actos, facturación y gastos de gestión y que asciende junto con el justificante de los gastos aportados por Camier Dosmil SL al Ayuntamiento de San Andreu de la Barca el 26 de Julio de 2004 la cantidad de 2.200.000 euros cantidad que junto con los intereses debe reflejarse en la cuenta de liquidación del Proyecto de Reparcelación, prueba concluyente junto con la realidad de las obras, careciendo de sentido la impugnación que hace el Ayuntamiento rayano a lo absurdo en cuanto que la entidad actora no ha aportado las facturas ni los justificantes de pago'.
Sobre el titular se ese crédito resuelve la sentencia citada en último lugar en su fundamento de derecho segundo al expresar:
'En este sentido puede afirmarse que la obligación de abono de los gastos de urbanización, tiene un doble elemento: como derecho de crédito, y como garantía de pago del mismo, a cuyo fin queda afecta la finca, y dicho derecho de crédito lo ostenta la actora en virtud del Convenio Urbanístico para el desarrollo y gestión del sector 21 del Plan General de Ordenación suscrito el 28 de Abril de 2000 entre la actora subrogándose en la posición de la entidad Anmamaisa S.A y el Ayuntamiento de San Andreu; la primera cláusula del mentado convenio consigna que las figuras y trabajos a desarrollar son: El levantamiento topográfico actualizado de todo el sector, Plan Especial de Reforma Interior del Sector, Reparcelación y Proyecto de Urbanización , trabajos todos ellos realizados por la actora y reconocidos por el Ayuntamiento de San Andreu el 23 de Septiembre de 2003 especificando que per unanimitat s'acorda :Establir que les despeses anticipades del sector 21 del PGO , realitzades per Camier Dosmil S.L puguen a la quantitat de 1.077.357,02 IVA inclòs , quantitat que té la condició de provisional i a compte fins l'aprovació del compte de liquidació definitiva de la Reparcel lació del polígon.
Reconèixer a Camier Dosmil S.L aquesta quantitat a compensar per les quotes urbanístiques que com a propietari resultin del projecte de reparcel lació del sector 21 , en el coeficient de participació que s'escaigui.
Y sin que la venta efectuada a Coperfiel Group signifique que ha habido una cesión del crédito como sostiene el Ayuntamiento pues tal como se desprende el acreedor es la misma entidad ello deducido por la estipulación cuarta de la calendada escritura, en la que se especifica que aprobado inicialmente el Proyecto de Reparcelación y a la vista de la valoración de las obras de urbanización ejecutadas anticipadamente en el sector y de la estimación provisional de aquellas otras pendientes de ejecución, e incluyendo los demás denominados ' gastos de urbanización ' se deducirá del precio o de la cantidad retenida la cantidad que resulte de la cuanta de liquidación provisional en el Proyecto de reparcelación aprobado deduciéndose asimismo cualquier cantidad adeudada por la vendedora a la compradora, incluido cualquier pago que adeudare al Ayuntamiento por razón de los convenios suscritos con el mismo, sin que signifique que se haya operado subrogación alguna por parte de la compradora en aquellas obligaciones. A pesar de la evidencia el Ayuntamiento yerra al considera que en virtud del artículo 1205 del Código civil no se puede sustituir al deudor Coperfil Group sin el previo consentimiento del Ayuntamiento acreedor, porque confunde dos institutos distintos: la cesión de créditos y la novación subjetiva por cambio de deudor, debe recordarse que en la cesión de créditos que no ha existido en el presente caso no se exige ningún consentimiento del deudor cedido para su validez y eficacia, sólo la perfección del negocio de cesión entre cedente del crédito y cesionario'.
La ejecución de esas sentencias exige que el nuevo instrumento de gestión urbanística se ajuste a sus determinaciones, atendiendo a las obras de urbanización ejecutadas de forma anticipada por la aquí apelante que han resultado útiles, a la que se le debe reconocer su valor, fijado en las sentencias en 2.200.000 euros, más sus intereses, a repercutir en la comunidad reparcelatoria.
Procede, pues, estimar el recurso de apelación para revocar el auto apelado, acordando la ejecución forzosa de las sentencias antes citadas, lo que comporta la adecuación del nuevo instrumento de gestión aprobado a sus determinaciones en cuanto al marco normativo aplicable, Ley 2/2002, de 21 de marzo, en la redacción dada por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, Ley 3/1998, de 13 de abril, y Real Decreto 1020/1993,de 25 de junio, y en relación al reconocimiento del derecho de la aquí apelante de ser indemnizada por las obras de urbanización anticipadas, cuyo calor se ha fijado en 2.200.000 euros, más los intereses legales, rechazando las demás pretensiones.
SÉPTIMO. De conformidad con lo recogido en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , estimado el recurso no procede hacer especial pronunciamiento sobre costas'.
Y por la mercantil actora se aporta a las actuaciones la sentencia número 333/2017, de 6 de junio de 2017, de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (recurso de apelación número 296/2015 ), cuyo fallo es del siguiente tenor literal: '
'PRIMER: Tal com ja hem expressat, en el procediment ordinari núm. 263/2012-A, promogut per Caboel, S.L contra L'Il lm. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona dictà la Sentència núm. 61, de 26 de març de 2015 , en virtut de la qual desestimà la demanda deduïda per l'actora amb motiu de l'aprovació definitiva del Projecte de reparcel lació del Sector 21 del Pla general (Acord de la Junta de Govern Local, de 4 d'octubre de 2011, confirmat en reposició en data 17 d'abril de 2012).
SEGON: La Sentència recaiguda en primera instància resolgué el litigi en els termes que segueixen:
'Primer.- Objecte del recurs
La part actora recorre l'acord de la Junta de Govenr local de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca pres en sessió ordinària de 17 d'abril de 2012 que resol desestimar el recurs de reposició presentat el 24 de noviembre de 2011 per l'actor contra l'acord d'aprovació definitiva del projecte de reparcel lació del sector 21, de 4 d'octubre de 2011, en els termes de l'informe jurídic transcrit a la part expositiva d'aquest acord.
Les al legacions que realitza la part actora davant del mateix les passem a analitzar.
Segon.- Data de referència per fer les valoracions del sòl.
No son fets discutits que abans del projecte que ens ocupa, es va aprovar un d'anterior que va ser declarat nul per la sentencia dictada per la Sala contenciosa administrativa del TSJ de Catalunya de 29 d'abril de 2009 , que referint-se a la data que sha de tenir en compte per procedir a les valoracions en un projecte de reparcel lació ha de ser la data d'aprovació inicial del projecte i no la data d'aprovació de delimitació del polígon d'actuació, llevat que ' la fecha de delimitación, en su momento de la unidad de actuació, y antes u ahora de la del polígono de actuación, sea en la más pròxima cercanía a la de la aprovación inicial del instrumento equidistributiivo que concurra'.
Per tant, i en aplicació d'aquest raonament i de l' article 131 del Reglament de la Llei d'Urbanisme entenc que la data a tenir en compte és la de l'aprovació inicial del projecte de reparcel lació que ens ocupa, és a dir, la 20 de desembre de 2010. Si seguim les argumentacions de la part actora anem en contra del contingut de les sentències recaigudes sobre la mateixa qüestió.
Tercer.- Aplicació dels coeficients d'homogeneïtzació.
És un fet admès que no va ser possible realitzar una reparcel lació física atesa la consolidació del sector per l'edificació, extrem que ens duu a una reparcel lació econòmica.
La part actora entén que no es poden aplicar els coeficients d'intensitat d'usos, de rigidesa a la demanda de cadascun dels usos i el coeficient de repercussió admissible del valor de la urbanització. Si bé, en l'escrit de conclusions ho limita als dos últims.
La part demandada manifesta que cadascun dels coeficients es troba justificat al punt 3.3 de la Memòria del Projecte de reparcel lació. Així, i en relació al coeficient de rigidesa a la demanda de cadascun dels usos, el document justifica que el valor unitari del sòl segons els usos permesos al polígon és significativa i, com a base d'aquesta afirmació, el document conté un estudi de mercat, amb més de 25 mostres de diverses operacions de compravenda de terrenys o construccions acabades el més aproximades possible a les existents al sector. I respecte al coeficient de repercussió admissible del valor de la urbanització es diu que la raó de l'aplicació d'aquest coeficient ve justificat a la memòria del Projecte de reparcel lació quan s'explicita que aquest factor corrector pren importància en aquesta reparcel lació en la mesura que el Pla especial de reforma interior estableix una reserva per a sistema viari adreçat a donar servei al sòl apte per a ús comercial concentrat, que planteja uns costos unitaris d'urbanització superiors als de la resta del polígon.
La part actora per provar aquests fa extensiva la pericial judicial realitzada pel Sr. Jacinto presentada en el procediment administratiu seguit en el Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona recurs 583/2006 referit a l'anterior projecte de reparcel lació i no el que ens ocupa, i que va servir de fonament per declarar la nul.litat de l'anterior mitjançant sentència de . Ara bé, si examinem la mateixa, el cert és que es realitza tenint per objecte un projecte de reparcel lació diferent que el que ens ocupa, sí que és cert que analitza l aplicació del diferents coeficients homogeneïtzadors, però també ho és que el projecte que ens ocupa, fa una aplicació diferents del mateixos, inclús deixa d'aplicar un d'ells que és el coeficient de localització. La part actora manté que els vigents tenen la mateixa finalitat que els anteriors, però no ho prova atès que manca prova en aquest aspecte, ja que l'unica prova pericial existent en el present procediment, i que és la que va proposar la part actora té per objecte un projecte de reparcel lació diferent.
Altrament, la part demandada aporta un informe dels serveis tècnics municipals (document núm. 10 de la contestació) que justifica l'aplicació d'aquests coeficients al nou projecte, tenint en compte el punt 3.3 de la Memòria del Projecte de Reparcel lació, extrem que no ha estat desvirtuat per la part actora amb cap prova.
Quart.- Despeses d'urbanització
La part actora manifesta que al llarg dels 40 anys des de la delimitació del sector pel planejament general, els diferents operadors instal lats a l'àmbit van anticipar cessions de sòl amb destí viari i l'execució d'obres d'urbanització necessàries pels funcionament de les seves activitats. Afegeix que el fet que en la redacció del projecte de reparcel lació anterior es prescindís del projecte d'urbanització va impedir valorar la situació de les mateixes i ha fet que ja sigui per via judicial o per via conveni apareguin en el compte de liquidació unes indemnitzacions per execució d'obres anticipades que increment els costos d'urbanització a imputar a la massa reparcel latòria. No concreta aquestes obres, si bé acte seguit manifesta qie l'Ajuntament ha incorporat a la massa reparcel.latòria el cost de sistemes generals aliens al Sector com el'endegament del Canal Sedó, o l'execució de la rotonda de l'autovia amb la vialitat del sector mitjançant les calçades laterals dimensionades en funció del nou rol. I finalment agrega que si bé el projecte de reparcel lació té en compte la divisió en règim de propietat horitzontal operada en virtud de llicència d'obres atorgada a Coperfil Group, S.A, també s'ha de dir que l'atorgament d'aquesta llicència s'havia de condicionar a la prestació d'una garantia equivalent al 100 % de les despeses d'urbanització imputables.
Davant d'aquestes al legacions fàctiques, mancades de tot argument jurídic l'Administració al lega que en compliment dels articles 120 del TRLU i de l'article 127.2 RLU les despeses d'urbanització a repartir entre els propietaris són les previstes en el projecte d'urbanització del sector 21, aprovat definitivament el 24 de juliol de 2007 per la Junta de Govern local de l'Ajuntament i el Projecte d'urbanització complementari del sector 21 d'endegament d'un tram del canal Sedó, aprovat definitivament el 15 de febrer de 2011 per la Junta de Govern loca. Aquest Projecte d'urbanizació conté identificades, valorades, quantificades i justificades les despeses d'urbanització les quals es contenen en el Projecte de reparcel lació del sector 21. Juntament amb l'informe del Serveis Tècnics municipals quan conclou que les obres d'urbanització són de característiques i qualitats properes als estàndards realitzables en aquest tipus de sòls.
El Projecte d'urbanització referit va ser impugnat judicialment, i aquest va ser estimat parcialment per la sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona de data 18 de febrer de 2010 , en el sentit d'excloure del mateix determinades actuacions que no han de ser incloses en les depeses d'urbanització, llevat, diu les referents al Canal Sedó i el Parc Central els costos dels quals sí que han d'estar inclosos en el projecte.
Respecte a la petició que realitza la part actora d'inclusió en el compte de liquidació provisional dels imports ja satisfets pels diferents propietaris, l'article 144 RLU d) que regula el contingut de la memòria del projecte de reparcel lació que inclou la justificació del compte de liquidació provisional de la reparcel lació amb especificació de les partides que es fixen a continuació, no si fa cap esment. Altra cosa serà que s'hagin de fer constar en el compte de liquidació definitiva a l'empara de l'article 162 RLU, i òbviament a l'hora de liquidar les quotes urbanístiques d'acord amb el nou projecte s'ha de comptar amb aquests pagaments fets.
Respecte a l'alliberació de l'afectació dels departaments corresponents als diferents propietaris pels costos d'urbanització, com bé assenyala la part demandada, l'article 127 TRLU
I en darrer terme tenim la petició relativa a les quotes urbanístiques, no ho puc admetre atès que estem davant d'actes administratius diferents que no han estat impugnats, fet diferent és el relatiu a les compensacions i regularitzacions que s'hagi de fer amb els propietaris del sector tenint en compte els imports ja satisfets d'acord amb el projecte de reparcel lació que es va declarar nul, com abans he manifestat.'
TERCER: Caboel, S.L pretén que aquest Tribunal revoqui la Sentència d'instància i, alhora, estimi el recurs contenciós administratiu deduït en el seu dia; pretensions, aquestes, a les qual s'hi ha oposat la defensa lletrada de L'Il lm. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, no sense suggerir subsidiàriament una estimació parcial.
Tot seguit, exposarem els diferents extrems de la controvèrsia i farem una síntesi de la posició de cadascuna de les parts:
'
1.1: Tesi de l'apel lant:
-En la mesura que el Projecte de reparcel lació de 4 d'octubre de 2011 (PR 2011) pretenia substituir i superar les irregularitats del Projecte de reparcel lació aprovat inicialment el 28 de juny de 2005 i definitivament l'11 d'abril de 2006 (PR 2006) -les quals van determinar que fos declarat nul per Sentència d'aquest Tribunal-, la valoració del sòl havia de prendre com a data de referència la de l'aprovació inicial del PR 2006.
-Aquesta tesi vindria abonada per la solució donada a un supòsit similar per la Sentència núm. 496/2014, de 18 de setembre , d'aquesta Sala i Secció.
-D'altra banda, es porta a col lació la Sentència núm. 376, dictada per aquesta Sala i Secció en l'apel lació núm. 317/2012 , els fonaments i el veredicte de la qual van ser els que segueixen (subratllarem els extrems que consirem d'especial interès):
'FUNDAMENTOS DE DERECHO
(...)CUARTO.-
En el fundamente de derecho tercero de la sentencia que se ejecuta de fecha 23 de junio de 2010 atiende al contenido de otra sentencia, de fecha 28 de julio de 2008 , que declaró nulo el Proyecto de reparcelación del sector 21, sentencia confirmada en apelación por sentencia de 20 de abril de 2009 recaída en el recurso de apelación 343/2008 , indicando que en ese sentencia se señaló que 'la normativa aplicable al caso es la contenida en la Llei 2/2002
Y efectivamente, en la sentencia de 29 de junio de 2009 se indica que se 'el Proyecto de Reparcelación fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento el 28 de Junio de 2005 habida cuenta que si bien inicialmente se aprobó en fecha de 15 de Junio de 2003 , a causa de las múltiples alegaciones en aquel formulado , en el que se evidenciaban defectos de importancia, y en el que se admitieron parcialmente las alegaciones formuladas , se ordenó iniciar los trabajos de revisión del contenido del proyecto de reparcelación y someterlo de nuevo a información pública'. En esa fecha era de aplicación la Ley 2/2002, de 21 de marzo, en la redacción dada por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre.
(...)
SEXTO.-(...)
SEPTIMO.- De conformidad con lo recogido en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , estimado el recurso no procede hacer especial pronunciamiento sobre costas.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
1.2: Rèplica de l'Ajuntament:
-Malgrat reconèixer que la Sentència d'aquest Tribunal, de 10 de maig de 2013 , obligava a refer el projecte de reparcel lació declarat nul (el PR 2006) sota el marc normatiu anterior al text refós de 2005 de la Llei d'urbanisme, l'Ajuntament es veié en la necessitat de formular un projecte
-Tot i que com a pretensió principal es sol licita la desestimació de l'apel lació, com a pretensió subsidiària es demana o suggereix una estimació parcial, amb el mandat afegit d'adequar el PR als criteris indicats per aquesta Sala i Secció a través de la Sentència de 10 de maig de 2013 , sens perjudici de desestimar la resta de pretensions de l'actora/apel lant.
2.1: Tesi de l'apel lant:
-Ens trobem al davant d'una reparcel lació econòmica en la qual no s'haurien d'aplicar coeficients d'homogeneïtzació.
-Amb posterioritat al litigi d'instància, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona declarà nul la la 17ª modificació puntual del Pla general de Sant Andreu de la Barca (procediment ordinari 644/2011), de la qual en porta causa directa el PR 2011.
-Els coeficients aplicats en el present supòsit no han fet altra cosa que amagar o dissimular l'aplicació del coeficient de localització invalidat amb motiu de la impugnació del PR 2006. Han estat penalitzades indegudament les parcel les més properes al casc urbà en benefici de la resta de parcel les industrials, i la Sentència apel lada no ha captat aquesta circumstància.
2.2: Rèplica de l'Ajuntament:
-Els coeficients d'homogeneïtzació van ser incorporats al PR 2011 de conformitat amb allò que disposaven els art.126.1.b) i 37.5 TRLU.
-Tots aquests coeficients es troben perfectament justificats a través del punt 3.3 de la Memòria del PR 2011 en els termes que segueixen (veure l'informe dels Serveis Tècnics Municipals adjuntat amb l'escrit de contestació a la demanda):
Intensitat d'usos o edificabilitat, segons valors aplicables a l'edificabilitat prevista.
Ocupació, segons la capacitat de cada propietari d'utilitzar més espai en planta, atès el valor residual de la planta pis.
Rigidesa a la demanda, de conformitat amb els diferents valors unitaris del sòl segons l'ús atribuït pel planejament.
Repercussió admissible del valor de la urbanització com a factor corrector d'una reserva per a sistema viari especialment beneficiosa per al sòl comercial concentrat.
-En cap cas ha estat aplicat el coeficient de localització.
3.1: Tesi de l'apel lant:
-L'art. 144 del Reglament del text refós de la Llei d'urbanisme (RU), en referir-se al contingut del projecte de reparcel lació no esmenta les quotes avançades perquè parteix de la hipòtesi habitual, en la qual no serà normal que s'avancin diners abans de l'aprovació del projecte d'equidistribució. La qual cosa no vol dir que si aquest fet s'ha produït, el seu resultat no s'hagi de reflectir a l'expedient de reparcel lació.
-En el present supòsit, es van pagar quotes derivades del PR 2006, i aquesta circumstància ha de quedar degudament documentada; entre d'altres coses, perquè les afectacions registrals associades al saldo provisional, no esdevinguin sobrevalorades.
-De no haver estat denegada la prova documental proposada, s'hauria pogut demostrar que l'Ajuntament havia recaptat una quantitat superior a la inversió pública efectuada.
-La solució donada per la Sentència apel lada no és satisfactòria: no és suficient amb poder deduir les quantitats satisfetes amb motiu de les noves liquidacions de quotes, o amb poder solucionar aquest problema a través de la liquidació definitiva de la reparcel lació. S'escau que el compte de liquidació provisional es faci ressò de les quantitats ja satisfetes i dels interessos meritats en favor dels propietaris concernits.
3.2: Rèplica de l'Ajuntament:
-Ni en primera instància ni en apel lació han estat declarades com a ingrés indegut les quotes d'urbanització ja satisfetes. Com tampoc ha estat admès que una conseqüència directa de la nul litat del PR 2006 hagi de ser la de la devolució d'aquestes quotes.
-Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 10 de juliol de 2012 es va posar en marxa un procediment per tal d'efectuar les compensacions i regularitzacions oportunes. No és necessari que aquestes operacions esdevinguin part integrant del PR 2011.
-D'altra banda, els al legats de l'apel lació associats al retret sobre la recaptació de les quotes d'urbanització i sobre un suposat excés al respecte, són qüestions noves que no es contemplaven a la demanda i que, per tant, no podran ser objecte d'aquesta apel lació.
4.1: Tesi de l'apel lant:
-Per identitat de raó amb les previsions que es contenien en els art. 33 i 34 del Decret 303/1997, de 25 de novembre, la Sentència d'instància hauria d'haver admès que sobre les parcel les adjudicades 75 i 84 no havia de constar cap afecció en seu registral perquè quan l'Ajuntament atorgà les llicències d'obres i d'activitats corresponents, exigí del promotor la constitució d'una garantia bancària associada directament al pagament de les despeses d'urbanització vinculades a les dites parcel les.
-Davant d'una situació com aquesta només hi cabien dues solucions: suprimir l'afecció en seu registral, o bé consignar en el PR 2011 l'existència de la garantia bancària per tal de relaxar o flexibilitzar el gravamen sobre la propietat.'
QUART: Quant a la pretensió de l'actora, relativa a l'alliberament de la càrrega registral que grava les parcel les 75 i 84, haurem de dir que el fet que les despeses d'urbanització corresponents puguin estar assegurades per una garantia dipositada en el seu dia per un promotor interessat en avançar l'obtenció de sengles llicències, no constitueix excusa per tal d'excepcionar l'aplicació del règim jurídic de la reparcel lació; el qual, en aquest punt, ha prescrit des d'antic que 'L'acord d'aprovació d'un projecte de reparcel lació produeix essencialment els efectes econòmics i jurídics reals següents: (...)b) L'afectació real de les parcel les adjudicades al compliment de les càrregues i al pagament de les despeses inherents al sistema de reparcel lació...' (art. 121 de la Llei d'urbanisme, en la versió aplicable al cas).
D'altra banda, ens trobem amb una confluència de garanties de naturalesa diferent i compatibles entre sí; sense que la garantia real reparcel latòria es pugui veure ni tant sols matisada per l'existència de l'altre instrument d'assegurament. Instrument, aquest últim, la subsistència o pertinença del qual es troba extramurs d'aquest procés.
CINQUÈ: La mateixa sort haurà de córrer la pretensió relacionada amb els coeficients d'homogeneització.
Certament, el Jutjat Contenciós Administratiu núm.17 de Barcelona dictà una Sentència que declarava nul el planejament que donava cobertura al Projecte de reparcel lació (procediment ordinari núm. 644/2011 ); tanmateix, aquesta Sentència ha estat recentment revocada per aquesta Sala i Secció (apel lació núm. 356/2014 ) amb els arguments que exposarem tot seguit:
De tota manera, les consideracions precedents -les fetes a propòsit dels coeficients d'homogeneització-, en el present supòsit hauran de ser interpretades amb prudència i 'en els estrictes termes de la controvèrsia' que es plantejà en el procediment resolt en primera instància pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17; perquè com veurem més endavant, s'imposarà la confecció d'un nou Projecte de reparcel lació, la tramitació del qual obligarà a replantejar novament l'aplicació dels coeficients d'homogeneïtzació. Coeficients, aquests, que no s'escau considerar impropis, per principi, de les reparcel lacions econòmiques; perquè el fet que en aquestes no hi hagi desplaçaments parcel laris, no vol dir que no s'hagin de corregir inequitats d'origen, derivades dels aprofitaments assignats pel planejament, així com de les càrregues a assumir. Aprofitaments i càrregues que podran tenir una textura diferent per motius molt diversos, fins al punt de fer imprescindible una ponderació de valors i circumstàncies. Una ponderació, al capdavall, susceptible de conduir a un resultat equitatiu, ni que sigui a través de mecanismes monetaris i purament compensatoris.
SISÈ: En allò que pertoca a les quotes d'urbanització avançades, o ja satisfetes com a conseqüència dels expedients de reparcel lació del Sector que haurien estat invalidats judicialment, no cal dir que les pretensions de l'actora hauran de ser acollides.
En la mesura que es tracta de diners afectats al sosteniment de les despeses d'urbanització, hauran de rebre el tractament propi d'aquestes; i les sumes satisfetes pels interessats, hauran de consignar-se i individualitzar-se a tots els efectes en el compte de liquidació del proper Projecte de reparcel lació. Dit, això, sens perjudici que l'expedient iniciat per l'Ajuntament en data 10 de juliol de 2012, pugui ser d'alguna utilitat al respecte.
SETÈ: També haurà de prosperar la pretensió relativa a la data determinant de la legislació aplicable a l'expedient de reparcel lació. En aquest sentit, serà suficient amb donar per reproduïdes les consideracions fetes per aquest mateix Tribunal a través de la Sentència transcrita en el fonament jurídic tercer per tal de descriure el primer al legat de l'apel lació. Sentència, aquesta, recaiguda en l'apel lació núm. 317/2012 .
La data en qüestió, doncs, haurà de ser la del 28 de juny de 2005. Es tracta, al capdavall, de no fer recaure en la comunitat reparcel latòria els inconvenients o els desavantatges que se'n derivarien de prendre en consideració una data posterior; això últim, a més, com a conseqüència d'irregularitats de l'expedient reparcel latori original, no imputables als particulars concernits.
L'apel lació, doncs, haurà de ser estimada.
VUITÈ: De conformitat amb allò que es desprèn de l' art. 139.2 LJCA , no s'imposaran costes'.
Amén de la pretensión anulatoria de los actos recurridos del apartado primero del suplico de la demanda, procede el examen del resto de pretensiones subsistentes articuladas en su apartado segundo, esto es la condena al Ayuntamiento demandado a rectificar el proyecto de reparcelación y a reiterar el trámite de información pública previamente a su nueva aprobación definitiva en relación a los siguientes aspectos: '
Bien, la controversia acerca de la fecha determinante de la legislación aplicable al expediente de reparcelación viene resuelta por la sentencia número 333/2017, de 6 de junio (recurso de apelación 296/2015 ), a tenor de lo razonado en su Fundamento de Derecho Séptimo, con remisión a su vez a la sentencia número 376/2013, de 10 de mayo (recurso de apelación número 317/2012), sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, más arriba reproducidas y acerca de cuyo alcance y trascendencia en este proceso han podido pronunciarse las partes. Concluye el alto Tribunal que dicha fecha ha de ser el 28 de junio de 2015, de tal suerte que resuelve '3
Por lo que procede estimar en parte el recurso contencioso administrativo número 483/2012-A, interpuesto por Camier Dos Mil, S.L., contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto en fecha 23 de noviembre de 2011 contra el acuerdo de Junta de Govern Local, Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, adoptado en sesión ordinaria de 4 de octubre de 2011, por el que se resuelve entre otros extremos la estimación parcial de las alegaciones presentadas por Camier Dos Mil, SL. (apartado primero de la parte dispositiva) y la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del sector 21 del Plan General de Ordenación de Sant Andreu de la Barca (apartado tercero de la parte dispositiva), en el sentido de anular dichos actos administrativos, disponer que el Ajuntament de Sant Andreu de la Barca tramite y apruebe un nuevo proyecto de reparcelación sujeto en sus determinaciones a la legislación vigente en fecha 28 de junio de 2005, que habrá de incorporar y tomar en consideración las cuotas de urbanización ingresadas por el Ayuntamiento como consecuencia o cuenta de los instrumentos de equidistribución invalidados con anterioridad, con reconocimiento del derecho de la actora de ser indemnizada por las obras de urbanización anticipadas, cuyo valor se fija en 2.200.000 euros, más los intereses legales. Y desestimar el recurso en todo lo demás.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso, y resolviendo dentro del límite de las pretensiones deducidas por las partes, se dicta el fallo siguiente.
Fallo
Estimar en parte el recurso contencioso administrativo número 483/2012-A, interpuesto por Camier Dos Mil, S.L., contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto en fecha 23 de noviembre de 2011 contra el acuerdo de Junta de Govern Local, Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, adoptado en sesión ordinaria de 4 de octubre de 2011, por el que se resuelve entre otros extremos la estimación parcial de las alegaciones presentadas por Camier Dos Mil, SL. (apartado primero de la parte dispositiva) y la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del sector 21 del Plan General de Ordenación de Sant Andreu de la Barca (apartado tercero de la parte dispositiva), en el sentido de anular dichos actos administrativos, disponer que el Ajuntament de Sant Andreu de la Barca tramite y apruebe un nuevo proyecto de reparcelación sujeto en sus determinaciones a la legislación vigente en fecha 28 de junio de 2005, que habrá de incorporar y tomar en consideración las cuotas de urbanización ingresadas por el Ayuntamiento como consecuencia o cuenta de los instrumentos de equidistribución invalidados con anterioridad, con reconocimiento del derecho de la actora, Camier Dos Mil, S.L., de ser indemnizada por las obras de urbanización anticipadas, cuyo valor viene fijado en 2.200.000 euros, más los intereses legales. Y desestimar el recurso en todo lo demás. Sin costas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra esta sentencia cabe recurso de apelación, al amparo del artículo 81 de la Ley jurisdiccional , a interponer a través de este Juzgado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción de la correspondiente notificación de esta resolución, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en las que se fundamente el recurso.
Así, por esta sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos principales, llevándose el original al Libro correspondiente de este Juzgado, lo pronuncia, manda y firma Juan Antonio Toscano Ortega, magistrado, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona y provincia.